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Editorial

¿Quién se ocupa de la salud mental?

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Efectivos de la Policía Nacional rescataron el pasado fin de semana a dos niñas de 2 y 10 años, respectivamente, que se encontraban dentro de un tanque de agua instalado en el tercer piso de una vivienda en el asentamiento humano César Vallejo, del distrito de Puente Piedra. Según testimonio de las niñas y de algunos vecinos, fue su propia madre quien las encerró como castigo en ese pequeño espacio, y justo cuando en algunos sectores de la capital se soporta temperaturas superiores a los 30º C.

Sin embargo, la mujer también fue acusada de arrojar desde el tercer piso a un cachorro, que fue bautizado por los vecinos como Lázaro. La desnaturalizada madre fue conducida a la comisaría del sector, mientras que las dos niñas están en un albergue hasta que se realicen las investigaciones del caso, y las autoridades tomen una decisión adecuada para proteger a las menores de los tratos tan crueles que les daba su progenitora.

No es el primer caso de violencia familiar. Los noticieros de televisión están plagados de ello y con repetición de imágenes y todo. Sin ningún comentario de un especialista, por su puesto, lo cual le da un carácter de reforzamiento a quienes pueden estar padeciendo problemas mentales incipientes. En efecto, en el Perú este problema es un tema de salud pública y, a pesar de la importancia que tiene, la estrategia de salud mental en nuestro país tiene un magro presupuesto, casi nulo. Los retos son enormes y si algunos estiman que el 55% de casos no son atendidos, otras cifras difieren y señalan que el 80% de casos no son tratados.

Es un error tratar la violencia familiar como un problema policial o como un tema de género –hombres contra mujeres– porque se trata antes que nada de un tema de salud pública y como tal debe ser atendido por el Ministerio de Salud, pero para eso se requiere de dotar al sector de un presupuesto adecuado. La solución no son las leyes draconianas para los casos de violencia familiar. Los congresistas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberían estar asegurando las partidas presupuestales necesarias para atender la salud mental de la población. De eso, hasta ahora, no dicen nada.

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Editorial

Sin solución para el transporte público

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La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, ha dicho que el subsidio general en el transporte público no ayuda a que el sistema sea eficiente. En realidad ya ha pasado mucho tiempo desde que en los años ‘90 se liberalizó las tarifas del transporte urbano de pasajeros sin que pueda decirse que eso ha impulsado una relativa mejora en ese servicio público. Por el contrario, Lima y otras ciudades del país han visto convertirse en un caos el tránsito vehicular.

Lo que sí hay es algunos intentos de parte del Estado por mejorar el insufrible transporte urbano de pasajeros en Lima, mediante proyectos como el tren eléctrico, el Metropolitano y algunos “corredores” con buses modernos. Sin embargo, por falta de planificación no han tenido el impacto deseado porque la demanda ha superado largamente la oferta. Aun así, la gente prefiere ese tipo de transporte –mucho más caro que el convencional– porque es la única forma de llegar a tiempo a sus centros de labores, lo cual justifica la mayor inversión.

Empero, el Gobierno no ha hecho un estudio serio hasta ahora de la cantidad de horas-hombre que se pierde en el país por tanta deficiencia en el servicio público de transporte urbano. Seguramente que sería noticia de portada para varios medios de comunicación. En efecto, el Perú es uno de los países con mayor caos en el tránsito vehicular. Cuando llega un extranjero se queda sorprendido por la manera en que los conductores tienen que manejar sus vehículos y hasta llegan a decir que ellos no podrían conducir en Lima.

Además, habría que decir que en casi todos los países existen subsidios al transporte público y eso no quita que sean eficientes. En el Perú, en cambio, no hay subsidios a pesar que mucha gente tienen que tomar dos y tres vehículos para llegar a su centro de trabajo o de estudios. El Gobierno ha aprobado hace poco el Decreto Supremo N° 022-2019-MTC que dispone la Política de Subsidios del transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao. Ojalá que sea en beneficio de la mayoría de usuarios y especialmente de las personas de menores recursos.

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Editorial

Expresidente en salmuera

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo esperar que la extradición del exmandatario Alejandro Toledo, quien es investigado por el caso Odebrecht, se resuelva en el menor plazo posible. Ha recordado que todas las personas y principalmente las autoridades tienen que dar la cara a la justicia y hacerse responsables de sus actos.

En realidad, eso dependerá de cómo hayan hecho las cosas las autoridades peruanas, especialmente Torre Tagle. Si el cuadernillo está bien encaminado, se puede pedir celeridad en el trámite de extradición, pues recordemos el caso de César Hinostroza que resultó beneficiado al no proceder el delito de organización criminal.

Razón no le falta al Jefe del Estado al argumentar que en el Perú se vive en democracia, está vigente el Estado de derecho y hay separación de poderes. Sin embargo, el abogado y excongresista Heriberto Benítez ha alertado de que la detención del expresidente es solo el inicio de la extradición y que de ninguna manera quiere decir que será traído de inmediato.

En efecto, según ha señalado, lo que corresponde ahora es que sea llevado ante un juez federal, quien decidirá la extradición. Lo que ha ocurrido hasta el momento es que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han revisado el pedido de extradición y lo han remitido a un juez federal que resolverá el fondo del pedido, según Benítez.

En buen romance, la extradición ahora está en manos del juez federal quien tendrá que ver el fondo del asunto en lo que al expediente se refiere; es decir, si se cumple con todos los requisitos, si hay tratados, si es que no hay persecución política, para recién determinar si acepta o no el pedido de las autoridades peruanas.

Sería bueno que las autoridades peruanas no den motivos para que se retrase la extradición, pues el expresidente Alejandro Toledo, como todos los peruanos, no tiene corona como para que el largo brazo de la justicia no le alcance. Además, habrá que esperar que no tenga nacionalidad estadounidense porque entonces sería más difícil.

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Editorial

Otra perla del fujimorismo

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El ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, ha dicho que el máximo intérprete de la Carta Magna debe dar explicaciones razonables en caso que el hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se esté tramitando fuera del reglamento, como viene alertando IDL-Reporteros. Razón no le falta porque la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley y eso no se estaría cumpliendo en ese caso.

Ocurre que IDL-Reporteros ha señalado que dentro del TC se habrían hecho gestiones para que el expediente del hábeas corpus presentado a favor de Fujimori Higuchi sea calificado como un “expediente relevante”. “Que haya esos indicios de que se está tramitando fuera del marco del reglamento y de la ley, de manera discrecional, en realidad ameritaría dar explicaciones razonables.

En efecto, el trámite de un recurso ante el TC debería observar la igualdad ante la ley porque de otra manera el TC debería de aclarar ¿cuál es esa trascendencia y dónde están previstos esos supuestos? ¿O es que pudiera tratarse de una decisión discrecional del colegiado, como se pregunta el extitular del TC?

Ciertamente, no debería pasarse por alto este caso porque, de pronto, puede generar un precedente que sea visto en el Pleno. Todos somos iguales ante la ley y eso es lo que tendría que prevalecer, como lo ha señalado el exmagistrado del Tribunal Constitucional. Fuerza Populares una agrupación política, cuyos líderes muchas veces consiguen aprobar leyes que les beneficien, pero el Tribunal Constitucional es un órgano que debe mostrar transparencia en todo momento.

Para muestra basta un botón. Hemos visto hace algunas horas que la agrupación fujimorista ha acudido a la Organización de Estados Americanos (OEA), por el caso de Keiko Fujimori a quien consideran, contra todo razonamiento jurídico, una perseguida política. Para ello, se han saltado a la garrocha la instancia correcta como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo encargado de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos. Ellos saben que será declarado inadmisible su pedido porque no corresponde acudir a la OEA.

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