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Política

Presupuesto exiguo, primer problema

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Jorge Muñoz Wells

Al 91,92% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, alcanza 36,19% de los votos válidos convirtiéndose en el virtual alcalde de Lima Metropolitana y comenzará el primer día del próximo año, cuando la escasez de recursos financieros con que recibirá la comuna limeña se presenta como primera traba a superar.

MENOS RECURSOS

De acuerdo al Proyecto de la Ley de Presupuesto Público para el 2019, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para el próximo año el presupuesto total de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se reducirá de S/ 1,755 millones a S / 1,442 millones, es decir, un monto menor en -18.84% con respecto al presupuesto asignado para este año.

En cuanto al presupuesto para gastos de capital, es decir el dinero que tendrá para realizar obras, Muñoz contará con la mitad de lo que dispuso Castañeda Lossio este año. Los gastos de capital pasaron de S/ 621 millones 155 mil a S/ 307 millones 601 mil, cifra menor en -50.47%.

Es decir, aproximadamente del total del presupuesto, el 75% estaría comprometido en gastos corrientes.

Asimismo, la comuna que dirigirá Muñoz recibirá el próximo año un municipio 15.42% más endeudado. Estos compromisos pasan de S/ 160 millones 848 mil a S/ 185 millones 658 mil.

Pero, además, el presupuesto de personal y obligaciones sociales, es decir para pagar las planillas de la comuna capitalina, subió en 7.98%, al pasar de S/ 172 millones 613 mil a S/ 186 millones 390 mil.

REUNIÓN CON VIZCARRA

Consultado sobre el tema de presupuesto Jorge Muñoz afirmó que hoy se reunirá con el presidente Martín Vizcarra y que le gustaría poder hablar con él, entre otros temas, sobre el exiguo presupuesto que tiene la comuna limeña en comparación a otras importantes ciudades de la región.

“Porque el presupuesto de la Municipalidad de Lima es seis veces menor que el de Bogotá. Es también menor que el de Guayaquil, increíble, aunque pueda parecer mentira, y eso que ahí hay un tercio de la población que hay acá. Cosas por el estilo que hay que poner sobre la mesa. Hay que hacer que las cosas se puedan dar. Necesitamos tener mejores recursos para hacer cosas, sobre todo por las personas más necesitadas”, manifestó Muñoz.

El presupuesto de la Municipalidad de Lima proviene de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, entre otros.

TRANSPORTE

Otro de los temas que conversarán Muñoz y el presidente Vizcarra es el complejo tema del transporte.

“Quiero conversar con el Presidente para sacar un teleférico desde la estación de San Carlos hasta la zona alta de San Juan de Lurigancho y que esto luego baje a la zona de Independencia, en Naranjal […]. Esto sería una obra de gran importancia para la zona norte de Lima y la zona este”, agregó.

Asimismo, Muñoz se mostró a favor de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). “El gran problema que tiene Lima es que tienes 42 alcaldes, con el del Cercado de Lima 43, además de las autoridades provinciales. Tienes facultades dispersas en el MTC, en la autoridad del tren eléctrico […] Pero si tienes una sola cabeza, puedes poner más orden”, indicó.

La ATU, que fue aprobada por el Congreso en setiembre, plantea la unificación de las gerencias de transporte de las municipalidades de Lima y Callao junto a representantes del tren eléctrico, Pro Transporte, y demás autoridades que tienen competencia en el sector, en un solo sistema que será encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

PUENTES

Consultado sobre la instalación de dos nuevos puentes con arcos amarillos en la Vía Expresa de Paseo de la República, obra que fue iniciado por Luis Castañeda Lossio hace dos meses, Jorge Muñoz sostuvo que debe de analizarse el funcionamiento de los arcos, pues no están en armonía con el diseño original de dicho eje vial.

Política

Keiko, atrapada y sin salida

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Keiko Fujimori

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, solicitó ayer al Ministerio Público que se le envíen las copias certificadas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama Sasaki ante el Equipo Especial Lava Jato, a fin de incorporarlas como elemento de debate cuando el próximo martes 19 el Pleno Constitucional evalúe el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Higuchi.

Así, el fiscal José Domingo Pérez, quien ya había adelantado que si el TC no le requería la documentación él la haría llegar por iniciativa propia, dispone de 48 horas para hacer llegar las declaraciones del sobrino del exjefe de campaña de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

En los días previos, acaso preocupados por el impacto que tendrían las aseveraciones de Jorge Yoshiyama en la decisión del TC, voceros del fujimorismo habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que estas declaraciones sean evaluadas por el ente constitucional. “La declaración del señor Jorge Yoshiyama no es una declaración oficial de la cual tenga conocimiento el TC, ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación. Si no está en el expediente del TC, no se puede tomar en cuenta”, afirmó el expresidente del TC y hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, Carlos Mesía, quien además fue conocido por afirmar que “al pueblo no hay que hacerle caso”.

La propia Keiko Fujimori publicó en su cuenta de Twitter un descargo contra las declaraciones de Yoshiyama. “Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, escribió.

Sin embargo, para Blume habrían pesado más las opiniones de los demás miembros del TC, quienes según lo señalado por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña le solicitaron incluya las declaraciones de Yoshiyama apenas fueron dadas a conocer. “Si uno quiere trabajar seriamente este tema, tiene que leerlo a profundidad y, si además de eso, aparecen nuevos elementos que podrían tener incidencia, como la declaración que se ha empezado a hacer pública, parece ser prudente que todos los magistrados tengamos información más completa”, comentó el 7 de noviembre.

ACUSACIONES INELUDIBLES

La decisión del TC atiende la solicitud del procurador adjunto del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, quien el 8 de noviembre pidió formalmente que se incluya el testimonio de Jorge Yoshiyama como argumento para resolver el hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

Tupayachi destacó en su solicitud lo referido por Yoshiyama sobre el hecho de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del 2011, los que intentó ocultar mediante falsos aportantes. También hace referencia al comentario que Fujimori habría hecho a Yoshiyama sobre sus reuniones con el exjuez César Hinostroza.

El documento también consigna las indicaciones expresas que Keiko Fujimori habría dado a Jaime Yoshiyama para desconocer el aporte de Odebrecht y negar toda relación entre Fuerza Popular y la empresa brasileña. Además, destaca lo afirmado por Yoshiyama Sasaki respecto a que fue la propia Keiko Fujimori quien le pidió buscar falsos aportantes. “Me pide que lo haga como lo hice en el 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, afirmó Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía.

El procurador del Poder Judicial consideró en su escrito que lo declarado por Yoshiyama sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori, la cual afirma que la acusada no conocía del dinero de Odebrecht ni se había reunido nunca con Hinostroza. Por otro lado, destaca que no se trata de cualquier testigo, sino del sobrino de quien fuera el jefe de campaña electoral de Fujimori.

RIESGO PROCESAL LATENTE

En cuanto al peligro procesal o de obstaculización al proceso, Tupayachi argumentó que “se aprecia de las últimas declaraciones que la procesada Keiko Fujimori ha tenido injerencia frente a diversos órganos jurisdiccionales (reunión con jueces y fiscales), pudiendo ello manifestarse con la influencia directa sobre los mismos, sobre todo por la contraprestación política que podía ejercer a través de su organización política”.

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, remarcó en Ideeleradio que la controversia en el caso de Keiko Fujimori no radica en el tema probatorio, sino en el de la obstaculización de la justicia.

“Nadie discutía en el momento que se sustentó la prisión preventiva la gravedad de los hechos y la sospecha grave que existía dentro de la investigación. Se discutía esencialmente si había un peligro procesal, que tiene dos vertientes: el peligro de fuga y el de obstaculización”, indicó.

Vela destacó que además del testimonio de Yoshiyama, el peligro de obstaculización siempre ha estado sustentado en la evidencia concreta que genera “toda la construcción argumentativa respecto al entorpecimiento de la actividad probatoria”. En ese sentido, recordó que tras revelarse los audios del caso Lava Juez y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una sala diferente recompuesta es la que finalmente declaró infundado el recurso de casación. “Pero el primer término, con lo difícil que es pasar la fase de calificación previa en la Corte Suprema, fue admitido. Por lo tanto, se materializó esa vinculación entre Hinostroza Pariachi y el grupo investigado por financiamiento de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

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José Domingo Pérez Gómez

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de cuestionamiento internacional y una eventual condena contra el Estado peruano, porque se estaría afectando sus derechos, advirtió Diego García-Sayán Larrabure, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas.

Fue al precisar que las Naciones Unidas señala que los jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública, y cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales.

“Si al final se ratifica la sanción a José Domingo Pérez, al margen que sea el 10%, 5% o el 1% de su remuneración, esto sería un tema de cuestionamiento internacional muy serio, no contra la persona que tomó la decisión, sino esto en términos internacionales es una condena al país [contra el Estado]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este momento, defender a José Domingo Pérez […] es defender el principio de que un funcionario de su jerarquía tiene derecho a expresar conceptos como el que expresó, que ahora están siendo cuestionados, y en segundo lugar, que cualquier afectación en su estabilidad debe ser interpretada como un paso para acabar o delimitar las investigaciones sobre corrupción”, puntualizó.

SERÍA GRAVE UNA SUSPENSIÓN

En ese sentido, García-Sayán Larrabure consideró que sería muy grave que con esta sanción se esté buscando suspender al fiscal José Domingo Pérez, como lo advirtió el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“[¿Qué opina en torno a lo que ha dicho Rafael Vela de que esta sanción busca sacar a José Domingo Pérez del caso?] Eso es muy grave, porque evidentemente esto pasa en Perú, pasó en Brasil, donde finalmente el juez Sergio Moro terminó mal y su proceso de trabajo tampoco fue incuestionable. Yo creo que tenemos un problema serio”, subrayó.

“De manera, que yo espero que prime la cautela, el buen criterio y que cada cual pueda mantener su propia discrepancia con la actuación de José Domingo Pérez, quien no es un hombre perfecto, puede haber cosas equivocadas, pero una sanción no es el camino para fortalecer el Ministerio Público”, afirmó.

El exministro recordó que la opinión pública reaccionó el 31 de diciembre del 2018, cuando hubo un intento de hostilización hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Ya la opinión pública reaccionó cuando ya se estaban descorchando botellas el pasado 31 de diciembre a las ocho de la noche, se les pretendió destituir, la gente reaccionó, porque la gente entendió que esas personas, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estaban desempeñando una función importante y que eso era inaceptable [cesarlos del cargo]”, adelantó.

TIENEN DERECHO A DECLARAR

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales los jueces y fiscales tienen derecho a declarar.

“Lo que las Naciones Unidas dice [respecto a la independencia de jueces y abogados] son dos cosas. Primero, que los jueces y fiscales sí tienen el derecho a la libertad de expresión naturalmente dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública. En segundo lugar, que en algunos casos no solamente tienen el derecho, sino la obligación de expresarse cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales”, aseveró.

Finalmente, dijo que las declaraciones de José Domingo Pérez en contra de la corrupción deberían de ser elogiadas en vez de ser criticadas.

“[José Domingo Pérez] no está transgrediendo el principio de información reservada de su caso, sino que está incidiendo en algo que no debería ser criticada [por otros], sino elogiado. Que un fiscal exprese públicamente que hay que luchar contra la corrupción y que para las personas que tienen elementos de juicio para ser condenadas debe haber sentencias es algo absolutamente elemental que pide la ciudadanía”, acotó.

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Política

Lo más sensato sería que José Lecaros se abstuviera de participar

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José Luis Lecaros Cornejo

El relator de la Naciones Unidas adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicitará al presidente del Poder Judicial inhibirse del proceso, este no podría ser destituido o separado.

Hubiera sido sensato que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se abstuviera de participar del proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo el exministro de Justicia, Diego García-Sayán Larrabure.

“[¿El presidente del Poder Judicial debería formar parte del proceso de selección de la JNJ cuando se encuentra también cuestionado?] Ahí hay un problema que reconocer. Y probablemente lo más sensato hubiera sido que, ante estos cuestionamientos, la persona cuestionada se abstuviera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El hecho que existan estas sindicaciones no quiere decir que tiene una responsabilidad penal ni que está comprometido con actividades delictivas, pero por eso yo creo que todo el formato, de la forma de la participación de la ciudadanía en todo este proceso es algo por donde el sistema ha cojeado”, apuntó.

Como se recuerda, la magistrada Fany Quispe remitió al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, un informe que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018 respecto a una supuesta estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los vocales César HinostrozaPariachi y José Luis Lecaros Cornejo para un presunto intercambio de influencias y favores.

NO PUEDE SER DESTITUIDO

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas estimó que podría no haber cambios significativos en la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, si es que uno de sus integrantes se negara a apartarse.

“A estas alturas me da la impresión que no hay nada que hacer. Creo que este proceso va a continuar, formalmente no hay forma de objetar la participación de quienes están haciendo este proceso de selección. Puede opinarse, pero creo que ahí va a quedar todo”, afirmó.

García-Sayán Larrabure adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicite a José Luis Lecaros inhibirse del proceso, si este se negara, dicho colegiado no podría destituirlo.

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