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Especial

Tala ilegal: Otra forma de crimen organizado

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Tala ilegal: Otra forma de crimen organizado

La tala ilegal de madera es el delito contra los recursos naturales que más ganancias genera en el mundo y el tercer crimen mundial más grande, de acuerdo con el informe titulado “Crimen trasnacional y el mundo en desarrollo”, publicado en marzo del 2017 por Global Financial Integrity, organización estadounidense que investiga los flujos financieros ilícitos.

El valor de ganancias que genera este crimen trasnacional a nivel mundial es calculado entre US$52 mil millones a US$157 mil millones al año, según la citada investigación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo es ilegal.

Insight Crimen, centro de investigación sobre crimen organizado considera que la Amazonia es el ojo de la tormenta de la tala ilegal de madera. La tala, junto a la minería ilegal y el narcotráfico, son los crímenes más investigados en Latinoamérica.

Los bosques latinoamericanos son los segundos en ser afectados por la tala ilegal después de los bosques asiáticos, según el PNUMA. Solo en el 2014, el valor total de la exportación de madera ilegal en bruto y aserrada desde Sudamérica alcanzó los US$387 millones en promedio, de acuerdo con la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO).

Rolando Navarro, investigador del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), quien ha analizado de cerca el tráfico de madera ilegal a nivel sudamericano reveló a Noticias Aliadas que “más del 75% de la madera que se comercia en América del Sur, tanto a nivel interno como para exportación, no es legal”.

La dimensión de los volúmenes de madera que se comercializan de manera ilegal en América Latina es increíble. A fines del 2012 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confiscó más de 50,000 m³ de madera ilegal, estimados en alrededor de US$8 millones, como resultado del Proyecto LEAF (Asistencia de las Fuerzas del Orden en Materia Forestal) realizado en 12 países latinoamericanos.

El tráfico ilegal de madera es un crimen organizado complejo y tiene muchos delitos que se suceden unos a otros como los anillos de crecimiento de un árbol.

Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú, comentó a Noticias Aliadas que el tráfico de madera está vinculado con crímenes como la deforestación, la explotación laboral, el tráfico e invasión de tierras, la evasión tributaria, la falsificación de documentos, la corrupción estatal y hasta el asesinato de líderes protectores del bosque.

“Dichos crímenes también persisten en el resto de países latinoamericanos y del Caribe, aunque con mayor incidencia en la Amazonia por la gran cobertura forestal que existe”, precisó Abanto. “Una situación común es que el tráfico ilegal de madera comience con la tala por parte de campesinos o indígenas que han sido contratados por un empresario maderero. Muchas veces ellos no saben que lo que hacen es ilegal y los empresarios se aprovechan de ello”.

Tala ilegal: Otra forma de crimen organizado

Ganancias multimillonarias

El secreto de la rentabilidad de la tala y el tráfico ilegal de madera es el costo-beneficio. Veamos la dimensión monetaria de este negocio criminal en todo el ciclo de producción de la madera hasta su exportación: un talador gana en promedio US$70 por m³ de caoba peruana; sin embargo, el exportador de la misma madera gana US$1,804 por pie cúbico (0.028 m³), por otro lado, los importadores ganan hasta US$3,170 por m³, según Insight Crime.

“En medio de toda la circulación de la madera ilegal se está evadiendo impuestos”, afirmó Abanto.

Navarro, por otro lado, precisó que a partir de las especies maderables más comercializadas en el Perú se puede deducir las especies más solicitadas por el comercio ilegal a nivel sudamericano. La falta de información sobre el circuito del tráfico ilegal de madera es uno de los obstáculos para enfrentar al crimen en cuestión.

Entre las especies más comercializadas se incluyen a las siguientes: cumala (Virola sp.), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), capinuri o chimicua (Clarisia biflora), lupuna (Chorisia integrifolia), capirona (Calycophyllum spruceanum), shihuahuaco (Coumarouna odorata), cachimbo (Cariniana domesticata), copaiba (Copaifera reticulata); cumala (Virola sebifera) y catahua (Hura crepitans).

Las modalidades e impactos del tráfico de madera ilegal también están presentes en América Central y el Caribe.

La investigación “A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America” (“Análisis espacio-temporal de la pérdida forestal relacionada al tráfico de cocaína en América Central”), publicada en el mayo del 2017 por el portal científico IOPscience, hace referencia a la pérdida de bosques centroamericanos impulsada por el tráfico de cocaína. Debido a esta actividad ilícita Guatemala, Honduras y Nicaragua han perdido anualmente entre 15% y 30% de sus bosques en la última década, indica la investigación. Entre otros países cuyos bosques son afectados por el tráfico de cocaína están Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá y República Dominicana.

La Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su sigla en inglés), organización estadounidense que se dedica a estudiar el tráfico de madera ilegal, compartió información con Noticias Aliadas de algunos alcances para entender la dimensión del tráfico ilegal en América Latina.

México es uno de los países latinoamericanos que adquiere grandes cantidades de madera “con riesgo de ilegalidad forestal en su cadena de valor”, según información compartida por Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA. Casi la totalidad de la madera que México importa proviene de Brasil y Perú.

De acuerdo con información publicada por IUFRO, basada en datos del Banco Mundial del año 2006, los porcentajes estimados de tala ilegal de madera en los países latinoamericanos son: Bolivia (80%), Amazonia de Brasil (20%-47%), Colombia (42%), Ecuador (70%).

Si bien en el caso del Perú la cifra fue de 80% en el 2006. Navarro señaló que este porcentaje ya se incrementó. “Me atrevería a decir que más del 90% de la madera que se comercia en Perú es de condición ilegal”, resaltó el investigador de CIEL.

Tala ilegal: Otra forma de crimen organizado

Fórmula para el lavado de madera ilegal

El más reciente estudio de EIA titulado “El Momento de la Verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”, publicado en enero del 2018, brinda algunas luces sobre el escenario del lavado de madera ilegal.

En dicha investigación se analizaron solo las exportaciones de madera del Perú que salieron en el 2015 por el Callao, el principal puerto del país, y se determinó que el 17% de los puntos de extracción de madera es de origen ilegal; 16% de origen legal y el 67% de origen impreciso, pero se tiene indicios de que también es ilegal, según Julia Urrunaga, directora de EIA en el Perú.

La investigación también determinó que los países hacia donde el Perú exporta su madera, incluso la de procedencia ilegal, son China, República Dominicana, EE.UU., México, Francia, Cuba, Corea del Sur, Bélgica, Puerto Rico, Australia, Taiwán, España, Chile, Ecuador, Uruguay, Canadá, Israel y Japón.

La fórmula para lavar madera en el Perú, y que también se reproduce en otros países latinoamericanos, es presentando información falsa, es decir, frente a la autoridad forestal se muestran listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de madera que no existe en la concesión, se explica en la investigación “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques de Perú” de EIA, publicada en el 2012, respecto a cómo se encubre el origen de la madera ilegal en Perú.

“Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país –áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales”, se precisa en el estudio.

Entre las medidas que deben promover los estados latinoamericanos, señaló Abanto, “es la promoción de la titulación colectiva de tierras indígenas para detener el tráfico de tierras, que muchas veces está vinculada a la tala ilegal de madera”.

En el caso peruano, uno de los más graves de América Latina, “el Estado debe honrar el acuerdo forestal precisado en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. para que toda la madera que se exporte a EE.UU. sea legal”, afirmó Abanto.

Incluso, el gobierno estadounidense envió el 26 de febrero una carta a Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio y Turismo del Perú, para que verifique el cargamento de tres compañías que exportaron madera a EE.UU. a lo largo del 2017.

No es la primera vez que sucede, comentó Abanto. Las cartas oficiales de EE.UU. se deben a antecedentes de compañías peruanas vinculadas a la exportación de madera ilegal. El caso más famoso se reveló en el 2015 con la Operación Amazonas cuando se intervino al buque Yacu Kallpa. Se determinó por pesquisas posteriores a la operación policial que más del 91% de su carga era de origen ilegal.

De acuerdo con Navarro, entre los países que menores restricciones ponen para el ingreso de madera ilegal son China, México y República Dominicana, justo las naciones que encabezan la lista de los países importadores de madera peruana.

“Se necesita una coordinación regional de países para enfrentar con efectividad al tráfico ilegal de madera. No se puede si no hay acción frente a las mafias y una debilidad gubernamental”, exhortó Abanto.

 

Milton López Tarabochia
Noticias Aliadas

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¿Es el PBI un buen indicador de desarrollo?

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Niños de zonas rurales en fila para tomar desayuno

¿Es el Producto Bruto Interno (PBI) un buen indicador del bienestar y progreso de una sociedad? Esta es una pregunta de rigor que ha generado agudos debates entre economistas y políticos desde que fue ideado en 1934 por Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971. A raíz de la crisis financiera y económica de 2008, las discusiones y las críticas han aumentado, en torno a la validez del PBI como medida de crecimiento y distribución de renta producida por una nación.

Uno de los severos críticos es Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001. Cuestiona la utilidad del PBI para explicar los resultados económicos de una nación, argumentando que esta medida no incluye la distribución de la renta y la riqueza, ni evidencia la permanente relación entre desigualdad e inestabilidad de los mercados, tampoco refleja el nivel de vida de los ciudadanos. Otro crítico es Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015. Opiniones parecidas a las anteriores fueron vertidas por los Premios Nobel Jean Tirole (2014) y Eugene Fama (2013).

Para subsanar los defectos del PBI, se han propuesto una serie de medidores “alternativos” que tomen en cuenta las dimensiones humanas, sociales, culturales y medioambientales, y que a su vez permitan evaluar la distribución de la renta y la riqueza, así como el progreso y bienestar de la gente. Uno de los más antiguos es el índice de progreso real, (IPR) o Índice de progreso genuino (IPG), que se conoce desde 1950. Según sus autores es útil para medir el bienestar económico y el progreso social de un país, sin embargo, no ha tenido mayor uso y es muy poco conocido. Por su parte, los economistas Herman Daly y John Cobb presentaron en 1989 el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) que intento’ remplazar al PBI como indicador de bienestar social, pero tampoco tuvo mayor éxito.

Pacientes en pasillos de hospital en camilla

EL INDICE DEL PNUD

El índice más aceptado y promovido por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) es el IDH o Índice de Desarrollo Humano, presentado en 1990 por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998. Este índice es una medición compuesta que toma en cuenta tres variables: Salud (medida por la esperanza de vida), Educación (medida por la tasa de alfabetización y la tasa de matriculación combinada), y la Renta (medida por el PBI per cápita ajustado). El resultado es un valor entre cero y uno. Un país con un valor cercano a uno significa que tiene un alto nivel de desarrollo humano.

A pesar de la amplia difusión que ha tenido el IDH y de las mejoras incorporadas en el tiempo, también es objeto de críticas, por su simplicidad de cálculo y por no incorporar variables como: las condiciones laborales, disponibilidad del tiempo libre de las personas, los efectos de la contaminación del medio ambiente, la distribución de la renta y la riqueza.

Para remediar estos vacíos, se recomendó el IDH ajustado a la desigualdad, añadiendo el coeficiente GINI (mide la desigualdad en los ingresos). Sin embargo, el PNUD no tomó en cuenta esta propuesta. Por último, hay que mencionar el índice de Felicidad Nacional Bruta (FNB) propuesto por el Gobierno de Butan en 1974. Este índice no se centra únicamente en el desarrollo económico, sino y sobre todo, en la cultura, la tradición y cuidado del medio ambiente. Este pequeño país asiático fue el primero en el mundo que hizo de la búsqueda del bienestar de su gente una política de Estado.

MODO BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial (BM) desde una perspectiva diferente y ante los defectos de los indicadores antes citados, decidió recurrir a una nueva forma de medir el éxito o fracaso de políticas públicas de un gobierno. Se trata del Índice de Capital Humano (ICH) presentado en el marco de la Cumbre sobre el Capital Humano el 13 de octubre último en Bali (Indonesia).

Según el Banco, con este índice se busca medir los resultados en las áreas de educación, salud, nutrición y protección social, y con ello ayudar a los países miembros a invertir más y mejor en las personas. Se trata de una medida prospectiva de cómo los resultados actuales en materia de salud y educación (que incluyen una nueva medida de los años de escuela ajustados en función del aprendizaje) principalmente, determinarán la productividad para las próximas generaciones de trabajadores.

En suma, El ICH servirá para medir resultados de capital humano relacionados con la productividad, la supervivencia infantil, la predisposición innata de los niños para ser exitosos en el futuro, el nivel de aprendizaje de los estudiantes y la salud de los adultos.

Operario obrero confecciones textiles pequeña y mediana empresa

¿QUÉ ES EL CAPITAL HUMANO?

De acuerdo con el BM, el capital humano son los conocimientos, las capacidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desplegar su potencial como miembros productivos de la sociedad. Invertir en las personas a través de la nutrición, la atención médica, la educación de calidad, el empleo y las capacidades, ayuda a desarrollar el capital humano, lo que resulta clave para poner fin a la pobreza y crear sociedades más inclusivas y menos desiguales.

El costo de la inacción y la indiferencia de los gobiernos en lo que respecta al desarrollo del capital humano es creciente. El Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 2018, muestra que cada año hay más hambrientos en el mundo, las sociedades son cada vez más desiguales, la brecha entre ricos y pobres se viene ensanchando cada año (véase el Informe 2017 de Oxfam Internacional).

Sin capital humano, los países no pueden mantener su crecimiento económico, tampoco tendrían una fuerza laboral preparada para los empleos de mayor cualificación que exige la era de la automatización y la digitalización de los negocios. En este sentido el último informe de Tendencias Mundiales de Capital Humano 2018, de la consultora internacional Deloitte advierte que el avance tecnológico está modelando cada vez más las prioridades del capital humano.

LA TECNOLOGÍA

La tecnología brinda nuevas oportunidades para combatir la pobreza e impulsar la prosperidad colectiva. Pero también genera nuevos riesgos, incluida una mayor desigualdad dentro de los países y entre ellos. En este sentido, el ICH puede ayudar a reorientar las inversiones públicas hacia el fortalecimiento del capital humano. Está demostrado que el capital humano produce rendimiento creciente a escala mientras que el capital físico o material solo produce rendimientos constantes.

La naturaleza del trabajo está cambiando constantemente por los avances tecnológicos actuales. Se adoptan nuevas formas de producción, los mercados se expanden y las sociedades evolucionan. En este escenario ¿qué debe hacer un gobierno? Invertir en capital humano, especialmente en los grupos más vulnerables y en educación infantil temprana, para desarrollar las nuevas habilidades que cada vez son más demandadas en el mercado laboral. No hay otro camino.

En el ranking mundial del nuevo ICH 2018, el Perú se ubica en el número 72 de 157 países estudiados (obtiene 0.59, puntos sobre 1) muy lejos de Chile que está en el puesto 45. Las razones del bajo puntaje básicamente son dos: la mala calidad de la educación (véase prueba PISA 2015) y las deficiencias en los servicios de salud, principalmente en la infancia. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2017, el 43.6% (44 de cada 100) de niños menores de 6 a 35 meses padecen anemia. Son cifras escandalosas para un país rico pese haber crecido su PBI durante los últimos 15 años.

La medición del bienestar y los niveles de progreso de la gente, cobran cada día más relevancia, ya que permite tener una visión más clara del impacto de las políticas públicas. La preocupación principal de los gobernantes debe ser el bienestar de sus ciudadanos. Este ideal puede ser realidad si hay voluntad política.

ALGO MÁS

No estoy en contra se seguir mirando con lupa las cifras de crecimiento del PBI. Sin embargo, para que una sociedad sea económica y socialmente viable, el crecimiento debe reflejarse en calidad de vida y bienestar, tanto individual como colectivo de la gente.

 

Alejandro Narváez Liceras
Es Profesor Principal de Finanzas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Especial

La corrupción y la excepcionalidad de México

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El presidente Peña Nieto recibió una casa de la constructora HIGA.

El caso de nueva corrupción más saltante del siglo XXI es el caso de las constructoras brasileñas. Estas pagan para lograr cobrar sobrecostos y no para facilitar los procedimientos de administración. En lo que deberá determinarse si fue una política de Estado, o colaboración Estado/Mercado –quien financia las obras de estas constructoras es el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, BNDES- las empresas constructoras brasileñas tuvieron como estrategia de negocios, financiar campañas electorales para comprar la buena voluntad de altos funcionarios de gobiernos electos.

Además, hacían pagos a ministros, presidentes y jefes de empresas públicas, para facilitar los contratos con ellos. No es delito poner dinero a una campaña política. Sí es delito esconder la mano que pone el dinero. Es delito darle dinero al Presidente para su uso personal a cambio de su anuencia a una obra ejecutada por ellos.

Hay países donde las campañas políticas son pagadas por el Estado para evitar que los agentes privados intervengan, sean del narcotráfico o de empresas, u honrados ciudadanos de a pie. En esos casos, cualquier aporte a campaña es delictiva. En los otros casos, donde poner dinero a campaña es legítimo, el problema es si existe una relación entre el auspiciado y la empresa ex ante, y de qué forma actúa el auspiciado frente a la empresa.

SOBREPRECIOS

El alboroto de las constructoras brasileñas, siendo la más vista Odebrecht, pero son cuatro, es que cobran grandes sobrecostos por obra hecha. Es decir, una carretera cuesta 100 millones de euros y la constructora pasa una segunda factura por otros 30 millones por demoras de obra. Esos 30 son un sobrecosto gratuito. Es lo que se llama un robo, legitimado por una factura. Quien paga la factura es el auspiciado en la campaña electoral.

Esto mismo lo hacían constructoras en el Perú de la década de Fujimori. La constructora del ex ministro de economía Camet se revitalizó en la década del 90 con estos sobrepagos gratuitos y facturados. Sin duda, es una práctica generalizada en América Latina.

En todos los países donde estas constructoras brasileñas han actuado, se han hecho investigaciones y de una manera u otra se está llevando a cabo un proceso de limpieza del aparato político involucrado.

COLOMBIA

En Colombia, Odebrecht reconoce las “actuaciones irregulares” de exfuncionarios y desde diciembre del 2016 colabora con la justicia colombiana, para esclarecer pagos por 29 millones de dólares entre el 2009 y 2014. El ex viceministro de Transporte y director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura) para la época de la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol aceptó haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares.

Hay una veintena de investigados en curso con la ayuda de Brasil y de los testimonios de los funcionarios de las constructoras que están bajo el programa de colaboración eficaz en Brasil. En este programa, los sentenciados en Brasil pueden reducir sus condenas si colaboran en el descubrimiento de la red de corrupción.

ARGENTINA Y PERÚ

En Argentina los pagos sumaron 100 millones en ese periodo y hay un listado de 49 personas involucradas. La investigación avanza con la ayuda de las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht por el programa de colaboración eficaz. Así en todos los países.

El más abierto de todos es el Perú donde los involucrados son la candidata a la presidencia Fujimori, quien también esta involucrada en otros delitos de tráfico de influencias y de cohecho. Está encarcelada preventivamente por tres años.

Cayeron el presidente Kuczynski, por su vieja relación de negocios con esta empresa brasileña, y el expresidente Toledo está prófugo con orden de captura por la interpol. El expresidente Kuczynski tiene detención domiciliaria en espera del juicio.

Emilio Lozoya

Lozoya, expresidente de PEMEX habría recibido 10 millones de dólares como soborno.

EL CASO MEXICANO

De manera excepcional, no pasa nada en México. De acuerdo con el diario brasileño O Globo, Lozoya, expresidente de PEMEX habría recibido 10 millones de dólares como soborno desde marzo de 2012, cuando todavía estaba en la campaña de Peña Nieto. Hay otras acusaciones, pero para seguir la lógica de la excepción seguiremos la cronología de este caso:

* La denuncia del caso de sobornos a Emilio Lozoya presidente de Pemex, fue hecha por la diputada Rocío Nahle de MORENA en agosto del 2017.

* La Procuraduría General de la Republica tenía como titular a una persona que fue parte del equipo de transición del entonces candidato del PRI a la presidencia, campaña a la cual se ha denunciado que se inyectaron recursos de Odebrecht donde Lozoya sería intermediario. Éste renunció al cargo el 16 de octubre del 2017.

* En octubre del 2018 obtuvo una suspensión provisional en la que se prohíbe difundir información sobre su persona y que está incluida en las investigaciones de la Procuraduría General de la Republica sobre presuntos sobornos.

* El 31 de octubre, el encargado de la Procuraduría General de la República declaró a la prensa que “en este momento sería un error enjuiciar a los implicados en sobornos en México en el caso Odebrecht porque no se cuenta con suficiente información” (El Universal, 1 de noviembre 2018). La razón por la que no se cuenta con suficiente información es porque Brasil no coopera. La razón por la que no coopera Brasil es “la ausencia de un acuerdo reparatorio que nos hubiera entregado de manera mucho más expedita la información financiera que todavía no nos entregan”.

* Continúa “como no firmamos el acuerdo reparatorio, la empresa no nos ha entregado la información como sí la he hecho con otros países”. El acuerdo reparatorio implica que Odebrecht le pague una reparación al Estado afectado a cambio de no quedar inhabilitado. “Eso no lo vamos a permitir”, dijo.

* En noviembre del 2017, un Juez federal otorgó la suspensión definitiva de cualquier acción legal en su contra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras su defensa conoce a fondo el expediente que se le sigue por el caso Odebrecht.

Elba Esther Gordillo

Elba Esther Gordillo, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Educación, acusada de desvío de fondos públicos.

PENDIENTES

De este modo, negándose a tener la información que necesitan para el caso y cerrando el camino a que hagan interrogatorios con los testigos claves en Brasil, México tiene un caso que no puede ser investigado por la prensa y sobre el cual no se puede hablar.

El juicio no puede avanzar mientras el defensor no se empape bien del caso y puede no hacerlo nunca. Así México se constituye por tanto en una excepción a las investigaciones llevadas a cabo en el continente.

Otros casos mexicanos locales más recientes poco investigados y ya exculpados son Elba Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Educación, acusada de desvío de fondos públicos; el gobernador de Veracruz que desvió 30,000 millones de pesos (1,500 millones de dólares), incluyendo recursos de los programas de tratamiento de cáncer infantil y de prevención de VIH (crímenes de lesa humanidad), que recibió 3 años de cárcel, y el presidente Peña Nieto por recibir una casa de la constructora HIGA, socia mexicana de la constructora OHL de España, cosa que aceptó el 22 de agosto del 2018.

La denuncia por esta casa le costó a la periodista Carmen Aristegui su espacio radial en Ciudad de México, al inicio del sexenio de Peña Nieto, donde solo le quedó CNN como medio de trasmisión durante su gobierno. Todos son del partido de gobierno, PRI.

ALGO MÁS

Finalmente, México, junto con Siria, tienen el record mundial de asesinatos de periodistas. México se ha constituido como la excepción en la persecución de la corrupción en Latinoamérica. Este es el escenario sobre el cual actuará el nuevo gobierno progresista de López Obrador y su secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

 

OSCAR UGARTECHE
Oscar Ugarteche: Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, SNI/CONACYT. Coordinador del Observatorio Económico de América latina www.obela.org

ALAINET

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Especial

Para Cataluña llegó la hora de la negociación

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Cataluña

Dirigente de partido independentista plantea una mesa de diálogo y demanda libertad de presos políticos catalanes.

Eduard López es un alto dirigente del partido independentista Ezquerra Republicana de Cataluña. En esta entrevista de nuestro colaborador César Robles, nos narra las circunstancias que llevaron a la Declaración Unilateral de Independencia y los conflictos que mantienen con el estado español.

Eduard López

—¿Cuál es el balance, a un año de la declaración unilateral de independencia?

—Digamos que el desenlace del proceso independentista de octubre del año pasado, significó que no se pudiera proclamar de manera efectiva la República Catalana. No vencimos, por lo tanto, el proceso no se pudo sostener.

Pero es verdad también, que el estado español utilizó la represión física, judicial y criminalizó un movimiento republicano que era pacífico y democrático.

Todos hemos rechazado la actuación tan autoritaria del estado español que ha puesto en dificultad al republicanismo e independentismo catalán para rehacer su estrategia política. Ahora, rehacer la estrategia no es volver al 27 de octubre (Día de la Declaración de Independencia), sino, ante una situación nueva, ver cuál es el camino más inteligente políticamente por recorrer, y en este caso, hay visiones diferentes.

—Y en esas circunstancias, ¿insisten en la proclamación de la República Catalana?

—Lo que defendemos es que tenemos una legitimidad adquirida el 1 de octubre con el referéndum de independencia. Esto nos alienta a seguir adelante. Pero también vemos que el estado español es más autoritario de lo que parecía ser hace dos o tres años. Estamos ante una situación de retroceso de las libertades, y por tanto, lo más inteligente de nuestra parte, de los sectores y fuerzas políticas que aspiramos a obtener la independencia catalana, es a articular una estrategia, a partir de la cual se consiga forzar al estado, tenga un gobierno conservador como el Partido Popular o el Partido Socialista, acordar en una mesa de negociación un reconocimiento a los resultados del referéndum de octubre. Esto será muy difícil, pero también cabe la posibilidad de un referéndum acordado a partir del cual se pueda resolver el problema político que vive Cataluña, es decir, no hay una solución posible que no pase por articular una consulta democrática a la ciudadanía de Cataluña para que pueda elegir libre y democráticamente, con respeto a todas las opiniones y las voces, cual tiene que ser su futuro.

—¿Pero reconocer el referéndum no está en la agenda ni del estado ni del gobierno del PSOE?

—Evidentemente que no. El PSOE se encuentra en este momento en una situación de debilidad parlamentaria y el tema de Cataluña, en el conjunto del estado español, es un tema muy sensible.

Debo reconocer también que existe una parte de la opinión pública española que no acepta una salida acordada o negociada, por tanto, el Partido Socialista se encuentra un tanto preso del discurso de la derecha conservadora del Partido Popular, de Ciudadanos y hasta de grupos fascistas extraparlamentarios como Vox.Que esto ocurra no quiere decir que la situación no vaya a cambiar con el paso del tiempo.

—¿Es una salida a la crisis la renegociación del estatuto de autonomía?

—Para nosotros esta es una carpeta cerrada, es decir, el proceso de discusión en el Parlamento de Cataluña de un nuevo Proyecto de Estatuto de Autonomía que se empezó a desarrollar el 2003 -2004 en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y acabó de manera muy accidentada en el 2010 con una sentencia del Tribunal Constitucional, ese proceso, que fue larguísimo, conflictivo y agotador, demostró que era casi imposible que el estado español acepte una modernización del autogobierno en Cataluña. Por eso decimos que para nosotros esa es una carpeta que ya quedó cerrada.

—¿República independiente o República federada con España?

—Nosotros somos federalistas europeos, no somos antieuropeos. Somos partidarios de una Europa en la cual los Estados compartan soberanía política porque no somos de un nacionalismo antieuropeo y no tenemos la concepción de una soberanía política como un absoluto. Esto en relación a Europa y aspiramos a tener la misma soberanía que puede tener un estado pequeño o mediano como Dinamarca.

—Pero no en relación a España…

—Queremos ser como Dinamarca, Holanda o Bélgica, por tanto, queremos ser un estado independiente, pero eso no quiere decir que una República Catalana no pueda articular políticas con sus vecinos o tener malas relaciones. Somos conscientes que hay muchísima gente en Cataluña que puede tener relaciones de tipo económico, familiar y hasta de tipo subjetivo nacional con España; por tanto, nosotros estamos dispuestos, a partir de nuestra soberanía, a compartir incluso iniciativas y proyectos conjuntos con España, pero siempre a partir del respeto a la voluntad de la ciudadanía de Cataluña. Ahora, si esta voluntad se traduce en que queremos una República Catalana Independiente, pues entonces seremos partidarios de articular todas estas políticas federalizantes, pero a partir de la constitución de una República Catalana.

DERECHAS E IZQUIERDAS

—Ustedes son un partido de izquierda, ¿cómo entender su relación con PDCAT, partido que representa los intereses de la burguesía catalana?

—Somos de izquierda, somos el partido que ha defendido desde hace muchos años la independencia y la creación de una República Catalana. El PDCAT, que es la antigua Convergencia y Unión, es un partido que ha representado al centro derecha catalanista que durante los últimos 40 años ha defendido acuerdos con los gobiernos de Madrid.

Pero qué ha sucedido, que con toda esta situación de agotamiento del proyecto autonómico, Convergencia y Unión ha adecuado su propuesta política a un cambio, a un giro hacia el independentismo, y también a partir de la constatación de que su proyecto político tradicional de acuerdos con los gobiernos de Madrid para avanzar en el autogobierno ha resultado un fracaso. Por tanto, ¿cómo se explica nuestra alianza con el centro derecha catalanista?, pues se explica porque han girado al independentismo y hacia la reivindicación de la República Catalana, y es evidente que aunque haya proyectos políticos distintos, que representemos ideas diferentes, hay puntos importantes como la creación por vía democrática, de la República Catalana en los cuales podemos coincidir.

—¿No hubo reparos por los escándalos de corrupción de los gobiernos de Jordi Puyol, el exlíder y fundador de Convergencia y Unión?

—Nosotros no formamos parte del gobierno de Jordi Puyol, y siempre hemos sido, a partir del 2003 que desplazamos del gobierno a Convergencia y Unión, aliados del Partido Socialista. Hicimos presidente de gobierno a Maragall y luego a José Montilla, y nunca habíamos pactado con los gobiernos de Convergencia y Unión que están acusados de casos de financiación ilegal y de corruptelas diversas. Nunca hemos participado de este tipo de prácticas, ni de gobiernos que las hayan realizado, por tanto, desde este punto de vista, nuestro historial o expediente está bastante impoluto. Hemos pactado con Convergencia y Unión cuando ha sido para marchar a la República, esto es verdad.

—¿No sienten que cargan un peso político entonces?

—No, en absoluto.

Cataluña

EXIGENCIA BÁSICA

Libertad de los presos políticos

—¿Los independentistas encarcelados son presos políticos o políticos presos, como algunos sectores señalan en Barcelona?

—Pero cuando se habla de estos políticos, ¿los diarios los abordan desde la sección de política,de sucesos o de notas económicas? Es evidente que son presos políticos. Ni las dictaduras más extremistas de derecha encarcelaban a la gente por sus ideas, las encarcelaban por sus prácticas políticas en defensa de sus ideas. Y aquí la gente está presa, exiliada o tienen sumarios judiciales a partir de lo que sucedió con el proceso independentista, en fin, la represión ha tenido formas diversas. Oriol Junqueras y los demás compañeros que están en la prisión son presos políticos, no hay duda.

—Ahora mismo se están discutiendo los presupuestos de la República, al retirar Ezquerra Republicana su apoyo al gobierno del presidente Sánchez, ¿no cree que están precipitando su caída?

—Bueno, lo que es evidente es que Esquerra Republicana y el PDCAT, que son los partidos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, difícilmente darán apoyo a un proyecto de presupuesto del estado cuando hay gente encarcelada y con pedidos de la Fiscalía a penas de 25 años de cárcel.

—¿Y cuál es la salida?

—La libertad. No puede ser posible que estén presos por organizar un referéndum que está contemplado incluso en la legislación española. No hay penas por organizar estas consultas ciudadanas, así no sean legales. No hay nada que lo estipule en el Código Penal. Se les pretende acusar de participar en un acto de rebelión, que incluso la legislación española establece como el uso de la violencia política. Y en Cataluña no ha habido violencia. Lo que ha habido es un proceso de movilización masiva con centenares de personas en la calle. Nunca hubo violencia porque hubo un cuidado muy consciente de la dirección política y social del proceso de que no se podían dar argumentos al Estado español a partir de acciones violentas de nuestra parte.

—Si las movilizaciones fueron pacíficas, ¿por qué la represión?

—El estado español tiene una lógica en modo vasca de ver el tema catalán, pues ellos estaban acostumbrados a combatir a ETA con detenciones, esa era su lógica. Desde un punto de vista político, les era mucho más cómodo el combate a ETA que era un conflicto de violencia, y por tanto era más fácil de narrar que uno donde no se ha desarrollado la violencia porque lo que siempre ha habido es una petición para poder votar.

Esta manera de proceder nuestra, de que las movilizaciones debían de ser pacíficas y democráticas ha desarmado la lógica del estado español, y por tanto, cuando nos llevan a los tribunales, tienen que inventarse unas situaciones de violencia que nunca han existido.

 

CÉSAR ROBLES
ENVIADO ESPECIAL

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