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Especial

Se vienen intervenciones en CNM y Caja Militar

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Henry Cotos Campeán

Tras el diálogo entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la hija del reo Keiko Fujimori, ambos anunciaron que en el marco de la lucha contra la corrupción una de las tareas pendientes es cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y mejorar el sistema de elección de sus miembros. Esta semana la ministra de Justicia, en medio del escándalo por las salidas de Julia Príncipe y Katherine Ampuero, reiteró la necesidad de reformar el CNM debido a su pésima gestión.

El CNM tiene como función exclusiva la titulación, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales de todos los niveles. Justamente, uno de los problemas neurálgicos en la administración de justicia es el nombramiento de jueces que no cumplen sus funciones a cabalidad y la impunidad que brindan a los magistrados (jueces y fiscales) que son denunciados por cometer irregularidades o abusos de autoridad contra los litigantes.

No solo se trata de abusos en casos de prisión preventiva sino de denuncias contra magistrados que con sus fallos han perjudicado a cientos de litigantes, pero cuando son acusados ante los órganos de control (Ocma, Odicma), las denuncias son archivadas y cuando el caso llega al CNM pasa lo mismo. Hay un manto de impunidad que protege a malos jueces y ficales.

El reciente desbaratamiento de varias mafias que han realizado el Ministerio del Interior y la Fiscalía ha puesto sobre el tapete la complicidad de malos magistrados con las mafias que operan en el país en diversas formas de delitos, que van desde los secuestros y robos, hasta el tráfico de terrenos y despojos, como los que suceden en la Caja Militar Policial.

La ministra Pérez Tello ha sido informada de los miles de casos flagrantes en los que los jueces han favorecido a las mafias que operan en la Caja Militar y está evaluando la forma de intervenir esa institución que maneja fondos del Estado y está inmersa en una serie de juicios que afectan su funcionamiento.

Presidente anunciaría medidas en su discurso del 28 de julio.

Presidente anunciaría medidas en su discurso del 28 de julio.

JORGE NIETO
Pero no solo se trata del CNM, llama la atención que el ministro de Defensa Jorge Nieto no se haya pronunciado aún sobre las mafias que operan en la Caja Militar Policial que está adscrito a su sector. La titular de Justicia y el ministro del Interior (Carlos Basombrío) han sido informados de lo que sucede en la Caja Militar, pero el ministro Jorge Nieto, al parecer, aún no se da por enterado.

Justamente, la cantidad de denuncias de despojos en la Caja Militar y la actuación cuestionable de malos jueces ha hecho que el gobierno haya puesto la puntería en el CNM, por lo que las horas de Guido del Águila en esa institución, y los consejeros que lo acompañan, estarían contadas.

LOS ESCÁNDALOS
Uno de los hechos que ha motivado la reacción del gobierno es que los sentenciados por haber desfalcado a la Caja Militar Policial desde la época de Vladimiro Montesinos no hayan pagado ni un sol por las reparaciones civiles y el CNM haya guardado silencio frente a las denuncias de irregularidades contra fiscales y jueces que vienen direccionando sus fallos a favor de la mafia que opera en esa institución.

La red operada por Vladimiro Montesinos se apropió de US$ 200 millones (S/. 660 millones) de la Caja de Pensiones Militar Policial, que en realidad pasó a convertirse en la caja chica del asesor de Fujimori y fue el botín de muchos de los directivos que después de Montesinos estuvieron al frente de esa institución.

En el desfalco a la Caja Militar Policial estuvieron involucrados, como principales testaferros de Montesinos, Juan Silvio Valencia Rosas, Juvenal Mendívil Dávila y Víctor Alberto Venero que adeudan en total S/. 865 millones en reparaciones civiles al Estado.

A ellos se suman el exgerente general de esta institución, César Enrique Victorio Olivares, y su exfuncionario Kenny Dante Valverde Mejía, con S/. 209 millones. Los actuales directivos Luis Bullón Salazar, Hernán Rodríguez García y José Boggiano Romano están procesados y el juez Arturo Zapata Carbajal del 29 juzgado penal de Lima ha pedido prisión para ellos.

Ni siquiera investigaron a jueza que utilizó firma que no es la suya en una resolución judicial.

Ni siquiera investigaron a jueza que utilizó firma que no es la suya en una resolución judicial.

ENCUBRIMIENTO
Otro caso fue el advertido por el diario UNO respecto a la denuncia formal contra la magistrada Russy Arizábal Calderón del 15 Juzgado Civil de Lima y la especialista de esa sala Emérita García Solórzano (expediente 40980-2009-0-1801- JR-CI-39), por haber emitido resoluciones a favor de las mafias de la Caja Militar con firmas que no son las suyas, según el registro de firmas del Reniec. Pese a las evidencias el órgano de control interno ni siquiera dispuso la investigación.

Para los órganos de control interno tampoco ha merecido ni siquiera una investigación que el titular de la quinta fiscalía penal, Fidel Castro, antes de una audiencia pública en el 29 juzgado penal se haya reunido en los pasillos del Poder Judicial con el abogado de la Caja Militar, Aldo García Calderón. Ambos fueron vistos (y hay fotografías al respecto) revisando el expediente de la denuncia contra los directivos de la Caja Militar, lo que es una práctica que no está permitida.

Por el caso de la Caja Militar, también está en la mira el Segundo Juzgado Civil de Lima, cuyos magistrados tienen especial apego con esa institución y no se quieren desligar de los procesos a las mafias que operan en la Caja y pese a las denuncias de los litigantes el CNM no ha tomado ninguna acción. Los litigantes exigen que las autoridades revisen los juicios del Segundo Juzgado Civil y los pronunciamientos de los vocales, pues consideran que algunos jueces supremos utilizan la magistratura para sus intereses y favorecen a los coludidos con la Caja Militar Policial.

CNM no dijo nada cuando vio a fiscal revisando expediente con litigante antes de juicio.

CNM no dijo nada cuando vio a fiscal revisando expediente con litigante antes de juicio.

PIDEN PRISIÓN
De la Caja Militar hay más casos, uno de ellos lo está viendo el juez Arturo Zapata Carbajal del 29 juzgado penal de Lima que ha pedido prisión contra los directivos de la Caja Militar Luis Bullón Salazar, Hernán Rodríguez García y José Boggiano Romano, por ser presuntos autores de los delitos contra el patrimonio, estafa en la modalidad de defraudación; contra la administración de justicia, fraude procesal y contra la fe pública, falsedad ideológica y se dispone tener como tercero civilmente responsable a la Caja de Pensiones Militar Policial y a la administradora de Comercio S.A.

En este caso hay una fuerte presión de la Caja Militar para evitar que los directivos sean sentenciados finalmente a prisión efectiva, tal como ha pasado con anteriores directivos de esa institución que actualmente purgan prisión por los mismos hechos.

Lo grave del asunto es que, frente a la actuación complaciente de algunos magistrados, los directivos de la Caja Militar han iniciado una contraofensiva y han denunciado a los propietarios a los que han despojado de su vivienda, arguyendo que las denuncias en su contra ante el Poder Judicial los afecta y les genera un perjuicio económico y en su imagen.

REFORMA NECESARIA
La abogada de IDL, Cruz Silva del Carpio, ha seguido de cerca el funcionamiento del CNM y cuestiona la elección de sus miembros, advirtiendo que los actuales directivos están tratando de pasar desapercibidos para evitar ser fiscalizados. Considera que dejar la elección de magistrados en manos de gente que no tiene la capacidad ni los méritos suficientes es un despropósito y por eso vemos la calidad de jueces y fiscales que inundan el sistema de justicia con fallos cuestionables.

Cruz Silva considera urgente una reforma (con recomposición incluida) en el CNM y que se preste especial atención a la elección de sus miembros. Advirtió que pronto va someterse a una nueva convocatoria para cuatro plazas de magistrados supremos y con los actuales miembros del CNM cualquier cosa puede pasar, es decir, pueden elegir a los menos idóneos o a los que respondan a intereses de algunos sectores.

El cambio se debe a que los magistrados cesan a los 70 años y toca al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocar para elegir a nuevos jueces titulares. “Lamentablemente, la forma como ha sido llevada a cabo la elección de magistrados supremos de parte de la actual composición del CNM no da garantías de un buen procedimiento ni de buenos resultados”, señaló.

ALGO MÁS
La recomposición del CNM y la intervención en la Caja Militar serían algunos de los anuncios del presidente PPK en su mensaje del 28 de julio, pues figuran entre las medidas que tomará el gobierno para enfrentar a la corrupción.

Actualidad

El poder de la fuerza y de la ley según Benito Laso

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Benito Laso

El 20 de mayo de 1780 nació en Arequipa José Benedicto Laso de la Vega y Quijano, quien posteriormente firmó solo como Benito Laso. Es reconocido como uno de los fundadores del pensamiento liberal en el Perú del siglo XIX. Abogado (1807) ocupó varios cargos en el gobierno colonial hasta que se unió a la causa patriota de los criollos y mestizos de las provincias del sur del Perú.

Lo cual, posteriormente, determinó que forme parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo (Diputado) y del Poder Ejecutivo (Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores -1838-; y de Instrucción y Negocios Eclesiásticos del Perú 1842 a 1843 ).

Colaboró con los medios escritos de Lima y Arequipa. En El Constituyente, entre los meses de mayo y julio de 1858, publicó su columna El Poder de la Fuerza y El Poder de La Ley, la cual –en conjunto- es un ensayo liberal sobre las relaciones de poder en el Perú de su época.

En sus textos, Laso sostiene que:

“La historia del hombre no es otra cosa que la pintura de la esclavitud de los más, y de la ambición de unos cuantos, y del estado perpetuo de guerra en que se ven los pueblos entre oprimidos y opresores. Largo, inmenso, sería el trabajo de recorrer la vida de las naciones de la tierra, y de su estudio no sacaríamos más que esta desconsolante sentencia: El mundo siempre ha sido víctima de la fuerza y del error”.

Lo que Laso quiere denunciar es la existencia de un discurso político e ideológico que ha instrumentalizado las ideas de libertad para, precisamente, imponer lo contrario.

En ese sentido, la religión jugó un rol muy importante en el mundo occidental, cuando fue tomada por los elementos del alto clero para elaborar un discurso que naturalizó las formas de explotación como parte de un “sufrimiento” que se debería aceptar para lograr un eterno bienestar más allá de este mundo.

Laso utiliza la idea que las religiones han aterrado la imaginación del ser humano para someterlo a las peores formas de dominación y explotación. Estos elementos sociales son los “conservadores”.

Sobre ellos, Laso escribió:

“Conservadores son los que no reconocen en las sociedades sino el principio de autoridad, es decir, que los pueblos no tienen derecho para pensar ni menos para arreglar y fijar la verdad de sus respectivos gobiernos. Son los que limitan el pensamiento a solo los mandones, no dejando ni permitiendo a los individuos asociados discurrir, reflexionar, y mucho menos censurar los actos y disposiciones de los que bien o mal se han colocado en el trono del gobierno. Los que tienen por máxima absoluta que los mandatarios son la cabeza del cuerpo político, a quienes únicamente pertenece discurrir, y el resto los miembros pasivos a quienes les incumbe sólo obedecer”.

Se puede percibir que Benito Laso es un liberal radical que se opone a toda idea o acto político que limite la capacidad de libertad política que debe tener la sociedad para elegir sus destinos.

Considera que los “conservadores” son los mayores enemigos que tiene una sociedad que busca autodeterminarse, ya que son los “conservadores” los que prefieren un gobierno absolutista donde la razón siempre la tengan quienes gobiernan o controlan el gobierno, reprimiendo los deseos de las grandes mayorías.

Por ello, Laso es mucho más firme cuando indica que:

“El empleo de la fuerza armada, la ignorancia general en el pueblo, y la desmoralización en la gente de proporciones; he aquí los tres medios que son la base firme sobre la que se levanta el gobierno despótico; y esto es lo que se hallan poniendo en planta los tiranos de nuestra época. La fuerza sirve para infundir temor; la ignorancia del pueblo para que desconozca los derechos que le dio la naturaleza, y que debe proteger la sociedad; y la inmoralidad para que aun los hombres que saben algo o mucho de sus derechos, los abandonen al imperio de la fuerza, y solo se contraigan a la satisfacción de sus pasiones según el espíritu que reina en el siglo que viven”.

Resulta interesante reconocer que Laso denunció la existencia de tres elementos que utilizan quienes tratan de imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías sociales no comparten. Estos elementos son: la violencia, la ignorancia y la corrupción. La violencia para reprimir; la ignorancia para controlar y la corrupción para generar aliados en el poder.

Las palabras de Benito Laso son vigentes en el Perú, país donde las noticias políticas siempre están relacionadas a represión de las manifestaciones populares; la farandulización de los Poderes del Estado y la existencia de corrupción en niveles insospechados.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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Especial

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros?

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Julian Assange

El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que todavía insisten en hacer periodismo de investigación.

Todos temblaron el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud de extradición.

Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el periodismo de investigación no es posible.

Si los periodistas son quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia, quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que los gobiernos democráticos están obligados.

¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran?

De ahí la necesidad de conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto, el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad de la lucha contra la transparencia.

Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en 2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange?

¿Por qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de Assange durante seis años y 10 meses”, en palabras del presidente Lenín Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho internacional de asilo?

¿Será porque, según The New York Times, el nuevo préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4000 millones de dólares habría sido aprobado por EE.UU. a condición de que Ecuador entregara a Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde supuestamente se depositaron comisiones ilegales?

En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico, ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio.

En el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades geopolíticas.

La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el Partido Demócrata de EE.UU. para que Hillary Clinton, y no Bernie Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando.

Se puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, en general, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca atención de los medios dominantes.

La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías no democráticas.

El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho interno de los varios países involucrados.

Empero, nadie ignora el hecho de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de Estados Unidos.

Luiz Inazio Lula Da Silva

Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sergio Moro, acusador, juez en causa propia, ministro de Justicia del Gobierno que conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT.

Lula fue procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado en juzgado.

De aquí a cincuenta años, si todavía hubiera democracia, este caso será estudiado como ejemplo del modo en que la democracia puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es también el caso que mejor ilustra la falta de transparencia en la selectividad de la lucha por la transparencia.

No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los desórdenes financieros en los que habría estado involucrado.

Lo importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con China.

Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la Operación Lava Jato resultaran de una íntima colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense.

Pero quizás sea sorprendente la rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra del hechicero. WikiLeaks reveló que Sergio Moro fue uno de los magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes, así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas.

Fue esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los derechos humanos supuestamente universales.

El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar con una lógica de estado de excepción, a pesar de ser ejercida en una supuesta normalidad democrática y constitucional.

Moro fue así escogido para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un obstáculo para que la misión sea cumplida.

 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
Página|12 – Traducción: ANTONI AGUILÓ y JOSÉ LUIS EXENI RODRÍGUEZ.

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Actualidad

El calvario de los hinchas en los estadios

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HInchas de Universitario revisados por la Policía

Imagine que usted va con su familia a un espectáculo cualquiera y, al ingresar, descubre que existe una larga lista de accesorios y objetos que están prohibidos de ingresar. Para empezar, le piden que se quite la correa, los aretes si es mujer, el gorro si es que lo usa y los lentes para el sol.

También le quitan cigarrillos y encendedores, en caso sea un fumador, y si lleva una vestimenta con capucha, deberá buscar dónde dejar la prenda para poder ingresar a ver el espectáculo por el cual pagó.

Lo anterior es el resumen de una experiencia habitual en los estadios de fútbol limeños, donde se ha perdido el respeto más elemental que se debe tener por quien sostiene toda la actividad comercial: el hincha cliente.

Facebook Twitter de Club Universitario de Deportes

Ayer, en la previa del encuentro entre Universitario y Sport Boys por el torneo local, los hinchas que acudieron al Estadio Monumental se dieron con la sorpresa de que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacados en el lugar, habían dispuesto el decomiso de gorros y lentes de sol a pesar de que la administración del club había informado en sus redes sociales que dichos accesorios sí estaban permitidos.

Así lo informó el medio partidario La Tribu en su cuenta de Twitter, donde además publicó una fotografía de efectivos policiales junto a un balde adonde iban a parar los objetos decomisados. Dicha denuncia generó la indignación tanto de hinchas como de algunos periodistas que cuestionaron el hecho.

Policía en caballo controlan a hinchas de Universitario

Aunque finalmente la irregular situación se pudo resolver, el decomiso indebido existió, y sirve como recordatorio de la ingrata experiencia de acudir a un estadio de fútbol en el Perú, específicamente cuando en un afán de prevenir la violencia, los responsables de cuidar el orden público terminan quebrantándolo y excediéndose en sus funciones.

A los decomisos mencionados se suman las revisiones corporales habitualmente vejatorias -tocamientos de genitales, órdenes de descalzarse y de mostrar todo el contenido de las billeteras- y el riesgo permanente de ser víctima de maltrato verbal cuando no de una represión desmedida,

Tal cual sucedió a inicios de año cuando un policía pisó y rompió una tarola en los exteriores del Monumental, o en meses anteriores cuando efectivos policiales agredieron a mujeres hinchas de Sport Boys y de Alianza Lima. Los casos de violencia contra los espectadores son reiterativos y configuran un escenario que merece una debida atención por parte de las autoridades.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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