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Editorial

Soluciones de fondo

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El conflicto protagonizado por los mineros informales, tras los que se mueven los intereses de la grande y delictiva minería ilegal, debe encontrar soluciones que vayan más allá de un nuevo acuerdo de distensión que, si bien haga posible el retorno a la paz y el despeje de los bloqueos de carreteras, deje abierta la posibilidad de que en una nueva oportunidad, acaso el mes próximo, cuando haya expirado el plazo para la regularización de los mineros informales –los únicos que pueden formalizarse- nuevamente tengamos un conflicto que muy posiblemente sea mayor por no haberse hecho realidad lo que pueda acordarse en estos días.

La presencia masiva en las calles de Lima y en las carreteras de Arequipa, Puno y Madre de Dios, principalmente, de los mineros informales, así como sus quejas, su frustración y su impaciencia ante las barreras burocráticas que ciertas instancias estatales, como el Ministerio de Energía y Minas, les ponen cuando intentan avanzar a la formalización, nos lleva a pensar que las soluciones de fondo pasan por decisiones efectivas que ataquen el centro del problema.

Si bien es cierto que a la autoridad estatal le resulta difícil retroceder en un tema tan crucial para el medio ambiente y la economía nacional, como el plazo fijado para la primera fase de la formalización de los informales, tampoco puede negarse la magnitud del problema social que ha hecho posible que se aprovechen del conflicto los mineros ilegales –que manejan grandes recursos y cuya actividad es delictiva y se realiza en áreas prohibidas, por lo que de ninguna manera podrán legalizarse- en función de sus intereses contrarios a la ley.

Por ello es necesaria una política más activa, que no se limite a esperar que los informales se presenten con la documentación requerida para la formalización, y a decirle que han hecho mal un trámite o que les falta el o cual detalle. Hace falta acción de los organismos concernidos, para apoyarlos y ayudarlos a cumplir los pasos exigidos.

Para ello debería haber una oficina operativa y ágil, que se dedique a solucionar o ayudar a resolver los problemas que dificultan la legalización y que aparentemente, como afirman muchos de quienes hoy protestan, han impedido que, pese al tiempo transcurrido, cumplan con los aparentemente complejos procedimientos establecidos.

Desatar ese nudo hará posible no solo avances firmes hacia la legalización de aproximadamente 70 mil mineros informales, sino que aislará de éstos a los ilegales y creará las condiciones para una alianza de hecho entre el Estado y los informales, que fortalecerá la defensa del medio ambiente, causa fundamental si se tiene en cuenta que el Estado peruano ha asumido delicados compromisos en ese terreno, que tienen mayor peso en la medida que este año nuestro país será sede de la conferencia mundial sobre el cambio climático (COP20).

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Editorial

Congresistas deben ponerse a trabajar

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La rápida reacción que ha tenido el presidente Martín Vizcarra al sacar adelante el referéndum para hacer las reformas del sistema político y judicial no es suficiente. Se requiere ahora que el Congreso recoja el clamor expresado por la población en las urnas, el domingo último, y se ponga a trabajar para materializar lo más pronto posible el mandato de la ciudadanía. Es menester actuar con urgencia para acabar con la corrupción rampante que extiende sus tentáculos por todas las instituciones del país y les roba a los más pobres la esperanza de salir adelante.

No por gusto más del 85% de la población ha respaldado la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estaba infestado por la corrupción. Ahora, la nueva institución será la que revise las evaluaciones de jueces y fiscales porque hay denuncias y hasta audios de cómo se realizaban los nombramientos de algunos magistrados; usando prácticas nada transparentes. No más “Cuellos Blancos”, no más “hermanitos”.

El Parlamento ha ampliado la legislatura para debatir la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay legisladores que aún no son conscientes de la urgencia con que se debe actuar para poner la justicia al alcance de todos. Es verdad que hasta el nombramiento del Fiscal de la Nación tendrá que ser evaluado. La cabeza del Ministerio Público debe ser una persona proba, sobre quien no recaiga ningún atisbo de dudas porque en sus manos está la acción contra la criminalidad y la defensa de la sociedad.

Si la designación del titular del Ministerio Público no se ajusta estrictamente a las normas, pues tendrá que dejar el cargo. Pero para ello se requiere que los “padres de la patria” se dejen de críticas y discusiones. El Parlamento acaba de ampliar la legislatura hasta el próximo 30 de enero para debatir sobre la reforma del sistema de justicia. Es urgente que la Junta Nacional de Justicia inicie sus funciones lo más pronto posible. Se trata de un organismo fundamental para la administración de la justicia y ahora la responsabilidad es del Congreso que actualmente está bajo escrutinio del ojo público.

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Editorial

A consolidar las reformas

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Después de los resultados del referéndum, la oposición, así como ciertos sectores empresariales y hasta analistas “todólogos”, han salido a decir que el único que ha ganado y ha salido fortalecido es el presidente Martín Vizcarra por el carácter plebiscitario de la consulta realizada el domingo último. Sin embargo, lo que ha hecho el mandatario no es otra cosa que canalizar la indignación de toda la ciudadanía por la inacción de los congresistas que han llegado al Parlamento para ver sus intereses particulares, olvidándose del bienestar común de la población.

No hay que olvidar que las calles ya habían dado su veredicto, sentenciando “que se vayan todos”; es decir, estaban dispuestos a dar su anuencia para un eventual cierre del Parlamento. El Jefe del Estado, por el contrario, planteó el referéndum que ha funcionado como válvula de escape ante la presión popular a punto de estallar. Y claro, como los congresistas de la mayoría de Fuerza Popular, que después del referéndum ya no constituyen una fuerza ni tienen nada de populares, han sido duramente golpeados por las urnas pretenden hacerle pisar el palito al jefe del Ejecutivo para después presentarlo como una suerte de “dictador”, de lo cual no tiene nada.

El referéndum expresa, en principio, la decisión ciudadana de decirle basta a la corrupción. En segundo lugar es un castigo para los congresistas al prohibir la reelección. Razones de sobra hubo para ese resultado. Más del 85% respalda la prohibición de la reelección y casi el 86% aprueba la reforma que regula el financiamiento a las organizaciones políticas. Asimismo, algo más del 86% votó por la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. En otras palabras se trata de reformas del sistema político y del sistema de justicia. No obstante, ya se oyen voces de la oposición con reclamos diversos.

Lo que es más, han salido los todólogos a decirle al presidente Vizcarra que ya puede usar el capital político obtenido para apuntalar otras reformas y le aconsejan que extienda la agenda para tener un segundo aire en su gobierno a partir del éxito político. Y la receta que le dan es que aproveche, entre otras cosas, para realizar la reforma laboral, que a su entender no es otra cosa que eliminar lo que ellos denominan sobrecostos laborales.

Claro, más de uno de sus críticos de la derecha radical quisiera verlo enfrentado a los gremios sindicales. No señor Vizcarra, no escuche consejos que solo le traerán más problemas a su gobierno. Ahora lo que toca es ir hacia adelante en la lucha contra la corrupción y consolidar las reformas que se ha propuesto.

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Editorial

“Vox populi, vox dei”

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Luego de la masiva respuesta de la población peruana a la convocatoria del referéndum, el presidente Martín Vizcarra ha dicho durante una reunión con su Gabinete Ministerial, que el Perú está camino a hacer grandes cambios. Asimismo, agradeció a todos los peruanos por asistir mayoritariamente a las urnas y acoger las reformas constitucionales. Toca, ahora, a las autoridades pertinentes asumir la tarea de hacer cumplir la decisión de la población peruana. Sin embargo, el mandatario ha reconocido que, de por sí, el referéndum no cambia todo, pero es el inicio.

Es verdad que la ciudadanía ha ratificado, ayer en las ánforas, la urgencia de realizar reformas judiciales y políticas planteadas, pero no es lo único sobre lo que se ha pronunciado, pues al rechazar la última pregunta sobre la bicameralidad también ha dicho no a la reelección, cerrándoles las puertas del Congreso a quienes han demostrado que llegaron a la curul para ocuparse de sus intereses personales y no para procurar el bienestar común. Ese rechazo no es otra cosa que un castigo a los actuales legisladores. Quizá no todos merecen tal sanción, pero lo cierto es que este congreso se ha ganado el repudio del electorado.

Y qué otra cosa podían esperar los congresistas de la mayoría, por ejemplo, después de haber reconocido que desaprovecharon el mejor momento para hacer cambios que beneficien al Perú. Tenían mayoría calificada y conversando con otros grupos políticos les alcanzaba de sobra para reformar nuestro cuestionado sistema judicial y el sistema político. Al parecer no hubo intención de cambiar nada. Una de las últimas acciones que colmó el vaso fue la aprobación de la ley de financiamiento ilícito a los partidos políticos impulsada por Fuerza Popular.

Lejos de hacer un “mea culpa”, la congresista Luz Salgado salió anoche en una entrevista televisiva a echar sombras sobre la ONPE y al JNE, y a rasgarse las vestiduras cuando los actuales congresistas fueron incapaces de presentar y aprobar iniciativas que favorezcan a la población. Ahora se quejan del presidente Martín Vizcarra, pero el mandatario ha hecho lo correcto; es decir, tomar el toro por las astas y evitar que el país siga paralizado. Se olvidan los parlamentarios que la aprobación del Legislativo está en un solo dígito y el rechazo es cada vez mayoritario. Las calles ya lo habían adelantado: Que se vayan todos. Se ha cumplido la expresión latina “vox populi, vox dei” y al Congreso solo le queda acatar la voz del pueblo.

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