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Política

Proyectan para 2018 pérdida de S/ 66 mil millones por evasión tributaria

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SUNAT

De mantenerse los actuales niveles de evasión y elusión tributaria, el Perú perdería este año aproximadamente 66 mil millones de soles, monto equivalente a lo que el país invierte en salud, educación, saneamiento, agro y protección social.

Así lo advirtió el Grupo de Justicia Fiscal (GJF), conformado por las organizaciones CooperAcción; Propuesta Ciudadana y OXFAM, al precisar que los niveles de evasión y elusión tributaria en el Perú son muy superiores a los de países desarrollados y de otros de América Latina.

En su reciente estudio “El Perú hacia la OCDE. La agenda pendiente para la Política Tributaria 2018-2021”, el GJF plantea nueve medidas destinadas a erradicar la elusión y evasión fiscal; entre ellas, la revisión integral de las facultades de acceso de la Sunat al secreto bancario, ampliándolo y adecuándolo a parámetros establecidos por la fiscalidad internacional.

BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA

El economista Epifanio Baca, miembro del GJF y de Propuesta Ciudadana, remarcó que a este escenario de baja presión tributaria se suma un creciente déficit fiscal y endeudamiento público. Baca precisó que este año el gasto público se incrementó en un 10 %, y se estima que para el 2019, crezca en un 6,9 %. Al 2015 la deuda alcanzaba 4 millones de soles, mientras que al 2019, alcanzaría los 25 millones de soles.

Agregó que el Estado ve perjudicado su proyección de inversión pública, como en el caso de la reconstrucción del norte del país a raíz del fenómeno de “El Niño”. “Al principio se fijó para la reconstrucción, una inversión de 7 millones de soles, luego este monto se redujo a 4 millones, y finalmente se ha fijado en apenas S/ 2,400 millones, menos del 50 % de lo que se iba a destinar”, remarcó.

PROPUESTAS

Respecto a las exoneraciones tributarias, el GJF explicó que entre los años 2010 y 2018, las exoneraciones del IGV a los juegos de azar y apuestas han hecho perder al fisco un aproximado de 2 mil millones de soles. Y tan solo este año, este subsidio alcanzará los 438 millones de soles, cantidad superior a la que se destina a programas como Cuna Más, la lucha contra la corrupción, entre otros.

EXONERACIONES Y DEUDORES

César Flores, representante de CooperAcción, indicó que en los últimos 10 años, el gasto tributario –exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo- alcanzó los 120 mil millones de soles.

Ese trato privilegiado de las exoneraciones es en realidad un subsidio que pagamos todos los peruanos y que, este año, será de más de 500 soles per cápita, en favor de estos sectores que se benefician de las exoneraciones e incentivos tributarios, a menudo de manera injustificada.

En ese sentido, dijo que el Grupo de Justicia Fiscal, que recoge datos oficiales e investigación propia, plantea que aquellas exoneraciones e incentivos tributarios (que actualmente son indeterminados e indefinidos), tengan metas de desempeño y plazos específicos, además de una revisión general, a fin de poder reducir el gasto tributario en -por lo menos- 1 % del PBI para el año 2021.

Se estima que actualmente, existirían un aproximado de 250 a 350 exoneraciones e incentivos, de las cuales un tercio serían a plazo indefinido.

Sobre este tema, los expertos del GJF plantearon que las propuestas de los acuerdos a los que llegue la comisión especializada para el cobro de las principales deudas tributarias en litigio, por un monto de 8 mil millones de soles, sean revisados y validados por una instancia independiente integrada por especialistas tributarios y representantes de la sociedad civil.

Aseguraron que enormes deudas judicializadas por grandes empresas generan profunda desigualdad en tratamiento al contribuyente, puesto que mientras las grandes compañías cuentan con recursos para demandar al Estado, el pequeño contribuyente no cuenta con tales opciones.

RÉGIMEN MINERO

El GJF mostró que, si bien las exportaciones mineras se han recuperado en un 50 %, al pasar de 57 mil millones de soles el 2015 a 86 mil millones el 2017; no ha ocurrido lo mismo con la recaudación tributaria en este sector. En efecto, la recaudación neta minera, descontando las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos, alcanzando apenas 846 millones de soles el año 2017.

Revisar el régimen de depreciación acelerada aplicado al sector minero; estableciendo plazos más realistas y balanceados, para minimizar el impacto negativo sobre el canon para los gobiernos subnacionales.

También fortalecer la capacidad de la Sunat para evaluar y fiscalizar el valor declarado de las exportaciones mineras y las declaraciones de gastos y deducibles, para prevenir situaciones de subvaluación del valor exportado o la reducción artificial de la base imponible.

ALGO MÁS

En el año 2017, la presión tributaria en el Perú tocó fondo al caer por debajo del 13 % del PBI. Esta situación solo se ha dado en situaciones críticas en los últimos 50 años. La aparente recuperación que se da a partir del 2018 se ha producido principalmente por un efecto de mejores precios internacionales de algunos minerales, lo que nos deja a merced de la “buena suerte”.

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Política

Quieren deshacerse de fiscales Lava Jato

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

La noticia no es una novedad. Porque sabemos que Pedro Chávarry quiso hacer lo mismo el 31 de diciembre el año pasado. Pero el pueblo organizado se lo impidió protestando en las calles.

Sin embargo, hay algo que está bien claro: que el Congreso, a través de su presidente Pedro Gálvez Olaechea, y los cuellos blancos, en una simbiótica y bien orquestada jugada en pared, pretenden acorralar al presidente.

Esto, porque saben que Martín Vizcarra apoya el Equipo Especial Lava Jato, cuyas investigaciones están dejar peor parada de lo que está a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, a la cual se le ha ampliado las investigaciones como organización criminal.

Por ello, el presidente debe, cuanto antes, presentar la cuestión de confianza y acabar con el “me zurro” de Gálvez Olaechea, que en vez de extenderle la mano, descaradamente hace una labor de zapa al Ejecutivo.

LOS HERMANITOS CONTRAATACAN

“Los hermanitos se están reacomodando y contraatacando. Han visto que sus aliados políticos, el fujimorismo y el Apra, están ganando terreno en medio de la debilidad del presidente, y los fiscales supremos creen que ha llegado la hora de darle la estocada mortal a la lucha contra la corrupción”, dijo Glatzer Tuesta, director de Ideeleradio.

“No tengo la menor duda que esta es una acción que ellos han tomado en clara combinación o sintonía con la vacancia presidencial, es decir: todos están sobre un solo objetivo: traerse abajo la lucha contra la corrupción”, precisó.

“Lo que están haciendo es retomar el control del sistema de justicia del presidente de la República. Los fujimoristas y los apristas querían era manejar a Vizcarra como un monigote y que HinostrozaPariachi esté manejando sus cosas en el Poder Judicial y a Chávarry como Fiscal de la Nación. Este era el Plan A”, subrayó.

“Como Vizcarra no fue lo que pensaban, ellos empezaron en sus desesperación a dar manotazos de ahogados. Y ahora sienten que se están reconfigurando. Ya el Apra pidió la vacancia de Vizcarra, hoy día (ayer) Olaechea empezó contraatacando al presidente para que se rectifique por lo dicho en Tía María y los fiscales haciendo lo suyo”, comentó.

“Es un plan muy bien orquestado con un nivel de sintonía casi telepático. Debemos impedir que nos vuelvan a robar la justicia y es la oportunidad de elevar nuestra voz de protesta. Ojalá que el presidente se anime a usar su as y no se deje liquidar”, concluyó Tuesta.

OLAECHEA SABOTEA ADELANTO DE ELECCIONES

El jurista Guillermo Olivera Días opinó que efectivamente hay un juego en pared entre la mayoría fujiaprista-topos y los fiscales cuellos blancos, y que el presidente Vizcarra debe ya cerrar el Congreso e impedir más maltratos y juegos antidemocráticos.

“El mensaje de Pedro Olaechea es un sabotaje al proyecto de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, al cual ni lo menciona siquiera. Al no mencionarlo inconstitucionalmente, no le está dando la preferencia que le brinda la Constitución en su artículo 105”, advirtió.

“El Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de reforma constitucional y el Congreso tiene la obligación constitucional de tratarlo con preferencia. En este caso ni siquiera ha movido un dedo respecto al referido proyecto”, alertó.

“Hace días se ha presentado el proyecto y Olaechea no ha convocado a la Junta de Portavoces para ver el trato que le deben dar, para agendarlo o para lo que fuere. Eso significa un sabotaje y gravemente dice que le está extendiendo una mano al presidente. No le está extendiendo la mano, se la está quitando, porque le está diciendo me zurro en su proyecto de adelanto de elecciones”, reafirmó.

“El presidente del Congreso se está zafando del cumplimiento de la Constitución. Esta haciendo una labor de zapa contra la norma constitucional. Eso no es para esconderlo y eso es lo que está haciendo Olaechea”, sentenció.

ALGO MÁS

“El presidente de responder mañana mismo (hoy) y debe enviar un escrito exigiendo que de inmediato se vea en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones, porque así lo pide absolutamente el pueblo”, concluyó Olivera.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Cuellos blancos quieren remover a Vela y Pérez

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

Los fiscales supremos Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez pidieron la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y el fiscal Pablo Sánchez se opusieron al pedido. Vela Barba y Pérez Gómez no asistieron a la Junta de Fiscales Supremos porque tenían una reunión de trabajo, según argumentaron.

La solicitud fue presentada el pasado viernes durante la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez señaló que Vela y Pérez habían defraudado al Ministerio Público y al Estado por “favorecer a Odebrecht”.

Esto debido a que ambos expresaron que se respete el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña que solicitó la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

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Política

¿Un gobierno de la CONFIEP?

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¿Un gobierno de la CONFIEP?

En medio de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, y el posible adelanto de elecciones (o la renuncia de Vizcarra), se ha abierto la posibilidad de un gobierno de la CONFIEP, justo en el momento en que más lo necesitan las grandes corporaciones.

El distanciamiento de la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, del presidente Vizcarra, y su insistencia de que no renunciara, abre en el actual escenario esta posibilidad, sobre todo si tiene el apoyo de grandes poderes económicos y mediáticos.

Esta fórmula podría resultar una “salida negociada” que provoque la renuncia de Vizcarra y que haga asumir “constitucionalmente” la presidencia a Aráoz. La jugada es posible aunque arriesgada.

Existe entonces la posibilidad de que se forme un nuevo triángulo de poder elitista con Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso.

El plan exige que el Congreso siga presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón (grupo Tacama), con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza (grupo Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde), el principal grupo minero nacional-extranjero del país; y que Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta, amiga de PPK y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder a las justas el 2016) no renuncie y asuma el poder.

La manera como Vizcarra le ha sacado el cuerpo a Tía María ha indignado a los inversionistas, que exigían a través de sus voceros (como en Las Bambas), una salida represiva presentada como “defensa del Estado de derecho”, lo que vuelca a la CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, a buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones.

De ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para demorar o descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa. En paralelo, se pondría énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.

Sería un gobierno provisional de la CONFIEP, que se forma justo en el momento que caen sus ganancias y se acrecientan sus temores, estando preocupados por el “ruido político” y las investigaciones judiciales que tocan a todo el Club de la Construcción, a varios de los principales estudios de abogados de asesoría corporativa, a numerosos tecnocracias que aprobaron los proyectos en la hasta ahora intocada Pro Inversión.

Ello sin dejar de mencionar al propio PPK, de quien hasta ahora se le tolera su detención domiciliaria como un preso más especial y cuyas investigaciones también pueden parar.

Es muy importante para las elites abogadiles y empresariales evitar por todos los medios que se juzgue un caso de conflicto de intereses en la medida que ocurre con notable frecuencia con la puerta giratoria. Hay que bloquear que se tenga un precedente.

El problema de esta opción es que desnuda el poder y podría generar una crisis de régimen si se genera una amplia oposición popular ante las influencias más abiertas de la CONFIEP, el freno a los esfuerzos anticorrupción y las medidas represivas.

 

FRANCISCO DURAND
 OTRAMIRADA.PE

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