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Editorial

¡Que la historia lo juzgue!

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Razón no le falta al exprocurador Julio Arbizu al decir que la muerte de Alan García no puede ser usada para “tirarse abajo” la lucha contra la corrupción ni las investigaciones en torno al caso Lava Jato que ingresarán a una fase crítica con las próximas declaraciones de Jorge Barata. En efecto, hay muchos personajes involucrados y más de uno quisiera ver fuera a los fiscales del equipo especial que investiga el sonado caso. Sin embargo, ninguna conexión existe entre la autoeliminación del expresidente aprista y la investigación fiscal.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, ha opinado que la lucha contra la corrupción en el Perú es un proceso que no puede ni debe detenerse, pues de este depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática. Además, ha considerado que sería trágico que “la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados.

En tanto, un programa periodístico dominical que se emite por Latina ha difundido anoche declaraciones de Ricardo Pinedo, que fue secretario y amigo de Alan García, quien revela que él recibió la carta del mandatario con la consigna de entregársela a sus hijos, en el momento que él le iba a indicar. En todo caso es un elemento más para presumir que fue una decisión muy personal de Alan García, planificada con mucha anticipación. ¿Por qué, entonces, tratar de culpar al Ministerio Público para frenar el combate a la corrupción?

En las próximas horas hablará el exfuncionario de la constructora Odebrecht Jorge Barata, quien tendrá que decir toda la verdad, pues de lo contrario corre el riesgo de perder los beneficios de la confesión premiada a la que se acogió en Brasil. Es por ello que no podrá cambiar su versión cuando declare ante los fiscales peruanos. De lo que declare Barata depende que muchos funcionarios y políticos de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala desfilen por el banquillo. A García que la historia lo juzgue.

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Editorial

Justicia que tarda no es justicia

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En el Perú ya nada sorprende, pero a pesar de ello no deja de llamar la atención que una familia haya sostenido durante 20 años un proceso judicial contra el Estado reclamando la propiedad de Machu Picchu. Parecería cosa de locos, de no ser porque el asunto es mucho más serio de lo que se pudiera pensar. Sabido es que en el Perú la justicia camina a paso de tortuga y que los litigantes tienen que subir y bajar numerosas veces las escaleras del Palacio de Justicia antes que sus escritos pasen de una ventanilla a otra.

Sin embargo, es increíble que en pleno siglo XXI el Estado tenga que gastar los recursos de todos los peruanos para que el Poder Judicial por fin resuelva lo que es evidente: el patrimonio arqueológico de la nación no puede estar en manos de particulares, le pertenece al Estado; es decir, a todos los peruanos. La resolución no ha salido sino después de 20 largos años de batallas legales, cabría preguntarse, entonces, qué estará pasando con los juicios que están llevando por una u otra razón ciudadanos de escasos recursos.

Se trata, en realidad, de una situación que debería ser resuelta cuanto antes. Sin embargo, no hay hasta el momento una reforma que remueva desde sus cimientos nuestro sistema de justicia. Ofrecimientos y anuncios se ha hecho al por mayor, pero hasta ahora sin resultados a la vista. Ya tenemos el caso del Consejo nacional de la Magistratura que ha sido reemplazado por otro organismo, cuyos resultados están en veremos. Hemos visto cómo operaban los jueces de los “Cuellos blancos del Callao”, pero hasta ahora no vemos ninguna reforma integral de nuestro sistema judicial.

La pregunta es qué estamos esperando. ¿Acaso queremos que se vayan todas las inversiones por falta de garantías para una buena administración de justicia? Claro que no. Pero, entonces, le toca al Gobierno pasar de las palabras a los hechos con las reformas anunciadas, entre ellas la del sistema judicial. Debemos desechar para siempre aquella expresión de “La justicia tarda, pero llega” o mejor cambiarla por otra que diga “justicia que tarda no es justicia”.

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Editorial

Garantizar la salud a todos los peruanos

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El Ministerio de Salud (Minsa) ha informado recientemente que los casos de neumonía en el país han bajado en un 14%, en el último año. Esta información estadística podría ser considerada positiva a no ser porque también corrobora que es Huancavelica la región con mayor incidencia de afectados por este mal.

Junto con Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, Huancavelica –según el mapa de la pobreza de 2018–constituyen después de Cajamarca el segundo grupo de regiones más pobres del país,lo cual es paradójico porque al mismo tiempo produce riquezas mineras.

En todo caso, es fácil percatarse que ese grupo de departamentos debió merecer la mayor atención por parte del Estado, en el entendido que es precisamente el Estado el que se debe encargar de regular esas inequidades para que las poblaciones más vulnerables del país puedan acceder en igualdad de derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos, empleo, entre otros.

Sin embargo, encontramos que, a estas alturas del partido, en plena era de la información y las comunicaciones, cuando internet nos permite conocer rápidamente la situación en que se encuentran las poblaciones más alejadas y movilizar recursos hacia ellas, debemos seguir contando a esos peruanos como simples guarismos, como meras estadísticas.

Ahora se nos dice que la neumonía se redujo en 14%, pero que Huancavelica presenta la mayor incidencia de esta enfermedad. ¿Qué han hecho entonces las autoridades de Salud por revertir ese triste récord que solamente desnuda la miseria y el subdesarrollo?

Estamos hablando nada menos que de unos 17 mil casos de neumonía en menores de 6 años, desde enero hasta agosto del presente año. Hay que tener más cuidado, pues, en el manejo de este mal que ojalá pronto descienda a niveles cercanos a cero y especialmente en las regiones más pobres del país. Hay que entender que los peruanos de menores recursos necesitan también del acceso a la salud y para eso el Gobierno debe de trabajar las 24 horas hasta cumplir verdaderamente con todas las metas.

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Editorial

Matar al mensajero

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La Comisión de Fiscalización del Congreso instaló ayer el grupo de trabajo que investigará la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras, el cual estará presidido por Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, e integrado por Marco Miyashiro (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (Apra), pues Horacio Zeballos, de Nuevo Perú, presentó su renuncia y no formará parte de este grupo, que tendrá un plazo de 60 días hábiles para hacer su trabajo. Según la presidenta no hay animadversión contra las encuestadoras y cumplirán su tarea con responsabilidad.

No obstante, habría que aclarar que las comisiones investigadoras no se conforman tan alegremente para indagar lo que se les ocurra, sino que surgen a partir de denuncias sobre hechos concretos o cuando malos funcionarios del Estado hacen uso indebido de los recursos del Estado. En este caso no parece haber nada de eso. Por el contrario, el grupo de trabajo podría dedicar ese tiempo a mejorar la producción legislativa en vez de disponer 60 días a menesteres que al final serían como matar al mensajero.

A principios de setiembre, la Comisión de Fiscalización aprobó la propuesta del legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular) para investigar la metodología y acciones que desarrollan las encuestadoras; es decir, su propuesta no contemplaba investigar los supuestos nexos con el Gobierno, como planteó después el congresista Mauricio Mulder. Por su parte, la congresista Yeni Vilcatoma ha pedido a las encuestadoras mantener la tranquilidad y les ha asegurado que “no habrá animadversión ni persecución de ninguna naturaleza”.

La congresista Vilcatoma ha negado tajantemente cualquier tipo de venganza o persecución a las encuestadoras; sin embargo, también ha dicho que el grupo aprobado inicialmente para investigar la metodología de las encuestadoras podría reorientar su trabajo a indagar la labor del asesor presidencial Maximiliano Aguiar. El pedido fue presentado por el congresista aprista Mauricio Mulder y será sometido a debate luego de que presente por escrito este planteamiento. Al parecer, llegar al presidente Martín Vizcarra sería el objetivo.

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