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Política

Rechazan accionar nefasto y vertical del Ministerio De Cultura

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INDÍGENAS

“Nada para los pueblos sin los pueblos”. Organizaciones indígenas nacionales rechazan y exigen nulidad del decreto (DS) Nº 009-2019, aprobado por el Ministerio de Cultura con el refrendo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Presidencia del Consejo de Ministros.

El pasado 09 de agosto, en el día internacional de los pueblos indígenas, el Ministerio de Cultura aprobó el decreto supremo 0009-2019: “Los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias”.

Este decreto, según lo han expresado las organizaciones indígenas nacionales, fue concebido, formulado y promulgado sin la participación, consulta ni consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA): “Con este decreto se nos pretende imponer una serie de conceptos, definiciones, principios y procedimientos que ameritan un profundo diálogo intercultural entre el Estado y la representación de los diferentes pueblos indígenas amazónicos, andinos y costeros, para garantizar la pertinencia cultural que este mismo decreto pretende asegurar en la aplicación de esta política pública.

Por otro lado, organizaciones indígenas nacionales como AIDESEP- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. y ONAMIAP -Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú calificaron de indignante cómo el propio Ministerio de Cultura, ente rector en materia de los derechos de los pueblos indígenas, incurra en estos actos.

Desde la CNA, reafirman y expresan su firme respaldo a cualquier política de estado que busque la eliminación de cualquier forma de violencia, abuso y exclusión hacia los grupos sociales en situación de vulnerabilidad; sin embargo, con esa misma firmeza -manifiestan- rechazan esta nueva imposición del Ministerio de Cultura, cuyo actuar en este caso no sólo ha vulnerado nuestro derecho a la consulta, sino que incluso resulta totalmente contrario al discurso del Presidente de la República, quien ha proclamado en reiteradas oportunidades que este gobierno tiene la mayor predisposición para el diálogo.

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Política

Patrones del mal

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Jorge del Castillo y Alan García Pérez

El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que el segundo gobierno de Alan García trabajó como una organización criminal al servicio del narcotráfico. El Ministerio Público podría reabrir el caso Narcoindultos y ahora sí llegar a la verdad

Tras revelarse los audios que vincularían al excongresista Jorge del Castillo con el cambio de testimonio de un testigo en el caso Narcoindultos, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, advirtió en entrevista con Canal N que el segundo gobierno de Alan García trabajó al servicio del narcotráfico, en referencia a los indultos y conmutaciones de penas a miles de sentenciados por esta actividad delictiva.

Cateriano consideró que el caso Narcoindultos es de una gravedad que debería indignar a la ciudadanía, y que resulta “inaceptable” que el gobierno de García haya beneficiado a narcotraficantes.

“Estamos ante una organización criminal que benefició al narcotráfico. Esa es la magnitud del escándalo del caso Narcoindultos. Mientras estuvieron en el poder tenían fiscales y jueces supremos a sus servicios, con un Tribunal Constitucional genuflexo”, cuestionó.

En esa línea, señaló que Del Castillo fue el “abogado ciego y fanático defensor de Alan García”. “Así como ocurrió en la primera investigación realizada en la cámara de diputados, también en el segundo gobierno aprista Del Castillo se dedicó a obstruir las investigaciones. Se intentó ridiculizar la labor de Sergio Tejada (presidente de Megacomisión del Congreso), luego vino una confrontación más agresiva, y finalmente una pelea total política de García contra Humala”, recordó.

En otro momento el expresidente del Consejo de Ministros calificó de “escándalo” el hecho de que los fiscales supremos cercanos al fujiaprismo todavía se mantengan en sus cargos, y afirmó que el país no pudo conocer la verdad de lo acontecido con los Narcoindultos porque el Apra y el fujimorismo tenían en la Fiscalía y en la Corte Suprema “dignatarios que los protegían y evitaban la labor de la justicia”.

Cateriano señaló que el narcotráfico representa uno de los flagelos del país y por tanto, que el gobierno de Alan García haya beneficiado a esta actividad criminal merece una amplia y exhaustiva investigación. “Por razones políticas e intereses económicos se ha impedido que el país conozca la verdad, pero esa puede ser una tarea del próximo Congreso: formar una comisión investigadora que no bloquee como hicieron apristas y fujimoristas”, indicó.

llos (el Apra) a lo largo de su historia política han empleado la guerra sucia para confundir y tergiversar los hechos, y como lo decía Alan García, ‘si no puedes convencer, confunde’. En eso el líder aprista fue insuperable, apuntó. Sin embargo, agregó que ya sin inmunidad parlamentaria, Del Castillo tendrá que someterse a la acción de la justicia como cualquier ciudadano.

DEBE REABRIRSE EL CASO

Por su parte, el investigador y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, coincidió en señalar que el Ministerio Público debe reabrir las investigaciones por el caso Narcoindultos. “No es posible que solo haya una persona en la cárcel por este caso, así que esta es una buena oportunidad para sacar la verdad a la luz”, indicó. Además, advirtió que la atención hacia Jorge del Castillo se está desviando a un tema escandaloso pero más inocuo, dado que el caso del pago irregular una trabajadora en el Congreso no tiene la envergadura de un caso donde se benefició a narcotraficantes.

Antezana señaló que, desde una perspectiva sociológica y al margen de la opinión de la Fiscalía, el Apra ha actuado como una organización criminal. En este sentido, recordó que además del vínculo ahora conocido con el caso Narcoindultos, están las investigaciones por presunta corrupción y vinculación a redes criminales a los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Luciana León.

“Se dice que los partidos no son organizaciones criminales, pero eso es en la literatura; en la realidad muchos terminan siendo controlados por estructuras criminales con varias actividades delictivas sistemáticas”, denunció.

Para el investigador, que el exnarcotraficante apodado “Brasil” haya expresado temor por las presuntas amenazas de integrantes del grupo paramilitar Rodrigo Franco, son un indicador de que sabía con quién se estaba involucrando cuando cambió de versión: “El Apra siempre ha tenido aparato de choque, al margen de cómo se llame. Entonces, si cambias de versión, es por plata o es por amenaza. En este caso es evidente que fue por miedo”.

ALGO MÁS

Finalmente, Antezana incidió en la importancia de que el Ministerio Público profundice en las investigaciones del caso, y advirtió que ante la ausencia del suicida presidente Alan García, el condenado Facundo Chinguel ya no tiene a quien ser leal y, al igual que Luis Nava, podría tener mucho para declarar ante los fiscales.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Hay una campaña para forzar la vacancia de Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

Hay una campaña orquestada para forzar la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.

Fue al comentar la denuncia sobre el supuesto pago irregular a un consorcio vinculado al Club de la Construcción por parte del gobierno regional de Moquegua cuando estaba bajo su administración en el 2014.

“No [considero] que no se tenga que investigar al Presidente, pero la Constitución es clara cuando se dice que se le investiga y acusa al final de su mandato, y lo que creo es que hay detrás una campaña orquestada para nuevamente forzar una vacancia o una renuncia. Creo que detrás hay eso, y esta campaña por momentos sube en intensidad y baja”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo estoy en contra de eso [de plantear la vacancia], porque viola lo dispuesto por la Constitución y tenemos que aprender a que el Presidente de la República cumpla con su mandato, pero lo que hay acá es una distorsión burda del sistema constitucional con fines políticos para intentar obstruir la acción de la justicia. Así lo veo claramente”, manifestó.

CAMPAÑA NO HA CESADO

El expremier dijo, en ese aspecto, que si el Jefe del Estado ha cometido un acto ilícito se le tiene que sancionar. Refirió, sin embargo, que el intento por sacarlo del cargo, no ha cesado.

“Si el señor Vizcarra ha cometido algún acto administrativo ilícito de acuerdo a la Constitución se le tiene que sancionar al finalizar su mandato. En lo que yo estoy completamente en desacuerdo es que se plantee permanentemente como mecanismo de solución a los problemas del Perú la vacancia del Presidente, que es el lema de campaña de fujimoristas y apristas”, refirió.

“Esta campaña por intentar vacar al presidente Vizcarra no ha cesado, tiene por momentos una intensidad, luego baja, pero hay una constante de que hay que vacar al presidente Vizcarra y es que dentro de este contexto que estoy en contra de estas campañas periodísticas” manifestó

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Política

Rechazó ampliar por 12 meses prisión preventiva contra Belaunde Lossio

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Martín Belaunde Lossio

Martín Belaunde Lossio, quien estuvo vinculado al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, podría recuperar su libertad en las próximas horas, porque el último lunes se venció el mandato de prisión preventiva de 24 meses que se dictó en su contra.

Después que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazara el pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses más el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Antalsis, el tribunal superior resolvió por mayoría confirmar la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción que rechazó en primera instancia el requerimiento fiscal.

El pasado lunes, se cumplió el plazo de 24 meses de prisión preventiva dictado contra Belaunde Lossio por el caso Antalsis. El empresario no tiene ningún otro mandato de este tipo por los casos ‘La Centralita’ y Odebrecht, en los que también se encuentra involucrado.

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