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Editorial

Por el camino de las decisiones

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Una gran expectativa han motivado los anuncios gubernamentales de nuevas medidas en materia de seguridad, principalmente en el terreno del tránsito y el transporte de pasajeros, ya puestas en vigencia, así como en el ámbito del combate a la criminalidad que casi a diario genera zozobra en los hogares peruanos.

Una primera impresión de la ciudadanía de a pie es que son positivas la simplificación de los procedimientos de sanción a las infracciones del tránsito y las normas que hacen más contundentes esos castigos, al igual que la idea –que aún no es un proyecto concreto- de aplicar en la lucha contra la delincuencia el método de las recompensas a quienes ayuden a identificar y capturar a cabecillas, que dio resultados en el combate al terrorismo.

Aunque el éxito de las medidas referidas está pendiente de comprobar en la práctica su efectividad para hacer retroceder a la cada vez más peligrosa delincuencia organizada y al crimen en general, y de otro lado a disciplinar y poner orden en las calles y las carreteras, a la opinión pública le ha parecido, siempre como impresión inicial, que de cualquier manera el gobierno escucha su clamor de decisiones en ese terreno y las ha comenzado a tomar, demostrando que no es indiferente a la exigencia ciudadana ni impasible ante la gravedad de esos problemas.

Nadie puede sostener con seriedad que los anuncios son la panacea que convertirá a nuestras ciudades en serenas urbes en las que el tránsito discurre plácido y sereno, sin siquiera bocinazos, como en países desarrollados o con mayor orden y disciplina que el nuestro, o que los criminales van a alzar las manos y entregarse o van a salir huyendo del país solo porque se le ponga precio a sus cabezas.

Pero esas medidas iniciales, siendo positivas y saludables, deben complementarse con otras acciones de carácter preventivo y formativo. Y también de mayor alcance, como políticas que mejoren la oferta de empleo para que no haya por ejemplo tanto desocupado que encuentre formas de supervivencia en actividades más o menos marginales, como conducir una combi asesina o convivir casi en la complicidad con el crimen organizado.

También es ciertamente indispensable que se busque y se propicie, construyendo credibilidad y canales, la participación masiva y organizada de la ciudadanía, en las tareas de la seguridad ciudadana y del ordenamiento del tránsito y el transporte.

Es tiempo también que todos los sectores converjan en el impulso a esos objetivos, al margen de pasiones y mezquindades políticas, como la de políticos mediocres y medios de prensa fanatizados que, en el caso del tránsito y el transporte de Lima, se dedican a boicotear la reforma emprendida por el municipio solo porque la Alcaldesa de la ciudad, que se ha echado encima ese esfuerzo, o el gobierno nacional, que ha comenzado a tomar medidas, no son de su predilección.

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Editorial

Vergonzoso blindaje fujimorista

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La mayoría fujimorista se ha vuelto a burlar del país con el vergonzoso blindaje al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien fue involucrado en el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, y al congresista Héctor Becerril, quien estaría implicado en el caso “CNM audios”. Es verdad que recién se están realizando las investigaciones, pero también es cierto que un fiscal de la Nación no debe tener atisbo de sospecha alguna porque eso lo coloca en una difícil situación a la hora de combatir el delito y la corrupción.

Ocurre que por una decisión de última hora, el “keikismo” en el Congreso decidió aplazar sin fecha establecida el debate y la votación de los informes acusatorios que debían realizarse mañana miércoles. Esto ha generado que cuatro bancadas parlamentarias, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Nuevo Perú (NP) y el Frente Amplio (FA), en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hayan adelantado que aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

La prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP), ha dicho el congresista de PPK, Juan Sheput, quien advierte que la supuesta intención de priorizar las reformas no es más que un pretexto, y advierten que Chávarry “está deslegitimado moralmente para continuar conduciendo la Fiscalía de la Nación”. No obstante, el fujimorismo en el Parlamento debería de recordar que su mayoría es endeble frente al rechazo popular que ya está calentando en las calles.

Y no es para menos ante la sospecha de que esta suspensión indefinida se trataría de una maniobra de dilación para darle tiempo al keikismo de preparar un “blindaje” para salvar a Becerril y Chávarry, las calles volverán a manifestarse en contra del fiscal Chávarry, y lo que es más, reiterarán su pedido de “que se vayan todos”. Así que a poner las barbas en remojo, señores congresistas.

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Editorial

Pobreza en el debate

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Hace 58 años se registró un hecho que cambió la historia de la política. El primer debate televisado entre dos candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, Richard Nixon (experimentado orador y político) y un joven y carismático John F. Kennedy. El primero no quiso maquillarse, vistió un triste traje gris (cuando la televisión era en blanco y negro) y subestimó al contrincante. JFK cuidó su imagen a conciencia, tomó el sol para lucir un moreno envidiable y vistió impecable terno azul marino que destacaba en la grisácea pantalla.

Queda para la anécdota, que según las encuestas de la época quienes siguieron por radio el debate respondieron que había ganado Nixon, pero quienes lo vieron por televisión afirmaron que el auténtico vencedor fue Kennedy. Se estima que unos 70 millones de televidentes siguieron el debate. Lógicamente que las elecciones las ganó Kennedy.

A solo dos semanas para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre, anoche se realizó el primero de los dos debates municipales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si el objetivo era calentar una campaña que aún se percibe fría, la verdad es que difícilmente podría cuantificarse el efecto que haya tenido, pues los participantes, salvo Daniel Urresti, no parecían muy familiarizados con el lenguaje televisivo ni mucho menos preparados para una presentación en la pantalla chica.

Quienes sí tienen experiencia en la “caja boba” y hubieran contribuido a darle algún atractivo al “debate” declinaron la convocatoria: Ricardo Belmont y Renzo Reggiardo. De otro lado, el tiempo asignado a cada uno de los 10 candidatos invitados era prácticamente ridículo. Por ejemplo, en un minuto debían decir ¿cuál era su visión de Lima Metropolitana al 2022? Un poco difícil ¿no?

Peor aún si tenemos en cuenta que el tiempo total de la intervención de cada candidato participante era poco más de 10 minutos, en los cuales además debían dar a conocer sus propuestas sobre seguridad ciudadana, transporte, responder preguntas de la ciudadanía, hablar sobre poblaciones vulnerables y su principal propuesta para terminar con un tema libre y un mensaje de despedida.

Así, en el debate de anoche, difícilmente se podría distinguir un ganador, aunque eso lo dirán las encuestas conforme transcurran los días. Sin embargo, lo que sí se notó fue la pobre preparación de nuestros candidatos que no supieron exponer sus propuestas.

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Editorial

Venganza ciega

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Ni la ‘Señora K’ ni la nueva versión, en masculino, de la fiscal Blanca Nélida Colán creen en aquello de que la venganza es un plato que se sirve y se come frío, por lo que apenas esperaron unas horas para poner en marcha su operación revancha, cargada de cólera y rencor, porque ni la una ni la otra creen en aquello de que en las contiendas políticas, como en el fútbol, se gana, se pierde y se empata y solo saben imponer su poder a toda costa.

Quienes por diversas fuentes se habían enterado de la venganza que preparaba la hija del dictador contra el Gobierno, por la derrota sufrida al tener su partido que aceptar, arrinconado por la indignación popular, apurar el paso en la aprobación de las reformas –aunque siempre aprovechando cualquier ocasión o motivo para incumplir el compromiso-; no esperaban que fuera tan inmediato.

En una, como dicen los jóvenes, el servicial fiscal se tomó su propia venganza, sometiendo a una forzada investigación a la vicepresidenta de la República y a varios parlamentarios y funcionarios ligados a este o al anterior Ejecutivo, por la presunta compra de votos a cambio de prebendas con las que el expresidente Kuczynski intentó impedir su vacancia.

De ninguna manera, por supuesto, se incluye a los participantes en la operación de los “Mamani-audios” que fueron preparados y dotados de medios para la tarea de hacerse pasar por disidentes y preguntar qué podían recibir a cambio de no votar por la vacancia, lo que podría configurar problemas penales, al igual que el uso indebido de los medios del Congreso.

Nada de eso importa realmente, porque el objetivo ordenado por la autoritaria jefa de Fuerza Popular adelantado por ‘Hildebrandt en sus 13’, usar la Fiscalía para activar pesquisas, es llegar hasta el presidente Martín Vizcarra y derrocarlo, porque eso no sería otra cosa que un golpe de Estado parlamentario, un vulgar cuartelazo, algo que, por cierto, el fujimorismo lleva en los genes.

Si para su desenfrenada sed de venganza desestabilizan a la democracia, no les importa, como a su inspirador no le importó dar un autogolpe y usar el crimen y el latrocinio como sistema de poder, hundiendo al Perú en la ignominia.

Su furia ciega les impide leer la realidad que muestran las encuestas y la calle, en las que la impopularidad de la ‘Señora K’ y su socio menor, AG, es extrema y al parecer irreversible, y la indignación social sigue creciendo ante las resistencias del fujimorismo a las reformas anticorrupción, que muchos consideran todavía insuficientes.

No deberían jugar con ese sentir popular, que puede ir creciendo hasta desembocar en situaciones que podrían evitarse solo si el fujimorismo acepta que este país no es su botín y que no pueden hacer con él lo que les da la gana.

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