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Editorial

Por el camino de las decisiones

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Una gran expectativa han motivado los anuncios gubernamentales de nuevas medidas en materia de seguridad, principalmente en el terreno del tránsito y el transporte de pasajeros, ya puestas en vigencia, así como en el ámbito del combate a la criminalidad que casi a diario genera zozobra en los hogares peruanos.

Una primera impresión de la ciudadanía de a pie es que son positivas la simplificación de los procedimientos de sanción a las infracciones del tránsito y las normas que hacen más contundentes esos castigos, al igual que la idea –que aún no es un proyecto concreto- de aplicar en la lucha contra la delincuencia el método de las recompensas a quienes ayuden a identificar y capturar a cabecillas, que dio resultados en el combate al terrorismo.

Aunque el éxito de las medidas referidas está pendiente de comprobar en la práctica su efectividad para hacer retroceder a la cada vez más peligrosa delincuencia organizada y al crimen en general, y de otro lado a disciplinar y poner orden en las calles y las carreteras, a la opinión pública le ha parecido, siempre como impresión inicial, que de cualquier manera el gobierno escucha su clamor de decisiones en ese terreno y las ha comenzado a tomar, demostrando que no es indiferente a la exigencia ciudadana ni impasible ante la gravedad de esos problemas.

Nadie puede sostener con seriedad que los anuncios son la panacea que convertirá a nuestras ciudades en serenas urbes en las que el tránsito discurre plácido y sereno, sin siquiera bocinazos, como en países desarrollados o con mayor orden y disciplina que el nuestro, o que los criminales van a alzar las manos y entregarse o van a salir huyendo del país solo porque se le ponga precio a sus cabezas.

Pero esas medidas iniciales, siendo positivas y saludables, deben complementarse con otras acciones de carácter preventivo y formativo. Y también de mayor alcance, como políticas que mejoren la oferta de empleo para que no haya por ejemplo tanto desocupado que encuentre formas de supervivencia en actividades más o menos marginales, como conducir una combi asesina o convivir casi en la complicidad con el crimen organizado.

También es ciertamente indispensable que se busque y se propicie, construyendo credibilidad y canales, la participación masiva y organizada de la ciudadanía, en las tareas de la seguridad ciudadana y del ordenamiento del tránsito y el transporte.

Es tiempo también que todos los sectores converjan en el impulso a esos objetivos, al margen de pasiones y mezquindades políticas, como la de políticos mediocres y medios de prensa fanatizados que, en el caso del tránsito y el transporte de Lima, se dedican a boicotear la reforma emprendida por el municipio solo porque la Alcaldesa de la ciudad, que se ha echado encima ese esfuerzo, o el gobierno nacional, que ha comenzado a tomar medidas, no son de su predilección.

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Editorial

Cuidemos la calidad del Congreso

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A solo tres semanas para la realización del referendo del próximo 9 de diciembre, la bancada de Fuerza Popular sigue demostrando la pobre preparación y la baja calidad moral que tienen algunos de sus integrantes para representar a la población en el Parlamento Nacional. La cereza del pastel –esperamos que haya sido eso– la puso el congresista del fujimorismo Moisés Mamani, quien el miércoles último fue desembarcado de un vuelo de Latam Airlines por presuntamente realizar tocamientos a una ciudadana brasileña, tripulante de la aeronave.

No es la primera vez que Mamani protagoniza un hecho escandaloso. Estuvo involucrado en la grabación de audios y vídeos para comprometer a los avengers de Kenji Fujimori en acciones dolosas, después de haberles tendido una trampa. Anteriormente, fue denunciado por su exasesora Lisseth Valenzuela por haberla despedido arbitrariamente horas después de enterarse que estaba embarazada. La justificación que dio entonces el parlamentario es que no sabía que no se podía despedir a una trabajadora gestante.

Pero el caso de Mamani no es el único. Recordemos a la congresista de Fuerza Popular Yesenia Ponce, a quien se le acusa por presuntamente pagar S/ 10 mil al director del colegio donde según ella terminó de estudiar la secundaria. Asimismo, por haber consignado compañeros y profesores “fantasmas” que había declarado como existentes. Otras perlas se suman al rosario que forman varios integrantes de la llamada “bancada naranja”, que encargaron compras de televisores y frigobares, a cuenta del Congreso, poco antes del Mundial Rusia 2018.

Así las cosas, la legisladora Yesenia Ponce fue suspendida por 120 días. El congresista Mamani será investigado por la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, pero mientras tanto no se está haciendo ninguna campaña para sensibilizar a la población sobre la necesidad de participar en el referendo del próximo 9 de diciembre.

Los empresarios han alertado que la incertidumbre generada por el ruido político hace subir el dólar y las tasas de interés, además de contraer las inversiones. Es necesario, pues, pensar en un mecanismo que garantice que los incapaces y los coimeros no regresen al Parlamento Nacional porque las leyes malas no garantizan la estabilidad jurídica del país, sino todo lo contrario.

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Editorial

La verdad se abre paso

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El expresidente Alan García ha dicho ayer que se allana al pedido de impedimento de salida del país formulado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Tal respuesta ante la pregunta de los periodistas que lo aguardaban a la salida de la Fiscalía, sería al parecer producto de su nerviosismo.

Viniendo de quien viene, lo dicho por García no se puede entender de otra manera, pues él es abogado de profesión y debe saber que no es posible allanarse al pedido de un fiscal, sino acatar lo que disponga el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha programado la audiencia para el próximo sábado 17 a las 3 de la tarde.

La medida restrictiva fue solicitada luego que la Fiscalía decidiera ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima después de que se conocieran nuevos indicios de que García habría recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht. El exmandatario aprista argumenta que la declaración de un testigo en Brasil no vale nada porque primero tiene que ser probada, sin embargo, parecería que eso no le va a resultar muy difícil a la Fiscalía.

Ocurre que en Brasil hay implicados que están tratando de negociar con las autoridades de su país para convertirse en “delator premiado” a fin de evitar que les caiga todo el peso de la ley. Pero, a cambio, el colaborador eficaz tiene que dar pruebas que demuestren la certeza de sus declaraciones. Es decir, que esto recién comienza y el expresidente Alan García debería dedicarse a coordinar mejor los argumentos de su defensa en vez de estar diciendo que todo se trata de una persecución política en su contra o que hay un golpe de Estado en el Perú.

La culpa tampoco la tienen los medios de comunicación, pero Alan García se rehusó ayer a responder preguntas a Canal N, al parecer porque le hacen preguntas que no son de su completo agrado. Sin embargo, también le esperan preguntas incómodas cuando tenga que responder ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pues el pedido de impedimento de salida del país es por 18 meses y aún hay mucho pan por rebanar. La verdad comienza a abrirse paso, señor García.

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Editorial

A empujar el coche en el mismo sentido

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó su vocación democrática y reiteró que no cerrará el Congreso porque no considera que sea una medida necesaria en el actual escenario político. Sin embargo, también ha expresado su compromiso de liderar la lucha contra la corrupción que se ha diseminado como un cáncer por gran parte del aparato estatal.

Tras ratificar que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que luego de culminar su mandato entregará la posta al presidente que sea elegido por el pueblo peruano, el Jefe del Estado ha reconocido que el conflicto político, en los últimos dos años, ha influido en la economía.

En efecto, las inversiones son las primeras en contraerse cuando no encuentran la garantía de una estabilidad jurídica, por eso era necesario que el Gobierno ponga elpie en el acelerador para sacar adelante cuanto antes la reforma del Poder Judicial y la reforma política. Está de por medio el referendo del próximo 9 de diciembre en el que la población deberá responder cuatro preguntas.

La situación no es para tomarla muy a la ligera, pues los principales indicadores macroeconómicos nos están poniendo sobre aviso de lo que podría ocurrir en caso que la institucionalidad no sea fortalecida en el país. Lo peor de todo es que esta vez el contexto internacional parece no jugar a nuestro favor.

Los precios de los minerales ya no son los de antes y los anuncios de la Fed sobre una eventual elevación de sus tasas de referencia pueden volver más volátil el tipo de cambio en nuestro mercado local. Ocurre, además, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece agravarse, lo que desincentiva el comercio entre los países.

Debido a todas estas consideraciones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está tratando de buscar el diálogo con las demás fuerzas políticas en busca de una agenda común. Al respecto ha recibido la respuesta positiva del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lamentablemente los partidos políticos de oposición están atravesando una crisis y hay demasiado ruido político y eso está haciendo perder competitividad al país. Ojalá la oposición pueda demostrar la suficiente madurez y ayude a empujar el coche en el mismo sentido para que el Perú pueda salir de este entrampamiento.

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