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Política

Respaldos y lamentos furiosos por detención

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Keiko Fujimori detenida junto a su abogada

La sorpresiva detención preliminar de Keiko Fujimori dividió a los parlamentarios: por un lado, la mayoría de bancadas saludaron la decisión o la aceptaron como medida anticorrupción; mientras los congresistas fujimoristas calificaron la medida de “arbitraria”, pues afirman que no hay peligro de fuga porque su lideresa “está en planilla en Fuerza Popular”. Incluso aseguraron que se viene un golpe de Estado.

Uno de los más críticos fue el parlamentario fujimorista Luis Galarreta, quien calificó la detención de “cobarde” e “inconstitucional”. Incluso se atrevió a afirmar que se viene “un golpe de Estado”.

“Se viene el cierre del Congreso. Que la comunidad internacional y los embajadores que están ahora en nuestro país vayan alertándose que aquí se viene un golpe de Estado”, expresó.

Carlos Bruce

GOLPES, EL FUJIMORISMO

Sin embargo, el congresista de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce, refutó lo dicho por Galarreta y le recordó que el último presidente que hizo un golpe de Estado terminó preso, en clara referencia al histórico líder fujimorista Alberto Fujimori quien cerró arbitrariamente el Congreso en 1993 y ahora está encarcelado.

“La opinión de gente afín o integrante del partido de la señora Keiko Fujimori, es comprensible, es natural, hay que entenderlo. Pero hay que ser cautos aquí, creo que la posibilidad de un golpe de Estado es muy remota, las personas que lo hicieron acabaron detenidos. Así que es una posibilidad que yo descarto”, comentó Bruce.

Luis Galarreta

NO HAY PERSECUCIÓN

Como es lógico, la bancada fujimorista salió a defender a su lideresa y alegó que es víctima de persecución política. Mediante un comunicado, firmado por el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, afirma que la detención de Keiko Fujimori es una “evidente persecución política” y que el Ministerio Público “no ha obtenido” ninguna prueba contra ella para ordenar la detención.

Al respecto, parlamentarios de diferentes bancadas rechazaron cualquier persecución política y afirmaron que sí existen los indicios y pruebas suficientes para ordenar la detención de la lideresa fujimorista.

Para Yonhy Lescano, legislador de Acción Popular, “hay pruebas suficientes que corroboran presunción de responsabilidad” contra Keiko Fujimori en relación al caso de los aportes irregulares para la campaña del 2011.

“En la lucha contra la corrupción no hay personas con corona. Está muy bien que se siga la lucha contra la corrupción y en estos días se determinará si hay responsabilidad contundente o no (…) Acá los poderes políticos no valen. No hay persecución política”, comentó.

DEMUESTRA SU INOCENCIA

Asimismo, el vocero de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, negó que exista alguna persecución política, por el contrario, dijo que es una oportunidad para que la señora Fujimori demuestre a la ciudadanía su inocencia que tanto defiende.

“Estamos aquí frente a una necesidad nacional, patriótica, de conocer la verdad, la señora Keiko Fujimori ha señalado siempre que está dispuesta a colaborar y esperemos que, en ese sentido, los peruanos sepamos la verdad”, comentó Ochoa.

El congresista Bruce resaltó que los políticos siempre van a ser investigados. “El expresidente PPK, la vicepresidenta y yo estamos siendo investigados y si hay una persecución política debe ser una muy grande. Si eres político y te investigan es una gran oportunidad para demostrar que no cometiste ninguna inconducta y para rendir cuentas frente al pueblo. Así es como se deben tomar las investigaciones”, afirmó Bruce.

ACTUACIÓN AUTÓNOMA

Similar opinión tuvo el congresista del Frente Amplio Marco Arana, quien afirmó que no existe la figura de persecución política como viene aduciendo la bancada de Fuerza Popular, por el contrario se evidencia una actuación autónoma e independiente de los fiscales.

“No hay una mano negra detrás de esta orden de captura, el país tiene que saber que existen los suficientes indicios por el presunto delito de lavado de activos por parte de la señora Keiko Fujimori, y de una lista de diecinueve involucrados más”, aseveró.

Añadió que la a orden de detención fue dada por el fiscal Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho, “quien ordenó la detención de Ollanta Humala, que el fujimorismo celebró en su momento, con lo que se demuestra una actuación autónoma e independiente del Poder Judicial”, dijo Arana.

PIDEN INVESTIGACIÓN

El juez Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, dentro de la investigación en su contra por presunto delito de lavado de activos en relación al aporte que recibiera su agrupación política, de Odebrecht por 1 millón 200 mil dólares.

Al respecto, Arana precisó que “el lavado de activos en la campaña política pudo provenir de la corrupción, del narcotráfico o de la minería ilegal y que se sabe a ciencia cierta que la inversión en costosas campañas siempre es cobrada en respaldo político para este tipo de actividades que corroen el país”.

La parlamentaria Ana María Foronda destacó que la investigación a Keiko Fujimori se esté dando en otro poder que no es el Legislativo, pues en este el fujimorismo blinda a sus allegados.

“Es el momento de que la Fiscalía, teniendo todos los medios probatorios incluyendo la declaración de los colaboradores eficaces, arme una buena estrategia en la cual pueda llegar a demostrar que Keiko Fujimori tiene responsabilidad y aquí no habrá blindaje porque no está en el Congreso”, dijo Foronda.

ALGO MÁS

“En el Perú siempre hubo poderosos intocables que nunca respondían por sus delitos. ¿Será que por fin la justicia empieza a medir a todos con la misma vara sin importar el cargo, la billetera o el apellido? Ojalá”, escribió Verónika Mendoza en Twitter.

 

WILDER MAYO

Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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