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Editorial

Publicidad estatal no es un gasto

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El ministro de Economía, Carlos Oliva, está tratando de ajustar el presupuesto y al parecer piensa que la inversión en consultorías especializadas y en publicidad, son gastos superfluos. Nada más lejos de la cruda realidad que se vive en el sector público, pues hay trabajos altamente especializados para los cuales el personal nombrado, en algunos casos, no está debidamente capacitado y en otros no se cuenta con el recurso humano suficiente, debido a los recortes de personal que hubo en el pasado y a que en nuestro país no existe la carrera pública como tal, pues cada jefe y cada nuevo funcionario llega con su propia gente.

De otro lado, la restricción a la publicidad estatal tampoco es la mejor idea. Basta recordar que un opositor visceral del gobierno, como es el congresista Mauricio Mulder pretendió prohibir la publicidad estatal en medios privados mediante la llamada ley Mulder, que a la postre tuvo que ser anulada por el Tribunal Constitucional. Lo nocivo de la ley de marras se vio cuando las cajas municipales de ahorro y crédito fueron marginadas al dejarles sin posibilidad de anunciar sus productos para competir con los bancos. De no haber sido anulada esa ley, ningún organismo del Estado podría comunicar nada a los contribuyentes.

La investigadora Christiane Eilders dice en su trabajo The impact of editorial contentonthepolitical agenda in Germany: “En las sociedades modernas la deliberación pública no tiene lugar ‘cara a cara’, sino que se halla mediada por los medios masivos, los que reúnen, explican y difunden información e ideas acerca de las políticas públicas en formas accesibles para las grandes audiencias. Los ciudadanos precisan de los medios para seguir los asuntos públicos, recopilar información sobre temas y opiniones, informarse, formarse opinión y participar del proceso político”.

Como se puede apreciar, el congresista Mulder sabía a dónde apuntaba, pero ahora al parecer es el mismo Gobierno el que quiere hacerse el “harakiri”.

Además de ese aspecto medular están el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, a la libertad de contratación, etc. Dirá el ministro de Economía y Finanzas que no se está recortando esos derechos ni siquiera los presupuestos de la publicidad estatal, pero cuando el Gobierno dicta una norma los funcionarios saben que deben regirse por ella. Es necesario, pues, que el Gobierno replantee esa norma que restringe la publicidad estatal; en caso contrario se quedará sin las herramientas necesarias para comunicar a la población importantes decisiones, como son las políticas públicas, y justamente cuando vivimos en la sociedad de la información.

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Editorial

Cuidado con pisar el palito

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Una exhortación a los actores políticos a retomar el diálogo destinado a lograr un acuerdo en torno a los aspectos prioritarios y urgentes de la reforma política, de tal forma que sean aprobados en el plazo necesario para su aplicación en las Elecciones Generales de 2021, ha formulado la Asociación Civil Transparencia a través de un pronunciamiento público, en el que, también, señala que es necesario defender la institucionalidad, elevar la calidad de la democracia y vencer a la corrupción e impunidad.

Sin embargo, los congresistas estarían más interesados en defender sus privilegios que en sentarse a debatir punto por punto las reformas. A los cambios en el tema de la inmunidad parlamentaria, los miembros de la bancada de Fuerza Popular han respondido presentando una iniciativa para regular la cuestión de confianza, algo que aparentemente podría ir en contra de lo dictaminado hace poco por el Tribunal Constitucional. Con ello buscarían evitar la eventualidad de un cierre del Parlamento.

Hay más. La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó ayer citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para que explique sus declaraciones sobre la reforma política planteada por el Ejecutivo. El grupo de trabajo, presidido por Marco Miyashiro (Fuerza Popular), acogió el pedido planteado por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista). Acusan a la ministra de haber manifestado que iba a convocar a los programas sociales para que salgan a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento.

Sin embargo, el Ejecutivo está distraído con el Congreso mientras la población padece por la falta de empleo formal y las tarifas de servicios básicos, como el de la electricidad, son revisadas para elevarlas. Los empresarios del sector industrial ya han alertado que de aprobarse el Proyecto de Ley 2320-2017 en el Legislativo, se registraría un alza en las tarifas que afectaría a 600,000 mypes y a siete millones de familias de todo el país.

Pero esa no sería la única alza que afecte los bolsillos de los peruanos, pues mientras el Congreso se ha convertido en poco menos que un circo y el Ejecutivo está entretenido en un enfrentamiento contra el Legislativo, la falta de empleo y mayores precios en una serie de productos de primera necesidad pueden quitarle el respaldo popular que el Jefe del Estado necesita para sacar adelante las reformas. Vizcarra no debe pisar el palito.

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Editorial

Choque de poderes

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Parece que el fujimorismo no ha entendido que debe llegar al consenso no solamente con las fuerzas afines en el Congreso, sino también con el Ejecutivo. Todas las fuerzas políticas deben comprometerse con la reforma política.

Con la monserga de que el Congreso no es una mesa de partes, Fuerza Popular está quitando el cuerpo a un compromiso con la población; un compromiso con el Perú y con la democracia. Ni el Ejecutivo ni nadie ha pretendido decir que el Legislativo debe ser una oficina de trámite documentario.

De lo que se trata es que, una vez llegados los proyectos de la reforma, el Parlamento debe analizarlos y ponerlos en agenda para su debate y posterior aprobación. Pero esto es lo que precisamente los congresistas fujimoristas y apristas no quieren hacer.

Se declaran en rebeldía y alegan mil razones para dejarlos encarpetados para las calendas griegas; es decir un tiempo que nunca llegará. ¿Pensarán, acaso, que así aseguran sus privilegios? Nadie en su sano juicio podría imaginar que el pueblo los volverá a elegir algún día.

El politólogo, experto en temas electorales y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, ha advertido ayer que no se trata de discutir un acuerdo cualquiera, sino una reforma política, y por lo tanto todas las fuerzas políticas deben estar comprometidas, lo que involucra también al Presidente de la República.

Sin embargo, lo que se ha visto ayer es un verdadero enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; es decir, un choque de poderes en el peor momento.

Razón tiene Fernando Tuesta cuando afirma que lo más importante en este momento es llamar a la calma, porque sin acuerdo político no hay reforma política, y precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora es llegar al consenso.

Que quede en claro, entonces, que esta reforma es para aplicarse el año 2021 y como dice Tuesta en ese momento el presidente Martín Vizcarra no estará como tampoco estarán los actuales parlamentarios. Por lo tanto, no tiene sentido que el fujiaprismo acuse al Jefe del Estado de beneficiarse con la reforma ni que el mandatario tenga que responderles. Eso no hace nada bien a la democracia ni al país.

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Editorial

Más de lo mismo en el Congreso

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Por mayoría, la Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó iniciar investigación preliminar contra su presidenta, Janet Sánchez (PPK), por haber cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país, y contra seis legisladores más por el mismo caso.

Entre los suertudos congresistas que no serán investigados figuran Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla y Fredy Sarmiento (Fuerza Popular), y el no agrupado Jorge Castro. Siete miembros de ese grupo de trabajo –cinco en contra y dos abstenciones– salvaron a Sánchez.

La presidenta de la Comisión de Ética ejerció su derecho a defensa tras la denuncia formulada el domingo en el programa periodístico Cuarto Poder. Según la denuncia periodística, Janet Sánchez cobró en noviembre de 2017 S/ 2,800 por gastos de representación, a pesar de que estuvo en Brasil los mismos días en que debió ejercer sus funciones representativas en el Perú.

La presidenta de la Comisión de Ética atribuyó a un error administrativo del Parlamento la entrega del citado monto de dinero. Dijo, además, que ella no ha cometido falta alguna al Código de Ética Parlamentaria porque en el mes de febrero devolvió el dinero.

Aquí hay por lo menos una situación poco ética, pues Janet Sánchez sabía que el grupo de trabajo que ella preside debía ver el caso de los seis parlamentarios que habían cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país y su titular no tuvo la delicadeza, por decir lo menos, de informar en esa comisión que ella estaba en la misma situación. ¿Podría ocurrir un caso similar en otros países? La verdad que es de Ripley y pinta de cuerpo entero a muchos de nuestros parlamentarios.

Ahora sí podemos entender por qué la reforma política no prosperará en nuestro devaluado poder Legislativo, cuya aprobación raya en cifras de un solo dígito. La población ya está harta de estos congresistas que gastan presupuestos muy elevados y son incapaces de realizar un trabajo que esté a la altura de sus responsabilidades.

Por lo ocurrido en la Comisión de Ética parece que tenemos que esperar que San Pedro baje el dedo para que se apruebe una reforma política con todas las de la ley. Mientras tanto seguiremos viendo más de lo mismo en nuestro Perú que ya se acerca al Bicentenario de su Independencia.

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