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Política

Proyectan para 2018 pérdida de S/ 66 mil millones por evasión tributaria

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SUNAT

De mantenerse los actuales niveles de evasión y elusión tributaria, el Perú perdería este año aproximadamente 66 mil millones de soles, monto equivalente a lo que el país invierte en salud, educación, saneamiento, agro y protección social.

Así lo advirtió el Grupo de Justicia Fiscal (GJF), conformado por las organizaciones CooperAcción; Propuesta Ciudadana y OXFAM, al precisar que los niveles de evasión y elusión tributaria en el Perú son muy superiores a los de países desarrollados y de otros de América Latina.

En su reciente estudio “El Perú hacia la OCDE. La agenda pendiente para la Política Tributaria 2018-2021”, el GJF plantea nueve medidas destinadas a erradicar la elusión y evasión fiscal; entre ellas, la revisión integral de las facultades de acceso de la Sunat al secreto bancario, ampliándolo y adecuándolo a parámetros establecidos por la fiscalidad internacional.

BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA

El economista Epifanio Baca, miembro del GJF y de Propuesta Ciudadana, remarcó que a este escenario de baja presión tributaria se suma un creciente déficit fiscal y endeudamiento público. Baca precisó que este año el gasto público se incrementó en un 10 %, y se estima que para el 2019, crezca en un 6,9 %. Al 2015 la deuda alcanzaba 4 millones de soles, mientras que al 2019, alcanzaría los 25 millones de soles.

Agregó que el Estado ve perjudicado su proyección de inversión pública, como en el caso de la reconstrucción del norte del país a raíz del fenómeno de “El Niño”. “Al principio se fijó para la reconstrucción, una inversión de 7 millones de soles, luego este monto se redujo a 4 millones, y finalmente se ha fijado en apenas S/ 2,400 millones, menos del 50 % de lo que se iba a destinar”, remarcó.

PROPUESTAS

Respecto a las exoneraciones tributarias, el GJF explicó que entre los años 2010 y 2018, las exoneraciones del IGV a los juegos de azar y apuestas han hecho perder al fisco un aproximado de 2 mil millones de soles. Y tan solo este año, este subsidio alcanzará los 438 millones de soles, cantidad superior a la que se destina a programas como Cuna Más, la lucha contra la corrupción, entre otros.

EXONERACIONES Y DEUDORES

César Flores, representante de CooperAcción, indicó que en los últimos 10 años, el gasto tributario –exoneraciones, excepciones, deducciones y cualquier otro incentivo- alcanzó los 120 mil millones de soles.

Ese trato privilegiado de las exoneraciones es en realidad un subsidio que pagamos todos los peruanos y que, este año, será de más de 500 soles per cápita, en favor de estos sectores que se benefician de las exoneraciones e incentivos tributarios, a menudo de manera injustificada.

En ese sentido, dijo que el Grupo de Justicia Fiscal, que recoge datos oficiales e investigación propia, plantea que aquellas exoneraciones e incentivos tributarios (que actualmente son indeterminados e indefinidos), tengan metas de desempeño y plazos específicos, además de una revisión general, a fin de poder reducir el gasto tributario en -por lo menos- 1 % del PBI para el año 2021.

Se estima que actualmente, existirían un aproximado de 250 a 350 exoneraciones e incentivos, de las cuales un tercio serían a plazo indefinido.

Sobre este tema, los expertos del GJF plantearon que las propuestas de los acuerdos a los que llegue la comisión especializada para el cobro de las principales deudas tributarias en litigio, por un monto de 8 mil millones de soles, sean revisados y validados por una instancia independiente integrada por especialistas tributarios y representantes de la sociedad civil.

Aseguraron que enormes deudas judicializadas por grandes empresas generan profunda desigualdad en tratamiento al contribuyente, puesto que mientras las grandes compañías cuentan con recursos para demandar al Estado, el pequeño contribuyente no cuenta con tales opciones.

RÉGIMEN MINERO

El GJF mostró que, si bien las exportaciones mineras se han recuperado en un 50 %, al pasar de 57 mil millones de soles el 2015 a 86 mil millones el 2017; no ha ocurrido lo mismo con la recaudación tributaria en este sector. En efecto, la recaudación neta minera, descontando las devoluciones tributarias, se encuentra en niveles mínimos, alcanzando apenas 846 millones de soles el año 2017.

Revisar el régimen de depreciación acelerada aplicado al sector minero; estableciendo plazos más realistas y balanceados, para minimizar el impacto negativo sobre el canon para los gobiernos subnacionales.

También fortalecer la capacidad de la Sunat para evaluar y fiscalizar el valor declarado de las exportaciones mineras y las declaraciones de gastos y deducibles, para prevenir situaciones de subvaluación del valor exportado o la reducción artificial de la base imponible.

ALGO MÁS

En el año 2017, la presión tributaria en el Perú tocó fondo al caer por debajo del 13 % del PBI. Esta situación solo se ha dado en situaciones críticas en los últimos 50 años. La aparente recuperación que se da a partir del 2018 se ha producido principalmente por un efecto de mejores precios internacionales de algunos minerales, lo que nos deja a merced de la “buena suerte”.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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