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Política

Tarata fue una más, entre 215 masacres de Sendero

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Tarata

La sentencia que mañana emitirá el colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el “Caso Tarata” será histórica, cerrará uno de los casos de las masacres perpetradas por Sendero Luminoso, entre 1983 y 1998, pero quedará abierta aún el juzgamiento a los dirigentes de esa organización criminal, por más de 214 crímenes similares o matanzas de inocentes indefensos.

La mayor parte de la ciudadanía espera que el tribunal presidido por René Martínez Castro e integrado por Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano, imponga a los doce juzgados, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, la condena de cadena perpetua y una reparación civil individual de 400 mil soles, solicitadas por la fiscal María Eugenia Carrasco.

Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote

Los cabecillas Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, durante su primera condena.

TRAS LAS REJAS DE POR VIDA

En el juicio oral, que empezó el 14 de febrero del 2017 y que mañana termina en la Base Naval del Callao, los acusados fueron juzgados bajo la acusación fiscal de ser autores mediatos de los delitos de terrorismo agravado (la masacre de Tarata) y de tráfico ilícito de drogas (cobros de cupos a narcotraficantes en el Alto Huallaga): Abimael Guzmán, Florindo Flores, María Pantoja, Osmán Morote, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Laura Zambrano, Margot Liendo, Elizabeth Cárdenas, Edmundo Cox, Florindo Cerrón y Moisés Limaco, este último ausente y probablemente en Francia.

Salvo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, condenados a cadena perpetua, los demás han purgado condenas hasta de 25 años y están sometidos a otros procesos, por lo que, de ser condenados, quienes están en la cárcel seguirán tras las rejas y quienes están libres, volverán al presidio, para quedar encerrados de por vida.

En el caso de Abimael Guzmán y otros de los juzgados, en el juicio realizado por el fuero común, el 13 de octubre del 2006, fueron condenados por la masacre de Lucanamarca (1983) y otros cuatro crímenes que entonces se había logrado documentar.

LUCANAMARCA

Está documentado que, para frenar la rebelión de las comunidades campesinas contra sus comités locales, a cuyos miembros habían comenzado a asesinar, el Comité Central de SL ordenó una sanción sangrienta y ejemplar.

El domingo 3 abril de 1983, en Lucanamarca, en el distrito de Santiago, provincia de Huancasancos, un pelotón senderista procedente de Vilcanchos al mando de Hildebrando Pérez Huarancca se desplazó desde el amanecer, como un rodillo sanguinario y asesinó con gran crueldad a 79 pobladores de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz y Lucanamarca. La masacre duró todo el día y fue a balazos, a golpes de picos, con hachas, machetes y cuchillos, contra niños, hombres, mujeres y ancianos.

Por la masacre de Lucanamarca y otros crímenes, el 14 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cadena perpetua para Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja.

A 25 años de prisión fueron condenados: Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margie Clavo, Angélica Salas de la Cruz, Margot Liendo y Obdulia Trujillo. Óscar Ramírez Durand fue condenado a 24 años de cárcel. Otros 12 terroristas intermedios recibieron penas de carcelería menores.

LAS MASACRES

¿Qué es una masacre? Los eruditos dicen que es la ejecución arbitraria múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra cinco o más personas en estado de indefensión, en forma concurrente con otras modalidades de tormento como torturas, mutilaciones u otras, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

Pues bien, la Comisión de la Verdad (CVR), registró 337 masacres en el curso de lo peor del conflicto armado interno (1983 – 1994). De ese número, 215 (63.8 %) son atribuidas al PCP-SL y 122 a agentes del Estado (FF.AA., Policía y rondas campesinas).

Con la modalidad de masacre descrita, SL asesinó a unas 3,516 personas, cifra equivalente al 28 % del total de las víctimas de homicidios calificados atribuidos a esa organización terrorista ante la CVR.

EL CONTEXTO DE TARATA

La masacre de Tarata ocurrió el 16 de julio de1992, el año más terrible de la guerra interna. El terror, la muerte y destrucción, sumieron a Lima en un baño de sangre. Luego de 13 años, los cabecillas de SL se habían convencido de que era el momento de romper el “equilibrio de fuerzas” a su favor e iniciar la insurrección armada en las ciudades, para tomar el poder. Entonces, lanzaron su VI plan militar llamado “Construir la conquista del poder” cuyo objetivo era el cerco a Lima, para capturar el Estado.

Usaron a fondo su letal arma, los coches-bomba. Desde 1985, hasta 1992, los senderistas habían detonado 99, la mayoría en Lima. Así atacaron la residencia del embajador de Estados Unidos, matando a 3 policías, a lo que se suman otras modalidades de atentados, como el asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano.

En abril, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, SL lanzó coches-bomba contra las comisarías de Villa El Salvador, Bellavista, Zárate, Carmen de la Legua, la Villa Militar de Pueblo Libre, el local de la Dirección de Personal de la Policía, la Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. (Famesa) y los cuarteles San Martín, Barbones y el centro financiero de San Isidro. Fueron tiempos de terror y horror en Lima.

El 5 de junio volaron las instalaciones de Frecuencia Latina Canal 2. El saldo fue de tres muertos y más de 40 heridos.

TARATA Y LA CANTUTA

El baño de sangre siguió después con la masacre de Tarata y su feroz contragolpe, la masacre de La Cantuta, esta última a manos de los matarifes del Grupo Colina, en un diente por diente, ojo por ojo, que parecía llevar al país al abismo; aunque la justicia estableció que los muertos de La Cantuta no eran terroristas.

Los antecedentes señalan que el ataque en la calle Tarata de Miraflores fue decidido por el comité central del SL como un acto de destrucción de parte de la médula capitalista de la sociedad peruana: el Banco de Crédito del Grupo Romero.

Su ejecución fue encargada al destacamento especial N°12 de Socorro Popular con la participación de miembros de los destacamentos especiales 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de SL.

El grupo ejecutor debía de detonar un coche-bomba, compuesto por 600 kilos de anfo y abundante metralla, el 16 de julio en la noche. Pero, debido a las fuertes medidas de seguridad establecidas por la Policía y la seguridad del banco en los alrededores de la esquina de la avenida Larco y la calle Tarata, los terroristas no pudieron estacionarlo enfrente o al costado del blanco.

En un segundo intento de aproximarlo al local de la agencia del Banco de Crédito, solo atinaron a activar el detonador y abandonar desesperadamente el letal vehículo en la calle Tarata, frente a un edificio de departamentos.

La bomba estalló a las 9.26 de la noche convirtiendo la zona en un infierno. 25 inocentes murieron y hubo 250 heridos. 350 familias quedaron damnificadas y las pérdidas sumaron más de tres millones de dólares.

LOS AUTORES MATERIALES

Por este caso, el 10 de agosto de 1998, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo, sentenció como autores a 7 senderistas a cadena perpetua y a otros 3 a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Al “camarada Franco”, Juan Guillermo Orozco Barrientos, miembro del destacamento especial 12 de Sendero Luminoso se le atribuyó la responsabilidad de haber preparado el coche-bomba, junto a otros procesados.

La Sala Superior Penal Corporativa también ordenó que los sentenciados paguen una reparación civil de S/ 10’200.000, pero hasta la fecha no han cumplido con pagar.

En el año del terror y el horror, en Lima, dos días después, como contragolpe por la masacre de la calle Tarata, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, con apoyo de la Base de Acción Cívica (BAC), estacionada en la Universidad La Cantuta y de una patrulla de 30 comandos especiales del Ejército, allanaron el internado de estudiantes.

Guiados por un profesor informante, secuestraron a un docente y a 9 alumnos y los asesinaron en un paraje de Huachipa con gran crueldad, bajo sospecha de que eran senderistas autores de los recientes atentados contra Tarata y el Canal 2 de televisión.

Esta masacre fue autorizada y hasta exigida a los Colina, por los más altos niveles del Ejército y el Gobierno, a tal punto que le dieron todo el apoyo que pidieron los asesinos del Grupo Colina.

El baño de sangre parecía no terminar, pero años después acabó, tras la captura de Guzmán y su rendición y orden a sus huestes de dejar las armas.

 

ELMER OLÓRTEGUI
COLABORADOR

Política

Presidente Vizcarra se reunió con los obispos

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Miguel Cabrejos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo un encuentro de trabajo con los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), en el que se comprometieron a tener una agenda común orientada a impulsar la unión entre todos los peruanos y mejorar el nivel de vida de la población.

La reunión se prolongó por el lapso de una hora y al término de ésta, el Jefe del Estado junto a monseñor Miguel Cabrejos, representante de la CEP, destacaron las coincidencias entre las prioridades del Gobierno en política social con la visión del país de la Iglesia católica.

Más de 50 obispos del Perú asistieron a la cita, en la que se abordó también temas relacionados al medio ambiente, la familia, mejoras en la atención de salud, en la educación, precisó el mandatario.

“Nos hemos comprometido a seguir trabajando y tener una agenda común buscando que los peruanos y peruanas puedan vivir en unión con tranquilidad y mejorar el nivel de vida de la población, eso es lo que estamos buscando”, manifestó el Presidente.

Por su parte, monseñor Cabrejos agradeció la visita del dignatario e indicó que le presentaron una serie de reflexiones de interés común en busca del desarrollo nacional.

Asimismo, resaltó la necesidad de caminar juntos para lograr cambios favorables en los más vulnerables.

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Política

Fiscal Gálvez sería testigo protegido en caso “cuellos blancos”, afirma abogado

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Tomás Gálvez

Tengo entendido que el doctor Tomás Gálvez está como testigo protegido en el caso de “Los cuellos blancos del puerto” y otras personas están en la misma situación y podrían haber dado información que permita incluir a otros involucrados, dijo el abogado Luis Lamas Puccio.

Añadió que “depende de la información que se haya logrado hasta la fecha de esas personas, que pueda ser de utilidad para consolidar una investigación que sea relevante”.

La condición de colaborador eficaz que tendría Galvez explicaría por qué, tras ser virtualmente aliado del fiscal Pedro Chávarry, en las últimas semanas guardó distancias y se sumó a los demás

“En tercer lugar, creo que el hecho de que una persona sea investigada no necesariamente implica que tenga que asumir una responsabilidad de carácter penal, justamente la investigación tiene que dilucidar estos aspectos”, precisó.

CHÁVARRY E HINOSTROZA

“En cuanto al señor Chávarry, incluso en cuanto al señor Hinostroza, lo que se conoce hasta la fecha es que habrían participado en varias conversaciones, no se sabe si estas conversaciones han sido interceptaciones telefónicas (legales) o chuponeo, se habla de interceptaciones, que a ciencia cierta no creo que un juez haya autorizado”, sostuvo Lamas Puccio, aunque las fiscales del caso afirman que son legales y se hicieron con autorización judicial.

“Entonces yo creo que todo esto es un tanto prematuro; ahora yo creo que la Fiscalía tendrá sus razones por las cuales ha sacado de las investigaciones a Tomás Gálvez y a otras personas”, dijo.

ODEBRECHT MARCARÁ LA RUTA

“Pero yo creo que lo que nos debe preocupar es esta negociación que va a tener un acuerdo con Odebrecht y otros personajes. Este es el tema que realmente va a marcar la ruta en los próximos años en materia de corrupción”, enfatizó.

Lamas Puccio concluyó señalando: “Yo creo que es importante el tema de ‘Los cuellos blancos del puerto’”, puntualizó.

El penalista dijo que el acuerdo con Odebrecht visualizará la estructura que permitirá ver en toda su dimensión la red criminal, en la que “Los cuellos blancos del puerto” y otras organizaciones criminales aparecerán con toda claridad.

ALGO MÁS

“Odebrecht es sin lugar a dudas la más grande corruptora de América Latina y cuando caigan los peces gordos en el Perú se verá la corrupción en toda su extensión y profundidad y se pondrá en evidencia el entramado de las organizaciones criminales que aún está agazapadas”, dijo Lamas Puccio.

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Política

Temen que Chávarry haya fugado del país

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Pedro Gonzalo Chávarry

Cuando Manuel Humberto Asmat dijo que el ex juez César Hinostroza Pariachi estaba en el país, eso era una mentira, porque ya había huido con destino a Madrid, donde ahora está detenido.

Ahora, lo mismo dice el abogado Julio Rodríguez, al afirmar que Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación, descansa en su casa. Está de vacaciones, pero ¿habrá huido como sospechan algunos?

Varios congresistas, como Yonhy Lescano y Gino Costa, han pedido que se vigile las fronteras –donde los puestos migratorios ya están advertidos para impedir cualquier intento de fuga, porque la situación de Chávarry ha tomado un giro delicado desde el punto de vista delictivo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó cuatro acusaciones constitucionales contra Chávarry, lo que implica investigarlo por delitos graves como pertenencia a una organización criminal (“Los cuellos blancos…”) y obstrucción a la justicia.

Hay quienes aseguran que su participación en la violación del precintado de la oficina de Juan Manuel Duarte y el retiro de documentación de la misma comprometería a Chávarry con investigados como Keiko Fujimori y Alan García.

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