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Editorial

Soluciones de fondo

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El conflicto protagonizado por los mineros informales, tras los que se mueven los intereses de la grande y delictiva minería ilegal, debe encontrar soluciones que vayan más allá de un nuevo acuerdo de distensión que, si bien haga posible el retorno a la paz y el despeje de los bloqueos de carreteras, deje abierta la posibilidad de que en una nueva oportunidad, acaso el mes próximo, cuando haya expirado el plazo para la regularización de los mineros informales –los únicos que pueden formalizarse- nuevamente tengamos un conflicto que muy posiblemente sea mayor por no haberse hecho realidad lo que pueda acordarse en estos días.

La presencia masiva en las calles de Lima y en las carreteras de Arequipa, Puno y Madre de Dios, principalmente, de los mineros informales, así como sus quejas, su frustración y su impaciencia ante las barreras burocráticas que ciertas instancias estatales, como el Ministerio de Energía y Minas, les ponen cuando intentan avanzar a la formalización, nos lleva a pensar que las soluciones de fondo pasan por decisiones efectivas que ataquen el centro del problema.

Si bien es cierto que a la autoridad estatal le resulta difícil retroceder en un tema tan crucial para el medio ambiente y la economía nacional, como el plazo fijado para la primera fase de la formalización de los informales, tampoco puede negarse la magnitud del problema social que ha hecho posible que se aprovechen del conflicto los mineros ilegales –que manejan grandes recursos y cuya actividad es delictiva y se realiza en áreas prohibidas, por lo que de ninguna manera podrán legalizarse- en función de sus intereses contrarios a la ley.

Por ello es necesaria una política más activa, que no se limite a esperar que los informales se presenten con la documentación requerida para la formalización, y a decirle que han hecho mal un trámite o que les falta el o cual detalle. Hace falta acción de los organismos concernidos, para apoyarlos y ayudarlos a cumplir los pasos exigidos.

Para ello debería haber una oficina operativa y ágil, que se dedique a solucionar o ayudar a resolver los problemas que dificultan la legalización y que aparentemente, como afirman muchos de quienes hoy protestan, han impedido que, pese al tiempo transcurrido, cumplan con los aparentemente complejos procedimientos establecidos.

Desatar ese nudo hará posible no solo avances firmes hacia la legalización de aproximadamente 70 mil mineros informales, sino que aislará de éstos a los ilegales y creará las condiciones para una alianza de hecho entre el Estado y los informales, que fortalecerá la defensa del medio ambiente, causa fundamental si se tiene en cuenta que el Estado peruano ha asumido delicados compromisos en ese terreno, que tienen mayor peso en la medida que este año nuestro país será sede de la conferencia mundial sobre el cambio climático (COP20).

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Editorial

Garantizar la salud a todos los peruanos

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El Ministerio de Salud (Minsa) ha informado recientemente que los casos de neumonía en el país han bajado en un 14%, en el último año. Esta información estadística podría ser considerada positiva a no ser porque también corrobora que es Huancavelica la región con mayor incidencia de afectados por este mal.

Junto con Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, Huancavelica –según el mapa de la pobreza de 2018–constituyen después de Cajamarca el segundo grupo de regiones más pobres del país,lo cual es paradójico porque al mismo tiempo produce riquezas mineras.

En todo caso, es fácil percatarse que ese grupo de departamentos debió merecer la mayor atención por parte del Estado, en el entendido que es precisamente el Estado el que se debe encargar de regular esas inequidades para que las poblaciones más vulnerables del país puedan acceder en igualdad de derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos, empleo, entre otros.

Sin embargo, encontramos que, a estas alturas del partido, en plena era de la información y las comunicaciones, cuando internet nos permite conocer rápidamente la situación en que se encuentran las poblaciones más alejadas y movilizar recursos hacia ellas, debemos seguir contando a esos peruanos como simples guarismos, como meras estadísticas.

Ahora se nos dice que la neumonía se redujo en 14%, pero que Huancavelica presenta la mayor incidencia de esta enfermedad. ¿Qué han hecho entonces las autoridades de Salud por revertir ese triste récord que solamente desnuda la miseria y el subdesarrollo?

Estamos hablando nada menos que de unos 17 mil casos de neumonía en menores de 6 años, desde enero hasta agosto del presente año. Hay que tener más cuidado, pues, en el manejo de este mal que ojalá pronto descienda a niveles cercanos a cero y especialmente en las regiones más pobres del país. Hay que entender que los peruanos de menores recursos necesitan también del acceso a la salud y para eso el Gobierno debe de trabajar las 24 horas hasta cumplir verdaderamente con todas las metas.

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Editorial

Matar al mensajero

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La Comisión de Fiscalización del Congreso instaló ayer el grupo de trabajo que investigará la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras, el cual estará presidido por Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, e integrado por Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (Apra), pues Horacio Zeballos, de Nuevo Perú, presentó su renuncia y no formará parte de este grupo, que tendrá un plazo de 60 días hábiles para hacer su trabajo. Según la presidenta no hay animadversión contra las encuestadoras y cumplirán su tarea con responsabilidad.

No obstante, habría que aclarar que las comisiones investigadoras no se conforman tan alegremente para indagar lo que se les ocurra, sino que surgen a partir de denuncias sobre hechos concretos o cuando malos funcionarios del Estado hacen uso indebido de los recursos del Estado. En este caso no parece haber nada de eso. Por el contrario, el grupo de trabajo podría dedicar ese tiempo a mejorar la producción legislativa en vez de disponer 60 días a menesteres que al final serían como matar al mensajero.

A principios de setiembre, la Comisión de Fiscalización aprobó la propuesta del legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) para investigar la metodología y acciones que desarrollan las encuestadoras; es decir, su propuesta no contemplaba investigar los supuestos nexos con el Gobierno, como planteó después el congresista Mauricio Mulder. Por su parte, la congresista Yeni Vilcatoma ha pedido a las encuestadoras mantener la tranquilidad y les ha asegurado que “no habrá animadversión ni persecución de ninguna naturaleza”.

La congresista Vilcatoma ha negado tajantemente cualquier tipo de venganza o persecución a las encuestadoras; sin embargo, también ha dicho que el grupo aprobado inicialmente para investigar la metodología de las encuestadoras podría reorientar su trabajo a indagar la labor del asesor presidencial Maximiliano Aguiar. El pedido fue presentado por el congresista aprista Mauricio Mulder y será sometido a debate luego de que presente por escrito este planteamiento. Al parecer, llegar al presidente Martín Vizcarra sería el objetivo.

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Editorial

La ciudadanía no se merece este Congreso

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó que se pretenda descalificar la propuesta del Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones al 2020 y la posibilidad de que la ciudadanía decida sobre el recorte del mandato congresal y presidencial. El jefe de Estado cuestiona, y no sin razón, que algunos “expertos” –en su intento de descalificar la propuesta del Ejecutivo– señalen que no se debe hacer caso a la población porque se equivoca. Por el contrario, el mandatario opinó que al pueblo no se le puede quitar la responsabilidad de elegir.

Tiene toda la razón el presidente Martín Vizcarra y las encuestas siguen mostrando que la voluntad popular apunta en el mismo sentido; es decir, en la necesidad de adelantar las elecciones generales y congresales para que el país pueda salir del entrampamiento en el que se encuentra debido a la crisis política, la economía se reactive y la población pueda retomar su ritmo habitual.Además, debemos tener en cuenta el contexto internacional que nos resulta poco o nada favorable.

Según la última encuesta nacional, urbano–rural de Ipsos Perú, realizada a 1,208 entrevistados, entre el 11 y el 13 de setiembre de 2019, el 70% de los consultados está a favor de la propuesta del presidente Martin Vizcarra para adelantar las elecciones del 2021 al 2020. Solo un 27% se ha manifestado en contra y un 3%no precisa. Además, un 65% de los ciudadanos consultados está en contra de una eventual vacancia presidencial. Solo un 30% aprobaría la vacar al presidente, mientras que un 5% no precisa. Es bueno recordar que las calles están pidiendo “que se vayan todos”.

Así las cosas, resulta verdaderamente difícil comprender por qué la tozudezde los parlamentarios del fujiaprismo que insisten en que no se debe adelantar las elecciones. Acaso no se dan cuenta que la economía del país se está estancando porque los inversionistas prefieren seguir esperando a ver si se produce o no el adelanto de las elecciones al año 2020. Si no hay inversiones no se genera puestos de trabajo, y a falta de estos no se reactiva el mercado interno, las empresas venden menos y por ende pagan menos impuestos y el Estado no tiene cómo atender a las poblaciones más vulnerables.¿Tan difícil es entender cómo están las cosas señores congresistas? Ojalá nuestros padres de la patria recapaciten antes de que sea demasiado tarde.

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