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Editorial

Soluciones de fondo

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El conflicto protagonizado por los mineros informales, tras los que se mueven los intereses de la grande y delictiva minería ilegal, debe encontrar soluciones que vayan más allá de un nuevo acuerdo de distensión que, si bien haga posible el retorno a la paz y el despeje de los bloqueos de carreteras, deje abierta la posibilidad de que en una nueva oportunidad, acaso el mes próximo, cuando haya expirado el plazo para la regularización de los mineros informales –los únicos que pueden formalizarse- nuevamente tengamos un conflicto que muy posiblemente sea mayor por no haberse hecho realidad lo que pueda acordarse en estos días.

La presencia masiva en las calles de Lima y en las carreteras de Arequipa, Puno y Madre de Dios, principalmente, de los mineros informales, así como sus quejas, su frustración y su impaciencia ante las barreras burocráticas que ciertas instancias estatales, como el Ministerio de Energía y Minas, les ponen cuando intentan avanzar a la formalización, nos lleva a pensar que las soluciones de fondo pasan por decisiones efectivas que ataquen el centro del problema.

Si bien es cierto que a la autoridad estatal le resulta difícil retroceder en un tema tan crucial para el medio ambiente y la economía nacional, como el plazo fijado para la primera fase de la formalización de los informales, tampoco puede negarse la magnitud del problema social que ha hecho posible que se aprovechen del conflicto los mineros ilegales –que manejan grandes recursos y cuya actividad es delictiva y se realiza en áreas prohibidas, por lo que de ninguna manera podrán legalizarse- en función de sus intereses contrarios a la ley.

Por ello es necesaria una política más activa, que no se limite a esperar que los informales se presenten con la documentación requerida para la formalización, y a decirle que han hecho mal un trámite o que les falta el o cual detalle. Hace falta acción de los organismos concernidos, para apoyarlos y ayudarlos a cumplir los pasos exigidos.

Para ello debería haber una oficina operativa y ágil, que se dedique a solucionar o ayudar a resolver los problemas que dificultan la legalización y que aparentemente, como afirman muchos de quienes hoy protestan, han impedido que, pese al tiempo transcurrido, cumplan con los aparentemente complejos procedimientos establecidos.

Desatar ese nudo hará posible no solo avances firmes hacia la legalización de aproximadamente 70 mil mineros informales, sino que aislará de éstos a los ilegales y creará las condiciones para una alianza de hecho entre el Estado y los informales, que fortalecerá la defensa del medio ambiente, causa fundamental si se tiene en cuenta que el Estado peruano ha asumido delicados compromisos en ese terreno, que tienen mayor peso en la medida que este año nuestro país será sede de la conferencia mundial sobre el cambio climático (COP20).

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Editorial

Un paso adelante

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Con la homologación del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht por parte del Poder Judicial, el Perú ha dado un paso adelante en la lucha anticorrupción que parecía estar entrampada. “Se está avanzando lento, pero se está avanzando”, ha dicho el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, quien además ha señalado que dicha homologación tiene calidad de sentencia. Ahora, se tiene que esperar que no haya apelación alguna por las partes involucradas, de tal manera que quede consentida, pues había cierto retraso.

En tanto, el fiscal Rafael Vela ha anunciado que el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato analiza la conveniencia de viajar a Brasil para realizar una nueva ronda de interrogatorios a ejecutivos de la empresa Odebrecht. Se trata de nueva información aportada por la propia empresa Odebrecht y la entrega anunciada por Jorge Barata de más de 4,000 folios, de la cual una primera parte ya se ha concretado. No obstante, la fecha de la toma de declaraciones depende de la Procuraduría brasileña.

De otro lado, la empresa brasileña OAS también ha solicitado acogerse a los beneficios de la colaboración eficaz, y el fiscal Vela se encuentra planificando un viaje para la toma de declaraciones al expresidente de esa compañía, José Aldemario Pinheiro. La diligencia, según el Equipo Especial del Ministerio Público, debe realizarse en la ciudad de Curitiva, viaje que anteriormente no se realizó porque los fiscales estaban recibiendo información de otras fuentes.

Una vez que se lleven a cabo estas nuevas diligencias, van a salir a luz nuevas revelaciones y es por ello que los imputados en este proceso, aquí en el Perú, se encuentran sumamente nerviosos. Debido a todo lo que está en juego, sería conveniente que el Ministerio Público tome las precauciones del caso para que las indagaciones de esta trama de corrupción lleguen a buen puerto, sobre todo cumpliendo con los plazos de ley, de tal suerte que el debido proceso se mantenga incólume, y que la justicia siga avanzando hasta erradicar toda la corrupción.

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Editorial

Una mala imagen para el Congreso

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Una encuesta nacional de la empresa Datum señala que el 70% de los peruanos piensa que los partidos Fuerza Popular y Apra están blindando al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sindicado por el Ministerio Público de ser miembro de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, mientras que solo un magro 19% no cree que haya tal blindaje. Sin embargo, la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien investiga el financiamiento de las campañas electorales del partido fujimorista, sostiene que el exfiscal de la Nación tendría vínculos con Fuerza Popular.

Pero eso no es todo, pues como todo el país conoce, hay audios que se han hecho públicos en su momento sobre conversaciones del chat “La botica”, que muestran el marcado interés de legisladores de Fuerza Popular en “garantizar” que Pedro Chávarry jurara como Fiscal de la Nación y que en el Poder Judicial no asumiera el juez César San Martín. Según el programa Panorama, en este tema intervinieron las congresistas Luz Salgado, Karina Beteta y Úrsula Letona, en ese entonces aún integrante de Fuerza Popular.

Los miembros de Fuerza Popular han dicho que les malinterpretaron sus declaraciones o que fueron sacadas de contexto y así minimizaron tales conversaciones. Sin embargo, hay hechos irrefutables como, por ejemplo, que diversas denuncias constitucionales presentadas contra Chávarry en el Congreso no han prosperado debido a la oposición principal de Fuerza Popular, cuyos miembros afirman no encontrar argumentos jurídicos suficientes. En la Comisión Permanente del Congreso, con mayoría de Fuerza Popular, se rechazó el informe que proponía destituir e inhabilitar al cuestionado exfiscal de la Nación por su presunta pertenencia a los Cuellos Blancos del Puerto.

Se debe recordar que en octubre del año pasado, IDL-Reporteros reveló chats de “La botica”, donde Rosa Bartra califica como “un asunto de supervivencia” defender a Chávarry. En todo caso, un fiscal supremo –como todavía lo es Pedro Chávarry– debe estar libre de toda duda, sospecha o cuestionamiento. Por eso, es mayoritario el porcentaje de peruanos que siguen pensando que el extitular del Ministerio Público es blindado por los partidos Fuerza Popular y Apra. Resulta, entonces, una vergüenza que nuestros padres de la patria que fueron elegidos para representar a sus electores ahora privilegien sus propios intereses en vez de los del país.

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Editorial

Basta de zancadillas

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La Cámara de Comercio de Lima ha pedido reimpulsar el crecimiento para seguir reduciendo la pobreza. El gremio empresarial sostiene que la expansión del PBI de apenas 0.02% en abril –en cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática– y el bajo resultado en el primer trimestre podrían llevar a la baja la proyección estimada al cierre del año de 3.7%. El análisis es acertado, pero lo peor de todo es que ni esa proyección ayuda mucho en la generación de empleo que se requiere para que la desocupación no vaya en aumento.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias ha señalado que la creación de un mayor número de plazas de empleo formal en el país depende de la inclusión del sector industrial en la agenda económica del Gobierno porque su ausencia recorta la posibilidad de generar actividad económica. Asimismo, los empresarios del sector industrial cuestionan que en los últimos años se haya producido un proceso de desindustrialización en el Perú, y especialmente ahora en que se necesita fortalecer el mercado interno mediante el incremento de puestos de trabajo formales.

Más grave aún parece ser lo que ha advertido la Cámara de Comercio de Lima en el sentido que las dificultades que hoy muestra la economía peruana no pueden atribuirse a factores externos, sino que responden a problemas producto de la insuficiente inversión pública y la baja de la inversión privada no minera que no permiten crear empleo ni el crecimiento del país. Como bien lo recuerda, si bien la inversión minera muestra señales positivas, la inversión general del país se encuentra afectada, y con una economía que crece por debajo de 3,5% no se puede combatir la pobreza, por lo que se debe reimpulsar el crecimiento, lo cual es un compromiso del sector empresarial.

Así las cosas, el presidente Martín Vizcarra ha expresado su optimismo en que para el 25 de julio, cuando termine la ampliación de la legislatura del Congreso, estén aprobados los seis proyectos que recibieron el voto de confianza y que forman parte de la reforma política. En efecto, los congresistas también deberían dar muestras de un compromiso con el país y dejar de enfrentarse al Ejecutivo en una suerte de choque de poderes para sumar esfuerzos y, conjuntamente con el Gobierno, dar un nuevo impulso a la economía, dejando de lado intereses subalternos que no hacen bien al país.

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