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Política

Pleno aprobó acusación a García

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Pleno aprobó acusación a García

El pleno del Congreso aprobó anoche con 53 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones el informe de la Megacomisión referente a indultos y conmutaciones otorgados por el gobierno del expresidente Alan García conocidos como “narcoindultos”.

Antes de la votación del informe, se sometió a consideración del pleno una cuestión previa planteada por el congresista Javier Bedoya, quien pidió que no se vote el informe en lo que se refiere a Alan García Pérez hasta que no haya una decisión judicial firme. Esta cuestión previa, que buscaba salvar a García, fue rechazada con 54 votos en contra y 15 a favor.

El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, durante la sustentación del informe aprobado, dijo que existen indicios razonables y suficientes para concluir que el exmandatario habría infringido la Constitución al avalar con su firma la reducción de condenas y liberación de más de tres mil condenados por tráfico ilícito de drogas.

Precisó que el líder aprista otorgó un total de 232 indultos y 5,246 conmutaciones de penas durante su segundo mandato, el 61% de los beneficiados fue por narcotráfico.

“Cuando iniciamos nuestra investigación, vimos que (García) había otorgado un total de 5,246 gracias presidenciales, pero lo que más nos llamó la atención fueron las conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Se dieron 3,207 a sentenciados por ese delito, 1,626 por robo agravado, 150 por hurto agravado, 45 por homicidio y 218 por otros delitos”, puntualizó Tejada.

En ese sentido, rechazó lo señalado por el propio exjefe del Estado –quien justificó las gracias otorgadas como parte de una política de deshacinamiento carcelario instaurada por su gobierno– pues los reclusos por tráfico de drogas representan apenas el 24% de la población carcelaria.

Tejada señaló que gran parte de las gracias presidenciales refrendadas por García “eran otorgadas a organizaciones delictivas, grupos familiares completos y hasta cabecillas de bandas”, desbaratando así la versión del líder aprista, quien aseveró meses atrás que solo conmutó las penas a “paqueteros, ‘burriers’ y microcomercializadores de droga”.

EXTRAÑA GRACIA
La comisión investigadora también determinó que el expresidente García habría incurrido en el delito de encubrimiento personal por indultar por supuestas razones humanitarias al exjefe del Seguro Integral de Salud (SIS), Julio Espinoza (militante aprista), sin los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales.

A Espinoza se le indultó cuando estaba siendo procesado por adquirir con sobreprecio raciones de comida para los damnificados por el terremoto del 2007 por un valor ascendente a los S/.19 millones y –según la Megacomisión– tras esta gracia “se acreditó la existencia de actos preparatorios destinados a sustraer de la acción de la justicia a Espinoza”.

Pleno aprobó acusación a García

ASOCIACIÓN ILÍCITA
El informe también concluye que existen indicios razonables de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir “que podría haber incluido a altos funcionarios de Palacio de Gobierno, Ministerio de Justicia e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales”.

En ese sentido, Tejada enfatizó que esta red delictiva se habría constituido tras la renuncia de la entonces titular de Justicia, María Zavala, “con la finalidad de otorgar las gracias presidenciales a cambio de prestaciones económicas” y habría operado “hasta conocido el escandaloso indulto a Crousillat”.

Para ello –sostuvo– se designó a Miguel Facundo Chinguel presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y se modificaron 15 artículos del reglamento interno de esa instancia “para tener un control absoluto” de los casos que serían revisados luego en la comisión.

Recordó, además, que dos condenados por tráfico ilícito de drogas integraron la comisión que presidió Facundo Chinguel: Manuel Huamán Montenegro y Carmen Morales Pérez.

PAGOS ILEGALES
Reveló, asimismo, que la Megacomisión ha corroborado depósitos, retiros y transferencias bancarias que se habrían efectuado para conmutarle la pena al narcotraficante eslovaco Eugen Csorgo a cambio del pago de 15 mil dólares, que habría sido negociado con el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, y su asesor José Marruffo Acosta.

Por ello, concluye el informe, “existen indicios razonables de la comisión del delito de cohecho pasivo propio” por parte de Pastor y Marruffo y señala que tanto ellos como la extitular de Justicia Rosario Fernández “son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República por refrendar las resoluciones supremas en los casos investigados por la comisión”.

JUSTICIA PARALELA
La Megacomisión también concluye que “se habría instaurado un sistema judicial paralelo” para otorgar las conmutaciones de pena masivamente. “La entrega de la gracia presidencial es una facultad del Jefe del Estado, pero estos beneficios deben darse de manera excepcional y motivada, de acuerdo a la Constitución y las leyes, sin vulnerar preceptos constitucionales, como la separación de poderes”, apuntó Tejada.

A lo largo de su exposición, fue enfático al recalcar que García infringió varios artículos de la Carta Magna vigente al conceder la gracia presidencial a miles de condenados por narcotráfico “cuando el jefe de Estado tiene la obligación de combatir y perseguir este delito”.

Específicamente, según el informe en cuestión, el líder aprista habría transgredido los artículos 8, 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución.

Por ello, y todas las pruebas sustentadas por Tejada, la Megacomisión recomendó al pleno del Congreso denunciar a todos los involucrados en la presunta red delictiva que habría existido en torno a este caso y formular las acusaciones constitucionales correspondientes.

Planteó, asimismo, que el informe sea remitido al Ministerio Público para que se adjunte a la investigación que sigue esa instancia por este caso y a la Comisión de Fiscalización y a la Contraloría para que se investiguen las presuntas irregularidades en la contratación de consultorías para la Comisión de Gracias Presidenciales entre el 2006 y 2011.

Tras afirmar que actuó “fuera de cualquier tipo de especulación o consigna política”, el fujimorista Carlos Tubino, miembro de la Megacomisión, explicó que se abstuvo de votar en cinco de las nueve conclusiones del informe, pues “no tiene asidero constitucional ni jurídico sostener que el presidente (García) al ejercer una prerrogativa constitucional incurre en una infracción a la Constitución”.

CUESTIONÓ LAS GRACIAS
El congresista y vocero fujimorista Héctor Becerril, por su parte, condenó “que se haya favorecido a narcotraficantes en extrañas condiciones”. “Una cosa es la ley y las facultades presidenciales y otra es el abuso de estas”, sostuvo el también miembro de la Megacomisión.

Cuestionó, además, el notable incremento de las solicitudes de conmutaciones de pena de condenados por narcotráfico registradas durante el segundo régimen aprista.

Política

Chávarry con las horas contadas

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César Hinostroza Pariachi - Pedro Gonzalo Chávarry

Todo depende de la celeridad del Congreso en ver la denuncia constitucional para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, deje el importante cargo que ostenta, a fin de que el Ministerio Público empiece una limpieza profunda en la línea del Poder Judicial. Duberlí Rodríguez renunció por los audios, Chávarry se aferra al sillón pese a que una gran mayoría exige que se vaya. Solo el fujimorismo lo respalda.

El congresista Marco Arana, del Frente Amplio, informó al Diario UNO que ayer ha ampliado su denuncia constitucional inicial a fin de que no haya ninguna duda de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha mentido de manera constante y este hecho está plenamente probado.

Sostuvo que Chávarry mintió al decir que César Hinostroza era solo su colega, al decir que no había tenido reuniones con un grupo de periodistas y eso está acreditado con los audios. “Está claro que alguien que miente de la manera como lo hizo Chávarry no puede ser fiscal de la Nación. Creo que debe salir del Ministerio Público y debe ser inhabilitado 10 años para ejercer un cargo público. Creo que tiene las horas contadas. Todo depende del Congreso, de los congresistas”, declaró.

En un audio grabado el 18 de mayo, difundido el 23 de julio, César Hinostroza le dice a Chávarry: “Hermanito, ¿te acuerdas que te he dicho que sería necesario conversar con algún medio? Ya no hay mucho tiempo, ¿qué te parece? ¿Esta semana tienes tiempo sí o no?”. Chávarry le responde: “Ya, sí hermano, tú me dices”.

Arana explicó que el caso de la adulteración de notas para ratificarlo como fiscal no está en la denuncia porque no hay una prueba fehaciente de que él haya pedido que lo ayudaran a quedarse, al menos hasta ahora.

“Creo que lo ayudaron, que alteraron sus notas. Pero no hay una prueba fehaciente como el caso de la mentira. La mentira es sumamente grave. Además, creo que el tema de las nota amerita otra denuncia constitucional que se podría hacer más adelante”, sostuvo.

HASTA EL MARTES

El legislador Juan Sheput, delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo al Diario UNO que será estrictamente profesional y objetivo en dar su informe sobre el caso Chávarry. Tiene plazo para hacerlo hasta el martes.

Después del informe de Sheput, en caso de que indique está bien planteada la denuncia constitucional, Chávarry deberá acudir a la subcomisión con su abogado para dar sus descargos luego de lo cual Sheput elaborará un nuevo informe que será votado en la referida instancia congresal. Después, el informe se eleva a la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno del Parlamento se aprueba con mayoría simple. “Todo esto se puede hacer en 10 días si hay voluntad política”, dijo Arana a este periódico.

VIZCARRA QUIERE RESULTADOS

El presidente Martín Vizcarra fue claro en señalar el miércoles que el Congreso debe acelerar los trámites para que haya cambios en la Fiscalía y ayer la titular de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Susana Silva, dijo que Chávarry debe dar un paso al costado al argumentar que las instituciones deben estar dirigidas por personas sin cuestionamientos.

Indicó que los servidores del Estado deben dar un paso al costo por voluntad propia si es que son cuestionadas. “El solo hecho de haber cruzado la línea de lo que es la integridad, honestidad, los valores que deben primar en la administración pública, nos debe hacer reflexionar y dar un paso al costado”, agregó Silva, tras indicar que los funcionarios tienen la obligación de cumplir las normas éticas y de probidad en la administración pública.

El analista Jorge Nieto Montesinos dijo que la situación de Chávarry se torna cada vez más insostenible con el grave hecho de que sus notas fueron adulteradas para ratificarlo como fiscal supremo.

DEFENSA FUJIMORISTA

La congresistas Cecilia Chacón, en la línea de prominentes keikistas como Úrsula Letona y otros, dijo que algunos, sin mencionar nombres, no les conviene que Chávarry siga en el cargo y cuestionó que el presidente pida celeridad en el caso.

“Sigue en el cargo porque así lo decidió la junta de fiscales supremos y hay que respetar la separación de poderes y el presidente Vizcarra parece no lo tiene claro”, manifestó.

ALGO MÁS

El portal IDL-Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, reveló que se adulteraron las notas para que Chávarry sea ratificado como fiscal el 3 de julio de este año.

 

PACO MORENO

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Política

Fujimorismo cree que es su fiscal

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Alberto Quintanilla

El congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dijo al Diario UNO que la defensa cerrada del fujimorismo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es porque cree que él es su fiscal.

“Se sienten seguros los fujimoristas con Chávarry en el cargo, pero ya no debe dar un paso al costado. Debería estar fuera. Oracio Pacori es el representante de Nuevo Perú y vamos a estar atentos sobre lo que pase en esta instancia y vamos a pedir celeridad”, indicó.

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Política

Chávarry se va quedando solo

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Rafael Vela

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, respaldó a José Domingo Pérez Gómez y dijo que él es “un fiscal valiente, honesto, con una trayectoria intachable”.

Pérez Gómez, tal como informó este diario, se ratificó en indicar que Chávarry no es idóneo para el cargo.

El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo al Diario UNO que Vela y Pérez Gómez está actuando bien y que el Congreso y la ciudadanía deben protegerlos porque Chávarry puede sacarlos del puesto donde están.

“Él los nombró y puede sacarlos. Es importante que el Congreso acelere el proceso de la denuncia constitucional. Eso solo es cuestión de tiempo. En 10 días pueden separarlos”, manifestó.

“Se va quedando solo. Vela y Pérez Gómez se han puesto contra él en público. Hay otros fiscales que están con ellos. Los trabajadores quieren que se vaya. Solo en el máximo ente al interior de la Fiscalía de la Nación que es la Junta de Fiscales Supremos tiene apoyo de dos. Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza lo apoyan porque están vinculados en los audios. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos están abiertamente contra Chávarry. Ya falta poco para que se vaya”, indicó.

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