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Tarata fue una más, entre 215 masacres de Sendero

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Tarata

La sentencia que mañana emitirá el colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el “Caso Tarata” será histórica, cerrará uno de los casos de las masacres perpetradas por Sendero Luminoso, entre 1983 y 1998, pero quedará abierta aún el juzgamiento a los dirigentes de esa organización criminal, por más de 214 crímenes similares o matanzas de inocentes indefensos.

La mayor parte de la ciudadanía espera que el tribunal presidido por René Martínez Castro e integrado por Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano, imponga a los doce juzgados, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, la condena de cadena perpetua y una reparación civil individual de 400 mil soles, solicitadas por la fiscal María Eugenia Carrasco.

Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote

Los cabecillas Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, durante su primera condena.

TRAS LAS REJAS DE POR VIDA

En el juicio oral, que empezó el 14 de febrero del 2017 y que mañana termina en la Base Naval del Callao, los acusados fueron juzgados bajo la acusación fiscal de ser autores mediatos de los delitos de terrorismo agravado (la masacre de Tarata) y de tráfico ilícito de drogas (cobros de cupos a narcotraficantes en el Alto Huallaga): Abimael Guzmán, Florindo Flores, María Pantoja, Osmán Morote, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Laura Zambrano, Margot Liendo, Elizabeth Cárdenas, Edmundo Cox, Florindo Cerrón y Moisés Limaco, este último ausente y probablemente en Francia.

Salvo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, condenados a cadena perpetua, los demás han purgado condenas hasta de 25 años y están sometidos a otros procesos, por lo que, de ser condenados, quienes están en la cárcel seguirán tras las rejas y quienes están libres, volverán al presidio, para quedar encerrados de por vida.

En el caso de Abimael Guzmán y otros de los juzgados, en el juicio realizado por el fuero común, el 13 de octubre del 2006, fueron condenados por la masacre de Lucanamarca (1983) y otros cuatro crímenes que entonces se había logrado documentar.

LUCANAMARCA

Está documentado que, para frenar la rebelión de las comunidades campesinas contra sus comités locales, a cuyos miembros habían comenzado a asesinar, el Comité Central de SL ordenó una sanción sangrienta y ejemplar.

El domingo 3 abril de 1983, en Lucanamarca, en el distrito de Santiago, provincia de Huancasancos, un pelotón senderista procedente de Vilcanchos al mando de Hildebrando Pérez Huarancca se desplazó desde el amanecer, como un rodillo sanguinario y asesinó con gran crueldad a 79 pobladores de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz y Lucanamarca. La masacre duró todo el día y fue a balazos, a golpes de picos, con hachas, machetes y cuchillos, contra niños, hombres, mujeres y ancianos.

Por la masacre de Lucanamarca y otros crímenes, el 14 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cadena perpetua para Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja.

A 25 años de prisión fueron condenados: Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margie Clavo, Angélica Salas de la Cruz, Margot Liendo y Obdulia Trujillo. Óscar Ramírez Durand fue condenado a 24 años de cárcel. Otros 12 terroristas intermedios recibieron penas de carcelería menores.

LAS MASACRES

¿Qué es una masacre? Los eruditos dicen que es la ejecución arbitraria múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra cinco o más personas en estado de indefensión, en forma concurrente con otras modalidades de tormento como torturas, mutilaciones u otras, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

Pues bien, la Comisión de la Verdad (CVR), registró 337 masacres en el curso de lo peor del conflicto armado interno (1983 – 1994). De ese número, 215 (63.8 %) son atribuidas al PCP-SL y 122 a agentes del Estado (FF.AA., Policía y rondas campesinas).

Con la modalidad de masacre descrita, SL asesinó a unas 3,516 personas, cifra equivalente al 28 % del total de las víctimas de homicidios calificados atribuidos a esa organización terrorista ante la CVR.

EL CONTEXTO DE TARATA

La masacre de Tarata ocurrió el 16 de julio de1992, el año más terrible de la guerra interna. El terror, la muerte y destrucción, sumieron a Lima en un baño de sangre. Luego de 13 años, los cabecillas de SL se habían convencido de que era el momento de romper el “equilibrio de fuerzas” a su favor e iniciar la insurrección armada en las ciudades, para tomar el poder. Entonces, lanzaron su VI plan militar llamado “Construir la conquista del poder” cuyo objetivo era el cerco a Lima, para capturar el Estado.

Usaron a fondo su letal arma, los coches-bomba. Desde 1985, hasta 1992, los senderistas habían detonado 99, la mayoría en Lima. Así atacaron la residencia del embajador de Estados Unidos, matando a 3 policías, a lo que se suman otras modalidades de atentados, como el asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano.

En abril, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, SL lanzó coches-bomba contra las comisarías de Villa El Salvador, Bellavista, Zárate, Carmen de la Legua, la Villa Militar de Pueblo Libre, el local de la Dirección de Personal de la Policía, la Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. (Famesa) y los cuarteles San Martín, Barbones y el centro financiero de San Isidro. Fueron tiempos de terror y horror en Lima.

El 5 de junio volaron las instalaciones de Frecuencia Latina Canal 2. El saldo fue de tres muertos y más de 40 heridos.

TARATA Y LA CANTUTA

El baño de sangre siguió después con la masacre de Tarata y su feroz contragolpe, la masacre de La Cantuta, esta última a manos de los matarifes del Grupo Colina, en un diente por diente, ojo por ojo, que parecía llevar al país al abismo; aunque la justicia estableció que los muertos de La Cantuta no eran terroristas.

Los antecedentes señalan que el ataque en la calle Tarata de Miraflores fue decidido por el comité central del SL como un acto de destrucción de parte de la médula capitalista de la sociedad peruana: el Banco de Crédito del Grupo Romero.

Su ejecución fue encargada al destacamento especial N°12 de Socorro Popular con la participación de miembros de los destacamentos especiales 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de SL.

El grupo ejecutor debía de detonar un coche-bomba, compuesto por 600 kilos de anfo y abundante metralla, el 16 de julio en la noche. Pero, debido a las fuertes medidas de seguridad establecidas por la Policía y la seguridad del banco en los alrededores de la esquina de la avenida Larco y la calle Tarata, los terroristas no pudieron estacionarlo enfrente o al costado del blanco.

En un segundo intento de aproximarlo al local de la agencia del Banco de Crédito, solo atinaron a activar el detonador y abandonar desesperadamente el letal vehículo en la calle Tarata, frente a un edificio de departamentos.

La bomba estalló a las 9.26 de la noche convirtiendo la zona en un infierno. 25 inocentes murieron y hubo 250 heridos. 350 familias quedaron damnificadas y las pérdidas sumaron más de tres millones de dólares.

LOS AUTORES MATERIALES

Por este caso, el 10 de agosto de 1998, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo, sentenció como autores a 7 senderistas a cadena perpetua y a otros 3 a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Al “camarada Franco”, Juan Guillermo Orozco Barrientos, miembro del destacamento especial 12 de Sendero Luminoso se le atribuyó la responsabilidad de haber preparado el coche-bomba, junto a otros procesados.

La Sala Superior Penal Corporativa también ordenó que los sentenciados paguen una reparación civil de S/ 10’200.000, pero hasta la fecha no han cumplido con pagar.

En el año del terror y el horror, en Lima, dos días después, como contragolpe por la masacre de la calle Tarata, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, con apoyo de la Base de Acción Cívica (BAC), estacionada en la Universidad La Cantuta y de una patrulla de 30 comandos especiales del Ejército, allanaron el internado de estudiantes.

Guiados por un profesor informante, secuestraron a un docente y a 9 alumnos y los asesinaron en un paraje de Huachipa con gran crueldad, bajo sospecha de que eran senderistas autores de los recientes atentados contra Tarata y el Canal 2 de televisión.

Esta masacre fue autorizada y hasta exigida a los Colina, por los más altos niveles del Ejército y el Gobierno, a tal punto que le dieron todo el apoyo que pidieron los asesinos del Grupo Colina.

El baño de sangre parecía no terminar, pero años después acabó, tras la captura de Guzmán y su rendición y orden a sus huestes de dejar las armas.

 

ELMER OLÓRTEGUI
COLABORADOR

Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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