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Política

Tarata fue una más, entre 215 masacres de Sendero

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Tarata

La sentencia que mañana emitirá el colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el “Caso Tarata” será histórica, cerrará uno de los casos de las masacres perpetradas por Sendero Luminoso, entre 1983 y 1998, pero quedará abierta aún el juzgamiento a los dirigentes de esa organización criminal, por más de 214 crímenes similares o matanzas de inocentes indefensos.

La mayor parte de la ciudadanía espera que el tribunal presidido por René Martínez Castro e integrado por Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano, imponga a los doce juzgados, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, la condena de cadena perpetua y una reparación civil individual de 400 mil soles, solicitadas por la fiscal María Eugenia Carrasco.

Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote

Los cabecillas Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, durante su primera condena.

TRAS LAS REJAS DE POR VIDA

En el juicio oral, que empezó el 14 de febrero del 2017 y que mañana termina en la Base Naval del Callao, los acusados fueron juzgados bajo la acusación fiscal de ser autores mediatos de los delitos de terrorismo agravado (la masacre de Tarata) y de tráfico ilícito de drogas (cobros de cupos a narcotraficantes en el Alto Huallaga): Abimael Guzmán, Florindo Flores, María Pantoja, Osmán Morote, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Laura Zambrano, Margot Liendo, Elizabeth Cárdenas, Edmundo Cox, Florindo Cerrón y Moisés Limaco, este último ausente y probablemente en Francia.

Salvo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, condenados a cadena perpetua, los demás han purgado condenas hasta de 25 años y están sometidos a otros procesos, por lo que, de ser condenados, quienes están en la cárcel seguirán tras las rejas y quienes están libres, volverán al presidio, para quedar encerrados de por vida.

En el caso de Abimael Guzmán y otros de los juzgados, en el juicio realizado por el fuero común, el 13 de octubre del 2006, fueron condenados por la masacre de Lucanamarca (1983) y otros cuatro crímenes que entonces se había logrado documentar.

LUCANAMARCA

Está documentado que, para frenar la rebelión de las comunidades campesinas contra sus comités locales, a cuyos miembros habían comenzado a asesinar, el Comité Central de SL ordenó una sanción sangrienta y ejemplar.

El domingo 3 abril de 1983, en Lucanamarca, en el distrito de Santiago, provincia de Huancasancos, un pelotón senderista procedente de Vilcanchos al mando de Hildebrando Pérez Huarancca se desplazó desde el amanecer, como un rodillo sanguinario y asesinó con gran crueldad a 79 pobladores de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz y Lucanamarca. La masacre duró todo el día y fue a balazos, a golpes de picos, con hachas, machetes y cuchillos, contra niños, hombres, mujeres y ancianos.

Por la masacre de Lucanamarca y otros crímenes, el 14 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cadena perpetua para Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja.

A 25 años de prisión fueron condenados: Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margie Clavo, Angélica Salas de la Cruz, Margot Liendo y Obdulia Trujillo. Óscar Ramírez Durand fue condenado a 24 años de cárcel. Otros 12 terroristas intermedios recibieron penas de carcelería menores.

LAS MASACRES

¿Qué es una masacre? Los eruditos dicen que es la ejecución arbitraria múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra cinco o más personas en estado de indefensión, en forma concurrente con otras modalidades de tormento como torturas, mutilaciones u otras, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

Pues bien, la Comisión de la Verdad (CVR), registró 337 masacres en el curso de lo peor del conflicto armado interno (1983 – 1994). De ese número, 215 (63.8 %) son atribuidas al PCP-SL y 122 a agentes del Estado (FF.AA., Policía y rondas campesinas).

Con la modalidad de masacre descrita, SL asesinó a unas 3,516 personas, cifra equivalente al 28 % del total de las víctimas de homicidios calificados atribuidos a esa organización terrorista ante la CVR.

EL CONTEXTO DE TARATA

La masacre de Tarata ocurrió el 16 de julio de1992, el año más terrible de la guerra interna. El terror, la muerte y destrucción, sumieron a Lima en un baño de sangre. Luego de 13 años, los cabecillas de SL se habían convencido de que era el momento de romper el “equilibrio de fuerzas” a su favor e iniciar la insurrección armada en las ciudades, para tomar el poder. Entonces, lanzaron su VI plan militar llamado “Construir la conquista del poder” cuyo objetivo era el cerco a Lima, para capturar el Estado.

Usaron a fondo su letal arma, los coches-bomba. Desde 1985, hasta 1992, los senderistas habían detonado 99, la mayoría en Lima. Así atacaron la residencia del embajador de Estados Unidos, matando a 3 policías, a lo que se suman otras modalidades de atentados, como el asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano.

En abril, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, SL lanzó coches-bomba contra las comisarías de Villa El Salvador, Bellavista, Zárate, Carmen de la Legua, la Villa Militar de Pueblo Libre, el local de la Dirección de Personal de la Policía, la Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. (Famesa) y los cuarteles San Martín, Barbones y el centro financiero de San Isidro. Fueron tiempos de terror y horror en Lima.

El 5 de junio volaron las instalaciones de Frecuencia Latina Canal 2. El saldo fue de tres muertos y más de 40 heridos.

TARATA Y LA CANTUTA

El baño de sangre siguió después con la masacre de Tarata y su feroz contragolpe, la masacre de La Cantuta, esta última a manos de los matarifes del Grupo Colina, en un diente por diente, ojo por ojo, que parecía llevar al país al abismo; aunque la justicia estableció que los muertos de La Cantuta no eran terroristas.

Los antecedentes señalan que el ataque en la calle Tarata de Miraflores fue decidido por el comité central del SL como un acto de destrucción de parte de la médula capitalista de la sociedad peruana: el Banco de Crédito del Grupo Romero.

Su ejecución fue encargada al destacamento especial N°12 de Socorro Popular con la participación de miembros de los destacamentos especiales 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de SL.

El grupo ejecutor debía de detonar un coche-bomba, compuesto por 600 kilos de anfo y abundante metralla, el 16 de julio en la noche. Pero, debido a las fuertes medidas de seguridad establecidas por la Policía y la seguridad del banco en los alrededores de la esquina de la avenida Larco y la calle Tarata, los terroristas no pudieron estacionarlo enfrente o al costado del blanco.

En un segundo intento de aproximarlo al local de la agencia del Banco de Crédito, solo atinaron a activar el detonador y abandonar desesperadamente el letal vehículo en la calle Tarata, frente a un edificio de departamentos.

La bomba estalló a las 9.26 de la noche convirtiendo la zona en un infierno. 25 inocentes murieron y hubo 250 heridos. 350 familias quedaron damnificadas y las pérdidas sumaron más de tres millones de dólares.

LOS AUTORES MATERIALES

Por este caso, el 10 de agosto de 1998, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo, sentenció como autores a 7 senderistas a cadena perpetua y a otros 3 a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Al “camarada Franco”, Juan Guillermo Orozco Barrientos, miembro del destacamento especial 12 de Sendero Luminoso se le atribuyó la responsabilidad de haber preparado el coche-bomba, junto a otros procesados.

La Sala Superior Penal Corporativa también ordenó que los sentenciados paguen una reparación civil de S/ 10’200.000, pero hasta la fecha no han cumplido con pagar.

En el año del terror y el horror, en Lima, dos días después, como contragolpe por la masacre de la calle Tarata, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, con apoyo de la Base de Acción Cívica (BAC), estacionada en la Universidad La Cantuta y de una patrulla de 30 comandos especiales del Ejército, allanaron el internado de estudiantes.

Guiados por un profesor informante, secuestraron a un docente y a 9 alumnos y los asesinaron en un paraje de Huachipa con gran crueldad, bajo sospecha de que eran senderistas autores de los recientes atentados contra Tarata y el Canal 2 de televisión.

Esta masacre fue autorizada y hasta exigida a los Colina, por los más altos niveles del Ejército y el Gobierno, a tal punto que le dieron todo el apoyo que pidieron los asesinos del Grupo Colina.

El baño de sangre parecía no terminar, pero años después acabó, tras la captura de Guzmán y su rendición y orden a sus huestes de dejar las armas.

 

ELMER OLÓRTEGUI
COLABORADOR

Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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en

casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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