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Ramos puede ser F iscal de la Nación

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Ramos puede ser F iscal de la Nación

Pablo Talavera Elguera asumió esta semana la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En entrevista con LA PRIMERA, adelantó que planteará la modernización de las funciones constitucionales de esa institución. También se refirió a las investigaciones al juez de la Corte Suprema César San Martín y al fiscal de la Nación, José Peláez. Respecto a una posible candidatura del fiscal Carlos Ramos Heredia (pariente lejano de Nadine Heredia) al cargo de Fiscal de la Nación, consideró que no existe ningún impedimento legal ni ético que le impida postular a ese puesto.

—Acaba de asumir la presidencia del CNM y ha anunciado que uno de los ejes centrales de su gestión será la lucha contra la corrupción judicial. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar para trabajar este tema tan complejo?
Toda la información tiene que estar en los bancos, no se pueden hacer préstamos que no obren en documentos indubitables como escrituras públicas y tienen que usar el sistema bancario para hacer esas transferencias de dinero. Todas sus adquisiciones tienen que ser a nombre propio y estar en orden en las instituciones financieras. Además, hemos resuelto en precedentes normativos que quien incumple con presentar la declaración jurada o esta tiene datos inexactos debe ser sancionado por los órganos de control. Y con la nueva Ley de Presentación de Declaraciones Juradas, que establece determinado tipo de sanciones que van desde multas hasta la destitución por no presentar oportunamente la declaración jurada o presentarla de manera inexacta, también van a ser pasibles de medidas disciplinarias.

—¿Qué tanto se va a reforzar durante su gestión el nivel de sanción a los jueces y fiscales que incurran en faltas graves?
—Nosotros vemos lo que nos propone el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP). Son ellos los que investigan y luego determinan si proponen o no al Consejo la destitución. Hay un camino largo muchas veces para llegar recién a que el Consejo se pronuncie.

—Hay una preocupación constante en torno a la conformación del CNM, pues solo una minoría de los miembros del Consejo está ligado al ámbito jurisdiccional. ¿Usted plantearía alguna modificación respecto a este tema?
—Ese es un tema de carácter político, no es un tema meramente académico. La Constituyente creyó que era conveniente legitimar a la sociedad a través de sus representantes y el Consejo es muy representativo, tiene una composición interesante, así que yo no planteo ninguna modificación. Otra cosa es cómo se manejan los procesos en concreto. Ahí, mi gestión va a plantear una modernización de las funciones constitucionales del CNM.

—¿De qué se trata esta modernización?
—Va a consistir en una revisión de los métodos y procesos conforme a los cuales se llevan las tareas de selección, nombramiento, ratificación y procesos disciplinarios, con el fin de mejorar la forma de encarar estos procesos, reducir costos, generar mayor seguridad jurídica para quienes acceden a nuestros servicios y para apuntalar todo este trabajo hacia el perfil de un buen juez y un buen fiscal.

—Hace unas semanas, el congresista Heriberto Benítez cuestionó que el pleno del CNM, que usted integra y ahora preside, haya nombrado Fiscal Superior Especializada en Delitos de Corrupción a su esposa, Martha Mora Balarezo, y designó como Juez Especial Penal del Distrito Judicial de Lima Norte, a su hermano, Charles Talavera Elguera.
—Pero yo no los he nombrado. Tampoco he intervenido. (Benítez) hizo el cuestionamiento, pero no ha hecho ninguna denuncia. Además, eso fue de conocimiento de la Comisión de Justicia del Parlamento. Cuando la congresista Marisol Pérez Tello presidía esa comisión, el Consejo emitió el informe correspondiente y le dijo que yo me había abstenido y no había participado en esos concursos. Por lo tanto, he cumplido con lo que la ley señala.

—¿Cuándo se va a debatir el informe de la investigación que se le hizo al juez supremo César San Martín por la sentencia que emitió contra un periodista, cuando supuestamente la causa ya había prescrito?
—Sé que está en la etapa de informe, pero no le podría precisar la fecha en que se va a hacer eso, porque la comisión todavía no ha sido reconformada. A partir del día martes 13 (de marzo) va a ser establecida mediante el Pleno. El presidente propone al Pleno cómo deben estar conformadas las comisiones y recién ahí veremos quién la va a presidir y quiénes la integrarán. Esa es la comisión que tiene que informar al Pleno acerca de los resultados de la investigación preliminar.

—¿Cuándo se definirá si se le abre investigación a San Martín por los correos que intercambió con el abogado Gonzalo del Río durante el proceso que se le siguió a Alberto Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos?
—Eso está pendiente de calificación, porque inicialmente la denuncia no fue admitida porque faltó un requisito. Ese es un pronunciamiento que tiene que hacer la comisión al Pleno. Yo no intervengo en ese procedimiento.

—¿Usted ha dicho que el fiscal de la Nación, José Peláez, podría ser destituido si se determina que cometió una infracción grave?
—Yo no he dicho si debe ser destituido o no. Hay todo un trámite que es bueno que la ciudadanía conozca. Un magistrado de la Corte Suprema solo puede ser destituido cuando se comprueba una infracción muy grave, que tiene que estar entre las tipificadas en la ley. Cuando se abre investigación, es para determinar si hay o no indicios de que se ha cometido una infracción muy grave y, si se esto se comprueba, tiene que calificarse en qué parte de la norma está contemplada esa conducta ilícita para abrirse un proceso disciplinario a efectos de determinar la responsabilidad frente a esa imputación del investigado. Ahí puede ocurrir que la persona sea destituida, que se le devuelva a la Fiscalía para que le apliquen una sanción menor o que sea absuelto.

—De comprobarse que el Fiscal de la Nación no quiso colaborar con la justicia norteamericana en una investigación a la familia Sánchez Paredes, ¿habría cometido una infracción muy grave?
—Yo no le puedo contestar eso, porque usted me está planteando una hipótesis para que yo le conteste sobre algo en lo que yo estaría adelantando opinión.

—¿Cuál es su posición ante la posible postulación del fiscal Supremo Carlos Ramos Heredia, pariente lejano de la primera dama, Nadine Heredia, al cargo de Fiscal de la Nación?
—Yo tengo que respetar la autonomía de las instituciones. La elección del Fiscal de la Nación corresponde a la Junta de Fiscales Supremos, no a ningún miembro del CNM ni ninguna otra institución, así lo dice la Constitución y la ley. Si usted me pregunta si hay una causa legal de impedimento, le diría que no, porque se trata de una persona que trabaja en el Ministerio Público, desde el punto legal no hay impedimento. Desde la perspectiva sobre si es elegible o no, cualquiera de los miembros de la Junta de Fiscales puede ser elegido.

—¿Usted ve en su postulación un conflicto ético o moral?
—No, porque yo no puedo prejuzgar. Nadie puede prejuzgar que por el hecho de que sea primo, hermano, lo que fuera, vaya a actuar de manera indebida. Eso sería prejuzgar. Tendría que haber alguna razón objetiva para señalar si eso es correcto o no.

—Hace unas semanas se denunció que el fiscal Ramos Heredia había favorecido al presidente regional de Ancash, César Álvarez, con la remoción de algunos fiscales que estaban investigando a Álvarez.
—El tema está siendo investigado por el CNM y es materia de investigación, desde hace algún tiempo, en la Comisión de Procesos Disciplinarios, donde está en trámite. En relación al fiscal Supremo (Ramos), está pendiente de darse cuenta el escrito de un congresista (Modesto Julca, denunciante). Pero el hecho en sí, ya es materia de investigación.

—Entonces, ¿cuándo se definiría si Ramos Heredia es investigado?
—Recién a partir del día 11 (de marzo) se conforman las comisiones para que empiecen a trabajar y hagan su calendario de actividades, y ahí tendrán que dar cuenta de esa información.

Hay que considerar  las cosas positivas

MINERÍA ILEGAL

—Tras removerlo de su cargo, y ante la exhortación del presidente del Poder Judicial, el titular de la Corte Superior de Madre de Dios, Adolfo Cayra, ha restituido al juez Juan Becerra, quien había anulado una serie de resoluciones judiciales que favorecían a la minería ilegal en esa región. ¿Cómo ve este caso?
—Cada Corte es autónoma en el ejercicio de sus funciones. Y si un presidente incurre en una falta de carácter administrativo o disciplinario, tiene que ser corregido por los órganos correspondientes. La investigación determinará cuáles fueron las razones reales por las que ese presidente separó del cargo al juez Becerra.

—Hay una crisis de institucionalidad en el país y muchos atribuyen las últimas crisis del gobierno a la primera dama, Nadine Heredia. Algunos han planteado una regulación de las funciones de la esposa del Mandatario.
—Yo dirijo una institución autónoma. Esa es una cuestión de orden político, así que le dejo esto a los congresistas y a los que están en la política, porque yo debo respetar la autonomía de cada uno de los poderes. Puedo opinar sobre temas que son de carácter del sistema judicial y legal.

—¿Qué se puede hacer para fortalecer la institucionalidad en el país?
—Primero, respetar las instituciones y controlarlas adecuadamente a través del escrutinio social, los órganos de control y la interacción que hay entre éstos. Nosotros debemos garantizar que haya independencia, imparcialidad y garantía de un debido proceso en las investigaciones a los jueces y fiscales. Pero no permitiremos que se ponga en el picadero a cualquier juez o fiscal que no haya cometido un acto que se pueda considerar una infracción muy grave. Nosotros también estamos para velar por la garantía e independencia de ese juez y asegurarle que lo que decida conforme a su criterio será defendido.

SOBRE EL PODER JUDICIAL
Hay que considerar las cosas positivas

—¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía, que según los sondeos de opinión, desconfía del sistema judicial de nuestro país?
—Yo no creo que los ciudadanos desconfíen, porque sino no recurrirían al sistema de justicia. Ayer (miércoles) hemos visto una sentencia en un caso de mucha sensibilidad social que todos han comentado (el asesinato de Walter Oyarce). Cuando se condena a cadena perpetua a autores de la muerte de una chica (Ruth Thalía Sayas) que estuvo en un conocido programa de televisión, ¿qué piensa la ciudadanía en ese momento? ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial rechaza hábeas corpus absolutamente improcedentes? Hay que sumar las cosas positivas. Se hacen muchas cosas buenas. Nosotros vamos a perfeccionar nuestro mecanismo de respuestas y dar mayor participación a la ciudadanía. Quiero mandar un mensaje tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, el CNM no pretende interferir en sus funciones, pero tampoco vamos a dejar de actuar conforme al mandato constitucional vigilando que el desempeño de los jueces sea el adecuado y llevando adelante los procesos que la Constitución nos ha encargado, que es seleccionar jueces idóneos, evaluar su desempeño y determinar si alguien tiene que ser destituido o no.

Gustavo Palomino
Redacción

Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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