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Política

Susana Villarán hoy podría ir a prisión

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Susana Villarán

El Poder Judicial analizará hoy el pedido de la Fiscalía para que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronte bajo prisión preventiva de 36 meses la investigación preparatoria que se sigue en su contra por la recepción de presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS que alcanzaron los 10 millones de dólares. Las evidencias la delatan, la propia Villarán confesó su delito y la suerte parece estar echada.

PROFUNDA DECEPCIÓN

El expresidente de Protransporte de la Municipalidad de Lima, Gustavo Guerra García, calificó como una terrible decepción los presuntos vínculos de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, con actos de corrupción promovidos por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

“Es una decepción muy grande y terrible; tan grande como la confianza que muchos depositamos en ella; verla acusada de recibir dinero es una profunda decepción”, afirmó Guerra García, quien además fue jefe de la campaña electoral que llevó a Villarán a ganar el sillón municipal.

Asimismo, reconoció que los actos de corrupción hacen un daño irreparable al progresismo y a la izquierda.

“Ese hecho empaña todo lo demás, además desdibuja todas las cosas positivas que se intentó hacer; perjudica a muchísima gente honesta y esforzadísima. Hace un daño irreparable al progresismo y a la izquierda”, indicó.

DELITOS

El fiscal Carlos Puma Quispe determinó que, de lo avanzado en la investigación, existen elementos de convicción que demostrarían tres presuntos delitos cometidos por Villarán, durante su gestión municipal. Por los que solicitaría hasta 38 años de cárcel para la exalcaldesa.

Asociación ilícita.- Para la Fiscalía, Susana Villarán dirigió una organización delictiva al interior de la Municipalidad de Lima (a través de funcionarios y exfuncionarios) y con los partidos de izquierda Fuerza Social y Diálogo Vecinal.

Cohecho pasivo.- En su calidad de alcaldesa de Lima, por intermedio de su gerente José Miguel Castro, solicitó a los empresarios de Odebrecht y OAS dinero para financiar su campaña política por la No Revocatoria y con ello poder quedarse en la administración de la Municipalidad.

Lavado de activos.- Habría dirigido el presunto dinero ilícito -proveniente de la Caja 2 de Odebrecht y de la Controladoría de OAS- que habría logrado a través de presuntos actos de corrupción, al pago de servicios de marketing para sus campañas políticas por el ‘No’ a la revocatoria y la reelección municipal.

ENTREGA DE DINERO

Esto se extiende a Castro Gutiérrez, quien habría sido el que negoció que Odebrecht entregue 3 millones de dólares y OAS pague 7 millones de dólares. El dinero se habría concretado en entregas en efectivo, las mismas que fueron ingresadas falsamente a las campañas a través de terceros y que fue irregularmente declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de evitar la identificación del origen ilícito de los fondos recibidos.

Guerra García recuerda haber trabajado varios años apoyando la construcción de un liderazgo político y que siempre conoció a Villarán como una persona austera y extremadamente cuidadosa del manejo de los recursos públicos. “La Susana Villarán que ahora la veo confesando haber recibido dinero de empresas que tenían contratos con la municipalidad es algo ilegal”, indicó.

SIEMPRE LO NEGÓ

“Nunca he recibido dinero sucio, jamás he recibido coimas o sobornos. Pueden investigar todo lo que quieran, no van a encontrar lo que no existe”, escribió en su Facebook el 28 de febrero del 2018.

“Nosotros no aceptamos plata grande. Porque después pagamos favores grandes. No queremos eso (…) Ese es un problema muy serio en la política peruana. Ese tipo de padrinos después se la cobran muy cara contra la gente”, comentó en una entrevista a lamula.pe en el 2010.

En reiteradas veces la exalcaldesa negó haber recibido dinero de Odebrecht y otras empresas pero tras las evidencias lo terminó por admitir; sin embargo, insistió en negar que el dinero haya sido a cambio de contratos en su gestión.

Al respecto, Guerra García recuerda: “Nosotros siempre hicimos campañas austeras; yo mismo estuve en su campaña presidencial (2006) y fui jefe de campaña cuando Susana ganó las elecciones municipales (2010) y en ambos casos hicimos campañas con muy poco plata, con controles, con aportes de no más de 20 mil soles para luego no tener que depender de nadie”.

Y ELLOS TAMBIÉN…

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió 20 años de prisión para el expresidente de la República Ollanta Humala y 26 años con 6 meses para su esposa Nadine Herediapor el presunto delito de lavado de activos. En julio del 2017 el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 18 meses para la pareja presidencia, pero esta duró hasta el 26 de abril del 2018, cuando fueron liberados por una decisión en mayoría del Tribunal Constitucional.

El 31 de octubre del 2018 el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la prisión preventiva de 36 meses presentada por el fiscal José Domingo Pérez contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien actualmente se encuentra en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. El fiscal Pérez sostiene que en caso se le imponga una condena a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos en forma agravada, le correspondería una pena de entre 13 a 16 años de prisión.

El 19 de abril pasado, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la investigación preparatoria que se le sigue por el delito de lavado de activos. El pedido fue hecho por el fiscal José Domingo Pérez. Actualmente, el expresidente cumple arresto domiciliario.

Sobre el expresidente Alejandro Toledo, quien permanece prófugo de la justicia en Estados Unidos desde el 2017, pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses dictadas por el Poder Judicial.El 10 de febrero del 2017 el juez Richard Concepción dictó una orden de prisión preventiva por el caso Odebrecht. El 17 de abril de ese mismo año, el juez Mario Guerra hizo lo mismo por el caso Ecoteva.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Política

Toledo se salvaría

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Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

Publicado

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Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

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Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

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Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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