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Editorial

Que se archive proyecto antiprensa

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Hoy, a partir de las 9 de la mañana, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside el fujimorista Roy Ventura, debatirá el polémico proyecto del legislador aprista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados y que es a todas luces atentatorio contra la libertad de expresión.

Esta comisión tiene el deber de enviar al archivo este proyecto creado por un legislador aprista que se ha puesto al lado contrario de las libertades democráticas y parece querer que el Estado no difunda información valiosa para los ciudadanos de todo el país y no entiende que la publicidad estatal es una inversión y no un gasto.

Diversos especialistas han señalado con claridad que este proyecto no es conveniente para el sistema democrático porque mediante una ley se quiere impedir que se cumpla en derecho de los ciudadanos de estar enterados de las actividades importantes del Estado.

Por ejemplo, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, cuestionó la iniciativa legal y la celeridad extraña con que se quiere poner en debate en la comisión referida del Congreso.

Villarán ratificó que su institución considera que la iniciativa afecta la libertad de prensa y el acceso de los ciudadanos a información y dijo que hace un llamado a fin de que los integrantes de la comisión puedan votar a conciencia y optar por el archivo definitivo del proyecto.

Mulder, quien para muchos está con el ego muy levantado y que se alucina dueño del Congreso, presentó el proyecto en noviembre del año pasado. Luego, el 28 de febrero de este año, curiosamente fue aprobado por la Comisión Permanente y exonerado de segunda votación por la Junta de Portavoces.

El 21 de marzo de este año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski observó la autógrafa de la ley y presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental, que está en la Comisión de Transportes y de Fiscalización, pero que no se debatirá todavía.

Mulder ha recibido duras críticas por atentar contra la prensa y lo bueno es que congresistas de diversas bancadas se han manifestado contra del proyecto y esperamos que se mande hoy al archivo definitivo porque está reñido con el sistema democrático que defiende la libertad de prensa.

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Editorial

Buscando impunidad

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El presidente Martín Vizcarra advirtió desde un principio que la lucha contra la corrupción no iba a ser fácil y no se equivocó. El fujimorismo está recurriendo a todas las maniobras legales posibles en busca de lograr la impunidad. Tal es su osadía que han llegado al punto de investigar una empresa de la que fue socio Martín Vizcarra antes de ser presidente, incluso antes de que asumiera como gobernador regional de Moquegua en 2011. Es a todas luces una maniobra desesperada que raya en la ilegalidad como lo ha hecho notar el congresista Yonhy Lescano.

Sostiene, y no sin razón, el legislador acciopopulista, que la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar a la Constructora Conirsa y a la empresa CyM Vizcarra es una reacción frente a las acciones del presidente Martín Vizcarra para luchar contra la corrupción. Buscan implicar al Jefe del Estado con la constructora brasileña Odebrecht con fines “non sanctos”, pues lo que en el fondo quieren es sacar al mandatario para que no siga liderando la lucha contra la corrupción en la que está comprometido desde el inicio de su gestión.

Es el mismo modus operandi que han empleado en el tema judicial. En este caso, el exfiscal supremo Avelino Guillén coincide con el fiscal anticorrupción José Pérez en que el claro objetivo procesal del fujimorismo ha sido apartar al juez Carhuancho desde el inicio. Esta ha sido -ha dicho– la quinta oportunidad en que lo han recusado y esta vez la sala ha resuelto declarar fundado el pedido que, al mismo tiempo, es formulado por un prófugo de la justicia, según ha recordado el exfiscal Supremo que puso tras las rejas a Alberto Fujimori.

Ocurre, sin embargo, que cualquier investigación al presidente Vizcarra violaría el Artículo 11 de la Constitución que establece que el “Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; y por disolver el Congreso”. Sin embargo, tal es la desesperación del fujimorismo y de sus socios apristas en el Congreso que no escatiman esfuerzos en buscar la impunidad a cualquier precio, aunque tengan que sacar al Presidente de la República. No obstante, la ciudadanía toda está alerta y esta vez les dirán basta.

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Editorial

La justicia debe imponerse

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado fundada la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama, y dispuso que el magistrado se aparte del caso “Cocteles” para que otro juez de investigación preparatoria asuma el proceso. Esta decisión ha causado no solo sorpresa sino también indignación entre los fiscales y magistrados que vienen luchando contra la corrupción, por tratarse de una resolución ilegal, tal como ha sido advertido por representantes del Ministerio Público.

La resolución se sustenta en que el juez Concepción Carhuancho emitió declaraciones a la prensa sobre hechos relacionados a la actuación de los fiscales que investigan el caso Odebrecht, lo cual es tomado como adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso. Sin embargo, muchos de los argumentos carecen de motivación. Uno de ellos es el que hace alusión a una entrevista, pero la defensa no acompaña los impresos de la referida entrevista aparecida en un diario local. Sin embargo, los jueces dan por cierta esta información.

En tanto, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, ha coincidido en que la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, de apartar del caso Keiko Fujimori al juez Richard Concepción Carhuancho, es ilegal e irregular porque no se respetó los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación y por haberse emitido la resolución en tiempo récord. Y lo que es más, no corrieron traslado de la documentación a la otra parte.

Más preocupante aún es la presencia de la juez Jessica León Yarango en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, pues ella es la jueza de la Sala que anuló la detención de Keiko Fujimori, y que –según IDL Reporteros– en el pasado trabajó como adjunta del fiscal que archivó el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori a la oposición. Años después, León favoreció con su voto a César Hinostroza cuando laboraba en la Corte del Callao.

Urge, pues, que el Poder Judicial declare la nulidad de la resolución que aparta del caso al juez Concepción Carhuancho, uno de los pocos que sacan cara por el Poder Judicial, porque complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando el citado magistrado tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero.

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Editorial

¿Un tren que trae cola?

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Aún no se pueden establecer las causas del aniego de aguas servidas que se produjo en San Juan de Lurigancho, dejando prácticamente con lo que tenían puesto a miles de vecinos de ese populoso distrito, uno de los más grandes de Lima, que ha tenido que ser declarado en emergencia sanitaria. Inclusive los médicos que acudieron al lugar señalaron que las consecuencias podrían verse recién en 20 o 25 días, pues es el tiempo que tardaría en aparecer los problemas de alergias, ácaros y epidemias como el dengue, por ejemplo. La humedad en los muebles podría desatar muchas plagas, si el Ministerio de Salud no reacciona rápidamente.

Por su parte, representantes de Sedapal adelantaron que los vecinos deben ser indemnizados por los daños sufridos, pero también advirtieron que el peso del Metro de Lima podría haber provocado que el terreno se hunda y la tubería reviente. Sería lamentable, porque la ciudad capital siempre adoleció de la falta de un transporte masivo que evite el caótico crecimiento del parque automotor. Sin embargo, también es verdad que desde sus inicios, durante el primer Gobierno de Alan García, esta obra presentó un sinnúmero de problemas técnicos y también de corrupción.

Nadie podría negar que el transporte masivo es una necesidad vital para la gran Lima y sus más de 10 millones de habitantes, pero no al precio que tendrían que pagar los pobladores que menos tienen y que han podido salir adelante a puro esfuerzo. Por lo pronto, la empresa del tren eléctrico afirma que la estructura del Metro de Lima no ha sufrido hundimiento alguno. Lo cierto es que todavía no se han realizado las pericias del caso porque lo primero es atender a los pobladores afectados. Tienen que ser reubicados provisionalmente para evitar los peligros de epidemias por la gran cantidad de aguas servidas que hasta horas de la noche aún había en la zona.

El gerente de Aguas Residuales de Sedapal, Francisco Quezada, ha explicado que el peso del Metro de Lima podría haber provocado el colapso, y el ministro de Vivienda ha dicho que es posible. Todo puede ser, pero eso lo dirá el peritaje técnico. Lo cierto es que en el Perú ya no se deben hacer las cosas solo pensando en el lucro o en el rédito político. Ojalá no sea este el caso, pero habría que recordar aquel viejo dicho: “Lo que mal empieza, mal acaba”.

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