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Editorial

Tiempo de expectativa

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La elección, ajustada a ley, del nuevo Fiscal de la Nación, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos a la decisión institucional adoptada por la plana mayor del Ministerio Público, que van desde reprocharle actuaciones como fiscal que son materia de controversia hasta considerar que lo descalificaría para el cargo el hecho anecdótico de tener un parentesco lejano con la primera dama.

El nuevo fiscal ha recibido en tal sentido duras críticas de buena fe y ha suscitado preocupaciones legítimas, pero también ha sido objeto de ataques implacables de quienes tienen otras motivaciones y objetivos que no siempre son altruistas ni cívicos sino que tienen que ver con ambiciones de copamiento de todos los espacios de poder del aparato estatal.

Es de esperar que los fiscales que eligieron al titular de la Fiscalía hayan tomado en cuenta no solo los méritos profesionales de quien tiene una carrera de más de tres décadas en el Ministerio Público, y hayan considerado también las críticas y los resquemores que, sobre todo en los días previos a su elección, motivaba quien a la postre fue el designado.

Es de esperar que la final determinación haya sopesado todos los factores para tan importante elección. Debe haber sido firme la convicción de que era el indicado, para que los fiscales no cedieran a las presiones de diversos flancos contra la designación.

Lo que queda ahora es respetar la decisión, sin renunciar a la discrepancia y a la crítica, y estar vigilante para que el nuevo Fiscal de la Nación cumpla a cabalidad sus deberes y en particular responda a la exigencia y la expectativa ciudadana de que el Ministerio Público recupere la confianza de la sociedad, con acciones eficientes contra la criminalidad y sobre todo contra la corrupción y contra la impunidad.

Esa tarea es urgente, pues existe la percepción generalizada de que, en ciertos temas, esa instancia de persecución del delito ha tenido actuaciones complacientes y en algunos casos escandalosamente parcializadas que han facilitado y hasta señalado, con tecnicismos legales y otros artilugios, la ruta de escape de la justicia a quienes tenían que responder por malos manejos de recursos públicos.

Son muchos los casos que ilustran y justifican esa visión de una institución fundamental que, lamentablemente, ha estado sometida a poderes ajenos al de la conciencia y al de la justicia, y que ha estado condicionada por presiones e intereses nada santos.

La ciudadanía y la prensa independiente estarán pues atentas al desempeño del nuevo Fiscal de la Nación, a sus acciones y decisiones, para, según sea el caso, criticarlas o compartirlas. Es tiempo pues de expectativa y de buena fe, pero también de ojo crítico y vigilancia severa.

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Editorial

Venganza ciega

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Ni la ‘Señora K’ ni la nueva versión, en masculino, de la fiscal Blanca Nélida Colán creen en aquello de que la venganza es un plato que se sirve y se come frío, por lo que apenas esperaron unas horas para poner en marcha su operación revancha, cargada de cólera y rencor, porque ni la una ni la otra creen en aquello de que en las contiendas políticas, como en el fútbol, se gana, se pierde y se empata y solo saben imponer su poder a toda costa.

Quienes por diversas fuentes se habían enterado de la venganza que preparaba la hija del dictador contra el Gobierno, por la derrota sufrida al tener su partido que aceptar, arrinconado por la indignación popular, apurar el paso en la aprobación de las reformas –aunque siempre aprovechando cualquier ocasión o motivo para incumplir el compromiso-; no esperaban que fuera tan inmediato.

En una, como dicen los jóvenes, el servicial fiscal se tomó su propia venganza, sometiendo a una forzada investigación a la vicepresidenta de la República y a varios parlamentarios y funcionarios ligados a este o al anterior Ejecutivo, por la presunta compra de votos a cambio de prebendas con las que el expresidente Kuczynski intentó impedir su vacancia.

De ninguna manera, por supuesto, se incluye a los participantes en la operación de los “Mamani-audios” que fueron preparados y dotados de medios para la tarea de hacerse pasar por disidentes y preguntar qué podían recibir a cambio de no votar por la vacancia, lo que podría configurar problemas penales, al igual que el uso indebido de los medios del Congreso.

Nada de eso importa realmente, porque el objetivo ordenado por la autoritaria jefa de Fuerza Popular adelantado por ‘Hildebrandt en sus 13’, usar la Fiscalía para activar pesquisas, es llegar hasta el presidente Martín Vizcarra y derrocarlo, porque eso no sería otra cosa que un golpe de Estado parlamentario, un vulgar cuartelazo, algo que, por cierto, el fujimorismo lleva en los genes.

Si para su desenfrenada sed de venganza desestabilizan a la democracia, no les importa, como a su inspirador no le importó dar un autogolpe y usar el crimen y el latrocinio como sistema de poder, hundiendo al Perú en la ignominia.

Su furia ciega les impide leer la realidad que muestran las encuestas y la calle, en las que la impopularidad de la ‘Señora K’ y su socio menor, AG, es extrema y al parecer irreversible, y la indignación social sigue creciendo ante las resistencias del fujimorismo a las reformas anticorrupción, que muchos consideran todavía insuficientes.

No deberían jugar con ese sentir popular, que puede ir creciendo hasta desembocar en situaciones que podrían evitarse solo si el fujimorismo acepta que este país no es su botín y que no pueden hacer con él lo que les da la gana.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Editorial

El arte del engaño

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El presidente Martín Vizcarra ha reafirmado su compromiso de llevar adelante los temas propuestos para la reforma política y judicial, con la finalidad de que la población asista al referéndum el próximo 9 diciembre. Sin embargo, para algunos, el mandatario peca de confianza, especialmente después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo ha calificado de “golpista” y “generador de cortinas de humo”, seguramente recordando ella lo que fue el gobierno de su padre, Alberto Fujimori y de su socio Vladimiro Montesinos.

En todo caso, vale la advertencia y no debería ser echada en saco roto, pues a lo largo de los últimos 20 años el Perú ha podido darse cuenta de la forma en que actúan los miembros de Fuerza Popular, quienes han mostrado que han hecho del engaño y las leguleyadas un estilo de hacer política. No obstante, el Jefe del Estado ha señalado que la confianza ha sido otorgada de manera integral en función de la disposición del Presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, “no tenemos por qué dudar”

Pero los miembros de la bancada fujimorista ya han salido a decir que el tema del referendo no depende de ellos sino del Jurado Nacional de Elecciones. Sería bueno, entonces, que el Presidente y el premier Villanueva se mantenga firmes en sus planteamientos y no permitan que los miembros de Fuerza Popular le pasen gato por liebre a la población que está esperando acudir al referéndum el próximo 9 de diciembre para expresarse libremente.

No es gratuito que la Comisión de Constitución del Congreso haya suspendido el debate del proyecto referido a la bicameralidad, mientras que aún está pendiente el tema de la no reelección de congresistas. Esto podría ser un indicio, si no la confirmación de que el fujimorismo, al igual que el lobo, pierde el pelo, pero no las mañas.

Tanto el presidente Vizcarra como el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no deben de olvidar que Fuerza Popular conoce muy bien sobre el arte del engaño.

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