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Política

Sobre el suicidio de Alan García y lo que queda del APRA

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Alan García Pérez

La Revista Ideele me ha solicitado amablemente una reflexión acerca de lo sucedido el 17 de abril último en que el expresidente Alan García se dio un disparo, terminando con su vida, para evitar que se concretara la diligencia judicial de su detención preliminar, solicitada por la Fiscalía y ordenada por el Poder Judicial.

Esto sucedió en el marco de las investigaciones sobre uno de los procesos penales iniciados para combatir a la megacorrupción —que golpea sañudamente a nuestro país desde hace varios años—, y sancionar debidamente a los culpables, en el marco de las leyes y con las garantías del debido proceso.

Es difícil cumplir con lo solicitado, pues no se trata solo de reflexionar sobre el suicidio de una persona, lo que no es ni puede ser tema sobre el cual agrade conversar o escribir, sino porque en este caso se trata de las circunstancias en que ocurrió el hecho, y por tratarse de alguien que fue alto dirigente y, durante bastantes años, para muchos, líder del APRA (PAP), luego de la muerte en 1979 de Víctor Raúl Haya de la Torre, el incuestionable líder histórico de esa APRA muy distinta a la de ahora.

De ese partido que fue como mi segundo hogar y en el cual activé durante gran parte de mi vida*. Y porque, además, la persona que consumó su suicidio tuvo muchísimo poder —entregado por quienes en su momento confiaron plenamente en él— y fue en dos ocasiones presidente del Perú.

Complicado, además, porque este hecho trágico (quitarse la vida, haciendo con ello más dificultoso para los encargados de administrar justicia, que se llegue a conocer la verdad) tiene implicancias profundas y complejas para el Perú y, cómo no, para el APRA, la organización política decana del país fundada por Haya de la Torre en 1930.

Por ello, es necesario ubicar lo sucedido en un contexto mayor de reflexión —habida cuenta de los hechos: signos exteriores de riqueza, pruebas plenas, evidencias, y testimonios corroborantes— de lo que puede significar para el Perú empezar a terminar con la megacorrupción instalada en los más altos niveles del Estado, lo cual ha frenado y frustrado las posibilidades de un sostenido desarrollo nacional en libertad, en democracia, y respetando los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

El suicidio de Alan García

Expresado públicamente el pésame a la señora madre, hijos y otros seres queridos del expresidente por este hecho de sangre inaudito e inexplicable, la vida debe proseguir.

Sin embargo, así como fue impactante el hecho de descerrajarse un disparo con arma de fuego como consecuencia de la decisión exclusivamente personal de Alan García, también debe ser materia de un sereno y razonable primer análisis, donde prevalezca rigurosamente la consideración objetiva de los antecedentes conocidos, la lógica, las pruebas y los elementos de convicción.

Y finalmente, el sentido común, como telón de fondo y marco general, sin forzar interpretaciones extravagantes, antojadizas o interesadas, sobre hechos, actitudes y evidencias que caen por su propio peso.

La reacción normal y previsible de una persona que se sabe y se siente inocente de delitos o crímenes que se le imputan, es defender tenazmente su inocencia, siempre, con toda su inteligencia, sus fuerzas y argumentos en busca de la verdad.

No rehúye ni evade. Si hay complejidad o sofisticación en los delitos o crímenes perpetrados, pues la persona inocente procede a explicar esa complejidad y, acto seguido, procede al deslinde transparente de responsabilidades y al careo correspondiente con coimputados, si los hubiere, o con los testigos de cargo, en el marco de la razón y de las reglas del debido proceso en un estado constitucional de derecho.

A esta conclusión llegó el gobierno de Uruguay cuando en diciembre del año pasado le denegó el asilo diplomático —solicitado dos semanas antes— y le pidió que se retirara de la residencia uruguaya en Lima. El señor García Pérez no era un perseguido político.

Y, si de honor y dignidad se trata, pues la persona inocente defenderá con más decisión y tenacidad su inocencia, precisamente, para salvar el honor y la dignidad de su nombre y el de sus progenitores e hijos.

Pero ¿qué ocurrió el miércoles 17 de abril? Lo impensable para la inmensa mayoría de peruanos, inclusive para los fiscales y para los miembros de la Policía Nacional que intervinieron en la diligencia.

Excepto, aparentemente, para su entorno de colaboradores inmediatos, inclusive algunos congresistas que el país conoce bien, y cuya pasividad y silencio, desde la noche anterior a la diligencia y hasta momentos antes del suicidio, es inexplicable; no obstante, tener ellos conocimiento de fuertes indicios que el señor García podría atentar contra su vida y saber que tenía en posesión varias armas de fuego.

¿Por qué no alertaron a la Policía Nacional o a la Fiscalía de la Nación de esa posibilidad fatal y por qué ninguno de esos congresistas o dirigentes políticos de su entorno inmediato y de confianza ni siquiera estuvo acompañando a su “compañero presidente” desde la noche anterior, dentro o fuera de su domicilio, en la misma mañana de los hechos?

Días antes, —sobre todo a través de los informes valientes y rigurosos de los periodistas de investigación Gustavo Gorriti y Romina Mella—, se había conocido públicamente la existencia de vouchers o transferencias bancarias —de varios millones de dólares en presuntas megacoimas— atribuidas y hechas a favor de Luis Nava Guibert, —según confesión de Jorge Barata, máximo ejecutivo de Odebrecht en el Perú.

Transferencias bancarias desde cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) hechas por Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú designado durante el gobierno de A. García y hombre de absoluta confianza del expresidente.

Como sabemos, el señor Nava fue secretario de la Presidencia de la República durante los dos periodos de gobierno de Alan García, designado por el mismo expresidente, hombre de su absoluta confianza también y a quien se veía permanentemente muy cerca del entonces presidente, atento a cualquier indicación o directiva de él, en la gran mayoría de actos públicos oficiales, año tras año.

Al momento de escribir estas líneas, Luis Nava Mendiola, hijo de Nava Guibert, —quien salió del país el mismo día que se ordenó su detención preliminar—, ha regresado al Perú luego de confirmar ante los fiscales, en la ciudad de Miami, EE. UU., la veracidad de lo declarado por el ejecutivo de Odebrecht, y que él solo se limitaba a transportar al señor Barata a donde se encontraba su padre para entregarle grandes cantidades de dinero.

Nava Mendiola, cuyo nombre también se registra como receptor de medio millón de dólares de Odebrecht, se encuentra, por ahora, con orden de comparecencia restringida.

Estos son los antecedentes inmediatos más relevantes a la muerte autoinfligida por Alan García Pérez ese 17 de abril y que derivaron en la orden judicial de arresto preliminar que jamás pudo cumplirse. El proceso penal ha de continuar y el dictamen fiscal deberá contener todos los elementos de convicción que finalmente serán materia de sentencia judicial. Y aquí me detengo en este aspecto.

Bancada apristas - Luciana León - Mauricio Mulder - Jorge del Castillo

Distorsiones, fanatismos y campañas mendaces

Sin embargo, no obstante ser de público conocimiento todo lo anterior, los dirigentes del entorno inmediato del fallecido expresidente iniciaron una inexplicable, absurda y violenta campaña verbal de negación de los hechos y de distorsión, cuestionando el hecho central que Alan García se había quitado la vida por su propia decisión y pretendiendo culpar de su suicidio a los periodistas de investigación que acopiaron la información de la fiscalía brasileña y la hicieron pública, a los fiscales encargados del caso y a los mismos policías que intervinieron en la diligencia.

La reacción de esos dirigentes, que debió ser de reconocimiento cabal de lo acontecido, con hidalguía y sinceridad ante el país, se tornó, por el contrario, en un grotesco espectáculo mendaz, que el país ha atestiguado y que ha hundido aún más en el descrédito, en la debacle moral y en el rechazo popular al otrora poderoso partido de Haya de la Torre.

¿En qué condiciones deja Alan García al APRA?

El APRA fue mi partido durante gran parte de mi vida, y en el pasado fortaleció sus cuadros políticos, su mística, su organización y su gravitación política precisamente enfrentando adversidades y persecuciones en las peores circunstancias. Y en ningún momento, ni Haya ni ninguno de los dirigentes o militantes se suicidó o pretendió suicidarse, lo cual habría sido absolutamente impensable.

Pero el APRA de Haya pudo resistir la adversidad y erguirse frente a ella porque, aún en medio de aciertos y desaciertos, como ocurre con toda obra humana, prevaleció la autenticidad de la prédica y la propuesta de transformación democrática y, sobre todo, la honestidad y honradez de sus máximos dirigentes.

Hoy el PAP, luego del segundo gobierno de Alan García, ante la inmensa mayoría ciudadana, está asociado con la corrupción y por ello es rechazado por esas mayorías. Es como si ese peso histórico se hubiera volcado contra el mismo partido.

El PAP, bajo esta dirigencia, en los últimos lustros se ultraderechizó, arrió sus banderas de justicia social con libertad y derechos humanos, se puso del lado de los poderosos y llegó a llamar “ciudadanos de segunda categoría” a nuestros compatriotas de los andes y de la selva que se atrevieron a defender sus tierras, su agua y la pureza de su aire.

Y aún en medio de procesos penales por corrupción que involucran a los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori; el rechazo y el repudio al APRA es proporcional a la influencia, gravitación y esperanzas que tuvo y concitó durante décadas.

Todo esto por responsabilidad directa de quienes se presentan como dirigentes máximos y hasta “líderes”. Esto es una gran traición a esa APRA del pasado, a Haya de la Torre y a quienes lucharon hasta perder la vida por esos ideales superiores.

¿Qué ocurrirá en el futuro próximo y más allá de él?

Por el momento, aventurar una respuesta sería entrar en el terreno de lo insondable.

*En lo personal, creo pertinente señalar que nací en hogar aprista, cuando en el Perú regía la dictadura militar de Manuel Odría. Mi padre, Romeo E. Salgado, a los 20 años de edad, fue co-fundador de la Federación Aprista Juvenil (FAJ) en 1934, luego que en 1932 (bajo la dictadura de Luis M. Sánchez Cerro) estuviera a punto de ser ejecutado extrajudicialmente junto con otros jóvenes apristas en el Callao. He sido dirigente del Comando Universitario Aprista (CUA) en la Universidad Católica de 1973 a 1977, secretario general de comités apristas en los EE.UU. (1979 – 1984) y en años ulteriores (1989-1992) secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Aprista Peruano.

 

LUIS ALBERTO SALGADO T
REVISTA IDEELE

Política

Salaverry favorito en elecciones del Congreso

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Luz Salgado Rubianes

Pareciera que Lourdes Alcorta le enmienda la plana a Rosa Bartra (que muere por la presidencia) al decir en una entrevista que se debe dar paso a otros partidos (léase fujitopos o personajes fácilmente manipulables) para que presidan la Mesa Directiva.

Y no estamos equivocados en esta lectura entre líneas si escuchamos los decires y vemos el comportamiento de los integrantes de la mayoría fujimorista que tanto daño le hace al país con su comportamiento de espaldas al pueblo y promoviendo lobies a favor de grandes intereses.

Lo que sucede es que se oponen al retorno de Daniel Salaverry, que es apoyado por votos pluripartidarios, que están contra el fujimorismo, y para ello asumen posturas aparentemente democráticas.

Nada más falso. Porque hoy más que nunca se quieren aferrar al poder congresal y cuentan para ello con los fujitopos y el posible retorno de Kenji y los Avengers, y la salida de Keiko Fujimori, gracias a la intervención de los cuellos blancos, y apelan a jugadas distractivas.

PICOTAZOS DE GALLINAZOS

Para el congresista Hernando Cevallos de Frente Amplio se trata de “picotazos de gallinazos, como dicen en mi tierra (dice riendo); ese tipo de discusiones no tocan el problema de fondo, que Fuerza Popular tiene una presencia absolutamente indeseable dentro y fuera del Congreso”.

“Es absurdo que quieran mantenerse no solo en la presidencia sino integrando de cualquier manera la Mesa Directiva. Así que para nosotros la presencia de Fuerza Popular en una Mesa Directiva, hace inviable cualquier apoyo”, subrayó.

“Yo creo que están inmersos en un debate que surgen de sus propias contradicciones. Algunos son más realistas en el sentido de que interpretan mejor el sentimiento de lo que la gente quiere y otros que siguen pensando que como tienen una mayoría relativa quieren aferrarse a la presidencia”, comentó.

NO TIENEN DIFERENCIAS

“Esa es la contradicción que tienen en la superficie, pero de fondo no tienen contradicciones. Apuestan a seguir manteniendo la verticalidad en el Congreso, las prácticas antidemocráticas”, resaltó.

“Y, sobre todo, en donde no hay diferencias entre Alcorta y Bartra es en impulsar una agenda en el Congreso más cerca de los lobies y de los grupos empresariales, que de las necesidades de la gente, de los trabajadores, de los conflictos ambientales, un desarrollo independiente del país, allí no tienen contradicciones”, concluyó el legislador Cevallos.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Parlamento (2011-2016), dijo que “por el bien de ellos deberían dejar de practicar lo de siempre en el Congreso. Todos estos años el comportamiento de los niveles de conducción del Legislativo no ha tenido efectos positivos. El Congreso como institución está muy cuestionado”, sentenció.

“Entonces hay que avanzar y darle una mirada más pluripartidaria al Congreso. Esto le haría bien a Fuerza Popular, porque la imagen que se tiene es el de una fuerza política que no está abordando los problemas del país sino que se está beneficiando un solo sector y el Congreso se está debilitando más”, observó.

ESTÁN MOVIENDO SUS PIEZAS

“Ellos están moviendo sus piezas, diseñando el tema. Espero que los congresista en esta última fase, porque les queda tiempo hasta el 2021, se reinventen y rediseñen sus prácticas, porque lamentablemente se nota que no hay democracia interna, que hay mucho sesgo político y mucho manoseo de acuerdo a los intereses y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó Pari.

El analista político Miguel Jugo expresó “que el fujimorismo está en un debate, creo que es cierto eso. Mantiene la Mesa Directiva o se la da a alguien afín a ellos. Eso es un debate bastante intenso el que tienen. Hay sectores que apoyan a Rosa Bartra, que quiere la presidencia del Congreso”.

Dijo que “uno de los allegados a la bancada fujimorista es el congresista Pedro Olaechea para que de alguna manera no aparezcan como están apareciendo. Su postura central será intentar en un primer momento mantener la Mesa Directiva y eso tiene que ver con los votos que puedan recolectar”, subrayó.

NO QUIEREN ARRIESGAR

“Ellos tampoco quieren -agregó- arriesgarse a perder en una votación frente a una mesa multipartidaria. Me parece que lo primero que quieren es frustrar es una mesa pluripartidaria sin ellos y por eso es que están buscando a los Avengers, a Concertación Parlamentaria, a los Contigo y de esa manera mantenerse en la Mesa Directiva”, señaló.

“Están convocando a los fujitopos. Ellos definitivamente saben del poder que les da controlar la Mesa Directiva y quieren recuperarla y poner a una persona bastante afín a ellos para que haga lo que ellos quieren”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Yo creo que eso sería el segundo negocio. El primero es -reitero-, frustrar una mesa pluripartidaria, controlar la Mesa Directiva y finalmente seguir como han estado estos años”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Toledo y Karp podrían buscar asilo para evitar extradición

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

Si la justicia norteamericana le concede libertad bajo fianza, Alejandro Toledo podría buscar cobijarse en alguna embajada para evitar la extradición al Perú, pero esa sería una jugada muy torpe, advirtió Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la situación de Toledo Manrique -investigado por recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de la Carretera Interoceánica- quien fue arrestado en Estados Unidos y presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California.

“Podría ocurrir que pueda intentar ganar tiempo de esa manera y cobijarse en alguna embajada. Sería una jugada torpe de su parte, pero podría ocurrir, con lo cual ya sería una perturbación -digamos- a la garantía de aseguramiento que el gobierno norteamericano tiene en este momento con respecto a él, para poder asegurar que la decisión eventual de extraditarlo se pueda efectivizar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

KARP TAMBIÉN

El exintegrante de la Procuraduría no descartó que Eliane Karp corra la misma suerte que Alejandro Toledo y que intente también asilarse en alguna embajada o viajar hacia Israel.

“Creo que es inevitable el pedido hacia ella, pero yo creo que en este momento debe estar pensando, no sé si volar hacia Israel o en cobijarse en alguna embajada para protegerse. La política de Israel es no conceder la extradición de sus nacionales y se complica un poco el panorama”, anotó.

“Por eso mismo, las medidas deben pensarse rápidamente en este momento respecto a ella también”, argumentó.

Cabe indicar que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, informó que el pedido para la extradición de la ex primera dama Eliane Karp por el caso Ecoteva se encuentra en trámite.

Karp está en calidad de acusada en el caso Ecoteva, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de 16 años y 8 meses, el pago de una reparación civil de 15 millones de soles y su extradición.

PODRÍA ESGRIMIR QUE LO PERSIGUEN

“Mi preocupación es que en pleno proceso de extradición, el expresidente Alejandro Toledo pueda esgrimir como argumento que está siendo un perseguido dos veces por un mismo delito y que hay una vulneración de sus derechos”, advirtió Montoya.

“Hay que tener un poco de cuidado para lo que viene respecto al proceso de extradición de Toledo. Él tiene dos procesos: el de Ecoteva y Odebrecht. El cuaderno que se envió en julio del año pasado, en el 2018, es el de Odebrecht y tiene ver con sobre todo el delito fuente, de todos los sobornos y la imputación del lavado, pero existe el de Ecoteva. Son dos procesos que al final tienen nexos comunes, y en buena cuenta el caso Odebrecht termina o debería terminar en Ecoteva por su propia naturaleza”, dijo en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.

“Mi preocupación está en que, en pleno proceso, él esgrima como argumento que está siendo perseguido por dos procesos judiciales, que aquí hay un abuso, y una vulneración de sus derechos y que eso es el reflejo de la persecución sobre él”, anotó.

PERSECUCIÓN

“La detención de Alejandro Toledo es una noticia esperanzadora y significa dos cosas. La primera: que la Fiscalía -al tomar la decisión de solicitar al juez federal esta detención para iniciar el proceso judicial de extradición- implica que efectivamente encuentra una causa probable, una causa razonable para que al final un juez conceda la extradición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y segundo: este pedido encarna que en el ente fiscal y judicial no habría un contexto de persecución política que desnaturalice o que tenga en mente la posibilidad de que sea posteriormente cuestionado como una forma de persecución política”, subrayó

ALGO MÁS

“En el caso de Fujimori, también empezó con una detención en una dependencia militar, pero luego fue progresivamente modulada la medida y hubo una detención domiciliaria, una orden de arraigo para no salir en el país hasta que se determine el proceso de extradición”, recordó Yván Montoya.

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