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Editorial

Que se archive proyecto antiprensa

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Hoy, a partir de las 9 de la mañana, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, que preside el fujimorista Roy Ventura, debatirá el polémico proyecto del legislador aprista Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados y que es a todas luces atentatorio contra la libertad de expresión.

Esta comisión tiene el deber de enviar al archivo este proyecto creado por un legislador aprista que se ha puesto al lado contrario de las libertades democráticas y parece querer que el Estado no difunda información valiosa para los ciudadanos de todo el país y no entiende que la publicidad estatal es una inversión y no un gasto.

Diversos especialistas han señalado con claridad que este proyecto no es conveniente para el sistema democrático porque mediante una ley se quiere impedir que se cumpla en derecho de los ciudadanos de estar enterados de las actividades importantes del Estado.

Por ejemplo, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, cuestionó la iniciativa legal y la celeridad extraña con que se quiere poner en debate en la comisión referida del Congreso.

Villarán ratificó que su institución considera que la iniciativa afecta la libertad de prensa y el acceso de los ciudadanos a información y dijo que hace un llamado a fin de que los integrantes de la comisión puedan votar a conciencia y optar por el archivo definitivo del proyecto.

Mulder, quien para muchos está con el ego muy levantado y que se alucina dueño del Congreso, presentó el proyecto en noviembre del año pasado. Luego, el 28 de febrero de este año, curiosamente fue aprobado por la Comisión Permanente y exonerado de segunda votación por la Junta de Portavoces.

El 21 de marzo de este año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski observó la autógrafa de la ley y presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental, que está en la Comisión de Transportes y de Fiscalización, pero que no se debatirá todavía.

Mulder ha recibido duras críticas por atentar contra la prensa y lo bueno es que congresistas de diversas bancadas se han manifestado contra del proyecto y esperamos que se mande hoy al archivo definitivo porque está reñido con el sistema democrático que defiende la libertad de prensa.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Editorial

El arte del engaño

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El presidente Martín Vizcarra ha reafirmado su compromiso de llevar adelante los temas propuestos para la reforma política y judicial, con la finalidad de que la población asista al referéndum el próximo 9 diciembre. Sin embargo, para algunos, el mandatario peca de confianza, especialmente después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo ha calificado de “golpista” y “generador de cortinas de humo”, seguramente recordando ella lo que fue el gobierno de su padre, Alberto Fujimori y de su socio Vladimiro Montesinos.

En todo caso, vale la advertencia y no debería ser echada en saco roto, pues a lo largo de los últimos 20 años el Perú ha podido darse cuenta de la forma en que actúan los miembros de Fuerza Popular, quienes han mostrado que han hecho del engaño y las leguleyadas un estilo de hacer política. No obstante, el Jefe del Estado ha señalado que la confianza ha sido otorgada de manera integral en función de la disposición del Presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, “no tenemos por qué dudar”

Pero los miembros de la bancada fujimorista ya han salido a decir que el tema del referendo no depende de ellos sino del Jurado Nacional de Elecciones. Sería bueno, entonces, que el Presidente y el premier Villanueva se mantenga firmes en sus planteamientos y no permitan que los miembros de Fuerza Popular le pasen gato por liebre a la población que está esperando acudir al referéndum el próximo 9 de diciembre para expresarse libremente.

No es gratuito que la Comisión de Constitución del Congreso haya suspendido el debate del proyecto referido a la bicameralidad, mientras que aún está pendiente el tema de la no reelección de congresistas. Esto podría ser un indicio, si no la confirmación de que el fujimorismo, al igual que el lobo, pierde el pelo, pero no las mañas.

Tanto el presidente Vizcarra como el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no deben de olvidar que Fuerza Popular conoce muy bien sobre el arte del engaño.

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Editorial

El primer poder del Estado

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Durante el extenso debate que generó la solicitud del voto de confianza y aprobación de los proyectos de reforma política y judicial planteados por el Gobierno, la representación nacional ha reiterado que el Parlamento Nacional es el primer poder del Estado. Así es –por lo menos así debiera serlo– no obstante la bancada de Fuerza Popular parece no entender qué significa eso, pues sus integrantes han mantenido durante todas sus intervenciones un discurso antidemocrático, en el que ha salido a relucir su prepotencia por saberse mayoría.

Ser el primer poder del Estado implica, en primer lugar, una gran responsabilidad por haber recibido los votos necesarios para ocupar la curul en la que se encuentran. En segundo lugar, si se deben al soberano –el pueblo que los eligió– es a él a quien deben rendir cuentas de sus actos porque obran en su representación. Y el electorado ya se ha pronunciado en las calles con voz firme y actitud resuelta: Que se vayan todos, ha dicho y ha pedido un referéndum para expresar la voluntad popular.

Sin embargo, la mayoría de Fuerza Popular ha denostado contra el Gobierno, haciendo la salvedad que en su momento votarían a favor de la cuestión de confianza. Cosa difícil de comprender, a no ser porque quizá los parlamentarios fujimoristas habían tomado la decisión de antemano de aprovechar las cámaras y los reflectores para lanzar todo tipo de epítetos contra el Ejecutivo. No era gratuito, tampoco, que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori haya salido más temprano a decir que los pedidos del Ejecutivo eran solamente una “cortina de humo”.

Así las cosas, la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular –léase fujimorismo– fue derrotada en las calles por lo que se vio obligada a aprobar la cuestión de confianza con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones. De no haber ocurrido así, las calles habrían vuelto a pedir el cierre de este Congreso y “que se vayan todos a su casa” lo que implicaría adelantar las elecciones. Eso lo sabía el fujimorismo y tuvo que dar su brazo a torcer.

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