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Política

Proyectan para 2018 pérdida de S/ 66 mil millones por evasión tributaria

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SUNAT

De mantenerse los actuales niveles de evasión y elusión tributaria, el Perú perdería este año aproximadamente 66 mil millones de soles, monto equivalente a lo que el país invierte en salud, educación, saneamiento, agro y protección social.

Así lo advirtió el Grupo de Justicia Fiscal (GJF), conformado por las organizaciones CooperAcción; Propuesta Ciudadana y OXFAM, al precisar que los niveles de evasión y elusión tributaria en el Perú son muy superiores a los de países desarrollados y de otros de América Latina.

En su reciente estudio “El Perú hacia la OCDE. La agenda pendiente para la Política Tributaria 2018-2021”, el GJF plantea nueve medidas destinadas a erradicar la elusión y evasión fiscal; entre ellas, la revisión integral de las facultades de acceso de la Sunat al secreto bancario, ampliándolo y adecuándolo a parámetros establecidos por la fiscalidad internacional.

BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA

El economista Epifanio Baca, miembro del GJF y de Propuesta Ciudadana, remarcó que a este escenario de baja presión tributaria se suma un creciente déficit fiscal y endeudamiento público. Baca precisó que este año el gasto público se incrementó en un 10 %, y se estima que para el 2019, crezca en un 6,9 %. Al 2015 la deuda alcanzaba 4 millones de soles, mientras que al 2019, alcanzaría los 25 millones de soles.

Agregó que el Estado ve perjudicado su proyección de inversión pública, como en el caso de la reconstrucción del norte del país a raíz del fenómeno de “El Niño”. “Al principio se fijó para la reconstrucción, una inversión de 7 millones de soles, luego este monto se redujo a 4 millones, y finalmente se ha fijado en apenas S/ 2,400 millones, menos del 50 % de lo que se iba a destinar”, remarcó.

PROPUESTAS

Respecto a las exoneraciones tributarias, el GJF explicó que entre los años 2010 y 2018, las exoneraciones del IGV a los juegos de azar y apuestas han hecho perder al fisco un aproximado de 2 mil millones de soles. Y tan solo este año, este subsidio alcanzará los 438 millones de soles, cantidad superior a la que se destina a programas como Cuna Más, la lucha contra la corrupción, entre otros.

EXONERACIONES Y DEUDORES

César Flores, representante de CooperAcción, indicó que en los últimos 10 años, el gasto tributario –exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo- alcanzó los 120 mil millones de soles.

Ese trato privilegiado de las exoneraciones es en realidad un subsidio que pagamos todos los peruanos y que, este año, será de más de 500 soles per cápita, en favor de estos sectores que se benefician de las exoneraciones e incentivos tributarios, a menudo de manera injustificada.

En ese sentido, dijo que el Grupo de Justicia Fiscal, que recoge datos oficiales e investigación propia, plantea que aquellas exoneraciones e incentivos tributarios (que actualmente son indeterminados e indefinidos), tengan metas de desempeño y plazos específicos, además de una revisión general, a fin de poder reducir el gasto tributario en -por lo menos- 1 % del PBI para el año 2021.

Se estima que actualmente, existirían un aproximado de 250 a 350 exoneraciones e incentivos, de las cuales un tercio serían a plazo indefinido.

Sobre este tema, los expertos del GJF plantearon que las propuestas de los acuerdos a los que llegue la comisión especializada para el cobro de las principales deudas tributarias en litigio, por un monto de 8 mil millones de soles, sean revisados y validados por una instancia independiente integrada por especialistas tributarios y representantes de la sociedad civil.

Aseguraron que enormes deudas judicializadas por grandes empresas generan profunda desigualdad en tratamiento al contribuyente, puesto que mientras las grandes compañías cuentan con recursos para demandar al Estado, el pequeño contribuyente no cuenta con tales opciones.

RÉGIMEN MINERO

El GJF mostró que, si bien las exportaciones mineras se han recuperado en un 50 %, al pasar de 57 mil millones de soles el 2015 a 86 mil millones el 2017; no ha ocurrido lo mismo con la recaudación tributaria en este sector. En efecto, la recaudación neta minera, descontando las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos, alcanzando apenas 846 millones de soles el año 2017.

Revisar el régimen de depreciación acelerada aplicado al sector minero; estableciendo plazos más realistas y balanceados, para minimizar el impacto negativo sobre el canon para los gobiernos subnacionales.

También fortalecer la capacidad de la Sunat para evaluar y fiscalizar el valor declarado de las exportaciones mineras y las declaraciones de gastos y deducibles, para prevenir situaciones de subvaluación del valor exportado o la reducción artificial de la base imponible.

ALGO MÁS

En el año 2017, la presión tributaria en el Perú tocó fondo al caer por debajo del 13 % del PBI. Esta situación solo se ha dado en situaciones críticas en los últimos 50 años. La aparente recuperación que se da a partir del 2018 se ha producido principalmente por un efecto de mejores precios internacionales de algunos minerales, lo que nos deja a merced de la “buena suerte”.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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