Es urgente una reforma eléctrica para lograr tarifas competitivas que beneficien a la pequeña, mediana y gran empresa, promoviendo así la creación de empleo masivo formal, sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, quien exhortó al Congreso de la República a ser un aliado para el impulso de esa iniciativa.

Tras señalar que uno de los objetivos debe ser la salvaguarda de precios competitivos para los hogares peruanos, Márquez sostuvo que el sistema eléctrico cuenta con un marco regulatorio que data de 1992 que, en su momento, ha permitido promover inversión eléctrica y mejorar el acceso a la electricidad de la población.

Sin embargo, dadas las tendencias mundiales, la realidad ha cambiado y hace indispensable definir y ejecutar en el corto y mediano plazo, una reforma eléctrica que permita ingresar a un ambiente real de libre mercado.

Para tal efecto, demandó la participación de todos los representantes del mercado eléctrico y técnico con entidades profesionales en materia energética para diseñar la reforma eléctrica mediante un proceso transparente.

Es urgente que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emita prontamente medidas viables en el corto plazo que impulsen una revisión integral del marco normativo que promueva la competencia e inversión sostenible en el mercado eléctrico”, refirió.

Márquez Flores, también delegado de la plataforma de pymes y del Comité de la Pequeña Industria de la SNI, expresó su preocupación por las iniciativas legislativas existentes en materia de energía, las cuales de ser aprobadas “encarecerían la canasta familiar y limitarán la capacidad de crecer y competir de la producción nacional, en especial de la pyme; perforando los pilares de eficiencia y competencia que soportan el sistema eléctrico peruano por más de 25 años”.

MONOPOLIOS

Alertó que las propuestas legislativas pretenden cargar mayores tarifas eléctricas a todos los consumidores, trasladándose como costos variables diversos costos fijos por gas natural que son producto de obligaciones contractuales de empresas eléctricas.

Además, las pymes estarán obligadas a permanecer como clientes de monopolios eléctricos, impidiéndoles negociar libremente con las decenas de proveedores eléctricos que existen y así acceder a tarifas competitivas”, puntualizó.

Advirtió que si bien estas iniciativas podrían tener como efecto una marginal reducción de corto plazo de hasta 0.5% de las tarifas eléctricas (en un recibo de 50 soles, 25 céntimos menos), de forma progresiva sí se generará un incremento neto y permanente del orden de 10%, como lo advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al Congreso y a la opinión pública.

Así, el empresario industrial remarcó que si estos proyectos de ley tuvieran éxito, se reducirá la eficiencia y la competencia en perjuicio de 7 millones de familias, 600 mil microempresas y 2 mil entidades públicas, las cuales sufrirían un incremento neto permanente de sus tarifas eléctricas del orden de S/. 500 millones/año, según proyecciones del Osinergmin. Asimismo, agregó que la pyme pagaría una facturación hasta 40% mayor a la que podría pagar si pudiera elegir libremente a quién comprar energía.

REFORMA ELÉCTRICA

Ante ello, Márquez propuso que la reforma eléctrica sea liderada por el Minem y considere prácticas internacionales como i) flexibilizar el acceso al mercado libre de electricidad, reduciendo la restricción para ser usuario libre a 50 KV; ii) impulsar la inversión en generación eléctrica con recursos renovables (eólica y solar); iii) promover la generación distribuida y la comercialización de electricidad; y iv) fomentar la transparencia en la determinación de precios de electricidad.

Márquez señaló que ante las distorsiones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional, es oportuno el diálogo entre el Minem, Osinergmin y el Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES), no existiendo ningún escenario que justifique destruir la institucionalidad a través de la sustitución del rol rector y técnico en el sector energía que tiene el Poder Ejecutivo a través de proyectos de ley del Poder Legislativo.

ALGO MÁS

El sector industrial genera más de 1.5 millones de empleos y adquiere más del 25% del consumo eléctrico nacional,

Las dificultades que hoy muestra la economía peruana no pueden atribuirse a factores externos, sino que responden a la insuficiente inversión pública y la baja de la inversión privada no minera que no permiten crear empleo ni el crecimiento del país, sostuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, explicó que “si bien la inversión privada minera muestra señales positivas, la inversión general del país se encuentra afectada y mientras eso ocurra no se podrá generar empleo de calidad”.

Dijo que el crecimiento de 0,02% en abril, sumado al 2,3% del primer trimestre, afecta la proyección anualizada, por lo que al final del año es posible que no se alcance el 3,7% estimado por nuestro Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial.

En tal sentido, advirtió que el crecimiento de apenas el 0,02% de la economía peruana registrado en abril –según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática– debe significar una voz de alerta tanto a las autoridades del Poder Ejecutivo como al Congreso para que prioricen una agenda en la que predominen las necesidades urgentes de la población.

Torriani, subrayó que con una economía que crece por debajo de 3,5% no se puede combatir la pobreza, por lo que se debe reimpulsar el crecimiento, lo cual es un compromiso del sector empresarial.

“El Perú tiene una estabilidad macroeconómica y si bien hoy se busca consolidar la institucionalidad con reformas políticas, electorales y del sistema de justicia, todo ello nos da una base pero no nos garantiza el crecimiento y el desarrollo”, afirmó la dirigente empresarial.

Finalmente, señaló la necesidad de mover la inversión y aumentar la productividad para retomar el crecimiento económico que permita la activación de la economía y reducir la pobreza. “Pongamos manos a la obra y trabajemos todos por el Perú”, concluyó.

Un total de 2,660 entidades públicas mantienen deudas con sus trabajadores debido a la mala praxis de retener los aportes previsionales y no destinarlos a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) en las AFP, a pesar que el Régimen Repro, aprobado por DL 1275, ha permitido recuperar el 80% de la deuda acogida al 31 de mayo del presente año.

El Repro 1 viene funcionando, con una tasa de recuperación del 80%, pero hay un grupo de entidades que aún están generando deuda, además de otro grupo que no se acogió al DL 1275, de reprogramación de deuda.

SIGUEN ADEUDANDO

De los dos grupos, 561 entidades se acogieron al Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO–AFP) y, a pesar de ello, continúan generando deuda. Es así que los gobiernos locales han generado una deuda de S/27.6 millones, en solo dos años, mientras que los gobiernos regionales adeudan S/6.6 millones.

Como consecuencia de ello, los trabajadores afectados que laboran en estos municipios han dejado de percibir S/2.8 millones, solo por la rentabilidad, y los que laboran en entidades regionales S/0.8 millones.

NUEVO REPRO

Para solucionar el problema, la Asociación de AFP ha propuesto generar un nuevo Régimen de Reprogramación de Deuda, con ambos grupos, la cual debe incluirse en el presupuesto del 2020 (REPRO-AFP II).

Entre otras medidas, la AAFP sugiere modificar la Ley de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para que sea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que destine los pagos de la seguridad social directamente a sus trabajadores.

Dentro de las entidades que continuaron generaron más deuda encontramos a la Municipalidad distrital de San Miguel, la provincial de Chiclayo y la distrital de Carabayllo. Mientras que en el caso de la unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, están la División de Educación Lucanas en Ayacucho, Educación Datem del Marañon en Loreto y Educación Huamalíes en Huánuco.

NO SE ACOGIERON

Por otro lado, existen 2,095 entidades que no se acogieron al REPRO – AFP y registran una deuda previsional de S/142.9 millones, el que actualizado con la rentabilidad del sistema llega a S/671.2 millones; sin embargo, dicha deuda actualizada por factores SBS, que además de rentabilidad considera interés moratorio y penalidad, la suma asciende a S/7,249 millones. En este grupo, se encuentran 628 entidades del Gobierno Nacional, 283 del Gobierno Regional y 1,184 del Gobierno Local; siendo el primero de estos el que más trabajadores ha perjudicado.

Entre las instituciones del Gobierno Nacional con más deuda (actualizada por factores SBS), se encuentran el Ministerio de Educación con S/1,067.2 millones, el Poder Judicial con S/296.0 millones y la Unidad de Gestión Educativa Local N°2 con S/101.1 millones.

Respecto a las entidades del Gobierno Regional, los que más deben son la Dirección Regional de Educación de Piura (S/469.4 millones), la Dirección Regional de Educación de Cajamarca (S/350.3) y CTAR Ayacucho (S/270.9).

De los gobiernos locales, registran deuda previsional la Municipalidad Distrital de la Victoria que tiene una deuda previsional de S/229.5, mientras que las municipalidades distritales de San Martín de Porres y Bellavista deben S/204.8 millones y S/129.3 millones respectivamente.

ALGO MÁS

Urge que aquellas entidades aún no acogidas al Repro, que vienen generando deuda por más de S/.177 millones, se pongan al día y permitan la devolución del dinero de sus trabajadores, señaló la AAFP.