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Entrevista

Salaverry debe renunciar y no lavarse las manos

Publicado

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Humberto Morales - Daniel Enrique Salaverry Villa

—¿Qué lectura tiene sobre el poco respaldo que tuvo el fujimorismo en las últimas elecciones municipales y regionales?

—La población está entendiendo que hay un partido que está destruyendo al país, al Congreso, a la política y a todos los espacios democráticos que pueda haber. No obstante, esto no significa que Fuerza Popular no siga teniendo representación a nivel nacional.

—¿Cree que Fuerza Popular volverá a tener mayoría en el próximo Parlamento?

—No volverá a ser mayoría, por el contrario, creo que será bastante reducida su participación en el próximo Parlamento. Ellos son conscientes de eso, por ende, al no tener nada que perder, están tratando de blindarse en todos los espacios posibles y hacer todo lo que puedan para minimizar los daños. Esta es la única manera de entender el descarado blindaje que han realizado al fiscal Pedro Chávarry y a Becerril.

—¿Cuál es la relación entre Chávarry y el fujimorismo? ¿Por qué es tan importante para Fuerza Popular?

—Tienen una vinculación de dependencia entre Chávarry, el fujimorismo y su socio el aprismo. Esto en el marco de la investigación que se realiza por organización criminal. Como se ha visto, no han querido hacer una acusación constitucional a Chávarry y Becerril, lo que evidencia la alianza. Con la presión de la ciudadanía se logró culpar a Hinostroza de organización criminal, sin embargo, se salvó a los exmagistrados. Todo es una estrategia.

Ahora, Chávarry juega un papel importante. Por ejemplo, en el caso de la azucarera Tumán de Oviedo, hay investigaciones de la Fiscalía que revelan la relación de Oviedo con Velásquez Quesquén. Y hemos visto cómo Quesquén defendió cerradamente a Chávarry en la Comisión Permanente. Ahora se tapan de todo.

—El Frente Amplio tiene un informe en minoría relacionado al caso Lava Jato…

—Tenemos un informe que toca los temas que no quisieron tocar en el informe en mayoría. Tocamos precisamente las acusaciones a la señora Keiko Fujimori y a Alan García, pues hay suficiente información acusatoria. A lo que se sumaría la información recabada recientemente por el Ministerio Público. Toda esa información vamos a presentarla si es que nos dejan.

—Justamente, muchos parlamentarios que no forman parte de Fuerza Popular se han quejado constantemente que los fujimoristas no les dejan opinar en las diferentes comisiones…

—Estamos viendo el autoritarismo innato en el fujimorismo. Se ha llegado casi a una situación de oprobio intelectual porque las acciones políticas de personas como Úrsula Letona, entre otros, no permiten discutir ideas porque constantemente atacan a las personas que opinan diferente a ellos. La intención de estos ataques es distorsionar el mensaje.

—¿Qué pretende el fujimorismo con sus ataques al fiscal Domingo Pérez?

—Claramente es una interferencia política. Están buscando intimidarlo, pero espero que el fiscal Pérez pueda afrontar con valentía lo que se le viene. Están buscando amedrentarlo por su accionar frente a la investigación a Keiko Fujimori y sus allegados. Se le ataca en base a frases sacadas de contexto. Nosotros seguiremos denunciando que Fuerza Popular y el Apra buscan cubrir a sus líderes.

—Al allanar una vivienda relacionada a la secretaria de Keiko Fujimori se encontró un expediente sobre el presidente Vizcarra, ¿qué significa?

—Se encontró información relacionada a los procesos legales que tendría Vizcarra cuando fue presidente regional. Que el fujimorismo tenga esa información significa que le quieren cobrar una deuda al Gobierno, esas son algunas de las herramientas del fujimorismo para confrontarlo al Ejecutivo.

—¿Quiénes facilitaron la fuga del presunto líder de “Los Cuellos Blancos del Puerto”?

—Primero definamos responsabilidades. El señor (Daniel) Salaverry debe renunciar a la presidencia del Congreso, no es suficiente con destituir a los funcionarios supuestamente responsables de no enviar el expediente al Ministerio Público. Salaverry debe aceptar su responsabilidad y no lavarse las manos.

—¿Qué se puede esperar considerando que en manos del fiscal Pedro Chávarry estaría el futuro de su amigo Hinostroza y los demás exmagistrados del CNM?

—Estamos peleando para que el señor Chávarry dé un paso al costado. Hemos presentado un proyecto para que se declare en emergencia el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, esto no se debatió.

Es necesario realizar cambios sin embargo, la bancada fujimorista y el Apra han atornillado al fiscal Pedro Chávarry al puesto. Para terminar con este blindaje es necesario que las “calles hablen”.

—¿Era evidente que Hinostroza Pariachi se iba a fugar?

—La fuga de César Hinostroza era de esperarse. Desde el Frente Amplio lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, en relación a que forma parte de una organización criminal; sin embargo, muchos lo han defendido, han dado motivaciones legales, hasta constitucionales para que no sea acusado.

Desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente hemos venido luchando contra el blindaje que hicieron Fuerza Popular y el Apra. En el Pleno, ante la insistencia de la población se le acusó como miembro de una organización criminal. En ese sentido, es curioso el doble discurso del aprofujimorismo que luego que Hinostroza se fugó ahora sí dicen que pertenece a una organización criminal.

 

WILDER MAYO

Entrevista

El neoliberalismo en el Perú es el más ortodoxo del mundo

Publicado

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Manuel Benza Pflücker

El sociólogo Benza Pflücker plantea combatir el régimen económico que se enmarca en la actual Constitución.

En el año 1990 no se inicia la era fujimorista sino la del modelo económico neoliberal, Manuel Benza Pflücker acaba de publicar el libro “25 años de neoliberalismo en el Perú. Análisis de la Constitución Política de 1993”. Diario UNO entrevistó al sociólogo, catedrático y experto en planificación, quien nos explica el porqué se hace imperiosa la necesidad de desterrar tan cuestionado modelo económico en las páginas de la actual carta magna.

Manuel Benza Pflücker acaba de publicar el libro “25 años de neoliberalismo en el Perú. Análisis de la Constitución Política de 1993”

—Muchos críticos sostienen que la Constitución de 1993 atenta contra los intereses de las mayorías y promueve el modelo económico neoliberal. ¿Es así?

—Las dos cosas; al ser una defensa férrea y ortodoxa del neoliberalismo económico, atenta contra los intereses de la mayoría porque antepone los intereses del capital. En la Constitución de 1979, con todas sus limitaciones, buscaba garantizar los derechos ciudadanos; en la de 1993 han sido eliminados 71 derechos del ciudadano para otorgaral capital más derechos. No existen derechos del ciudadano sino derechos del capital.

—¿Cuáles son los antecedentes del modelo?

—Este pensamiento surgió de pensadores alemanes, austriacos y uno de Estados Unidos en 1947 cuando dichos señores fundaron la Mont Pelerin Society y el anuario ORDO.

Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke, Karl Popper, Milton Friedman, son algunos de los principales fundadores de estas instituciones y formuladores de una “doctrina económica” que hoy está vigente en el Perú desde la Constitución Política de 1993.

—A usted se le conoce por plantear el combate al régimen económico que se plantea en la Constitución

—Así es; es que no se puede continuar con la política del libre mercado a ultranza porque es deber del Estado promover y gerenciar la economía para dar bienestar a todos los peruanos.

—¿La actual Constitución peruana garantiza los servicios elementales para vivir?

—No; la Constitución fue aprobada formalmente por Fujimori y por las otras fuerzas de ultraderecha que sumaban 70 de los 80 constituyentes; ellos debatieron solo seis meses y medio; eso fue un fraude. Cambios tan sustantivos como pasar de la Constitución de 1979 a la de 1993 no podían darse en tan poco tiempo pero todo ya estaba dictado por los grupos de poder del gran capital.

Ellos dieron recomendaciones de política económica y pusieron en sus páginas el espíritu del neoliberalismo. En resumen: el más grande enemigo de los pueblos es el neoliberalismo, también denominado como Economía de Mercado o Economía Social de Mercado.

—Los gurús del neoliberalismo siempre nos ponían como ejemplo la experiencia chilena.

—Bueno, pero en Chile el Estado controla las empresas estratégicas. La industria del cobre con CODELCO es estatal. En Chile hay planificación y esa es una forma de intervención estatal. En el Perú eso no existe precisamente porque el neoliberalismo es el más ortodoxo del mundo. Acá no hay planificación estatal ni a nivel local, regional o nacional.

—¿Los servicios básicos deben permanecer bajo la responsabilidad del Estado?

—Sucede que los artículos 11° y 13° de la Constitución han conducido y conducen a la privatización y el encarecimiento de los servicios esenciales; se le está quitando derechos al pueblo. Además es imprescindible el cambio del régimen social establecido en el artículo 13 de la Carta Magna. Ese cambio es necesario para brindar buena salud y educación al pueblo porque de lo contrario se produce la privatización de la educación en perjuicio de los jóvenes.

El artículo 13 nos dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “La libertad de enseñanza”.

El artículo 13 nos dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “La libertad de enseñanza”.

—¿En el caso de la educación?

—En el artículo 13 no dice que el Estado garantiza la educación. En este caso el fraseo dice: “la libertad de enseñanza”. Esto, poco a poco se va convirtiendo en algo natural para los peruanos y se inicia la búsqueda de una educación privada.

—¿Qué otros servicios deben ser desafectos de la privatización?

—La energía. Debemos recuperar la soberanía energética como el gas y el petróleo y cambiar la matriz eléctrica con el uso de gas.

—Los críticos del capitalismo insisten en que el retiro absoluto del Estado de los procesos económicos impide apoyar la producción del agro y la industria; se trata de actividades que generan empleo formal y de calidad.

—Lo que sucede es que con el criterio de que cautelar un derecho ciudadano cuesta, el Estado se retira y deja en el desamparo al ciudadano. En lo económico, el retiro del Estado implica que no haya la posibilidad de que se pueda construir industrias fundamentales o participar en ellas.

—Supongo que la derecha lo ha acusado de estatista.

—Así es, pero no soy estatista; sin embargo, creo que en servicios elementales, el Estado debe controlar por lo menos un 51% de acciones de las empresas básicas y con eso controlar el precio del producto; hoy día no es así y finalmente son los grandes capitales los que van fijando los precios de bienes y servicios fundamentales. No hay manera de cautelar los intereses de la ciudadanía, por eso es importante que el Estado deba cautelar.

—¿Qué otro motivo clave podría sostener para justificar una nueva Constitución?

—Hay muchos pero vea, el artículo 62, en su segundo párrafo, dice algo espantoso: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Lo que pasó es que durante la época de Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK se han firmado contratos con empresas privadas a espaldas de la población.

En estos contratos se permite que las empresas puedan explotar petróleo y gas contaminando y pagando muy pocos impuestos; hay minas que casi no pagan impuestos. Si quisiéramos ser gobierno y quisiéramos aumentar los impuestos porque falta dinero para mejorar las escuelas, sueldos de los profesores, médicos, mejorar hospitales y carreteras, esos contratos no podrán ser modificados mientras sea válida la Constitución de 1993.

—Usted es demócrata cristiano y de izquierda y hace un tiempo hizo una crítica a la ideología del Partido Popular Cristiano (PPC)

—No se puede ser socialcristiano y neoliberal, al mismo tiempo, como pretende el PPC. En el 2013 el papa Francisco, que hoy refuerza el pensamiento social-cristiano, humanista y revolucionario, señala, en cambio: “Los jóvenes están desempleados, muchas veces, por causa de una concepción economicista de la sociedad, que busca beneficio egoísta, al margen de los parámetros de la justicia social”. Esto está muy claro.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Las Fuerzas Armadas quieren que el juicio por caso Manta y Vilca sea privado

Publicado

en

Juan José Quispe

Abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal afirma que las propias víctimas de violaciones sexuales en este proceso quieren que el juicio sea público.

El pasado miércoles, la Sala Penal Nacional inició el juicio oral contra 14 militares, por el presunto delito de violación sexual a nueve campesinas de las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), durante los años del conflicto armado interno; luego que el juicio se suspendiera en setiembre de 2018 por abstención de los jueces. Uno de los abogados de la parte agraviada es Juan José Quispe, precisamente, Diario UNO entrevistó al jurista del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien nos da un panorama más extenso de lo que significa para el Perú este caso de violación a los derechos humanos.

—¿Por qué es tan emblemático el caso Manta y Vilca?

—Es muy emblemático para la justicia nacional por referirse a la violación a los derechos humanos; fue investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2002 y es uno de los 47 casos judicializados por la CVR, quien pidió que la Fiscalía investigue las violaciones sexuales cometidas en las bases militares de Manta y Vilca.

—¿Cuántos casos de violación ha registrado la CVR en Huancavelica?

Lo impresionante es que la CVR había identificado 538 personas violentadas sexualmente en Huancavelica, durante el conflicto armado interno.

—¿Y en el caso Manta y Vilca, cuántas víctimas habían?

Este caso es de violaciones sistemáticas a menores de edad, quechuahablantes, de provincias alejadas de Huancavelica; ahí había un absoluto control de las bases militares por parte del Ejército, hacia la población civil. Recordemos que la base de Manta se instaló en marzo de 1984 y a partir de ahí empezaron las violaciones, pero este juicio oral se trata de las violaciones de nueve pobladores, ocurridos entre 1984 y 1995.

—¿Resultaba difícil la comunicación con los quechuahablantes?

Sí, pero uno de los acuerdos que dispuso la sala fue solicitar dos intérpretes especializados en el quechua de Huancavelica, además de pedir al Ministerio de la Mujer que brinde acompañamiento psicológico para las nueve mujeres.

—¿Qué irregularidades encontraron en el juicio?

En el caso Manta y Vilca la primera audiencia judicial se realizó a partir del 8 de julio del 2016 y terminó quebrado, volviendo a foja cero por resolución de la Sala Penal Nacional en el mes de setiembre del año pasado.

En ese tiempo, el tribunal cometió vulneración al derecho, revictimización a las agraviadas y determinaron que el juicio tenía que ser privado. No se dejó interrogar a los testigos sobre el contexto como se realizaron los hechos. Los abogados de los militares se opusieron al pedido de asistencia psicológica, por el supuesto riesgo a que “hagan señas durante las sesiones”, y puedan alterar las declaraciones de las víctimas.

La defensa legal de los acusados también rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica, debido a que podrían tener vínculos con las denunciantes del caso Manta y Vilca.

La defensa legal de los acusados rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica.

La defensa legal de los acusados rechazó la necesidad de traductores originarios de Huancavelica.

—También denunciaron un hecho vejatorio en la audiencia realizada en Huancayo, el 2017…

Así es; El tribunal en la audiencia realizada en la ciudad de Huancayo el día 27 de abril de 2017, resolvió que los acusados estén presentes en la sala de audiencias cuando las víctimas rindan su declaración. Lo que es peor, ante la protesta de la Fiscalía y la Parte Civil, el tribunal estableció que en todo caso “se resolverá luego de preguntar a cada una de las víctimas si desean que estén presentes o no”.

—¿Y el papel del Estado?

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica, su seguridad y su intimidad; más aún si, anteriormente había dispuesto la posibilidad de realizar confrontaciones de víctimas con agresores.

—¿Y cómo reaccionaron ustedes como abogados de los agraviados?

Todo esto motivó que nosotros recusáramos al tribunal a partir de que la presidenta de la corte, Emperatriz Pérez Castillo, salió en los audios de julio del 2018, vinculada al juez Walter Ríos y a la banda de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Esto motivó que la magistrada se apartara del caso. Previamente la corte suprema ya había resuelto que todos los magistrados tenían que salir del caso porque habían vulnerado el derecho de las partes.

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica.

El Estado ha incumplido el deber de preservar la revictimización de las agraviadas, y de riesgos o afectaciones para su salud psíquica.

—¿Y en el juicio oral participaron los acusados?

Hay un tema muy fuerte en el caso de las personas de Manta y Vilca; ellos esperan alcanzar justicia. Son 14 militares los acusados y en la audiencia pasada solo llegaron cinco. Lo que a mí me sorprende mucho es que la Fiscalía no haya participado con nosotros porque en el fondo saben que los derechos de las víctimas también pueden ser escuchados en un juicio oral.

—¿El punto a definirse la próxima sesión del miércoles 27 de este mes, es si el juicio será público o privado?

Exactamente; la abogada de DEMUS, Cynthia Silva, y mi persona, pedimos ante la sala que las audiencias sean públicas. Sin embargo, luego de expresarse a favor del juicio público, la fiscal María Eugenia Carrasco cambió de opinión y pidió que el juicio sea privado. Carrasco explicó ante los jueces que era “para no revictimizar a las agraviadas”.

—¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas?

Ellos quieren que sea privado, a pesar que la norma no lo faculta. Ellos dicen que quieren privacidad porque también se ven involucrados sus nombres.

—¿Las víctimas qué piden?

Las mismas víctimas habían renunciado su derecho a la privacidad. Ahora quieren que todos sepan quiénes son los que han abusado y han cometido los delitos. Son 35 años buscando justicia; no debe volver a pasar estos hechos.

—¿Las víctimas han pedido alguna reparación civil?

No. Nuestras patrocinadas no quieren reparación civil; lo que ellas quieren es que se haga justicia contra esas personas que abusaron sexualmente hace más de 35 años y que habiendo nacido hijos, estos individuos ni siquiera tienen la obligación moral de poder pasarles alimento.

—¿En todos estos años no han recibido apoyo para mantener a sus hijos?

No. Ellas, siendo pobres, quechuahablantes, personas de escasos recursos económicos, han tenido que afrontar la violación, el daño psicológico irreparable ya que la violación no tiene curación, salvo que tenga un tratamiento de por vida. Ellas han tenido que mantener a sus hijos e incluso algunos ya son personas mayores de edad y han sido educados como sus madres pudieron.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

El Metropolitano está pensado en la ganancia, no en la calidad del servicio

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en

HERNÁN NÚÑEZ

Exregidor Núñez, de la comuna limeña, advierte que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, debe resolver el tema del transporte público; además, señala que no ha realizado grandes anuncios ni está liderando cambios en la ciudad.

La gestión de Jorge Muñoz en Lima Metropolitana lleva más de dos meses y las críticas se centran en que el burgomaestre no es vocero de su propia gestión y que no tiene propuestas claras. Diario UNO entrevistó al exregidor metropolitano Hernán Núñez, quien es claro al poner los puntos sobre las íes.

—La gestión del alcalde Jorge Muñoz ha hecho pocos anuncios.

—No hay cuestiones que trasciendan o una visión a largo plazo de lo que significa gobernar la ciudad. Está bien que rinda cuentas pero debería también informar sus avances. Solo se dedica a enumerar la cantidad de operativos de fiscalización en el transporte pero eso no va a resolver el problema. Muñoz desperdicia oportunidades como ser un vocero político, como máxima autoridad de la ciudad.

—Recientemente se le vio reunido con el presidente Vizcarra y el premier Salvador del Solar.

—El hecho que salga en una reunión junto con las máximas autoridades del Ejecutivo significaría que van a trabajar juntos por el bien de Lima. Es una foto muy potente en cuanto al mensaje.

Estación del Metropolitano

—El Metropolitano pareciera que es un sistema de transporte incontrolable por la municipalidad; ¿los operadores elevan los pasajes y no existe autoridad que pueda hacer algo?

—El contrato fue negociado de una manera pésima por Castañeda y en contra de los intereses de los usuarios. El contrato les da mucho poder a los operadores de transporte, a diferencia del esquema de los corredores donde Protransporte tiene un control tarifario. En el caso del Metropolitano, es un espacio donde están los representantes de los cuatro operadores, Protansporte y la empresa recaudadora de pasajes.

Evidentemente todas las votaciones las pierde Protransporte porque cuando se trata de incrementar tarifas, los operadores votan por sí mismos. Por eso es que el Metropolitano ha pasado de 1.50 a 2 soles y luego a 2.50. Es cierto que hay mecanismos legales establecidos en el contrato para bloquear este incremento pero el contrato les da mucho poder a los operadores.

—Uno de los reclamos es por qué no se incrementan más buses.

—Lo que pasa es que el contrato está pensado no en la calidad del servicio sino en una curva de ganancia que se debe cumplir y si se cumplen, recién se pueden adicionar más buses.

—En algún momento sostuvo que el Metropolitano era una isla. ¿Cómo es eso?

—El problema en el Metropolitano tiene que ver con la anulación del resto de corredores que conformaban el sistema integrado de transporte. El Metropolitano es un modelo de transporte que te permite movilizarte de sur a norte e incluso con los alimentadores uno puede irse a Villa El Salvador y hasta Puente Piedra. Sin duda tiene que terminarse el tramo que va hasta Chimpu Ocllo, que es una de las cosas pendientes, que Castañeda incumplió, a pesar que él mismo firmó el contrato.

—¿Y si terminan el tramo a Chimpu Ocllo?

—Igual, el Metropolitano seguirá siendo una isla porque solo te permite movilizarte de norte a sur. Es que no se conecta, salvo en algunos puntos la avenida Javier Prado, con otro sistema que está en el marco del sistema integrado de transporte.

—Se sostiene que el transporte urbano es una informalidad amparada en algo de formalidad.

—Así es; cuando se comete una serie de accidentes, la única manera que tiene el municipio es cancelándole, suspendiéndoles o retirándoles la resolución administrativa que les permite operar. Por eso es que no existe ningún control tarifario, por eso es que el medio pasaje no se cumple, el cobrador te cobra de acuerdo al estado de ánimo que está ese día. Eso es la informalidad amparada en algo de formalidad y eso definitivamente tiene que cambiar.

Jorge Muñoz Wells y Martín Vizcarra Cornejo

—Castañeda anuló las licitaciones de los corredores de integración y aproximación, y se dieron resoluciones administrativas para que las actuales rutas sigan operando. ¿Continuará, Muñoz, el esquema de la Reforma del Transporte o seguirá vigente el modelo que Castañeda volvió a implementar?

—Eso es algo que el alcalde Muñoz tendría que aclarar; cuál es su esquema del sistema de transporte público. Por ahora no ha hecho ningún anuncio al respecto. Él no quiere comerse ese pleito. Recordemos que la reforma de transportes generó 16 paros y una serie de mesas de negociación que se daban todas las semanas.

La anulación de licitaciones, así como el otorgamiento de autorizaciones administrativas para seguir operando en el sistema de transportes han parado la posibilidad que el Metropolitano se conecte con otras formas de movilidad formales porque la única formalidad que tienen las empresas actuales de transporte es una resolución que les da la Gerencia de Transporte Urbano; los requisitos que tiene que cumplir son bastante menores.

—Se dice que los transportistas son un sector social muchas veces postergado

—Es que nunca ha estado en la agenda municipal, salvo para las sanciones. Un cambio en el modelo de transporte que no se hace junto con los transportistas es una reforma que va destinada al fracaso. Los 16 paros que se dieron durante la gestión de Villarán fracasaron porque se logró que un sector importante de transportistas apoyara la reforma. Esos son temas que el alcalde Muñoz debería explorar y empezar a tener una posición mucho más activa dentro de la vocería política que como máxima autoridad de la municipalidad le corresponde.

—George Forsyth está tratando de poner orden en Gamarra y en toda La Victoria; en medio de esto aparece Muñoz para mostrar su respaldo. Hay quienes sostienen que Muñoz se está colgando de la imagen de Forsyth.

—Los operativos de Forsyth lo han puesto como el único que está dispuesto a comerse pleitos fuertes; pero el alcalde Muñoz aparece como una suerte de acompañamiento; le envía algún personal para que lo apoye pero se lo sigue viendo como el que apoya y no como el que lidera los operativos. La zona de Manzanilla une La Victoria con Lima; cuando se interviene en Manzanilla y Tacora aparece como una cuestión más aislada. Pareciera que Muñoz quiere aparecer en la foto junto con Forsyth. Muñoz no está liderando las cosas que se tiene pensadas para Lima.

—¿Es justo el alza de precios en la entrada al Parque de las Leyendas?

—Es injusto y además no hay motivos; hay que tomar en cuenta que los incrementos se dieron con la gestión de Castañeda porque comenzaron a agarrarse la plata de las boleterías y se llegó a un punto que ya no había dinero para comprar alimentos para los animales y la solución fue incrementar las tarifas para tapar ese forado.

—¿Cómo se manejó esto en la gestión de Susana Villarán?

—En la gestión de Villarán dejó en el 2014 un convenio con COPESCO (Cooperación Interinstitucional entre el patronato del Parque de las Leyendas) que permitía que todas las mejoras en el parque, destinadas a revalorar turísticamente el parque, lo asumía COPESCO sin quitarle un sol al parque. A mí me parece que se ha recurrido al facilismo de incrementar la tarifa sin hacer gestión.

—¿Ese es el perfil del actual funcionario municipal?

—Ese perfil de funcionario que sale por la vía más fácil. Primero sube la tarifa y por la presión de las redes sociales cambia la tarifa; eso me hace pensar que no han tenido los informes técnicos correspondientes sino que han lanzado cifras por lanzar; ese perfil no es del funcionario que debiera tener la Municipalidad de Lima. El Parque de las Leyendas es autosostenible.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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