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Editorial

Sin coimero no hay coimeados

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El Gobierno publicó ayer el Decreto Legislativo Nº 1385 que sanciona hasta con cuatro años de cárcel la corrupción en el sector privado que afecta el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas. Además de la pena privativa de la libertad, se considera de 180 a 365 días de multa.

La norma, que lleva la rúbrica del presidente Martín Vizcarra, si bien es perfectible tiene un efecto disuasivo para aquellos funcionarios o empleados que pretenden transar en provecho propio, una figura que tiene todas las características del cohecho que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que este concrete u omita una acción.

Sin embargo, a partir de ahora se puede sancionar también a los privados que incurren en actos de corrupción, tanto al que ofrece y entrega el soborno como al que pide y recibe las dádivas también conocidas como coimas. Los juristas suelen considerar esta figura que en el Derecho Penal se conoce como codelincuencia, es decir que solo puede existir cohecho pasivo si una persona ofrece algo o hace una promesa con un fin específico.

Tras la publicación del Decreto Legislativo Nº 1385, la Cámara de Comercio de Lima ha emitido un pronunciamiento señalando que la referida norma deja un margen para una interpretación extensiva. Podría ser en cierta medida contraproducente, porque puede propiciar mayor corrupción y ser usado incluso como instrumento en contra de competidores u otros agentes económicos.

Quizá se requiera algunas precisiones para afinar esta norma, pero eso no le quita lo positivo como es que se establezcan penas, sanciones y multas para actos de corrupción en el ámbito privado. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta que se tome conciencia verdaderamente que se debe denunciar todo acto de corrupción, en el ámbito privado o en el sector público, por ser imprescindible para la persecución de este delito, pero ya se ha dado el primer paso. Recordemos que sin coimero no hay coimeado.

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Editorial

Congreso no debe ser agencia de empleos

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Al parecer, existe una marcada preocupación en el Congreso por la no renovación de los contratos a más de 100 trabajadores, medida tomada por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, quien al anunciar esta decisión manifestó que el Parlamento no puede ser visto como una agencia de empleos del partido político de turno que maneja la Mesa Directiva. A los reclamos del fujimorista Segundo Tapia se suma ahora un memorando enviado por la auditora general del Oficial Mayor, Gianmarco Paz, pidiendo una explicación sobre la no renovación de los contratos a más de un centenar de trabajadores.

El documento, suscrito por Paula Cecilia Martínez Ramírez, exige información sobre las razones de la decisión de no renovar los contratos y pregunta si había informes de incumplimiento de sus labores y si existe un procedimiento para prescindir de ellos. Además, pide señalar si, a la fecha, las unidades orgánicas han reportado incumplimientos por parte del personal referido. Parece ser que los padrinazgos denunciados por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, efectivamente estarían funcionando, pues el vicepresidente del Congreso Segundo Tapia ha hecho anteriormente los mismos reclamos.

Al respecto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ya ha adelantado la necesidad de renovar los cuadros de trabajadores. Para ello ha propuesto un concurso que tendría por objeto que los trabajadores sean elegidos por meritocracia. Eso permitiría, al mismo tiempo, sincerar las planillas de este poder del Estado que, por lo visto, es considerado como una suerte de “botín” del partido que ha logrado mayoría congresal. Hay que recordar, también, que los sueldos de los trabajadores del Congreso son financiados con dinero de todos los peruanos.

Por todas estas consideraciones, los congresistas no deberían oponerse a mecanismos que cautelen los presupuestos públicos. En cualquier centro laboral los postulantes son evaluados. Todas las dependencias públicas toman personal previo concurso y la excepción no puede ser el Congreso de la República al que algunos legisladores quieren convertirlo en agencia de empleos.

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Editorial

¿Cantos de sirena?

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Los vendedores de sebo de culebra han salido a decir que el presidente Martín Vizcarra debería aprovechar la popularidad que aún le es favorable, para emprender reformas necesarias como la laboral. Y para hacerle pisar el palito afirman que los cinco puntos menos que se reflejan en el último sondeo de opinión de Ipsos se deben a la tibieza con la que avanza el Ejecutivo en ese campo. Y para mayores señas, recuerdan que según el INEI, el empleo informal creció el año pasado a mayor ritmo que el empleo formal.

Ocurre, sin embargo, que nuestro país ha recibido una fuerte migración el año pasado–mayoritariamente de Venezuela– y que muchas de esas personas prácticamente han llegado sin documentos, por lo que han tenido que trabajar informalmente para asumir el costo de los trámites migratorios, además de enviar dinero a sus familias en su país de origen. Todo esto ha distorsionado en alguna medida las cifras porque, de lo contrario, la gran mayoría de los nuevos inmigrantes cuentan con estudios superiores o técnicos y están capacitados para trabajar en cualquier empresa formal, amén de no tener elevadas pretensiones salariales.

El pretexto de que la economía peruana creció a una tasa del 4% y que a pesar de ello el empleo formal solo beneficia a uno de cada tres trabajadores, se cae por sí solo. En efecto, todos los economistas coinciden en que para generar empleo es necesario crecer a tasas de entre 5% y 6%. No obstante, este crecimiento, que fue una de las banderas del actual Gobierno se ha visto postergado por el Niño Costero, y la corrupción de Odebrecht, primero, y ahora por las intensas lluvias, desbordes y huaicos que aíslan a poblaciones interrumpiendo las vías de comunicación, problema que el Gobierno se encuentra atendiendo de manera inmediata.

Puede decirse, pues, que a nuestra economía le ha llovido sobre mojado y que ahora no solo es necesario una reforma laboral, sino una reforma integral que pueda darle mayor dinamismo a nuestra economía, que incluya una mayor presión tributaria como la que tienen otros países de la región. La reforma pasa por fortalecer la demanda interna y consolidando la conquista de mercados internacionales, lo que no se consigue simplemente limitando o recortando derechos laborales. El problema es el cómo y eso es lo que el Gobierno tendrá que definir sin presiones de uno ni de otro lado, sino trabajando cuidadosamente en una reforma económica, sin escuchar los cantos de sirena.

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Editorial

Cuando el río suena…

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El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez, nos ha recordado recientemente que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está implementando una nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres. El objetivo de esta nueva secretaría es el de “reforzar”(?) la prevención en el país, ha dicho el funcionario. Sin embargo, no se puede reforzar algo que no existe. Si hubiera prevención en el país, no existirían los Mirave(Tacna), ni las poblaciones asentadas en las proximidades de los cauces de huaicos y zonas de desbordes en la Carretera Central.

Evidentemente que si hubiera prevención en el país, tampoco habría puentes tan bajos que son arrasados por las crecidas cuando llueve persistentemente. No habría ocurrido lo de Aplao (Arequipa), ni existirían puentes que “no se ha caído sino que se ha desplomado”. En fin, habría que empezar por el principio; es decir, por promover una cultura de la prevención, en la que participen desde las autoridades locales, regionales y del Gobierno nacional, hasta las poblaciones asentadas en las zonas altoandinas y en otras con riesgo potencial por encontrarse en quebradas que pueden activarse de un momento a otro.

En su libro Ciudad de los reyes, de los Chávez, los Quispe…Rolando Arellano y David Burgos recuerdan que “La primera calle que se pavimentó en Lima fue el Paseo Colón”, lo que a decir de los autores no tendría nada de extraordinario de no ser porque dicha obra habría sido fruto de la participación de los vecinos y no una acción institucional del Estado. Arellano y Burgos se preguntan si este hecho podría acaso tomarse como antesala de lo que en el futuro caracterizaría a una ciudad en gran parte autogestionada por sus vecinos. Al parecer, lo mismo estaría ocurriendo en todo el país.

La buena noticia, en todo esto, es que el viceministro Molina ha anunciado que dialogará con los pobladores de Mirave para coordinar el lugar en el que serán reubicados. Sería bueno, también, que se establezca la prohibición de instalar poblaciones en quebradas o cauces de huaicos, así como otras zonas de riesgo. Los alcaldes, gobernadores regionales y otras autoridades que lo permitan deberían ser sancionados drásticamente, al igual que los traficantes de terrenos que con engaños promueven invasiones en esas áreas. Valgan verdades, si hasta ahora no se ha procedido a reubicar esas poblaciones es por razones políticas, porque en ciertas circunstancias podría resultar una medida impopular, pero la vida de mucha gente está primero, señores del Gobierno.

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