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Política

Tarata fue una más, entre 215 masacres de Sendero

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Tarata

La sentencia que mañana emitirá el colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el “Caso Tarata” será histórica, cerrará uno de los casos de las masacres perpetradas por Sendero Luminoso, entre 1983 y 1998, pero quedará abierta aún el juzgamiento a los dirigentes de esa organización criminal, por más de 214 crímenes similares o matanzas de inocentes indefensos.

La mayor parte de la ciudadanía espera que el tribunal presidido por René Martínez Castro e integrado por Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano, imponga a los doce juzgados, miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, la condena de cadena perpetua y una reparación civil individual de 400 mil soles, solicitadas por la fiscal María Eugenia Carrasco.

Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote

Los cabecillas Abimael Guzman, Elena Iparraguirre y Osmán Morote, durante su primera condena.

TRAS LAS REJAS DE POR VIDA

En el juicio oral, que empezó el 14 de febrero del 2017 y que mañana termina en la Base Naval del Callao, los acusados fueron juzgados bajo la acusación fiscal de ser autores mediatos de los delitos de terrorismo agravado (la masacre de Tarata) y de tráfico ilícito de drogas (cobros de cupos a narcotraficantes en el Alto Huallaga): Abimael Guzmán, Florindo Flores, María Pantoja, Osmán Morote, Elena Iparraguirre, Óscar Ramírez, Laura Zambrano, Margot Liendo, Elizabeth Cárdenas, Edmundo Cox, Florindo Cerrón y Moisés Limaco, este último ausente y probablemente en Francia.

Salvo Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, condenados a cadena perpetua, los demás han purgado condenas hasta de 25 años y están sometidos a otros procesos, por lo que, de ser condenados, quienes están en la cárcel seguirán tras las rejas y quienes están libres, volverán al presidio, para quedar encerrados de por vida.

En el caso de Abimael Guzmán y otros de los juzgados, en el juicio realizado por el fuero común, el 13 de octubre del 2006, fueron condenados por la masacre de Lucanamarca (1983) y otros cuatro crímenes que entonces se había logrado documentar.

LUCANAMARCA

Está documentado que, para frenar la rebelión de las comunidades campesinas contra sus comités locales, a cuyos miembros habían comenzado a asesinar, el Comité Central de SL ordenó una sanción sangrienta y ejemplar.

El domingo 3 abril de 1983, en Lucanamarca, en el distrito de Santiago, provincia de Huancasancos, un pelotón senderista procedente de Vilcanchos al mando de Hildebrando Pérez Huarancca se desplazó desde el amanecer, como un rodillo sanguinario y asesinó con gran crueldad a 79 pobladores de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua y Muylacruz y Lucanamarca. La masacre duró todo el día y fue a balazos, a golpes de picos, con hachas, machetes y cuchillos, contra niños, hombres, mujeres y ancianos.

Por la masacre de Lucanamarca y otros crímenes, el 14 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena de cadena perpetua para Abimael Guzmán Reynoso, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano y María Pantoja.

A 25 años de prisión fueron condenados: Osmán Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margie Clavo, Angélica Salas de la Cruz, Margot Liendo y Obdulia Trujillo. Óscar Ramírez Durand fue condenado a 24 años de cárcel. Otros 12 terroristas intermedios recibieron penas de carcelería menores.

LAS MASACRES

¿Qué es una masacre? Los eruditos dicen que es la ejecución arbitraria múltiple o asesinato múltiple cometido con gran crueldad contra cinco o más personas en estado de indefensión, en forma concurrente con otras modalidades de tormento como torturas, mutilaciones u otras, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar.

Pues bien, la Comisión de la Verdad (CVR), registró 337 masacres en el curso de lo peor del conflicto armado interno (1983 – 1994). De ese número, 215 (63.8 %) son atribuidas al PCP-SL y 122 a agentes del Estado (FF.AA., Policía y rondas campesinas).

Con la modalidad de masacre descrita, SL asesinó a unas 3,516 personas, cifra equivalente al 28 % del total de las víctimas de homicidios calificados atribuidos a esa organización terrorista ante la CVR.

EL CONTEXTO DE TARATA

La masacre de Tarata ocurrió el 16 de julio de1992, el año más terrible de la guerra interna. El terror, la muerte y destrucción, sumieron a Lima en un baño de sangre. Luego de 13 años, los cabecillas de SL se habían convencido de que era el momento de romper el “equilibrio de fuerzas” a su favor e iniciar la insurrección armada en las ciudades, para tomar el poder. Entonces, lanzaron su VI plan militar llamado “Construir la conquista del poder” cuyo objetivo era el cerco a Lima, para capturar el Estado.

Usaron a fondo su letal arma, los coches-bomba. Desde 1985, hasta 1992, los senderistas habían detonado 99, la mayoría en Lima. Así atacaron la residencia del embajador de Estados Unidos, matando a 3 policías, a lo que se suman otras modalidades de atentados, como el asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, María Elena Moyano.

En abril, luego del autogolpe de Alberto Fujimori, SL lanzó coches-bomba contra las comisarías de Villa El Salvador, Bellavista, Zárate, Carmen de la Legua, la Villa Militar de Pueblo Libre, el local de la Dirección de Personal de la Policía, la Fábrica de Mechas y Explosivos S.A. (Famesa) y los cuarteles San Martín, Barbones y el centro financiero de San Isidro. Fueron tiempos de terror y horror en Lima.

El 5 de junio volaron las instalaciones de Frecuencia Latina Canal 2. El saldo fue de tres muertos y más de 40 heridos.

TARATA Y LA CANTUTA

El baño de sangre siguió después con la masacre de Tarata y su feroz contragolpe, la masacre de La Cantuta, esta última a manos de los matarifes del Grupo Colina, en un diente por diente, ojo por ojo, que parecía llevar al país al abismo; aunque la justicia estableció que los muertos de La Cantuta no eran terroristas.

Los antecedentes señalan que el ataque en la calle Tarata de Miraflores fue decidido por el comité central del SL como un acto de destrucción de parte de la médula capitalista de la sociedad peruana: el Banco de Crédito del Grupo Romero.

Su ejecución fue encargada al destacamento especial N°12 de Socorro Popular con la participación de miembros de los destacamentos especiales 15 y 18 de la Dirección Zonal Centro de SL.

El grupo ejecutor debía de detonar un coche-bomba, compuesto por 600 kilos de anfo y abundante metralla, el 16 de julio en la noche. Pero, debido a las fuertes medidas de seguridad establecidas por la Policía y la seguridad del banco en los alrededores de la esquina de la avenida Larco y la calle Tarata, los terroristas no pudieron estacionarlo enfrente o al costado del blanco.

En un segundo intento de aproximarlo al local de la agencia del Banco de Crédito, solo atinaron a activar el detonador y abandonar desesperadamente el letal vehículo en la calle Tarata, frente a un edificio de departamentos.

La bomba estalló a las 9.26 de la noche convirtiendo la zona en un infierno. 25 inocentes murieron y hubo 250 heridos. 350 familias quedaron damnificadas y las pérdidas sumaron más de tres millones de dólares.

LOS AUTORES MATERIALES

Por este caso, el 10 de agosto de 1998, la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo, sentenció como autores a 7 senderistas a cadena perpetua y a otros 3 a penas de entre 20 y 35 años de prisión. Al “camarada Franco”, Juan Guillermo Orozco Barrientos, miembro del destacamento especial 12 de Sendero Luminoso se le atribuyó la responsabilidad de haber preparado el coche-bomba, junto a otros procesados.

La Sala Superior Penal Corporativa también ordenó que los sentenciados paguen una reparación civil de S/ 10’200.000, pero hasta la fecha no han cumplido con pagar.

En el año del terror y el horror, en Lima, dos días después, como contragolpe por la masacre de la calle Tarata, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, con apoyo de la Base de Acción Cívica (BAC), estacionada en la Universidad La Cantuta y de una patrulla de 30 comandos especiales del Ejército, allanaron el internado de estudiantes.

Guiados por un profesor informante, secuestraron a un docente y a 9 alumnos y los asesinaron en un paraje de Huachipa con gran crueldad, bajo sospecha de que eran senderistas autores de los recientes atentados contra Tarata y el Canal 2 de televisión.

Esta masacre fue autorizada y hasta exigida a los Colina, por los más altos niveles del Ejército y el Gobierno, a tal punto que le dieron todo el apoyo que pidieron los asesinos del Grupo Colina.

El baño de sangre parecía no terminar, pero años después acabó, tras la captura de Guzmán y su rendición y orden a sus huestes de dejar las armas.

 

ELMER OLÓRTEGUI
COLABORADOR

Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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