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Política

Sueldo mínimo ya está en la agenda

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La reunión de ayer de la ministra de Trabajo, Ana Jara, con representantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para abordar el tema de la Remuneración Mínima Vital (RMV) demostró que este tema sí está en la agenda del gobierno y de los trabajadores y por ende de los empresarios, comentaron dirigentes de la central sindical tras la reunión.

Jara fue quien organizó la reunión que se realizó ayer en un ambiente del Ministerio de Trabajo y, según fuentes de la CGTP, se realizó de manera distendida y con el ánimo de solucionar los principales problemas de los trabajadores.

El vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris, quien participó en el diálogo, dijo a LA PRIMERA que Jara recibió de buen ánimo las propuestas de los trabajadores: aumento gradual del RMV, la aprobación de la Ley General del Trabajo, la lucha constante contra las mafias en Construcción Civil y la eliminación de la llamada Ley MYPES.

Auris dijo que Jara está dispuesta al diálogo permanente con los trabajadores para solucionar los problemas de manera conjunta.

Manifestó que la ministra dijo que los pedidos de los trabajadores serán evaluados y que ella dirá en el momento oportuno cuándo se realizará la sesión del Consejo Nacional del Trabajo, que integran los representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores.

En la reunión además de la ministra Jara y Auris, participaron el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, y los dirigentes Juan José Gorriti, Luis Villanueva y Nazario Arellano.

CRECIMIENTO HACE FACTIBLE
Entretanto, la vocera de la bancada Partido Popular Cristiano-Alianza por el Progreso, Marisol Pérez Tello dijo a LA PRIMERA que el crecimiento económico del Perú justifica un aumento gradual y consensuado del sueldo mínimo.

Pérez Tello recalcó que el gobierno debería cumplir con su política de redistribuir los resultados del crecimiento. “Es posible un aumento del sueldo mínimo en un país que crece 6% anual aproximadamente. La única forma justa de distribuir riqueza es un trabajo digno bien remunerado”, dijo.

“Las reacciones sobredimensionadas al decir que un aumento del sueldo mínimo sería irresponsable, no ayudan. Además existe un equipo técnico que evalúa este tema cada dos años y el Ejecutivo debe respetar esa decisión de dar un incremento”, enfatizó.

Pérez manifestó que para no afectar a las micro y pequeñas empresas el Estado debe tomar otras medidas como la reducción de impuestos.

“El monto del aumento dependerá de cómo el Estado puede apoyar a las pequeñas empresas y no se desincentive la formalización, pero al mismo tiempo se continúe con el crecimiento del país y no se busquen fantasmas. Se trata de que todos ganemos con el crecimiento y utilizar un aumento en los estudios y la salud de nuestros hijos”, afirmó.

FRENTE AMPLIO APOYA
El congresista de Acción Popular-Frente Amplio Víctor Andrés García Belaunde dijo a este matutino que no es irresponsable hablar de un aumento al sueldo mínimo en un país en crecimiento.

“El tema de aumentar el sueldo mínimo no puede estar lejos de la agenda del gobierno. Subir el sueldo mínimo en un país que tiene una economía muy dinámica es un tema que debería estar siempre en agenda”, subrayó.

Sostuvo que el sueldo mínimo debería ascender a 300 dólares, es decir, un promedio entre 850 y 900 soles para compensar el alza del costo de vida los trabajadores y porque, según dijo, “nuestro país debe salir del sótano de los sueldos paupérrimos a nivel de América Latina”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Carlos Tubino, dijo que el Consejo Nacional de Trabajo es la instancia que tomará una decisión técnica para decir cómo y cuánto debe ser el monto del aumento del sueldo mínimo.

“Ese tema del aumento del sueldo mínimo se está viendo en el Consejo Nacional de Trabajo y debe verse de manera permanente en base a los factores que se han consensuado como son la productividad y la inflación, con los cuales se debe tomar una decisión final”, remarcó.

Javier Solís
Redacción

Política

Ley de Financiamiento favorece la impunidad

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Rosa María Bartra Barriga

Esta nueva Ley de Financiamiento es muy controvertida, tan es así que Pier Figari, uno de los involucrados en el caso cocteles de Keiko Fujimori, ha pedido al fiscal Domingo Pérez que adecúe su proceso a la norma.

Lo peligroso de esta ley, es que los partidos pueden ser financiados con dinero proveniente de la trata de personas, la prostitución o el narcotráfico, pero estos hechos, pueden ser considerados financiamiento ilícito y no lavado de activos.

Es decir: en vez de recibir penalidades entre los 10 y 20 años de cárcel, obtendrán entre 2 y 8 años, favoreciendo, como se puede ver, la impunidad y el ‘no pasa nada’ en las organizaciones criminales infiltradas en los partidos.

Esto se debe evitar porque es inconcebible que los personajes elegidos lleguen a los poderes Ejecutivo y Legislativo con dinero sucio, oscuro, que, a la postre, le pasarán la factura como hizo la constructora brasileña Odebrecht.

ES UN TIPO PENAL NUEVO

El abogado Juan José Quispe, de IDL, se refirió a la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, diciendo que es un tipo penal nuevo, similar al lavado de activos, pero que no es lo mismo.

“El dinero que viene para financiar a los partidos políticos se parece al lavado porque es de procedencia ilícita, dudosa. La diferencia con el lavado de activos es que el lavado de activos tiene otros componentes como la transferencia y ocultamiento y esto no lo tiene el financiamiento ilícito”, explicó.

Precisó que esta nueva ley ha servido de globo de ensayo contra la Fiscalía, en donde se pretende sostener que los casos que se le siguen a los implicados en caso de lavado de activos, son solo financiamiento ilícito.

“Por qué quieren eso -se preguntó y respondió-, porque la pena es menor:

entre los 2 y 8 años. La norma procesal establece que cuando hay una ley que se promulga y publica en el diario oficial El Peruano, es una ley que debería aplicarse por cuanto la Constitución Política del Estado avala la retroactividad”.

PÉREZ DEBE RECHAZARLA

Como es posible que el fiscal José Domingo Pérez declare infundado los argumentos de financiamiento ilícito, porque son delitos de lavado de activos, es también posible que vayan a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, con el pretexto de que garanticen sus derechos constitucionales, para que se pronuncie y se cambie el tipo penal, dijo el jurista.

“Esto quiere decir que cuando vayan al juicio oral les pongan un máximo de 8 años. Esto es lo que ha hecho Pier Figari y que seguramente van a hacer los otros procesados por lavado de activos”, señaló.

“Es absolutamente absurdo que Figari y los demás digan que han cometido financiamiento ilegal cuando, por las pruebas que hay, han realizado lavado de activos; o sea, desde mi perspectiva no se adecúa a la nueva ley, por lo que el fiscal y el juez deberían declarar infundado”, puntualizó.

VIZCARRA NO LA OBSERVÓ

“Esta ley la promulgó Vizcarra. Acuérdese que el Congreso, de todos los proyectos de ley, aprobó un grupo que promulgó Vizcarra, que muy bien pudo observarla y devolverla, porque el Presidente tiene esa facultad. Tiene 15 días para observarla y devolverla. Pero no lo hizo”, recalcó.

“Aunque no nos guste, pero lo cierto es que fue un grave error del señor Vizcarra el aprobar y promulgar la ley, cuando pudo observarla. Hay que resaltar que como todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es deformar los proyectos de ley del presidente Vizcarra”, anotó.

Lo que buscan los partidos políticos es acogerse a esta nueva ley, porque no solamente recibieron el dinero sino que no figuró en las actas de ingreso y sirvió para otras actividades de transformación, ocultamiento, comentó.

Este es el caso de Fuerza Popular que lo utilizó para comprar votos, ganarse a los votantes, a través de actos dudosos y contrarios a un correcto tema electoral. O sea, comprar y regalar polos, tapers, en fin; cosas que no son propias de un partido político en una democracia en que se imparten ideas, enfatizó.

UN DINERO MAL HABIDO

“El dinero puede venir de la trata de personas, de la prostitución, del narcotráfico; y, hasta cierto punto, hasta antes de la promulgación de esa ley, una persona metida en esos asuntos ingresaba de lo más normal al partido político”, expresó.

“Ahora, ese dinero ilegal va a ingresar, pero la sanción es leve. Se ha debido poner penas altas, para que ni el financiamiento, ni los actos de transformación u ocultamiento, que sería lavado de activos; por ello, ambos deberían tener penas altas, para que las organizaciones políticas no reciban dinero mal habido”, advirtió.

“Porque sino los Oropeza, la banda de Los Injertos, etc., pueden estar dando dinero, como Odebrecht, y esto no debe suceder, no se debe permitir; esos delitos deben ser sancionados con la mayor rigurosidad, porque los partidos políticos llegan finalmente al poder y no deben hacerlo con dinero sucio”, subrayó.

ALGO MÁS

“Creo, finalmente, que en modo alguno deben aplicar los fiscales y jueces, esta ley de financiamiento ilegal, porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción”, concluyó el abogado Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Técnicamente, es factible adelantar elecciones

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que técnicamente es factible el adelanto de elecciones como lo han señalado los organismos electorales ante la Comisión de Constitución del Congreso, y dijo confiar en que el pleno resuelva la reforma en setiembre. Vea aquí la galería fotográfica

Recordó que esta semana se presentaron ante la comisión los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

“Lo han dicho las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso, adicionalmente están pidiendo opiniones de constitucionalistas que dicen que no hay problema”, refirió el Mandatario desde Moquegua.

SALUDÓ INICIO DEL DEBATE

Saludó también el inicio del debate de la reforma, el 3 de setiembre, en la Comisión de Constitución, aún cuando fue presentada por el Ejecutivo el 29 de julio, y dijo esperar que en setiembre se concluya con un pronunciamiento en el pleno.

“No solo es la propuesta del Ejecutivo para salir del ‘entrampamiento’ político, la respalda también la población”, refirió tras participar en la segunda conferencia sobre defensa y gestión del riesgo de desastres en la Macrorregión Sur.

“El Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días y antes que concluya el mes de septiembre finalmente se llegue a la decisión del pleno del Congreso”, enfatizó el mandatario.

Comentó además que son por lo menos ocho las bancadas parlamentarias que han dado a conocer su posición en favor del adelanto de elecciones, con seis de las cuales se ha reunido.

APOYA A LA FISCALÍA

“Creemos que en función de que se analice el tema, sin apasionamientos, con tranquilidad y responsabilidad, el Congreso aprobará la reforma”, apuntó. Reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones permite salir del “entrampamiento” político.

Finalmente, sobre la denuncia del fiscal José Domingo Pérez, respecto a “actos de infiltración” en el trabajo que realiza el equipo especial Lava Jato, el presidente dijo que le corresponde al Ministerio Público “tomar las medidas para evitar que esto suceda”.

Aseveró que el Ejecutivo respeta y respalda las decisiones que tome la Fiscalía, pues son conscientes de la independencia de poderes.

ALGO MÁS

“Esta semana se está avanzando con el debate y confiamos que en setiembre deberá haberse superado este tema”, insistió.

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Política

MTC gana arbitrajes y evita pagar más de S/ 370 millones

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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su procuraduría pública, ganó diversos procesos arbitrales contra empresas investigadas por el caso del “Club de la Construcción”, logrando anular sentencias y evitando el pago de más de 370 millones de soles.

En ese sentido, gracias a este trabajo, que se inició en el año 2017, evitó que este monto sea pagado a diversas empresas que utilizaron al arbitraje como un mecanismo para obtener beneficios económicos no contemplados en la relación contractual y las normas de contratación pública.

Asimismo, este dinero podrá ser utilizado para construir carreteras, colegios, hospitales y demás infraestructura que contribuya al desarrollo del país.

David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, precisó que del mencionado monto, S/ 300 millones corresponden a los laudos arbitrales ganados. En tanto, los S/ 70 millones restantes sumaron los montos por los laudos arbitrales anulados en el Poder Judicial.

“Si no hubiéramos cambiado la estrategia de defensa jurídica de los intereses del Estado y tomado acciones firmes contra los malos árbitros, estos recursos económicos se hubieran perdido”, sostuvo Ortiz en el programa “Conectados TV” del MTC.

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