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Editorial

Precaria mayoría

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El fujimorismo en el Parlamento sigue haciendo agua. A pesar que una ley electoral con graves deficiencias otorgó a Fuerza Popular una mayoría “cuasi absoluta”, la bancada naranja continúa “pitufeándose”, para usar un término acuñado por ellos mismos. Esta vez es la congresista Úrsula Letona el centro de las disputas internas. Su colega Yeni Vilcatoma ha solicitado su expulsión del grupo parlamentario por haber impulsado el archivamiento de una moción para investigar presuntos actos de corrupción en PromPerú.

Varios invitados del partido de Keiko Fujimori que renunciaron a la bancada hace poco, han reconocido que los seguidores de Keiko Fujimori perdieron la oportunidad histórica de hacer algo por el Perú. Sin embargo, sabido es que la bancada de Fuerza Popular no se caracteriza por tener en sus filas la “crema y nata” de la intelectualidad; por el contrario, algunos de ellos carecen de productividad parlamentaria y otros se dedican a defender intereses particulares en vez de legislar en beneficio de toda la sociedad.

Vilcatoma acusa a su colega Letona de haber infringido los artículos 5 y 14 del reglamento del Congreso, sobre la función de control político. Además, señala que infringió también el reglamento de Fuerza Popular y “los acuerdos de lucha contra la corrupción”.

“Su conducta como congresista de la República, según Vilcatoma no ha sido proba”, como se observa en la carta. No obstante, no es la primera vez en que salen a luz las disputas internas. Basta recordar el caso de los “Avengers” que incluso dividió a los Fujimori.

Todo esto ocurre mientras la aprobación al Congreso es una de las más bajas y anda cerca de un dígito, según todas las encuestas de opinión, lo que ha hecho que los electores salgan a las calles a protestar y a pedir “que se vayan todos”. Por todo ello, las disputas al interior de la bancada naranja no hacen sino confirmar que no se trata de hechos aislados que terminarán con un llamado al orden, sino más bien de la grave crisis interna que vive Fuerza Popular con sus principales líderes procesados o encarcelados bajo cawrgos de corrupción. Ojalá no los vuelvan a elegir por el bien del país.

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Editorial

García debe colaborar con la justicia

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La verdad saldrá a luz en algún momento, aunque parece ser que ahora será más temprano que tarde. Han aparecido nuevos falsos aportantes y esta vez se trata de la campaña presidencial de Alan García, en el año 2006, según la Unidad de Investigación del diario El Comercio. La modalidad parece ser la misma usada por otra agrupación política, Fuerza Popular.

El costo de la millonaria campaña que llevó por segunda vez a la presidencia al líder aprista, ascendió a la friolera de S/5’916.277, según información de la ONPE, pero el 99,8% del total de aportantes entregó una suma de entre S/1 y S/20. Según el informe periodístico, hay cinco personas que al ser consultadas sobre la entrega de dinero negaron haber dado aporte alguno. Los nombres de esos ciudadanos habían sido consignados con sumas de S/ 1,000 cada uno, excepto uno de ellos al que se le consigna un aporte de S/ 2,400.

Debe recordarse que, en el caso del Partido Aprista, está de por medio la delación de Marcelo Odebrecht y de Jorge Simoes (su subalterno) acerca de que la constructora aportó US$ 200 mil a la campaña presidencial de AGP en 2006, a través de Luis Alva Castro. Si a eso se agrega ahora el tema de los “donantes fantasma” sería muy similar a la situación en que se encuentran Fuerzas Popular y Keiko Fujimori, procesados por lavado de dinero en forma agravada. No obstante, el abogado Erasmo Reyna ha dicho que Alan García no se ocupaba del financiamiento de la campaña.

La revelación de los falsos aportantes a la campaña presidencial de Alan García, en 2006, es sin embargo solo la punta del iceberg de hechos que tendrán que ser investigados exhaustivamente hasta llegar al fondo del asunto. De hecho, juristas consultados al respecto consideran que el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, tiene la punta de la madeja, lo que le permitiría esclarecer rápidamente los hechos en relación al Partido aprista.

Por lo pronto, según los expertos en materia jurídica, este caso estaría dentro de lo que se conoce como delito de lavado de activos, el mismo que ya estaba incorporado al Código Penal en 2006. Entonces, haría bien Alan García en colaborar con la justicia para que el tema de los falsos aportantes se aclare lo más pronto posible, pues como el mismo García solía decir, ¡quien no la debe no la teme!”.

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Editorial

Respaldo a fiscales

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Una solicitud de medida cautelar para proteger el acucioso trabajo del equipo especial Lava Jato, así como el de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, viene procesando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante esta medida, en primer lugar, porque permitirá garantizar el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, a quien pretenderían presionar el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus sub subalternos, lo cual sería inaceptable y menos en estos momentos en que se requiere de la conjunción de esfuerzos para luchar contra la corrupción.

De igual manera, el referido recurso servirá para cautelar el trabajo que vienen realizando el fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

Es importante, pues, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apruebe esta solicitud para evitar así que continúe la interferencia, interna o externa, en la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo. Igualmente, para impedir que los fiscales mencionados sean apartados de las investigaciones que vienen realizando con los escasos recursos con que se cuentan, pero con muy buenos resultados, además de resguardar su integridad y la de sus familias.

Lógicamente que esta demanda ha sido interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ha recibido el expediente para que lo conteste ante la Comisión IDH. Luego vendrá la decisión del organismo interamericano, que ojalá pueda ser en el más corto tiempo posible. En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas, pero con carácter de obligatorio cumplimiento.

Hay un gran interés de la ciudadanía en que se elimine, de una vez por todas, la corrupción que causa enormes pérdidas a nuestro país. El presidente Martín Vizcarra ha sintonizado muy bien con el clamor de la población y lo ha resumido en una frase muy corta. “Basta de hermanitos”. Ojalá, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda apoyar al Perú aprobando la solicitud del Instituto de Defensa Legal”.

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Editorial

Congresistas deben ponerse a trabajar

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La rápida reacción que ha tenido el presidente Martín Vizcarra al sacar adelante el referéndum para hacer las reformas del sistema político y judicial no es suficiente. Se requiere ahora que el Congreso recoja el clamor expresado por la población en las urnas, el domingo último, y se ponga a trabajar para materializar lo más pronto posible el mandato de la ciudadanía. Es menester actuar con urgencia para acabar con la corrupción rampante que extiende sus tentáculos por todas las instituciones del país y les roba a los más pobres la esperanza de salir adelante.

No por gusto más del 85% de la población ha respaldado la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que estaba infestado por la corrupción. Ahora, la nueva institución será la que revise las evaluaciones de jueces y fiscales porque hay denuncias y hasta audios de cómo se realizaban los nombramientos de algunos magistrados; usando prácticas nada transparentes. No más “Cuellos Blancos”, no más “hermanitos”.

El Parlamento ha ampliado la legislatura para debatir la ley de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hay legisladores que aún no son conscientes de la urgencia con que se debe actuar para poner la justicia al alcance de todos. Es verdad que hasta el nombramiento del Fiscal de la Nación tendrá que ser evaluado. La cabeza del Ministerio Público debe ser una persona proba, sobre quien no recaiga ningún atisbo de dudas porque en sus manos está la acción contra la criminalidad y la defensa de la sociedad.

Si la designación del titular del Ministerio Público no se ajusta estrictamente a las normas, pues tendrá que dejar el cargo. Pero para ello se requiere que los “padres de la patria” se dejen de críticas y discusiones. El Parlamento acaba de ampliar la legislatura hasta el próximo 30 de enero para debatir sobre la reforma del sistema de justicia. Es urgente que la Junta Nacional de Justicia inicie sus funciones lo más pronto posible. Se trata de un organismo fundamental para la administración de la justicia y ahora la responsabilidad es del Congreso que actualmente está bajo escrutinio del ojo público.

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