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Economía

Se pone camiseta de petroleras

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Se pone camiseta de petroleras

En su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, aseguró que su gabinete busca fortalecer las sanciones a aquellos funcionarios que incumplan plazos en trámites ambientales, ya que se considera como parte del problema que limita el avance de los permisos en los proyectos de inversión.

Aseguró que esta medida permitirá la eficiencia del monitoreo.

“Se apunta a la reducción de tiempos para trámites ambientales, mediante el uso compartido y gratuito de la Línea de Base Ambiental para proyectos de inversión. Es decir, si todas las localidades usan la misma información de una línea base de proyecto, se generaría un ahorro de hasta un año, agregó. “Tal medida llegará gradualmente”, acotó.

Como parte de las medidas propuestas para promoción de las inversiones para el crecimiento económico, el titular del MEF recordó que se busca evitar los trámites ambientales de forma secuencial, ya que deberían darse de forma paralela.

“Este proceso involucra doce de los principales permisos requeridos para licencias ambientales como uso de agua, permisos de bosques, licencias de vertimientos, que son los más críticos e importantes. Todo esto se integraría en una ventanilla única en el Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles)”, agregó.

FLEXIBILIZACIÓN
En julio del año pasado, el Congreso aprobó una medida que facilitaba un crédito tributario para la capacitación de empleados en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el sector manufacturero. Al respecto, Segura, indicó que se flexibilizarán los requisitos para aplicar a dicha capacitación.

Como se sabe, este beneficio consistía en que lo que gasten las pymes en capacitar a sus trabajadores serviría como pago del Impuesto a la Renta (IR), con el límite del 1% del monto anual de su planilla.

Sin embargo, Segura declaró que se busca incrementar dicho monto de 1% a 3%. Asimismo, se fortalecerá la flexibilización de los requisitos para aplicar a dicho crédito, ya que antes había requisitos de perfiles laborales para acceder a dicho beneficio.

“Estos requisitos hacían engorroso el procedimiento, por lo que se están simplificando. Ahora las capacitaciones deberán ser prestadas por entidades educativas superiores elegibles”, acotó.

ADEMÁS
El ministro Alonso Segura se presentó ante la Comisión de Economía para explicar un nuevo conjunto de medidas para reactivar la economía, esta vez vinculados a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en zonas altoandinas.

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Economía

Tía María: Agricultores exigen garantías medioambientales

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Minería minas camión

La ejecución del proyecto minero Tía María no garantiza la protección y el cuidado ambiental que requiere el Valle de Tambo, zona que hoy se dedica a la agricultura. Estos son algunos de los principales argumentos por los que los agricultores del Valle de Tambo se oponen a los planes de inversión de la empresa minera Southern Perú.

Esta fue una de las conclusiones a las que arribó el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) en el marco de la presentación del informe del Primer Semestre sobre Conflictividad Minera.

SULFUROS

La directora de CooperAcción, Ana Leyva, advirtió que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado en agosto del 2014, plantea serias dudas. “La Tapada y Tía María son dos yacimientos que contienen sulfuros.

Los proyectos mineros demandan detonaciones y en ello el tema de los vientos es central. Los puntos de monitoreo para el desplazamiento de estos contaminantes en el aire no están establecidos en zonas clave, tal como lo señaló la evaluación de la UNOPS. Hay falta de información”, advirtió.

Del mismo modo, Leyva afirmó que existen dudas sobre el tema del agua. “En esta zona el agua subterránea es importante porque permite que no se seque el río. Si se afecta esas aguas subterráneas, se afecta el agua de la cuenca y los canales del Valle. ¿Hay conexión? Ese debate debió aclararse. En 2014 contratamos a un hidrogeólogo portugués quien dijo que el EIA genera un alto nivel de incertidumbre por falta de información”, señaló.

Según advirtió el subdirector de CooperAcción, José de Echave. “La tierra agrícola en las zonas costeras es un bien escaso. Ahí se abre una discusión en términos de políticas públicas. Plantea la interrogante sobre dónde le conviene al país que haya minería y dónde no”, aseveró. Necesitamos ordenar el territorio y sus usos.

Por otro lado, advirtió que en Islay existen hoy otras 10 empresas mineras que tienen concesiones mineras en la zona. Ricardo Quispe, dirigente del Valle de Tambo, quien estuvo en Lima y participó de la presentación del informe de conflictividad minera, señaló que: “En Punta del Bombón, Islay, hay una empresa minera que se llama Mariella y extrae hierro. No está cerca al lago ni al río y hemos verificado que no va a impactar en el medio ambiente. Entonces se le permitió entrar. Es por ello que no nos pueden decir que somos antimineros. Dicen que somos 120 personas; pero las manifestaciones demuestran que somos cerca de 8 mil personas. Nos dicen diálogo, pero con una licencia de construcción aprobada y con contingente policial en camino a Arequipa”, afirmó.

En la misma línea se pronunció Miguel Meza, vocero de las organizaciones sociales del Valle, quien reiteró el rechazo al proyecto minero. “En el 2009 hicimos una consulta vecinal y los resultados fueron claros. El 97% está en desacuerdo con el proyecto. Se invitó a Southern a participar del proyecto y no quisieron. El Valle de Tambo es productivo y muy rico. No nos oponemos al desarrollo”, señaló.

José de Echave

SIN CAMBIOS SUSTANTIVOS

“Si hacemos un rápido recuento de los proyectos mineros, ninguno proyecto importante ha visto su EIA desaprobado. Todos son aprobados con observaciones, señaló José de Echave. En tanto, Ana Leyva recordó que sobre el primer EIA existieron 138 observaciones hechas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). “El 78% de esas observaciones mostraban que el EIA del proyecto era de muy mala calidad. El tema hidrogeológico era una de las mayores debilidades del EIA”, agregó.

Leyva también recordó que en el EIA actual del proyecto minero se considera una planta desalinizadora. “En el EIA debía estar el estudio de ingeniería de factibilidad de esa planta y no lo tiene”, dijo.

AMENAZADOS

David Velasco, abogado de la entidad Fedepaz, advirtió que el dirigente Miguel Meza y otros dirigentes han sido denunciados. “El Estado en lugar de atender las demandas legítimas de la población que se ven afectadas por las comunidades, reprime a quienes al no sentirse atendidos por el Estado protestan.

La represión fáctica y las campañas de destrucción de honras están ocurriendo en Tía María”, dijo. También precisó que las instituciones integrantes del Observatorio NO defienden a ningún dirigente acusado de corrupción y están en contra de la violencia.

Mirtha Vásquez, directora de Grufides señaló que: “escenarios como los que ocurren en Tía María evidencian que no hay una respuesta del Estado para la gestión y el manejo de estos conflictos. Se están dando sin atenderse las demandas. Ponemos casos como los de Cajamarca donde en 13 provincias hay conflictos por actividades mineras. Además, Cajamarca lidera la producción de oro en el país y al mismo tiempo es la región más pobre. Son cosas sobre las que debemos reflexionar”, aseveró.

Finalmente, los integrantes del Observatorio señalaron que los conflictos son un claro indicador de que algo no está funcionando bien. Hay políticas públicas que se han agotado y otras que están haciendo falta. El país necesita fortalecer sus instituciones y apostar por los mejores estándares ambientales y sociales y una clara estrategia de prevención de conflictos.

ALGO MÁS

Los agricultores de la zona mantienen su paro en rechazo al proyecto minero Tía María, en la región Arequipa, pues afirman que ellos no fueron consultados.

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Economía

Crecimiento de 5.6% mostraría sector construcción en este año

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Construcción civil

El sector construcción alcanzará un crecimiento del 5.6% este año, acorde con las proyecciones realizadas por el Banco Central de Reserva (BCR), estimó el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia. .

Sostuvo que pese a algunos resultados negativos reflejados en el sector, aún hay confianza en una recuperación, aunque las cifras son más moderadas.

“Para el tercer y cuarto bimestre, las expectativas son inferiores a las previstas inicialmente en mayo. En ambos casos, las proyecciones apuntan a un incremento de 4.7%, pero es importante precisar que aún hay una expectativa de crecimiento“, manifestó.

Para el director ejecutivo de Capeco, las dificultades que atraviesa el sector construcción no solo son de carácter coyuntural, sino que además tienen un componente estructural.

“Uno de los principales factores que afectaron el crecimiento del sector es la menor ejecución de las obras públicas. Ello debido a que el modelo de gestión de infraestructura por parte del Estado no permite una ejecución adecuada de los presupuestos”, comentó Valdivia.

Detalló que los menores niveles de ejecución presupuestal se dan en los gobiernos regionales y locales, los cuales concentran más del 65% de los recursos del Estado.

“Se requiere incrementar la eficiencia en la ejecución, la calidad y durabilidad de la infraestructura y edificaciones y la integridad y competencia en las contrataciones estatales”, aseveró.

Para ello, el ejecutivo recomendó la elaboración de un plan nacional de infraestructura que establezca los lineamientos nacionales de desarrollo territorial.

“Este plan debe identificar y priorizar las necesidades de la población y definir los mecanismos para gestionar las infraestructuras”, manifestó.

MIVIVIENDA EN ALZA

De otro lado, Valdivia estimó que este año se registraría un total de 13,461 préstamos hipotecarios correspondientes al Fondo Mivivienda, lo que significaría un incremento de 47% en relación a lo otorgado el año pasado, previó hoy el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia.

“En mayo último, Mivivienda ha conseguido el mejor segundo resultado de los últimos tres años, con 1,086 colocaciones, con lo que se llegaría a un récord de 13,461 créditos colocados, superando los 10,471 créditos otorgados el año pasado”, comentó.

El ejecutivo detalló que esta evolución se debe al otorgamiento del denominado bono Verde, el cual comprende el 40% de los créditos Mivivienda otorgados a mayo de este año.

“El Bono Verde ha sido una gran decisión por parte del Gobierno, pues ha permitido que muchas familias puedan acceder a la casa propia en mejores condiciones, con menores intereses y preservando el medio ambiente”, refirió Valdivia.

El director ejecutivo de Capeco aseveró que, en mayo de este año el 32.2% del total de los créditos hipotecarios otorgados en el Perú le corresponde a Mivivienda.

“Además, casi el 60% de las colocaciones se han dado en Lima. Ello debido a que en provincias el nivel de penetración de proyectos con el Bono Verde es menor. Aproximadamente, el 80% de los créditos con Bono Verde se han dado en Lima, lo que nos da una idea del potencial que se puede desarrollar en provincias con la aplicación de este subsidio”, manifestó.

Asimismo, el director ejecutivo de Capeco comentó que los desembolsos del Bono Familiar Habitacional (BFH) crecerían 29% este año, llegando a 32,906 bonos otorgados.

“Se trata de un crecimiento importante. En el período comprendido entre enero y abril de este año, el incremento de desembolsos fue de 112% en relación a igual período del año anterior”, manifestó.

Finalmente, Valdivia sostuvo que el precio de las viviendas subió más de lo esperado. Así, el 87% de los promotores inmobiliarios sostuvo que se presentó un incremento en los precios de las viviendas de 3.38% en el período comprendido entre diciembre del 2018 y junio del 2019.

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Economía

Pasto Grande impulsará agricultura peruana

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Represa hidroeléctrica

Las futuras centrales hidroeléctricas Moquegua I y III, producirán un impulso significativo para el desarrollo de la agricultura en la zona sur del país, destacó la viceministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Patricia Elliot.

Dijo que dichos proyectos, que forman parte del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, además mejorarán el suministro de agua para la población y contribuir a la generación de energías limpias.

Durante su participación en la suscripción del contrato para el desarrollo de este importante proyecto que demandará una inversión de 130 millones de dólares, la funcionaria del Minem estimó que ambas centrales generarán aportes anuales por aproximadamente nueve millones.

Ello a través de la recaudación del impuesto a la renta y el canon hidroenergético tras el inicio de sus operaciones.

En el evento, encabezado por el presidente Martín Vizcarra y realizado en la Universidad Nacional de Moquegua, Elliot Blas enfatizó que la inversión en el proyecto dinamizará la economía regional, generará cientos de empleos y oportunidades para las empresas de construcción, transportes y servicios de Moquegua.

“Cuando estas dos centrales hidroeléctricas entren en operación, se van a generar impuestos y canon hidroenergético, recursos que deberán ser utilizados por las autoridades regionales y locales para el desarrollo de obras de infraestructura orientadas al cierre de brechas de servicios básicos en la región”, afirmó.

Elliot, indicó que la construcción de las dos centrales “sumará 34 megawatts de potencia adicional al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Con ello se contribuyen de manera importante a garantizar la seguridad energética, sobre todo en la zona sur, donde se desarrollan grandes proyectos productivos, apuntó.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas vamos a acompañar este proyecto, para que se haga realidad dentro de los 30 meses que se tienen programados para su ejecución”, afirmó.

El proyecto será ejecutado por la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur), a través del Consorcio Moquegua, conformado por Sacyr Construcción Sucursal del Perú, Sacyr Industrial y GCZ Ingenieros.

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