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Política

Proyecto de Mulder es inconstitucional y atentatorio contra derechos fundamentales

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RAMIRO ANGULO MACHIAVELLO

La Comisión Permanente (CP) del Congreso decidió suspender el debate del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado coloque publicidad en los medios privados de comunicación y acordó que este se discuta el próximo miércoles en la última sesión que realizará la CP antes que inicie la primera legislatura en el mes de marzo.

Tal decisión fue tomada luego que la polémica iniciativa del legislador aprista Mauricio Mulder no lograra los consensos necesarios para ser aprobada y se conviniera en realizar algunos ajustes y modificaciones a efectos de seguir debatiéndola.

Durante el debate diversos legisladores sobre todo los de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) y Nuevo Perú expresaron su rechazo al proyecto. Uno de los argumentos que más destacó fue el del legislador oficialista Gilbert Violeta quien consideró que la iniciativa atenta contra derechos fundamentales de los ciudadanos y contra lo establecido en la Constitución.

Violeta contra proyecto antiprensa.

Violeta contra proyecto antiprensa.

“Este articulado –que hay en el proyecto– es abiertamente inconstitucional porque lo que se dice aquí contraviene el artículo 65 de la Constitución que establece la obligación del Estado de mantener informado sobre todas sus políticas públicas a todos los ciudadanos”, manifestó el también presidente del Partido Peruanos por el Kambio.

En esta línea Violeta argumentó que el artículo 65 de la Constitución tiene un correlato con el literal 4 del artículo 2 referido al derecho de la información, “en consecuencia no es a lo que se refiere este proyecto de ley –al derecho de la información– este proyecto no nos está hablando que hay que promover la comunicación virtual y el Internet como acceso al derecho a la información”.

Tras esto, el oficialista refirió que si la iniciativa planteara el acceso a Internet como un derecho fundamental sí lo apoyarían, “si el proyecto dijera: artículo 1 permítase el acceso a Internet como un derecho fundamental a todos los ciudadanos lo apoyamos, pero a eso no se refiere, este proyecto busca cortarle las alas al Estado, limitar su capacidad de información y el derecho ciudadano de ser informado”, indicó.

Con el ánimo de refutar el argumento de Violeta el legislador de Fuerza Popular (FP), Miguel Torres consideró que en ninguna parte del artículo 65 de la Constitución dice que el Estado tenga la obligación de contratar a todos los medios privados de comunicación debido a que el Estado debe garantizar el derecho a la información.

“Si llegamos a esa conclusión entonces también la Constitución dice que el Estado debe garantizar el derecho a la educación y llegaríamos al extremo que el Estado contrate a las universidades privadas, a los colegios privados y como también dice que garantiza la salud también va a tener que pagarle a las clínicas privadas”, ironizó.

El vocero de la bancada de Nuevo Perú (NP), Alberto Quintanilla, solicitó que el proyecto de Mulder sea debatido en las Comisiones de Constitución y Transportes y Comunicaciones y antes que prohibir la publicidad estatal en los medios privados consideró que esta debería regularse.

Quintanilla pidió que proyecto de Mulder sea visto por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

Quintanilla pidió que proyecto de Mulder sea visto por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y Constitución.

En esta línea consideró que los niveles de sintonía y lectoría de los medios deberían ser mejor estudiados para que en función a esto el Estado pueda destinar de manera más adecuada el dinero de los contribuyentes, “esto debería ser debatido más ampliamente y esto debe pasar debatido a la Comisión de Constitución y de Transportes y Comunicación, sí creo importante que se regule porque hay un abuso”, refirió.

El legislador de la bancada PPK, Juan Sheput, consideró que la propuesta de Mulder para que el Estado difunda la información de su labor a través de Internet podría ser bien intencionada, pero la calificó de “peligrosísima” debido a que indicó que estamos en el mundo de la “posverdad”.

“Se sabe que las redes sociales no pueden diferenciar lo bueno de lo malo y eso lo critica hasta el mismo Zuckerberg, el dueño de Facebook, cuando dice que él no puede manejar la información que por ahí se transmite y si las políticas públicas que tienen que ver con seguridad, vacunaciones, defensa, etc. se van a limitar a las redes sociales pues cualquiera las puede hackear”, argumentó.

De otro lado, sí coincidió en que hay un abuso en el uso de la publicidad estatal y ministros que se hacen “publicherris” y se hacen entrevistas para posicionarse, por lo cual manifestó que el proyecto se debe discutir más ampliamente porque es sumamente complejo. En esta línea dijo que existe una limitación de los medios estatales y de ahí la necesidad de los medios privados, “esto no se debe discutir en la Comisión Permanente sino ir a comisiones”, acotó.

El legislador aprista Mauricio Mulder utilizó como un argumento para sustentar su proyecto la proliferación y el gran impacto que están teniendo lo digital y el Internet en los medios de comunicación tradicionales. “La universalización del acceso ya es una realidad, Internet ya es una realidad y el Estado debe saber adaptarse y además con la gran ventaja de que es gratuito”, anotó.

Aclaró que cuando en su proyecto dice que el Estado debe usar las redes sociales y el Internet como un medio para difundir la labor que realiza no está diciendo que pague su publicidad en Facebook o Twitter. “Me refiero a que en esas páginas que ellos tienen y que no cuestan las entidades pongan todo lo que quieran y si se trata de que necesitan más espacio más volumen, bueno, se paga, pero se está pagando por la plataforma no por la publicidad”, dijo.

De otro lado, Mulder criticó la preocupación del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que a través del Ministerio de Justicia (MINJUS) le pidió que explique los alcances de su proyecto y si es que este está tomando en consideración la legislación internacional y casos similares en otros países.

“Si los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se arañan o se molestan, bueno, que se arañen o se revienten, yo no tengo absolutamente nada que responderle al ilustre ciudadano uruguayo que gana 30 mil soles allá como miembro de la comisión para que yo le tenga que responder absolutamente nada, está defendiendo a dueños de medios de comunicación no está defendiendo el derecho a la información”, sostuvo.

El legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde recordó que el 23 de agosto del 2017 su partido presentó un proyecto de ley similar y que pese a ser tratado en la Comisión de Fiscalización y Transportes y Comunicaciones nunca fue debatido. Debido a esto consideró que debería sumarse a la iniciativa de Mulder.

“El asunto es que esto ahora ha pasado de frente a la Comisión Permanente a discutirse cuando creo que deberíamos volver al estado en que lo dejamos porque el tema es muy importante”, manifestó enfatizando la necesidad de que la iniciativa en cuestión regrese a la Comisión de Transportes o de Constitución para que sea debatida más ampliamente.

MINIMIZA GASTOS
Violeta consideró que el proyecto de Mulder surge producto del gran gasto en publicidad que hizo el gobierno de Ollanta Humala en medios privados, “precisamente quien infló los gastos de comunicación fue el gobierno de Ollanta Humala, pero lo que no podemos hacer es que de forma reactiva a la buena o a la mala saquemos de manera pendular y nos vayamos al extremo y digamos que queda prohibido las formas de comunicación excepto Internet”, dijo.

En esta línea, recordó que desde el año 2004 hasta la fecha se han gastado 1700 millones de soles y que el actual gobierno se ha gastado 17 millones desde la PCM y 6 millones desde el MEF, “O sea 23 millones ha gastado este gobierno frente a los 1700 millones que se ha gastado desde el 2004 a la fecha”, comparó.

El enemigo de la prensa trabajó como periodista

En reiteradas ocasiones Mauricio Mulder dijo ser periodista al habérsele permitido publicar artículos en el diario “La República”, gracias a la buena voluntad del empresario Gustavo Mohme Llona que le dio empleo en momentos críticos y de necesidad, y ahora se ha convertido en un enemigo de la prensa al tratar de impedir que mediante esta se lleve información del Estado.

El excongresista nacionalista Daniel Abugattás hace un tiempo, recordando el paso de Mulder por “La República”, tildó a su excolega como “periodista de medio pelo” ya que el actual legislador nunca trascendió en ese diario, debido a su escaso conocimiento de la técnica periodística y su parcializada opinión.

Posteriormente, Mulder trató de levantar proyectos periodísticos como los olvidados diarios “Impacto”, “Hoy” y “Del país”, este último todavía vigente aunque de escaso tiraje. Mulder es un periodista sin éxito y sin prestigio que usa su curul para atentar contra la prensa.

ALGO MÁS
El Proyecto de Ley 2133 también ha recibido el rechazo del propio partido de Mulder. Su colega Jorge del Castillo señaló que el proyecto es equivocado y obstruye la libertad de expresión a los medios de comunicación privados. Esto es compartido por la mayoría de militantes del partido de la estrella.

Política

AG se las verá hoy con fiscal Pérez

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Alan García Pérez - José Domingo Pérez Gómez

El expresidente Alan García, quien hoy se verá frente a frente con José Pérez, el implacable fiscal que envió a la cárcel a Keiko Fujimori, quien lo quiere interrogar sobre el Metro de Lima, obra para la cual Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por 24 millones de dólares, de los que el líder aprista y sus seguidores juran que él no sabe nada.

La información trascendida del Ministerio Público indica que el eficiente fiscal ha preparado minuciosamente la estrategia de su interrogatorio y ha recibido nuevas informaciones de Brasil sobre el caso.

Los méritos de Pérez llevaron al congresista Yonhy Lescano a manifestar que por primera vez García será interrogado por un fiscal valiente y comprometido con la lucha anticorrupción, que no caerá en las maniobras de AG.

¿QUIÉN COBRÓ LOS 14 MILLONES?

Uno de los misterios que tendrá que desentrañar Pérez es el de 14 millones de dólares de las coimas cuyo destino se desconoce, pues solo se ha encontrado aproximadamente diez millones en cuentas de Andorra, a nombre de funcionarios de segunda y tercera línea, como el exviceministro Jorge Cuba y los exfuncionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, la exvoleibolista Jessica Tejada, su sobrino Víctor Muñoz y a su asesor Miguel Navarro.

Navarro, desde la cárcel, ha declarado que Cuba coordinaba directamente el tema del Metro con García y habría sido designado por Roxanne Cheesman, pareja del exgobernante aprista.

Entre los ingredientes de la expectativa destaca la versión de que Cuba se habría ofrecido como colaborador eficaz, lo que solo podría conseguir si delata a un involucrado de rango mayor al suyo y solo hay dos, el exministro Enrique Cornejo y García.

MÁS INDICIOS

Otro indicio adverso a García es el gran interés en sacar adelante la obra e impulsar para ellos normas de excepción que favorecieron a Odebrecht, dictadas tras reuniones con ejecutivos de Odebrecht, aunque García sostiene que solo buscaba terminar la obra en su último gobierno y si otros se aprovecharon, que paguen con la cárcel.

Pérez consideraría estos elementos y otros que habría obtenido para armar un caso que complicaría a García. Ya antes el aprista ha intentado sacarlo del caso sin éxito. Además, Barata ha dicho que Odebrecht entregó 200 mil dólares a la campaña de García el 2006, cuando ganó la elección.

En la etapa previa al interrogatorio, García ha intentado desacreditar al fiscal Pérez, recogiendo la afirmación del fiscal Pedro Chávarry, de que Pérez coordina con el gobierno, y sostiene que el gobierno interviene en el sistema de justicia, lo que para muchos crea condiciones para cuestionar al fiscal si las cosas le salen mal en el interrogatorio.

OTRA CUENTA

Pero García tiene otros temas pendientes con la justicia, como la denuncia contra él y su esposa Pilar Nores por presunto enriquecimiento ilícito, que fue archivada por el Ministerio Público debido a una acción de amparo que presentó la defensa de AG lo que bloqueó una investigación de la Fiscalía, según el expremier.

La denuncia fue presentada el 22 de diciembre del 2015 por la militante aprista Ángela Arminda Valdez Rivera, quien, señaló que la Fiscalía debería investigar las supuestas millonarias fortunas inmobiliarias que García y Nores poseen en diversos países.

Para Cateriano, la Fiscalía de la Nación encarpetó la indagación a García Pérez porque este presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el proceso que tenía dentro de la Megacomisión del Congreso que investigó el presunto mal manejo financiero durante su segunda gestión presidencial.

Entonces, el recurso fue aceptado por la Corte y provocó que el MP no pueda avanzar. “En conclusión: no hubo investigación fiscal y tampoco judicial. La acción de amparo que presentó Alan García impidió la indagación. AG es el único funcionario público con esta clase de privilegios. La técnica de siempre: no aclara, tergiversa, obstruye y logra archivamientos”, manifestó Cateriano.

NO SE HIZO MUCHO

Respecto a este caso, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el fiscal supremo Pablo Sánchez hizo oficios a entidades bancarias, determinó que no hubo enriquecimiento ilícito con el cotejo de sus declaraciones juradas y archivó el caso.

Indicó sobre Pilar Nores que aunque no fue funcionaria pública, la denuncia tenía que haber recaído en una fiscalía común, para que investigue el delito que le corresponde. Producto de la acción de amparo el caso fue archivado en agosto del 2018.

FACTOR NORES

Para Valdez, “García y Nores se mantienen unidos por la fortuna que tienen que compartir, hay algo que no les permite a ambos romper el vínculo del matrimonio, aunque García tiene otra pareja y un hijo”.

Aseguró que Nores es involucrada en la denuncia porque faltando unos meses para que culmine el segundo periodo presidencial de García ellos hacen un régimen de separación de bienes, si ellos están casados por qué optan por esta figura legal. Y así los bienes pasan a ser protegidos por el nombre de Pilar Nores.

Indicó que las pruebas son de los documentos que ha obtenido de los registros públicos, y que las puede obtener cualquier ciudadano.

¿Por qué hay un silencio total? ¿Por qué nunca se le llamó a Pilar Nores a declarar?”, cuestionó Valdez.

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Política

AG no le teme a nadie

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Javier Velásquez Quesquén

Javier Velásquez Quesquén, legislador del Apra, afirmó que no existe ninguna razón para que AG no acuda a la diligencia y sienta algún tipo de temor ante el eventual interrogatorio.

“Lo de mañana (hoy) va a ser una diligencia. El presidente ha respondido estas últimas semanas, 42 o 46 veces ha ido al Ministerio Público y no hay razón para no hacerlo mañana (hoy). ¿Por qué habría de tener miedo?”, aseveró.

“García va a continuar mañana (hoy) con su declaración como también hay otras dos o tres investigaciones en las que nosotros, y digo nosotros porque también hay otra investigación en la que los que fuimos parlamentarios en el 2006, hemos sido llamados por este fiscal para dar nuestro testimonio. ¿Por qué vamos a tener temor, si no tenemos nada que ocultar?”, resaltó.

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Política

Ni candidatura ni cierre del Congreso, asegura Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra reafirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que no ve necesario, en el corto ni el mediano plazo, usar la herramienta constitucional de cerrar el Congreso de la República

“No, no voy a ser candidato en el año 2021. Lo descarto absolutamente”, aseveró el mandatario en una entrevista con Semana Económica, en la que su administración trabajará “con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021”.

CIERRE DEL CONGRESO

“Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección, lo que generaría una distorsión en decisiones importantes que tomamos día a día”, remarcó.

Sobre la recurrente demanda de amplios sectores sociales y políticos de cerrar el Parlamento, manifestó que la cuestión de confianza es una herramienta constitucional que el Ejecutivo puede usar para mantener el equilibrio de poderes.

“¿Y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad, en el corto ni mediano plazo, de necesitar esa herramienta. En consecuencia, la herramienta está ahí para que se use en caso sea necesario, pero yo, actualmente, en función de los acontecimientos, no veo ninguna necesidad de usarla”, aseveró.

DIÁLOGO CON TODOS

Al reiterar la decisión de conversar con los diversos partidos, anunció que en los próximos días establecerá un diálogo con el Congreso de la República, a través de su presidente, Daniel Salaverry, quien a su vez señalo que se ha iniciado una nueva relación con el gobierno.

“El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores”, explicó.

Sobre el diálogo con el Legislativo, precisó que el objetivo es establecer lineamientos claros sobre qué cosas no debe legislar ese poder del Estado al recordar que muchas normas que ha dictado comprometen el presupuesto pese a que el Legislativo carece de iniciativa de gasto.

FUERZA POPULAR Y REFERÉNDUM

De otro lado, sobre la crisis de Fuerza Popular, el mandatario dijo que quizás sea conveniente por el momento que “estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora”, a la espera que el partido fujimorista “se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos”.

Vizcarra recordó que al asumir la Presidencia el 23 de marzo último, planteó la iniciativa de establecer un pacto social que definió como “un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar un rumbo común hacia el desarrollo”, aunque no logró acogida.

ALGO MÁS

Ratificó la opinión de que no debe aprobarse en el referéndum del 9 de diciembre la reforma sobre bicameralidad porque la propuesta original del Ejecutivo sobre el tema fue “desnaturalizada” por el Congreso.

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