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Política

Proyecto de Mulder es inconstitucional y atentatorio contra derechos fundamentales

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RAMIRO ANGULO MACHIAVELLO

La Comisión Permanente (CP) del Congreso decidió suspender el debate del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado coloque publicidad en los medios privados de comunicación y acordó que este se discuta el próximo miércoles en la última sesión que realizará la CP antes que inicie la primera legislatura en el mes de marzo.

Tal decisión fue tomada luego que la polémica iniciativa del legislador aprista Mauricio Mulder no lograra los consensos necesarios para ser aprobada y se conviniera en realizar algunos ajustes y modificaciones a efectos de seguir debatiéndola.

Durante el debate diversos legisladores sobre todo los de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) y Nuevo Perú expresaron su rechazo al proyecto. Uno de los argumentos que más destacó fue el del legislador oficialista Gilbert Violeta quien consideró que la iniciativa atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos y contra lo establecido en la Constitución.

Violeta contra proyecto antiprensa.

Violeta contra proyecto antiprensa.

“Este articulado –que hay en el proyecto– es abiertamente inconstitucional porque lo que se dice aquí contraviene el artículo 65 de la Constitución que establece la obligación del Estado de mantener informado sobre todas sus políticas públicas a todos los ciudadanos”, manifestó el también presidente del Partido Peruanos por el Kambio.

En esta línea Violeta argumentó que el artículo 65 de la Constitución tiene un correlato con el literal 4 del artículo 2 referido al derecho de la información, “en consecuencia no es a lo que se refiere este proyecto de ley –al derecho de la información– este proyecto no nos está hablando que hay que promover la comunicación virtual y el Internet como acceso al derecho a la información”.

Tras esto, el oficialista refirió que si la iniciativa planteara el acceso a Internet como un derecho fundamental sí lo apoyarían, “si el proyecto dijera: artículo 1 permítase el acceso a Internet como un derecho fundamental a todos los ciudadanos lo apoyamos, pero a eso no se refiere, este proyecto busca cortarle las alas al Estado, limitar su capacidad de información y el derecho ciudadano de ser informado”, indicó.

Con el ánimo de refutar el argumento de Violeta el legislador de Fuerza Popular (FP), Miguel Torres consideró que en ninguna parte del artículo 65 de la Constitución dice que el Estado tenga la obligación de contratar a todos los medios privados de comunicación debido a que el Estado debe garantizar el derecho a la información.

“Si llegamos a esa conclusión entonces también la Constitución dice que el Estado debe garantizar el derecho a la educación y llegaríamos al extremo que el Estado contrate a las universidades privadas, a los colegios privados y como también dice que garantiza la salud también va a tener que pagarle a las clínicas privadas”, ironizó.

El vocero de la bancada de Nuevo Perú (NP), Alberto Quintanilla, solicitó que el proyecto de Mulder sea debatido en las Comisiones de Constitución y Transportes y Comunicaciones y antes que prohibir la publicidad estatal en los medios privados consideró que esta debería regularse.

Quintanilla pidió que proyecto de Mulder sea visto por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

Quintanilla pidió que proyecto de Mulder sea visto por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

En esta línea consideró que los niveles de sintonía y lectoría de los medios deberían ser mejor estudiados para que en función a esto el Estado pueda destinar de manera más adecuada el dinero de los contribuyentes, “esto debería ser debatido más ampliamente y esto debe pasar debatido a la Comisión de Constitución y de Transportes y Comunicación, sí creo importante que se regule porque hay un abuso”, refirió.

El legislador de la bancada PPK, Juan Sheput, consideró que la propuesta de Mulder para que el Estado difunda la información de su labor a través de Internet podría ser bien intencionada, pero la calificó de “peligrosísima” debido a que indicó que estamos en el mundo de la “posverdad”.

“Se sabe que las redes sociales no pueden diferenciar lo bueno de lo malo y eso lo critica hasta el mismo Zuckerberg, el dueño de Facebook, cuando dice que él no puede manejar la información que por ahí se transmite y si las políticas públicas que tienen que ver con seguridad, vacunaciones, defensa, etc. se van a limitar a las redes sociales pues cualquiera las puede hackear”, argumentó.

De otro lado, sí coincidió en que hay un abuso en el uso de la publicidad estatal y ministros que se hacen “publicherris” y se hacen entrevistas para posicionarse, por lo cual manifestó que el proyecto se debe discutir más ampliamente porque es sumamente complejo. En esta línea dijo que existe una limitación de los medios estatales y de ahí la necesidad de los medios privados, “esto no se debe discutir en la Comisión Permanente sino ir a comisiones”, acotó.

El legislador aprista Mauricio Mulder utilizó como un argumento para sustentar su proyecto la proliferación y el gran impacto que están teniendo lo digital y el Internet en los medios de comunicación tradicionales. “La universalización del acceso ya es una realidad, Internet ya es una realidad y el Estado debe saber adaptarse y además con la gran ventaja de que es gratuito”, anotó.

Aclaró que cuando en su proyecto dice que el Estado debe usar las redes sociales y el Internet como un medio para difundir la labor que realiza no está diciendo que pague su publicidad en Facebook o Twitter. “Me refiero a que en esas páginas que ellos tienen y que no cuestan las entidades pongan todo lo que quieran y si se trata de que necesitan más espacio más volumen, bueno, se paga, pero se está pagando por la plataforma no por la publicidad”, dijo.

De otro lado, Mulder criticó la preocupación del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que a través del Ministerio de Justicia (MINJUS) le pidió que explique los alcances de su proyecto y si es que este está tomando en consideración la legislación internacional y casos similares en otros países.

“Si los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se arañan o se molestan, bueno, que se arañen o se revienten, yo no tengo absolutamente nada que responderle al ilustre ciudadano uruguayo que gana 30 mil soles allá como miembro de la comisión para que yo le tenga que responder absolutamente nada, está defendiendo a dueños de medios de comunicación no está defendiendo el derecho a la información”, sostuvo.

El legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde recordó que el 23 de agosto del 2017 su partido presentó un proyecto de ley similar y que pese a ser tratado en la Comisión de Fiscalización y Transportes y Comunicaciones nunca fue debatido. Debido a esto consideró que debería sumarse a la iniciativa de Mulder.

“El asunto es que esto ahora ha pasado de frente a la Comisión Permanente a discutirse cuando creo que deberíamos volver al estado en que lo dejamos porque el tema es muy importante”, manifestó enfatizando la necesidad de que la iniciativa en cuestión regrese a la Comisión de Transportes o de Constitución para que sea debatida más ampliamente.

MINIMIZA GASTOS
Violeta consideró que el proyecto de Mulder surge producto del gran gasto en publicidad que hizo el gobierno de Ollanta Humala en medios privados, “precisamente quien infló los gastos de comunicación fue el gobierno de Ollanta Humala, pero lo que no podemos hacer es que de forma reactiva a la buena o a la mala saquemos de manera pendular y nos vayamos al extremo y digamos que queda prohibido las formas de comunicación excepto Internet”, dijo.

En esta línea, recordó que desde el año 2004 hasta la fecha se han gastado 1700 millones de soles y que el actual gobierno se ha gastado 17 millones desde la PCM y 6 millones desde el MEF, “O sea 23 millones ha gastado este gobierno frente a los 1700 millones que se ha gastado desde el 2004 a la fecha”, comparó.

El enemigo de la prensa trabajó como periodista

En reiteradas ocasiones Mauricio Mulder dijo ser periodista al habérsele permitido publicar artículos en el diario “La República”, gracias a la buena voluntad del empresario Gustavo Mohme Llona que le dio empleo en momentos críticos y de necesidad, y ahora se ha convertido en un enemigo de la prensa al tratar de impedir que mediante esta se lleve información del Estado.

El excongresista nacionalista Daniel Abugattás hace un tiempo, recordando el paso de Mulder por “La República”, tildó a su excolega como “periodista de medio pelo” ya que el actual legislador nunca trascendió en ese diario, debido a su escaso conocimiento de la técnica periodística y su parcializada opinión.

Posteriormente, Mulder trató de levantar proyectos periodísticos como los olvidados diarios “Impacto”, “Hoy” y “Del país”, este último todavía vigente aunque de escaso tiraje. Mulder es un periodista sin éxito y sin prestigio que usa su curul para atentar contra la prensa.

ALGO MÁS
El Proyecto de Ley 2133 también ha recibido el rechazo del propio partido de Mulder. Su colega Jorge del Castillo señaló que el proyecto es equivocado y obstruye la libertad de expresión a los medios de comunicación privados. Esto es compartido por la mayoría de militantes del partido de la estrella.

Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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