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Editorial

Repudiables privilegios

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Afiebrados fujimoristas sostienen sin el menor escrúpulo que son casi terroristas quienes desde diversas posiciones en el Estado y la sociedad cumplen su deber de luchar contra la impunidad y por el imperio de la justicia, y en esa medida han impulsado los juicios a los responsables de los crímenes de la dictadura de los noventa y velan para que quienes hayan violado la legalidad paguen las consecuencias.

Sin embargo, las indignantes revelaciones sobre los privilegios de los que disfruta en el presidio de la Base Naval del Callao quien fuera brazo derecho, cómplice y socio del dictador, revelan que si algún defecto peligroso tiene el Estado actual, y así lo han comprobado otros escándalos recientes, es que siguen enquistados en él elementos de conducta cómplice con los corruptos y los criminales que tenían el poder durante la dictadura.

Solo remanentes de aquel régimen pueden otorgar o permitir al siniestro personaje gollerías inconcebibles en un penal que fue hecho en tan fortificado lugar para que el encierro allí fuera duro y el aislamiento total, a fin de impedir que quienes allí fueran encerrados no pudieran tener comunicación con el exterior y por tanto no pudieran manejar a sus huestes a la distancia.

Resultan indignantes las versiones de la vida de lujo que se da en el poderoso asesor de los ‘90, a cargo de los aparatos de la represión que en nombre del dictador cometieron los peores crímenes, y de las operaciones de saqueo de los fondos del país y de corrupción de la política, la prensa, las fuerzas armadas, la policía, la justicia y cuanta institución cayera en sus manos.

En ese contexto, parece comprensible que los mandos de la Marina de Guerra, hace algún tiempo, hayan pedido que, una vez superada la grave emergencia que vivía el país y que determinó la instalación del penal en esa instalación naval, las autoridades penitenciarias busquen otro lugar para que los reclusos allí mantenidos cumplan las condenas que les impusieron los tribunales.

Resultan por lo tanto comprensibles los reclamos de una investigación sobre las privilegiadas condiciones que tiene el exasesor en la Base Naval, reveladas como derivación de la polémica que ha desatado la decisión judicial de trasladar a cuatro exjefes subversivos a un presidio civil de alta seguridad.

También son pertinentes las invocaciones a que el Instituto Nacional Penitenciario, al parecer ajeno al control del penal de la Base Naval, tome el control de éste e imponga el orden, cortando los inaceptables privilegios de quien, jurídicamente, no es más que un preso que cumple una condena por haber atentado contra la sociedad y que no debe seguir burlándose de la justicia, con la complicidad de quienes no son otra cosa que remanentes de la dictadura.

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Editorial

Limpieza pública en emergencia

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El Ministerio del Ambiente (Minam) ha declarado, por fin, en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Villa María de Triunfo, por un plazo de 60 días hábiles, al constatar nada menos que 50 puntos críticos en dicha jurisdicción que se han convertido en focos de infección que podrían causar enfermedades y severos daños a la vida y la salud de los pobladores.

Asimismo, se ha podido observar en los informes periodísticos de la televisión que los pobladores queman la basura, generando otro foco de contaminación ambiental, por aire, que agrava el problema al sumarse a la contaminación por tierra (cerros de basura que son caldo de cultivo para la proliferación de roedores y otras plagas), sin que las autoridades ediles que en las elecciones ofrecieron el oro y el moro a los ciudadanos se hayan manifestado al respecto.

La Resolución Suprema Nº 437-2018-MINAM dispone que la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, junto con las entidades involucradas, elabore, en un plazo máximo de dos días hábiles, un Plan de Acción que contemple, entre otras, las actividades que se desarrollarán a fin de atender la problemática descrita, identificando a los responsables de su ejecución. Sería necesario, también, que las autoridades competentes identifiquen a los responsables de la omisión (en el recojo de la basura).

La resolución del Minam ha dispuesto también que la Municipalidad Metropolitana de Lima brinde el apoyo requerido a la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo para la prestación del servicio de limpieza pública, en las operaciones de manejo de residuos sólidos que correspondan. Francamente que eso es como pedirle peras al olmo a escasos 15 días para que el burgomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio deje el cargo a su sucesor y, ojalá, que este haga una mejor gestión para beneficio de todos los limeños.

Por lo demás. La Contraloría debería entrar a tallar para que los funcionarios ediles que sean responsables de la falta de limpieza pública no vuelvan nunca más a ejercer en el sector público porque realmente constituyen una amenaza para la salud de la población.

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Editorial

Trump se mancha las manos de sangre

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La muerte de una pequeña niña migrante de apenas siete años de edad, que era custodiada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ha consternado al mundo entero. La pequeña cruzó la frontera junto con su padre y un grupo numeroso de inmigrantes. Según el diario estadounidense Washington Post que cita fuentes oficiales, la menor estaba deshidratada, no había ingerido alimentos ni bebido líquidos durante días.

Esta triste noticia revela el drama que padecen miles de centroamericanos que han preferido arriesgar sus vidas y las de sus familias antes de seguir viviendo en la miseria más espantosa y amenazados por la creciente violencia que se apodera de sus países de origen. De Guatemala, es de donde procedía la pequeña que fue detenida por efectivos de la policía fronteriza de Estados Unidos. El presidente Trump les ha tirado con la puerta en las narices a los migrantes condenándolos a toda serie de peligros.

El único delito que había cometido la niña migrante fue creer que Estados Unidos es como el país de las libertades y donde sus padres podrían encontrar trabajo para resolver las penurias económicas; es decir, un país donde podrían tener un mejor porvenir. Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, como ha sido identificada la pequeña, no encontró más que la muerte. Ella y su padre habían sido detenidos luego de ingresar a EE.UU. Ocho horas después Jakelin murió tras presentar convulsiones y cuando era conducida a un centro médico.

Migrantes hondureños han pedido al presidente Trump dejar de apoyar a regímenes como el de Juan Orlando Hernández, quien al sentirse respaldado no ha hecho nada por combatir la inseguridad y, por el contrario, Honduras ha empeorado. Pero eso al presidente Trump parece importarle muy poco. Sigue empecinado en evitar la inmigración a cualquier precio, como el que tuvo que pagar Jakelin, la niña de siete años que pagó con su propia vida el querer encontrar un mejor futuro para ella y sus padres. Esta situación no debe continuar y Washington debe revisar su política migratoria.

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Editorial

García debe colaborar con la justicia

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La verdad saldrá a luz en algún momento, aunque parece ser que ahora será más temprano que tarde. Han aparecido nuevos falsos aportantes y esta vez se trata de la campaña presidencial de Alan García, en el año 2006, según la Unidad de Investigación del diario El Comercio. La modalidad parece ser la misma usada por otra agrupación política, Fuerza Popular.

El costo de la millonaria campaña que llevó por segunda vez a la presidencia al líder aprista, ascendió a la friolera de S/5’916.277, según información de la ONPE, pero el 99,8% del total de aportantes entregó una suma de entre S/1 y S/20. Según el informe periodístico, hay cinco personas que al ser consultadas sobre la entrega de dinero negaron haber dado aporte alguno. Los nombres de esos ciudadanos habían sido consignados con sumas de S/ 1,000 cada uno, excepto uno de ellos al que se le consigna un aporte de S/ 2,400.

Debe recordarse que, en el caso del Partido Aprista, está de por medio la delación de Marcelo Odebrecht y de Jorge Simoes (su subalterno) acerca de que la constructora aportó US$ 200 mil a la campaña presidencial de AGP en 2006, a través de Luis Alva Castro. Si a eso se agrega ahora el tema de los “donantes fantasma” sería muy similar a la situación en que se encuentran Fuerzas Popular y Keiko Fujimori, procesados por lavado de dinero en forma agravada. No obstante, el abogado Erasmo Reyna ha dicho que Alan García no se ocupaba del financiamiento de la campaña.

La revelación de los falsos aportantes a la campaña presidencial de Alan García, en 2006, es sin embargo solo la punta del iceberg de hechos que tendrán que ser investigados exhaustivamente hasta llegar al fondo del asunto. De hecho, juristas consultados al respecto consideran que el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, tiene la punta de la madeja, lo que le permitiría esclarecer rápidamente los hechos en relación al Partido aprista.

Por lo pronto, según los expertos en materia jurídica, este caso estaría dentro de lo que se conoce como delito de lavado de activos, el mismo que ya estaba incorporado al Código Penal en 2006. Entonces, haría bien Alan García en colaborar con la justicia para que el tema de los falsos aportantes se aclare lo más pronto posible, pues como el mismo García solía decir, ¡quien no la debe no la teme!”.

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