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Política

Piden archivar normas de despidos masivos

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El pleno del Parlamento debe enviar al archivo el proyecto de ley Nº 4008, que reduce los sueldos de los trabajadores y está pendiente de debate en esta instancia legislativa, así como derogar el Decreto Supremo Nº 013-2014, que facilita los despidos masivos, ante el rechazo ciudadano a estos cuestionados dispositivos, demostrado anteayer en las calles, adelantó a diario UNO, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, Yonhy Lescano.

“Este proyecto de ley 4008 está listo para ser debatido por el pleno, pero yo creo que el oficialismo se haría un harakiri si lo pone a debate. Eso lo van a archivar, ya que espero que hayan aprendido la lección de la ‘Ley Pulpín’. Bueno, tengo noticias que ellos no van a insistir en ese punto”, subrayó.

Lescano manifestó que personalmente solicitará, en su grupo legislativo, una vez reiniciadas las sesiones ordinarias, que se pida la devolución a comisiones de este controvertido proyecto de ley, a fin de revisarlo y archivarlo, ya que -anotó- “no vale la pena ponerlo a discusión porque es una norma que vulnera derechos laborales”. “Yo he presentado un dictamen en minoría para que se archive este proyecto, que tiene la misma intencionalidad antilaboral de la ‘Ley Pulpín’”, remarcó. En cuanto al cuestionado Decreto Supremo 013, dijo que su bancada ha presentado el proyecto de ley respectivo para que el Legislativo anule este dispositivo “que está permitiendo el despido masivo de trabajadores”.

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“La anulación del decreto supremo tenemos que debatirlo conjuntamente con la derogación de la ley 4008, en el Parlamento, porque es obvio que el gobierno no la va a eliminar de propia iniciativa, ya que disponemos información del interior del Ejecutivo por la que estos adelantan que van a proseguir con el impulso del mal llamado paquete económico reactivador del que estas dos normas forman parte”, detalló Yonhy Lescano.

Sin voluntad para Ley General del Trabajo
Respecto a la Ley General del Trabajo, cuya normatividad quedó casi lista en la comisión legislativa que integra, Lescano denunció que no existe voluntad política, por parte del aprofujimorismo y algunas bancadas satélites del gobierno, para que este proyecto normativo laboral básico sea definitivamente sancionado por el pleno.

“En el corto plazo, veo muy difícil que aprueben este dispositivo. Ojalá me equivoque. Sobre todo, en esta coyuntura en la que el régimen está apostando más por el poder económico que a los trabajadores”, enfatizó.

En todo caso, consideró que se debe ir progresando más lentamente, pero con seguridad, procediendo a derogar las referidas normas antilaborales y aprobando una normatividad realmente positiva para los jóvenes.

Rechazo fue masivo

Rechazo fue masivo
El miércoles miles de trabajadores, estudiantes y miembros de diversos colectivos se movilizaron a la sede de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para demandar el archivamiento del proyecto de ley Nº 4008, que reduce los sueldos de los trabajadores, y la derogatoria del Decreto Supremo Nº 013-2014, que facilita los despidos masivos.

Para los dirigentes juveniles, ambas normas vulneran los derechos de los trabajadores, especialmente de los sindicalizados. Explicaron que el Decreto Supremo 013, vigente desde el año pasado, permite a las empresas despedir al 10 por ciento de los trabajadores en caso presenten pérdidas por tres trimestres consecutivos.

 

Javier Soto
Diario UNO

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Política

Fiscal Pérez pide protección

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, reveló anoche que ante la situación de agitación que ha desplegado Fuerza Popular por la detención de su lideresa y de otras 19 personas, ha solicitado a su institución que le proporcione seguridad para contrarrestar cualquier tipo de ataque.

“Solicito al Ministerio Público que se aseguren las medidas de protección hacia mi persona y hacia mi familia. He tomado conocimiento por las redes sociales que se ha expuesto públicamente mi dirección. Es una situación que me preocupa”, dijo el fiscal Domingo Pérez a “Panorama”

Agregó: “Cuando investigamos a presuntas organizaciones criminales, los fiscales tenemos que estar preparados para poder afrontar todo este tipo de agresiones.

Así mismo, adelantó que el equipo especial Lava Jato está gestionando la reincorporación de la fiscal adjunta Erika Delgado Torres, despedida intempestivamente por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Dijo que las gestiones están a cargo del coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, quien ha solicitado a la superioridad la reconsideración de la destitución de Delgado Torres, quien formaba parte de su despacho.

Vela Barba ha tomado ya las providencias correspondientes para que se pueda reconsiderar o revertir esa decisión y explicó que no tuvo conocimiento previo de la decisión de Chávarry, sobre la salida de la fiscal adjunta.

Algunos medios de prensa informaron ayer que una probable causa del despido de Delgado Torres habría sido su relación con una entonces congresista del Partido Nacionalista Peruano, durante el año 2009.

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Política

Patrizia Coppero acepta ser falsa aportante de Keiko y pide ser colaboradora eficaz

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Keiko Fujimori

Desde la clandestinidad, Patrizia Coppero del Valle, exesposa del empresario Giancarlo Bertini Vivanco -ambos con orden de detención en condición de cómplices de Keiko Fujimori- declaró que el aporte de más de 79 mil que ella hizo a la campaña de Fujimori Higuchi en el 2011, no procedió de su patrimonio personal ni conyugal.

Y explicó que el verdadero origen solo lo sabe Bertini Vivanco, de quien se ha separado hace un tiempo y quien aparece en los reportes de Fuerza Popular del 2011 como aportante de 171 mil soles.

De este modo, Coppero del Valle, es la primera persona del conjunto de veinte con orden de detención preliminar en el caso de lavado de activos contra Fuerza Popular y una presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, que se aviene a contarlo todo, empezando por declararse como “falsa aportante”, corroborando la tesis central del fiscal Domingo Pérez.

Como parte de su ex sociedad conyugal, Coppero era gerente ejecutiva de la firma Office USA SAC y desde su escondite dijo al programa ”Cuarto Poder” que está dispuesta a colaborar con la justicia, siempre y cuando el juez le permita hacerlo en libertad y no con la medida extrema de detención. .

Ella dijo: “Lo que quiero hacer es estar a disposición de cualquier citación que me hagan, voy a colaborar en todo lo que me pidan, pero me parece que la medida es bastante extrema. Quiero dar toda la información que yo tenga”.

Coppero contó que firmó los documentos de aportes a Fuerza 2011 a pedido de su entonces esposo Bertini Vivanco, entendiendo que era dinero que procedía del negocio familiar cuyos fondos estaban bajo el total manejo de su cónyuge.

También explicó: “Pensaba que era dinero de nosotros, del patrimonio familiar, y lo hacía con gusto en ese momento para aportar a la campaña de Fuerza 2011, para que no salga Ollanta Humala de presidente. No tenía idea de que provenía de otra fuente que no fuera la nuestra”

Y, agregó: “Yo no veía el dinero, yo solo veía el voucher. Vi solo recibos de donativos, había que poner el monto, la cantidad, el nombre y la firma. Nada más. Y yo me imagino que se iba al banco con eso y se depositaba el dinero”.

Respecto a Daniel Mellado Correa, otro de los veinte con orden de detención, dijo que lo conoció porque era dependiente de la empresa Office USA SAC.

Ella explicó; “Él era el encargado de hacer los depósitos, de llevar las cosas de los bancos, de pagar a la aduana de las importaciones que hacíamos, ese tipo de cosas eran su función en la empresa. Pero, yo sabía también que le hacía favores al señor Yoshiyama”.

La Fiscalía sospecha que Mellado habría depositado casi US$500 mil a las cuentas de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Coppero cree que Mellado Correa habría servido también a Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro y ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama para realizar depósitos disfrazados a favor de la campaña de Fuerza 2011.

Ocurría que las empresas de los Bertini Coppero y de Yoshiyama Sasaki eran colindantes, en Surquillo, por lo que su exesposo y Yoshiyama eran amigos. Además, Bertini le debía un gran favor que le hizo con el pago de deudas.

Es posible entonces que Mellado Correa hiciera los depósitos para Fuerza 2011 por encargo de Yoshiyama y de su entonces esposo.

Jorge Yoshiyama, quien ya fue detenido durante el allanamiento de su casa, se negó a declarar al programa “Cuarto Poder”.

EL OTRO YOSHIYAMA

Por su parte, Jaime Yoshiyama Tanaka, buscado por la policía, declaró desde Miami que regresará cuando los médicos le autoricen, ya que ha sido operado de uno de sus ojos.

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Política

Alianza aprofujimorista protegerá a Salaverry de la censura

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Mesa Directiva del Congreso de la República - Daniel Enrique Salaverry Villa

Con el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, como director del debate, el Pleno del Congreso decidirá hoy si admite a discusión la moción de censura contra el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y su junta directiva, bajo cargos de haber violado el reglamento del organismo para facilitar la aprobación de la “Ley Fujimori”, en menos de 48 horas.

García Belaunde dirigirá la sesión en su condición de postulante a presidente del Parlamento el último 28 de julio.

En la sesión de hoy, que tiene las 9 de la mañana como hora de inicio, el primer punto de la agenda es la moción de censura que fue presentada por la bancada del grupo izquierdista Nuevo Perú el mismo jueves 11 del presente.

AL CABALLAZO

Ese día, a gran velocidad, la alianza entre fujimoristas, apristas y acuñistas aprobó con prepotencia el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.

El verdadero propósito de dicha ley es tratar de evitar que el expresidente Fujimori sea devuelto a prisión.

No obstante, ese propósito es incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado Peruano.

JUGARRETA ELECTRÓNICA

Para aprobar la ley cuyo proyecto había sido presentado un día antes por la legisladora y socia interesada del fujimorismo, Yeni Vilcatoma, la alianza aprofujiacuñista, exoneró a la propuesta de todos los trámites previos.

Para eso usó una firma electrónica (no presencial) del legislador Richard Acuña, hijo del propietario del partido Alianza Para el progreso, César Acuña.

Así fue desechada la intervención del representante formal de esa organización, César Vásquez, quien se hallaba presente el hemiciclo, pero era contrario al trámite.

Cuando Vásquez reclamó por su derecho y pidió retirar la firma del hijo del dueño de su partido, Richard Acuña le ordenó que no lo hiciera y solo le quedó acatar.

BUEN INTENTO

No obstante, la aritmética parlamentaria indica que el debate de la moción, si es admitida a trámite, solo dará lugar al derecho de protesta o “derecho al pataleo” de la minoría parlamentaria.

La alianza perpetradora del abuso legislativo suma 75 votos (Fuerza popular, 62, el Apra, 5, más los acuñistas), de tal modo que es imposible que los demás grupos obtengan el número suficiente de votos para derribar a Salaverry y su directiva, o sea la mitad más uno del quórum presente.

Según el cálculo del oficialista Carlos Bruce no tienen los votos para la censura. Las bancadas de Nuevo Perú (10), Frente Amplio (9), Acción Popular (5), Peruanos Por el Kambio (14) más los 17 legisladores, solo suman 55, suponiendo que todos asistan y se decidan a votar en un solo sentido, lo cual es poco probable.

RECHAZO DEL EJECUTIVO

La autógrafa u original de la “Ley Fujimori” ya está en el despacho del presidente Vizcarra, pero según la Constitución, el Presidente puede “observarla y devolverla al Congreso, rechazando todo o parte de su contenido.

Carlos Bruce ha sugerido que el Presidente haga eso. El Congreso la promulgaría.

ALGO MÁS

Quedarán entonces dos caminos: la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por congresistas descontentos y una nueva demanda de control de convencionalidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por parte de los deudos de las víctimas de las masacres fujimontesinistas de Barrios Altos y La Cantuta.

Una historia que tendría un desenlace ya conocido, en contra del estado peruano y del fujimorismo.

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