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Editorial

Soplan nuevos vientos

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El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ha dicho ayer al inicio de su presentación ante el Congreso de la República que el primer objetivo del Gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, y que una de las principales metas del Gobierno en materia social es reducir drásticamente los niveles de prevalencia de anemia en niños menores de tres años y en mujeres gestantes.

Además, ha reconocido que la economía se ha desacelerado y que hay un crecimiento por debajo de la potencialidad del país, así como un deterioro en el nivel de las cuentas fiscales y un incremento de la pobreza. También que no son los únicos desafíos, pues la corrupción se roba el dinero de todos los peruanos y la esperanza y la confianza que deberíamos tener en nuestras instituciones, autoridades y políticos. Y ha dicho que el dinero sucio ya no solo ingresa por la corrupción y el narcotráfico sino también por la minería y tala ilegal.

En realidad, nada de eso es nuevo y todos lo sabíamos. El ciudadano de a pie que ahora pasa más tiempo buscando algún trabajo informal, el pequeño empresario con escaso acceso al crédito, el gran empresario que lidia todos los días con la frondosa burocracia para que le muevan un papel y el estudiante que tiene que abandonar sus estudios para trabajar porque sus padres ya no le pueden costear la universidad. Es pan de cada día para ellos.

Lo nuevo es la voluntad política que ha expresado el presidente del Consejo de Ministros para dejar de lado la inacción y la vieja práctica de tomar el rábano por las hojas. Lo nuevo será, también, cómo piensa el Gobierno resolver estos problemas, si en verdad quiere mejorar la calidad de vida de todos los peruanos como lo ha dicho Villanueva. Sin embargo, ha adelantado que parte de esta tarea son las reformas políticas y electorales que serán abordadas con visión de estadistas, desprendiéndose de intereses particulares y de corto plazo.

De ser así, solo faltaría que la mayoría parlamentaria tenga un gesto por el Perú, amén del voto de confianza, cuando se trate de aprobar las reformas que el país necesita. En todo caso, no perdamos las esperanzas en que soplan nuevos vientos.

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Editorial

La mafia no descansa

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El fiscal especializado en lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, quien investiga el caso “Cocteles”, pidió 36 meses de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y once personas más, entre los que figuran Jaime Yoshiyama (exsecretario general de Fuerza Popular), Augusto Bedoya Camere (exsecretario nacional de economía de Fuerza 2011), Pier Figari y Ana Herz de Vega (asesores de Keiko Fujimori) y Vicente Silva Checa.

Horas después regresó a su vivienda, ubicada en el tercer piso de un edificio, encontrando la cerradura dañada por haber sido violentada, cuando en el interior se encontraban su esposa, su bebe y su suegra, por lo que estaría descartado que el móvil haya sido el robo. Esta no es la primera acción en contra de la seguridad del fiscal Pérez y de su familia, pues el pasado domingo 14 de octubre solicitó al Ministerio Público brindar seguridad y garantías para él y para su familia, por haber sido blanco de ataques tras la detención preliminar de Keiko Fujimori.

Luego de haber denunciado las amenazas contra él y su familia, el fiscal Pérez cuenta por mientras con dos policías que se encargarán de su seguridad; sin embargo, todas las medidas que pueda adoptar el Estado para dotarlo de seguridad serán pocas porque al parecer se está enfrentando a una mafia poderosa capaz de emplear todos los métodos posibles para intimidarlo con la finalidad de que no continúe con las investigaciones que está realizando en forma impecable.

Keiko Fujimori fue liberada el miércoles último luego de la detención preventiva que se le había impuesto por 10 días. Y ayer fue el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez quien formalizó la investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular, y otras once personas. Por todo ello, le corresponde al gobierno del presidente Martín Vizcarra garantizar la seguridad del fiscal y su familia, pues de lo contrario no podrá seguir avanzando con las investigaciones al ritmo que tan delicado caso amerita porque al parecer hay una mafia que no descansa.

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Editorial

Investigación, caiga quien caiga

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La Policía Internacional (Interpol) activó desde ayer la Notificación Roja para la búsqueda y detención del ex juez supremo César Hinostroza, por la comisión de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Por ese tema, la escandalosa fuga del presunto líder de “Los cuellos blancos del puerto”, acudieron en horas de la tarde al Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el Ministro de Justicia, para explicar el avance de las investigaciones sobre el tema.

Tras la exposición de ambos miembros del gabinete, los congresistas de Fuerza Popular y el Apra no desaprovecharon las cámaras de la televisión para responsabilizar al Ejecutivo por la evasión. Dimes y diretes se lanzaron con los miembros de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) volviendo infructuoso el debate parlamentario, de lo cual todo el país fue testigo. Sin embargo, no hubo una propuesta seria para resolver el tema de la escandalosa fuga que está dejando a nuestras autoridades como el hazmerreír de toda la región.

Toca al Gobierno plantear una estrategia para investigar el tema de “Los cuellos blancos del puerto”, una organización que ha manejado el Poder Judicial a su regalado antojo, poniéndolo al servicio de sus más ruines intereses. Habría que preguntarse, entonces, si no será que las actividades de esta organización hayan podido extenderse ya a otras instituciones, como la policía, los controles en las fronteras y sabe Dios qué más. De ser así la cosa es seria, más que preocupante, pues una fuga de ese tipo no se realiza nada más con la ayuda de una empleada de Migraciones.

Por todo lo expuesto y por la salud de nuestras instituciones, es necesario que las autoridades se propongan realizar una exhaustiva investigación de lo ocurrido para deslindar las responsabilidades del caso. Es verdad que la responsabilidad política corresponde al Ministro del Interior, quien ha renunciado por lo ocurrido, pero otros se han lavado las manos como Pilatos. Es necesario, pues, que el Gobierno realice una investigación hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, de la organización “Los cuellos blancos del puerto”, hasta que el último integrante de la red criminal esté en la cárcel.

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Editorial

Tondero con fuga

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El presidente Martín Vizcarra aceptó anoche la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, ante la gravedad de los hechos ocurridos por la fuga del ex juez supremo, César Hinostroza. El cuestionado exmagistrado, quien se encontraba con impedimento de salida del país, logró burlar los controles saliendo de manera ilegal y de forma clandestina, al parecer por el norte del país, la madrugada del 7 de octubre, según ha informado el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva.

Ha hecho bien el presidente Martín Vizcarra en aceptar la renuncia del Ministro del Interior, debido a la responsabilidad que le toca a ese portafolio en hacer cumplir una orden de impedimento de salida del país. Lógicamente que ahora vendrán las investigaciones para determinar la forma en que pudo fugar el exmagistrado César Hinostroza. Su esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, también se encuentra en España, a donde viajó el 11 de octubre; es decir, días antes de la fuga.

Por lo pronto, el fiscal supremo Pablo Sánchez ya solicitó la detención preliminar del evadido, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que dirige el juez Hugo Núñez.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha asegurado que el Gobierno está activando todos los mecanismos internos y externos para tener prontamente capturado a César Hinostroza, a quien cuestionó por haber salido del Perú “como un vulgar delincuente”. Pero es más que eso lo que tendrá que hacer el Gobierno para evitar que la corrupción le gane la partida al Perú, pues los daños pueden ser incalculables si consideramos que las inversiones pueden resentirse de comprobar que poco o nada se ha avanzado en materia de la reforma judicial para garantizar la estabilidad jurídica en el país.

Ocurre, además, que el ex juez supremo, César Hinostroza, viene siendo investigado nada menos que por presuntamente estar vinculado a la organización criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”, según las primeras versiones de los colaboradores eficaces. Es menester, pues, que el Gobierno se amarre bien los pantalones para enfrentar a la corrupción porque de lo contrario pasará el tiempo sin que haya podido solucionar los problemas principales del país y la población percibirá que no hay cambio alguno en cuanto a la falta de empleo, reconstrucción del norte del país, mejoramiento de la salud pública, educación de calidad y tantos otros problemas aún no resueltos.

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