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Editorial

Si cierran Congreso será culpa de Keiko

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, quien el 28 de julio ha ganado protagonismo al descolocar al fujimorismo con su anuncio de referéndum, tiene ahora la posibilidad de cerrar el Congreso de la República si es que la lideresa Keiko Fujimori sigue tratando de sabotear la reforma política y judicial, que tiene gran aprobación de la ciudadanía.

El mandatario, si es que quiere seguir sintonizando con la población, puede plantear, por ejemplo, una norma de reforma judicial y pedir que se discuta de manera inmediata como cuestión de confianza.

Si el Congreso, de mayoría fujimorista, se opone a seguir el pedido constitucional de Vizcarra y pretende echar al olvido la norma de reforma judicial que pusimos como ejemplo, entonces se caería el segundo gabinete en este gobierno y por consiguiente Vizcarra puede cerrar el Parlamento y convocar a nuevas elecciones para elegir a nuevos legisladores.

Vizcarra tiene toda la potestad para cerrar el Congreso porque lo ampara la Constitución Política y es muy probable que lo haga porque el Parlamento es igual de impopular que Keiko Fujimori y no cometería el error garrafal del lobista Pedro Pablo Kuczynski que se dejó pisar por el fujimorismo y no tuvo la hombría de plantear la cuestión de confianza cuando la situación lo exigía.

Keiko Fujimori está en todo sentido en su peor tiempo político y ha cometido un gran error al oponerse a iniciativas que los ciudadanos consideran que están bien y que de alguna manera ayudarían salir de la crisis política y judicial sazonada con la difusión de los llamados CNM-Audios.

La lideresa de Fuerza Popular está actuando de manera confrontacional empujada por la clamorosa caída en las encuestas. Tiene 80% de desaprobación y apenas 15% de aprobación. Ahora quiere recuperar el tiempo perdido y empezar una nueva etapa en su relación con el presidente Martín Vizcarra.

El avance del fujimorismo, que pretenden poner freno a iniciativas favorables para la política y la administración de justicia en el país, depende ahora no solo de la sociedad movilizada sino de decisiones firmes del Presidente de la República.

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Editorial

El primer poder del Estado

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Durante el extenso debate que generó la solicitud del voto de confianza y aprobación de los proyectos de reforma política y judicial planteados por el Gobierno, la representación nacional ha reiterado que el Parlamento Nacional es el primer poder del Estado. Así es –por lo menos así debiera serlo– no obstante la bancada de Fuerza Popular parece no entender qué significa eso, pues sus integrantes han mantenido durante todas sus intervenciones un discurso antidemocrático, en el que ha salido a relucir su prepotencia por saberse mayoría.

Ser el primer poder del Estado implica, en primer lugar, una gran responsabilidad por haber recibido los votos necesarios para ocupar la curul en la que se encuentran. En segundo lugar, si se deben al soberano –el pueblo que los eligió– es a él a quien deben rendir cuentas de sus actos porque obran en su representación. Y el electorado ya se ha pronunciado en las calles con voz firme y actitud resuelta: Que se vayan todos, ha dicho y ha pedido un referéndum para expresar la voluntad popular.

Sin embargo, la mayoría de Fuerza Popular ha denostado contra el Gobierno, haciendo la salvedad que en su momento votarían a favor de la cuestión de confianza. Cosa difícil de comprender, a no ser porque quizá los parlamentarios fujimoristas habían tomado la decisión de antemano de aprovechar las cámaras y los reflectores para lanzar todo tipo de epítetos contra el Ejecutivo. No era gratuito, tampoco, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido más temprano a decir que los pedidos del Ejecutivo eran solamente una “cortina de humo”.

Así las cosas, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –léase fujimorismo– fue derrotada en las calles por lo que se vio obligada a aprobar la cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. De no haber ocurrido así, las calles habrían vuelto a pedir el cierre de este Congreso y “que se vayan todos a su casa” lo que implicaría adelantar las elecciones. Eso lo sabía el fujimorismo y tuvo que dar su brazo a torcer.

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Editorial

Un crucial primer paso

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Bastó un poco de presión con la solicitud de la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra para que el Congreso de la República, en manos de una mayoría fujimorista, deponga su actitud de obstaculizar las reformas políticas y judiciales que el país viene reclamando desde hace mucho tiempo, y se ponga a trabajar. Pero no solo se trata de la mano firme que puso el Ejecutivo. También las calles pusieron de su parte para hacerle saber a los padres de la patria que la paciencia se está agotando en todo el país.

Sin embargo, todo eso resultaría insuficiente. Los peruanos somos testigos de cómo el fujimorismo ha venido entorpeciendo el debate parlamentario y especialmente el tema de las reformas. Sería bueno, en todo caso, que la población se mantenga vigilante y dispuesta a salir nuevamente a las calles de ser necesario. Igualmente, el presidente Martín Vizcarra debería mantenerse firme, sin descartar la posibilidad de cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones, en caso que las circunstancias así lo aconsejen.

Ayer se ha dado un crucial primer paso, no obstante hay mucho pan por rebanar. Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará ante el Parlamento Nacional la cuestión de confianza para ejecutar las reformas planteadas por el Gobierno. No se sabe, sin embargo, en qué forma reaccionará la bancada fujimorista porque hasta la fecha no se han pronunciado por la aprobación o por el rechazo a las iniciativas del Ejecutivo.

Es más, el fujimorismo podría tener un as escondido bajo la manga. La congresista fujimorista Úrsula Letona ha declarado que la cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra. Del mismo temperamento es el parlamentario aprista y socio del fujimorismo, Mauricio Mulder. Pero esto aún está por verse, pues hay quienes opinan en sentido contrario. En todo caso, lo que va quedando claro es que el corolario de estas reformas será el referendo. La población está dispuesta a defender ese derecho en las calles. Los congresistas se deben a los ciudadanos y esa es la voz que deben escuchar. El presidente Vizcarra ya lo ha advertido, hará uso de todos los recursos que la ley le confiere para defender la democracia, inclusive el cierre del Congreso, si así fuese necesario.

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Editorial

¡Reformas, ya…!

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A menos de 24 horas de que el presidente Martín Vizcarra anunciara, en un mensaje al país, su decisión de presentar un pedido de cuestión de confianza debido a la dilación del debate de los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el oficialista Alberto Oliva, aprobó por mayoría el dictamen de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), iniciativa que deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. Igualmente, la Comisión de Constitución, también aprobó, por 14 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el dictamen sobre la reforma del CNM.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó ayer que “es factible” aprobar antes del 4 de octubre las reformas políticas y judiciales planteadas por el Gobierno de Martín Vizcarra. Todo esto cuando no han pasado ni 24 horas del anuncio del Jefe del Estado sobre la presentación del pedido de cuestión de confianza; es decir, que los parlamentarios de la mayoría fujimorista que se habían pasado 40 días –con sus 40 noches– dándole largas a las reformas, se pusieron de acuerdo, más rápido que inmediatamente, para dejar oleada y sacramentada la iniciativa del Ejecutivo.

Según el artículo 133 de la Constitución Política del Perú: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete”, dice la Constitución.

De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, si se censura o no niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el Presidente de la República tiene el derecho a disolver el Congreso. Y eso es lo que teme la bancada de Fuerza Popular, perder sus gollerías.

En todo caso, si el pedido de cuestión de confianza no ha servido para que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso, como lo pide a gritos la gente en las calles, sí ha sido útil para hacer retroceder en sus pretensiones a esa abyecta mayoría que no hacía otra cosa que obstruir la labor del Parlamento.

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