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Política

Salario mínimo: es hora de salir de la informalidad

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Trabajadora empleadas obreras

Los trabajadores no son ciudadanos de segunda

Hace pocos días, el gobierno anunció un aumento del salario mínimo para los primeros meses del 2020. Además, y esto es lo más importante, se afirma que habrá una norma específica que permitirá institucionalizar el mecanismo de revisión del salario mínimo dotándolo de una fórmula para su cálculo, de una periodicidad y estableciendo claramente las responsabilidades para su promulgación.

Es importante saber que esta discusión comenzó en el 2005 (van 14 años). Y hasta ahora no se logra, debido, sobre todo, a diversas trabas que se han colocado por parte de los sectores representantes del empresariado, “jugando en pared” con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Es por ello que la discusión sobre el salario mínimo solo se da cuando al gobierno le interesa, debido a sus criterios políticos del momento. Ese fue el caso del ex Presidente Kuczynski, quien, en febrero del 2018, dispuso que se convoque al Consejo Nacional del Trabajo (CNT, que forma parte del Ministerio de Trabajo) para que evalúe el alza del salario mínimo, justo cuando estaba en marcha el pedido de vacancia. El 21 de marzo, día de la renuncia PPK, se promulgó el DS que aumentó el salario mínimo.

También hay el caso del cumplimiento de la “ortodoxia” económica, como sucedió en febrero del 2014, cuando el entonces Premier César Villanueva anunció que se estaba discutiendo un alza del salario mínimo. Inmediatamente Nadine Heredia –que no tenía ningún cargo público- dijo que “el tema no estaba en agenda”, en claro acuerdo con el ministro de economía, Luis Castilla. Pocos días después, Villanueva presentó su renuncia al cargo. Veamos primero qué pasa en el mundo y en América Latina.

Salario mínimo en el mundo, la OCDE y en la Región

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 36 países: EEUU, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. En la OCDE también están México, Colombia y Chile. Perú ha presentado su candidatura para ingresar a este “exclusivo” club.

En 28 de los 36 países de la OCDE se ha institucionalizado el salario mínimo (1), de acuerdo a reglas nacionales: hay una institución, una fórmula para su cálculo, una periodicidad explícita (un año en casi todos) y un mecanismo legal para su aprobación. En los ocho países que no tienen un mínimo establecido -Austria, Italia, Suiza y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)- la mayor parte de la fuerza de trabajo está cubierta por acuerdos de negociación colectiva a nivel sectorial y existe un piso mínimo de salarios.

De los 193 países miembros de las Naciones Unidas, 160 tienen un régimen de salario mínimo, el 83%. La mayoría de los países que no lo tienen son países africanos como Brunei, Burundi, Djibouti, Etiopía, Ruanda, Sao Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán, Tonga, Tuvalu y Zimbabwe. Dicho esto, una parte de estos países sí tienen sueldo mínimo para el sector público.

Ahora bien, si sumamos los 8 países de la OCDE arriba mencionados, que tienen acuerdos de negociación colectiva (es decir que los salarios no son determinados por el mercado sino por una negociación) entonces esos 168 países representan el 87% del total mundial.

De otro lado, todos los países de América Latina y el Caribe tienen régimen de salario mínimo. Repetimos: todos.

Los ejemplos de Chile y Colombia

En Chile el salario mínimo se discute todos los años entre el gobierno y las organizaciones sindicales y se elabora una propuesta de acuerdo a criterios técnicos, la cual se lleva al Congreso Nacional, que aprueba la ley respectiva. Así, en setiembre del 2018 se aprobó la Ley 21.112, que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar” (2).

En Colombia existe la mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en donde los gremios, los sindicatos de trabajadores y el Gobierno Nacional discuten todos los años el aumento del salario mínimo para llegar a un acuerdo tripartito. A veces lo consiguen, a veces no. La decisión final la toma el Presidente de la República. En diciembre del 2018 se expidieron los Decretos 2451 y 2452 de la Presidencia de la República: hubo un aumento del 6% del salario mínimo y el 10% del auxilio de transporte para el año 2019 (3).

Billetes de cien soles

El caso peruano

La Constitución del Perú dice: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Artículo 24). Además, el Perú ha ratificado en el Congreso los Convenios # 26 y # 99 de la OIT, en 1962 y 1960, respectivamente, que obligan a establecer salarios mínimos.

El régimen de salario mínimo fue aprobado en agosto del 2007 por el Consejo Nacional de Trabajo, ya mencionado. El mecanismo contempla una revisión cada dos años del salario mínimo y se basa, de un lado, en una proyección a futuro de la inflación subyacente (que no considera los precios de los energéticos y de los alimentos, por su alta volatilidad); todos los demás precios que componen la canasta familiar sí son considerados. De otro lado, se considera también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades) (4).

. El mecanismo contempla, además, que los resultados de la aplicación de la fórmula serán viables, siempre que no se presente ninguna de las siguientes situaciones: profunda recesión (dos trimestres consecutivos de caída del PBI; fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto; fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral; o alza desmedida en la relación remuneración mínima/remuneración promedio.

Existen, por tanto, los criterios técnicos para el aumento del salario mínimo, lo que debiera permitir que, poco a poco, se recupere la capacidad adquisitiva del trabajador, acercándose al valor de la canasta básica de consumo de un hogar. Hoy en día, el salario mínimo de 930 soles representa solo el 63% de esta canasta que calcula el INEI a través de la Encuesta Nacional de Hogares.

(Nota: Es importante recalcar que, debido al hecho que no ha habido aumentos bienales, el salario mínimo de 930 soles está retrasado en relación a los criterios del 2007. De haberse aplicado la fórmula cada dos años el salario mínimo estaría ahora en 1,000 soles mensuales).

Sin embargo, por distintos motivos (muchos debido a la oposición de los gremios empresariales), toda esta reglamentación no ha sido validada por un Decreto Supremo que, como en Chile y Colombia, permite una discusión ordenada (5).

Cada vez que surge la discusión sobre el salario mínimo, una serie de gremios empresariales y economistas afines salen a la palestra para oponerse. Los argumentos son siempre los mismos: “la economía no anda bien” y “se va a fomentar la informalidad”, entre otros. Está claro el objetivo que persiguen: que no haya marco normativo de la CNT, que no haya ni institucionalidad ni periodicidad. Es por eso también que las iniciativas del Ministerio de Trabajo para relanzar los acuerdos del CNT en estos últimos dos años no han podido llegar a buen puerto.

Sin marco normativo, el salario mínimo se discute cuando a los gobiernos “les da la gana”, como en el 2014 y 2018. Por tanto, a los trabajadores peruanos se les trata como ciudadanos de “segunda” o “tercera” categoría.

Esto debe terminar. El gobierno debe institucionalizar, mediante decreto supremo, el mecanismo legal y técnico aprobado en el 2007 (6). Queda claro, entonces, que en los próximos meses estamos frente a la decisión crucial acerca de la institucionalización del salario mínimo para que, de esa manera, nos pongamos en el mismo nivel que los países de la OCDE y de nuestros vecinos de la Región. Pero, sobre todo, para que avancemos en el poder adquisitivo y de reducción de la enorme desigualdad existente. Y también para que aprendamos las lecciones de lo que está pasando en los países vecinos. Ya es hora.

NOTAS:

1.- OECD, Sueldos mínimos después de la crisis: haciendo que paguen, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, mayo 2015.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW

2.- Ver https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/01/939643/Sueldo-minimo-l…

3.- Ver https://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-2019-decretan-el…

4.- Ver: Fernando Cuadros Luque, Remuneración Mínima en el Perú: Ilusión y Realidad, Revista Análisis Laboral, Vol. XLII, #488 Febrero 2018).

5.- Debemos dejar en claro que el mecanismo aprobado por la CNT podría establecer que, en un año determinado, no suba el salario mínimo si no se cumplen los criterios técnicos ya mencionados.

6.- No se deben introducir cambios de última hora, no discutidos ni consensuados. Está fresco todavía el desplante y maltrato a las centrales sindicales en diciembre pasado: el gobierno aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad sin cumplir con la necesaria discusión a la cual se había comprometido el propio Presidente de la República.

 

HUMBERTO CAMPODÓNICO
OTRAMIRADA.PE

Política

El futuro negro de Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori

Fiscalía decidió formalizar una nueva investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular y otros presuntos implicados en la comisión de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y contra la administración de justicia. Esto se suma a las imputaciones por lavado de activos.

El Ministerio Público dispuso ampliar y formalizar la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y otros imputados a partir de la existencia de nuevos elementos de convicción, entre ellos los testimonios de Jorge YoshiyamaSasaki y de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez.

Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, había declarado ante el Equipo Especial Lava Jato que Keiko Fujimori tenía conocimiento sobre los aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht y que por ello montó un plan para ocultarlos a través de falsos aportantes, en la modalidad conocida como “pitufeo”. Además, Yoshiyama afirmó que la lideresa de Fuerza Popular le comentó que había coordinado el archivamiento de la investigación fiscal con el presunto líder de los Cuellos Blancos del Puerto, el exjuez supremo César Hinostroza.

Otros testimonios brindados al equipo de fiscales siguieron complicando a Keiko Fujimori: el empresario Dionisio Romero Paoletti, del Grupo Credicorp, confirmó haber entregado US$ 3 millones 650 mil en efectivo en las propias manos de Fujimori Higuchi, y el excongresista Daniel Salaverry relató cómo la lideresa naranja le pidió contactar a Hinostroza y al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien pretendía hacer llegar copias de una agenda del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Jaime Yoshiyama Tanaka

FUERZA PARA DELINQUIR

El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la investigación la comisión de los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además del delito contra la administración de justicia en las modalidades de falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y falsedad genérica. Todo esto, además de la imputación original por el delito de lavado de activos.

Según el documento fiscal, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo se habría producido al presentar la información económico financiera en las campañas electorales del año 2016, pues se declaró como aportantes a personas que no habrían realizado aporte alguno.

En tanto, el delito de falsedad genérica se habría configurado al burlar la labor de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del ONPE, atentando contra su función de verificación y control.

Por los delitos de asociación ilícita y organización criminal, además de Keiko Fujimori, se incluyó a Vicente Silva Checa, PierFigari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, José ChlimperAckerman, Carmela Paucara, Antonietta Gutiérrez, Ana Cecilia Matsuno, Rafael Herrera, Erika Yoshiyama y Jorge Trelles.

INCLUYEN A EMPRESA DE MARK VITO

Por otro lado, el Ministerio Público incluyó en las investigaciones a MVV Bienes Raices SAC, empresa de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori. Esta decisión fue a partir de las comisiones cobradas por corretaje inmobiliario entre julio de 2014 y julio de 2018. De acuerdo a lo investigado, en apenas cuatro años la empresa de Vito recaudó US$ 2’192,859.72, y personas de su entorno familiar y amical son quienes habrían pagado sumas importantes por dichos servicios.

Según la Fiscalía, Susana Higuchi Miyagawa, madre de Keiko Fujimori, abonó la suma de $ 71,284.25; su amigo y exsocio Nikola Seremet Slavkovic pagó $ 51,034.33 y su madre, Angélica Slavkovic la suma de $ 36,762.06. Además, las empresas Comercial Maderera Andina SRL y la Inmobiliaria CMS SAC desembolsaron $ 57,737.94 y $ 22,026.00 respectivamente.

La tesis fiscal considera que “es posible que se haya utilizado a la empresa formada por el investigado Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos por su cónyuge, en relación a todos los activos que recibió durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial”.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe señaló a Radio Nacional que si bien la Fiscalía ya cuenta con una serie de pruebas, todavía debe corroborar las declaraciones y culminar la etapa de investigación. “Para ir a juicio oral primero debe concluir esta etapa, para lograr una denuncia y posterior condena”, afirmó.

En el escenario de una eventual sentencia, Quispe consideró que el futuro de Keiko Fujimori tiene todos los elementos para un cambio dramático. “En un concurso real de delitos, porque estamos hablando ya no solo de lavado de activos, sino de cinco delitos, podría ser condenada y pasar 29 años en la cárcel”, apuntó.

ALGO MÁS

Se ha programado para el 12 y 13 de diciembre la diligencia de deslacrado de las especies incautadas días atrás en las oficinas de la Confiep.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

74 candidatos tienen procesos penales por corrupción

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74 candidatos tienen procesos penales por corrupción

Un total de 74 aspirantes al Congreso de la República tienen procesos penales por presunto delito de corrupción, según la plataforma web Candidatos 2020.

La lista la integran, entre otros, los exgobernadores de Ica, Fernando Cilloniz; de Piura, Javier Atkins; y de La Libertad, Luis Valdez, quien fue titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Hay candidatos de Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Podemos por el progreso del Perú, Juntos por el Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y Todos por el Perú.

Asimismo, de Avanza País, Solidaridad Nacional, Perú Libre, Perú Patria Segura, Frente Amplio, Partido Popular Cristiano (PPC), Partido Morado y Perú Nación

De igual forma, Acción Popular, Democracia Directa, Renacimiento Unido Nacional, Partido Aprista y Contigo.

No hay candidatos del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) con procesos por corrupción; sin embargo, dicha agrupación sí tiene uno con proceso penal por presunto tráfico ilícito de drogas.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó en la víspera la plataforma Candidatos 2020 con información sobre 3,056 aspirantes al Congreso, relacionada con procesos en curso por tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción y lavado de activos.

Incluye datos sobre las hoja de vida, que es la que maneja el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las sanciones de destitución, sanciones o despidos, para lo cual se ha cruzado datos con Servir.

Además, se ha incorporado información sobre los riesgos financieros y crediticios de los postulantes.

Los datos fueron suministrados por el Poder Judicial, el JNE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Política

29 postulantes recibieron resultados de pruebas de confianza

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JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Con el envío de los resultados de las pruebas de confianza a cada uno de los postulantes concluyó, exitosamente, la penúltima etapa del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esta etapa del concurso, que se desarrolló del 2 al 6 de diciembre, incluyó la realización de cuatro pruebas: patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica, con el fin de conocer el perfil de los candidatos, su situación económica, su entorno social, sus rasgos de personalidad y sus aptitudes y capacidades intelectuales.

Cabe resaltar que las pruebas tienen carácter técnico y sus resultados no son eliminatorios para pasar a la siguiente etapa, según menciona la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia.

SIGUIENTES PASOS DEL CONCURSO

El 20 de diciembre se publicará la relación de candidatos aptos que pasan a la etapa de entrevista personal, la cual se realizará del 26 al 28 de diciembre.

Según las bases del concurso, esta etapa será de carácter público y seguirá un protocolo establecido por la Comisión Especial que garantice el trato igualitario a cada postulante de inicio a fin.

El próximo 30 de diciembre se publicará el cuadro final de méritos, que permitirá conocer las calificaciones obtenidas a lo largo de todo el concurso. Los puntajes serán publicados través de la página web de la Comisión Especial.

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