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Editorial

¿Quién se ocupa de la salud mental?

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Efectivos de la Policía Nacional rescataron el pasado fin de semana a dos niñas de 2 y 10 años, respectivamente, que se encontraban dentro de un tanque de agua instalado en el tercer piso de una vivienda en el asentamiento humano César Vallejo, del distrito de Puente Piedra. Según testimonio de las niñas y de algunos vecinos, fue su propia madre quien las encerró como castigo en ese pequeño espacio, y justo cuando en algunos sectores de la capital se soporta temperaturas superiores a los 30º C.

Sin embargo, la mujer también fue acusada de arrojar desde el tercer piso a un cachorro, que fue bautizado por los vecinos como Lázaro. La desnaturalizada madre fue conducida a la comisaría del sector, mientras que las dos niñas están en un albergue hasta que se realicen las investigaciones del caso, y las autoridades tomen una decisión adecuada para proteger a las menores de los tratos tan crueles que les daba su progenitora.

No es el primer caso de violencia familiar. Los noticieros de televisión están plagados de ello y con repetición de imágenes y todo. Sin ningún comentario de un especialista, por su puesto, lo cual le da un carácter de reforzamiento a quienes pueden estar padeciendo problemas mentales incipientes. En efecto, en el Perú este problema es un tema de salud pública y, a pesar de la importancia que tiene, la estrategia de salud mental en nuestro país tiene un magro presupuesto, casi nulo. Los retos son enormes y si algunos estiman que el 55% de casos no son atendidos, otras cifras difieren y señalan que el 80% de casos no son tratados.

Es un error tratar la violencia familiar como un problema policial o como un tema de género –hombres contra mujeres– porque se trata antes que nada de un tema de salud pública y como tal debe ser atendido por el Ministerio de Salud, pero para eso se requiere de dotar al sector de un presupuesto adecuado. La solución no son las leyes draconianas para los casos de violencia familiar. Los congresistas, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberían estar asegurando las partidas presupuestales necesarias para atender la salud mental de la población. De eso, hasta ahora, no dicen nada.

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Editorial

Acuerdos y desacuerdos

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La empresa OAS ha expresado su preocupación por la seguridad jurídica del acuerdo de colaboración eficaz que se encuentra negociando con el Ministerio Público y la Procuraduría peruana, en el marco de la legislación vigente. Así lo ha señalado en un comunicado difundido dos días antes de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos para que explique el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que se realizará mañana jueves, y en momentos que hay un proyecto que plantea derogar la Ley 30737, que garantiza el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Por un lado, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no puede tener responsabilidad alguna sobre un acuerdo que está en manos de los procuradores y fiscales y que será revisado después por el Poder Judicial, que tendrá la última palabra. De otra parte, la Ley 30737 que el aprofujimorismo pretende derogar fue aprobada el 8 de marzo de 2010 en el Parlamento por 79 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones. De los que estuvieron a favor 42 fueron congresistas de Fuerza Popular. Ninguno de los legisladores fujimoristas se pronunció en contra.

Si bien es cierto que el Gobierno espera recibir 1,275 millones de soles por reparación de cuatro proyectos del Acuerdo (S/610 millones), intereses legales (S/150 millones), reparación por el proyecto Chacas (S/ 65 millones) y pagos de impuestos a Sunat (S/450 millones). Pero no es lo único, pues además se espera recibir otros dineros de reparaciones civiles ya sea por otros acuerdos de colaboración eficaz o por sentencias judiciales. Asimismo, por concepto de embargos e incautaciones de cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y acciones de empresas.

Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿qué buscan los parlamentarios del aprofujimorismo con su intención de derogar la ley? Está claro que obtener una mayor reparación civil no es el objetivo porque al derogar la ley ya no se podrá negociar la colaboración eficaz con las cuestionadas empresas, pues la ley promueve la venta de activos de las empresas involucradas y da un plazo de hasta 10 años para cumplir con las reparaciones.

Y como dice el exprocurador César Azabache tener un cronograma para cobrar a 10 años es mejor que no poder cobrar nada mientras dure el proceso judicial.

Sería bueno, en todo caso, que las autoridades se amarren bien los pantalones y respalden el trabajo de fiscales y procuradores. Por su parte, los congresistas del aprofujimorismo lo único que hacen con su actitud es demostrar miedo a que continúe la colaboración y que la verdad se abra paso

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Editorial

Caiga quien caiga

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La Procuraduría Anticorrupción denunció ayer al congresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias, tras revelarse que solicitó dinero a cambio de levantar una sanción a una embarcación pesquera. La denuncia ha sido presentada ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Según un reportaje del programa “Panorama”, Vieira habría solicitado 20,000 dólares para levantar una sanción de caducidad de permiso de pesca impuesta por el Ministerio de la Producción a una embarcación de su primo y empresario Guillermo Venegas Vieira.

Venegas registró la llamada que tuvo con el legislador, en la cual este último se compromete a arreglar “el problema”, pues sospecha que el legislador tuvo que ver con la caducidad del permiso de su embarcación Ponce II. No se sabe si las sospechas del primo y dueño de la nave tienen fundamento o no, pero de llegarse a comprobar, la denuncia indicaría que la corrupción está vivita y coleando en el Congreso, en los ministerios y en muchas instituciones más. En todo caso, el congresista Roberto Vieira ha dicho que no teme a las investigaciones por presunto tráfico de influencias y aseguró que presentará las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

La Comisión de Ética parlamentaria aprobó iniciar una indagación preliminar a Vieira por la denuncia periodística que lo involucra en el cobro de dinero a cambio de mover sus influencias para levantar una sanción administrativa en el Ministerio de la Producción. Sin embargo, Vieira niega los hechos y asegura que nunca ha recibido ni un sol ni ha hecho tráfico de influencias a favor o en contra de algún proceso. Además, señala estar preparando las pruebas y sostiene que “eso se aclarará en su momento”.

Por su parte, la ministra de la Producción ha hecho bien en haber dispuesto una exhaustiva investigación en ese portafolio, pues los congresistas advierten que el audio no deja lugar a dudas y que no es nada creíble que el dinero solicitado era para el pago de un abogado porque en la conversación no se escucha hablar de contratar una defensa. De otro lado, es necesario indagar sobre los vínculos que pudiera tener el congresista Vieira con funcionarios del ministerio. Por la salud moral del país, las investigaciones sobre este caso de presunta corrupción deben llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga.

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Editorial

¿La militancia es el problema?

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Suena razonable la propuesta de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, de que quienes resulten elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no deben tener licencia de militancia política y ser absolutamente independientes. Es decir, no militancia política ni licencia. La ley, sin embargo, considera la posibilidad de que los miembros del JNJ puedan tener esa licencia.

De lo que se trata, según la decana del CAL, es que las personas que lleguen a integrar la Junta Nacional de Justicia tengan independencia partidaria absoluta, de tal suerte que se pueda recuperar el prestigio y credibilidad de una institución tan importante. Por eso ha pedido, también, ser drásticos en este aspecto, pues de otra manera no se podría recuperar la confianza ciudadana. Un punto de vista muy respetable, que ha sido ampliamente debatido y forma parte de las conclusiones de un conversatorio con especialistas en derecho constitucional realizado por el CAL.

Por cierto, las conclusiones serán alcanzadas la semana que viene a la comisión encargada de elegir a los integrantes de la JNJ. No obstante, habría que agregar que además de todos los filtros para elegir a los candidatos, como pueden ser la meritocracia y la cuota de género, debería tenerse el máximo cuidado en elegir a los candidatos que demuestren ser inmunes a la corrupción. El problema comienza cuando las personas aceptan el encargo por razones crematísticas. Eso es más peligroso que la militancia política.

Ojalá, pues, este nuevo organismo garantice un Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Sobre todo, en este momento en que la economía global se está desacelerando y se requiere dar mayor confianza a los inversionistas que quieren apostar por el Perú. También es necesario que el ciudadano de a pie se sienta protegido en el sentido de saber que la ley es igual para todos y que gracias a eso desaparezca la idea de que “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”.

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