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Política

Pérez denuncia a Chávarry por sabotear acuerdo con Odebrecht y apoyar a Keiko

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José Domingo Pérez Gómez - Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Lava Jato José Pérez Gómez denunció ayer al fiscal de la Nación, Pedro Chavarry Vallejos, por el presunto delito contra la administración de justicia en las modalidades de encubrimiento personal y real, al haber realizado actos para favorecer a Keiko Fujimori en el proceso en contra de ella y la cúpula de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos.

Es la primera vez en la historia jurídica del país que un fiscal provincial se atreve a presentar una denuncia penal contra el Fiscal de la Nación en ejercicio.

El denunciado Chávarry desestimó el cargo de encubrimiento porque no ha ocultado a nadie ni ha escondido pruebas, por lo que, según su criterio, carece de sustento la denuncia de supuesta interferencia, obstruccionismo y limitación a la persecución penal .

INTROMISIÓN

Pérez Gómez emitió una disposición de 11 páginas, en la investigación preparatoria sobre la supuesta organización criminal liderada por Keiko Fujimori que habría lavado activos con fondos ilícitos donados por Odebrecht a la campaña electoral de 2011.

Pérez presenta cinco razones de su imputación delictiva contra Chávarry:

INTROMISIÓN EN EL ACUERDO RESERVADO FISCALÍA – ODEBRECHT.

Al respecto dice que,”se ha tomado conocimiento que el señor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, fiscal de la Nación, a través del secretario general Aldo León Patiño, ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht”.

Uno de esos actos fue pedir, vía León Patiño, que Vela le informe sobre “presuntos cuestionamientos” a las condiciones en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración con Odebrecht, afectando la reserva y confidencialidad de la colaboración eficaz.

SABOTAJE AL ACUERDO CON ODEBRECHT

Por eso, Pérez acusa frontalmente a Chávarry de “procurar que el proceso de colaboración con la empresa Odebrecht no concluya satisfactoriamente […] para que las diversas fuentes de pruebas obtenidas hasta este momento en el caso seguido contra Keiko Fujimori y otros, por el delito de lavado de activos, no puedan emplearse en un posible juzgamiento; así como tampoco se pueda recibir mayor información o documentación y el aporte de nuevos testimonios de funcionarios de Odebrecht que coadyuven a la posición de cargo del Ministerio Público”.

COLABORADOR EFICAZ Y LA BOTICA

Otro fundamento del fiscal es el dicho de un colaborador eficaz sobre que Keiko Fujimori, “ordenó apoyar a Chávarry para que sea Fiscal de la Nación (…) una muestra de ese apoyo fue no acumular las denuncias constitucionales contra él”.

Y, también el chat “La Botica” en cuanto demuestra el acuerdo fujimorista de “blindar” a Chávarry.

FAVOR A KEIKO

Y concluye que: “la actuación de Chávarry Vallejos, simplemente demuestra que se ha consumado su instrumentalización para favorecer los intereses de la imputada Keiko Fujimori, en el proceso seguido contra ella y el partido político Fuerza Popular por el delito de lavado de activos”.

VíNCULO CON FUERZA POPULAR

Otra de las razones es la vinculación de Chávarry con Fuerza Popular,“acreditada con su declaración del 30 de noviembre de 2018, en la que señala que los conductores del actual Congreso de la República le recomendaron contratar para la Fiscalía de la Nación al asesor Juan Manuel Duarte Castro”.

Duarte es actualmente coordinador de la Fiscalía de la Nación con el Congreso y anteriormente fue asesor del congresista fujimorista Bienvenido Ramírez.

LA RUTA DEL ANTEJUICIO

En la parte resolutiva de su disposición, Pérez dispone poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito de encubrimiento por parte de Chávarry.

Así mismo, requiere al fiscal Rafael Vela Barba que eleve los actuados pertinentes a la Fiscalía de la Nación, para que se proceda conforme a la sección II del Libro Quinto del Código Procesal Penal.

Vela remitirá la disposición y sus fundamentos al propio despacho de Chávarry, quien no tiene otra alternativa que inhibirse de ver el caso por ser el imputado, esperándose que delegue la investigación preliminar correspondiente al fiscal supremo en lo penal, su otro enconado rival, Pablo Sánchez Valverde.

Así lo hizo con el caso del exvocal supremo César Hinostroza Pariachi, con el cual estaba relacionado. No obstante, no llegó a tanto respecto a las imputaciones de la fiscalía provincial del Callao contra él mismo, dos fiscales supremos y cuatro vocales supremos, presuntos integrantes de “Los cuellos blancos del puerto”.

¿RUTA DE ESCAPE?

Sin embargo, dada su capacidad de realizar maniobras subrepticias, Chávarry podría delegar el caso a la Fiscalía Suprema Transitoria Para Delitos de Funcionarios Públicos, creada por él en agosto último, a cargo del Fiscal Supremo Provisional Jesús Fernández Alarcón, investigador del fiscal superior Concha.

Una vez concluida la investigación, el encargado decidirá si la archiva o formula denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, para el antejuicio.

Si eso ocurre, será la quinta denuncia contra Chávarry ante ese organismo que, por decisión de la alianza FP–Apra, se ha negado a revisar tres de ellas.

Esto, en abierto apoyo o “blindaje” a Chávarry, conducta que ahora es una de las razones del encubrimiento atribuido a Chávarry.

CERTERA PREVISIÓN

La acción de Pérez contra Chávarry, confirma plenamente la previsión de Diario UNO adelantada ayer en la nota “Nueva correlación de fuerzas en el Congreso desestabiliza a Chávarry”: “Otros observadores han dicho que con su conducta obstruccionista en beneficio de casos específicos del Lava Jato Peruano (Caso Keiko y Caso Alan García), Chávarry hasta podría ser acusado de delito de encubrimiento”

 

ELMER OLÓRTEGUI

Política

Las incoherencias de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

Yeni Vilcatoma parece haber adoptado como estrategia distanciarse del ala dura del fujimorismo, no solo por su decisión de postular al Congreso en la lista de Solidaridad Nacional, sino por las últimas declaraciones en medios de comunicación donde ha dado mensajes contradictorios con su procedencia política y trayectoria.

La exparlamentaria por Fuerza Popular afirmó en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), que la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, debería retirarse de la política. “Para mí Keiko Fujimori debería retirarse de la política luego que se ha conocido estos aportes que nunca anunció. Y debe retirarse de la política porque luego de ver sufrir a su familia como ha sufrido nunca más los debería exponer así”, indicó acerca de los millonarios aportes recibidos por parte de grupos empresariales y que no fueron declarados ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TAMBIÉN CONTRA CASTAÑEDA

Luego de desacreditar como política a Keiko Fujimori, la excongresista sostuvo que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también debería alejarse de la política.

“Ha dado un paso al costado y se está sometiendo a las investigaciones. Yo confío que el Equipo Especial (Lava Jato) está haciendo sus actividades de investigación que hace poco se han dado a conocer”, afirmó respecto a la licencia temporal que Castañeda solicitó a Solidaridad Nacional.

El exalcalde es investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a los aportes que habría recibido para su campaña del 2014 de parte de la empresa brasileña OAS, por lo que cuenta con impedimento de salida del país por 18 meses desde julio.

Hay que indicar que luego de que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, afirmó que la excongresista Rosa Bartra fue elegida como candidata por ser la mejor congresista de la historia de la República, Yeni Vilcatoma también destacó su labor en la Comisión Lava Jato. Lo que omitió Vilcatoma es que Bartra postula al Congreso con el número uno en la lista de Solidaridad Nacional, a pesar de que propuso investigar a Castañeda por presunta corrupción en su informe de la Comisión Lava Jato.

FLORES PARA PÉREZ

Días atrás, cuando fue consultada por los millonarios aportes recibidos por Keiko Fujimori, Vilcatoma manifestó sentirse sorprendida por la noticia y no escatimó elogios para el trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato.

“Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, declaró a Canal N.

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó entonces.

CONTRATACIÓN IRREGULAR DE SU ESPOSO

Por otro lado, la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Miraflores contrató a Manuel Elera Moquillaza, esposo de la excongresista Yeni Vilcatoma, como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana sin justificación.

“La Municipalidad contrató a Manuel Alfonso Elera Moquillaza como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante la orden de servicio n.° 0001159 de 12 de abril de 2018, por el importe de S/ 4,500 no obstante que la necesidad del servicio no se sustentaba en el Plan Operativo Institucional 2018”, indica el informe.

Según el documento, estos hechos han afectado “el correcto funcionamiento de la administración pública”, al generar el pago irregular de S/ 4,500 a un profesional al que no correspondía ser contratado.

Además, el informe de la Contraloría recomienda a la Municipalidad de Miraflores disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra cuatro funcionarios involucrados, y advierte al OSCE sobre el incumplimiento cometido por Elera Moquillaza, “quien a pesar de estar impedido para contratar con el Estado, por ser cónyuge de Vilcatoma de la Cruz, contrató con la Municipalidad Distrital de Miraflores, vulnerando lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado”.

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Política

El tribunal de la impunidad

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Ernesto Blume

En tiempo récord y sin mayor explicación, el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que liberó a Keiko Fujimori. Jurista Juan José Quispe advierte que un nuevo Congreso podría investigar y denunciar a magistrados por el delito de prevaricato.

De un día para el otro. Así resolvió el Tribunal Constitucional (TC) y declaró la improcedencia del pedido de aclaración formulado por el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, sobre la resolución del citado colegiado que determinó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Con las firmas de los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, el TC desestimó en todos sus extremos el pedido de aclaración por considerar que escondía una impugnación a la sentencia cuestionada.

La resolución recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna y por tanto, al solicitar el pedido de aclaración que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, el TC determinó que debía ser rechazado el recurso presentado por Palomino.

Sin embargo, llamó la atención que los magistrados del TC no hayan considerado aclarar los puntos en cuestión, al margen de que esto no fuera a variar el estado de las cosas sobre lo ya juzgado. Para el TC, “no cabe aclarar ningún concepto ni subsanar cualquier error material u omisión respecto de la sentencia emitida en autos, pues esta no contiene ningún error ni omisión”.

SIGUEN SIN FUNDAMENTAR

Al conocer la noticia, el procurador del Poder Judicial manifestó sentirse extrañado por la manera “tan célere” en que se resolvió la improcedencia del recurso presentado por su despacho. “Me llamó poderosamente la atención esto porque se presentó ayer (martes) a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy (miércoles) nosotros hemos tenido audiencia en el Tribunal Constitucional desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé en qué momento han podido hacer el estudio del pedido que se hizo y que se presentó ayer por la tarde”, afirmó.

Además, expresó su mortificación al comprobar que “no hay mayor argumentación en la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional”. “Veo una resolución escueta que no ha cubierto cada uno de los puntos que se plantearon en el pedido de aclaración”, comentó.

ACLARACIONES SON NECESARIAS

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en virtud de que el mismo presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al fiscal Pérez que le envíe las copias de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, la resolución del ente constitucional debió explicar cuáles fueron las razones legales para desechar o no considerar como útiles o pertinentes estas declaraciones. “Si eso no consta en la resolución, como ya hemos visto, hizo bien el procurador del Poder Judicial en pedir una aclaración respecto a esta falta de motivación en la sentencia”, apuntó.

“Blume no puede tapar el sol con un dedo. Los votos se componen de decisión y de fundamento, y no es cierto que solamente importe el sentido de la resolución. Están engañando a la población, porque los fundamentos de Blume, Ferrero y Sardón son diferentes al de Carlos Ramos; y si nos vamos estrictamente a los fundamentos, la votación sería de 4 contra 3 y el hábeas corpus hubiera sido declarado infundado”, advirtió.

En ese sentido, el jurista recordó que la posición del magistrado Ramos es más bien de crítica a la posición sustentada por Blume, Sardón y Ferrero. Sin embargo, y a pesar de esto, Ramos votó a favor de la libertad de Keiko Fujimori apelando al argumento del Congreso disuelto, argumento que no fue mencionado por los otros magistrados. Todo esto, sin embargo, no ha ameritado explicación alguna por parte del TC.

MAGISTRADOS PODRÍAN SER  DENUNCIADOS

Además, Quispe señaló que Blume, Sardón y Ferrero han cuestionado indebidamente las decisiones del Poder Judicial, al punto de pedir sanciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho, e incluso afirmar que no habrían pruebas contra Keiko Fujimori para ser procesada por lavado de activos.

“A pesar de no ser de su competencia pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori, por no ser materia del hábeas corpus, los magistrados se pronuncian sobre los fundamentos de los jueces supremos en dicho recurso de casación. Esto se llama prevaricato, porque están resolviendo más allá de lo que establece la ley. Debieron evaluar si hubo vulneración de los derechos constitucionales de Fujimori Higuchi pero se han pronunciado sobre todo”, explicó.

Por ello, el jurista consideró que podría haber una acusación constitucional contra los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, ya sea desde la Fiscalía, por el propio procurador del Poder Judicial o por iniciativa de algún congresista cuando se instale el próximo Parlamento.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Presidente Vizcarra acepta renuncia de Petrozzi al Ministerio de Cultura

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Francesco Petrozzi

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, presentó su carta de renuncia, la misma que ha sido aceptada.

“En los próximos días designaremos a su reemplazo en el sector Cultura para continuar con la tarea ardua con miras al bicentenario, en función de una agenda muy importante”, afirmó.

Tras su participación en el I Foro Internacional Cultura del Agua, dijo que se refería a este caso para acabar con el tema porque considera que hay temas importantes como la cultura del agua y otros que concitan atención de toda la población.

“Ha presentado su carta de renuncia está mañana, la hemos aceptado, eso quería dar a conocer sobre este tema”, refirió.

DEMANDA COMPETENCIAL

El mandatario, asimismo, dijo que existen argumentos sólidos sobre la posición que tomó el Ejecutivo el 30 de setiembre cuando disolvió el Congreso, decisión que está siendo evaluada hoy en el pleno del Tribunal Constitucional como parte de la demanda de competencia.

Indicó que hoy el procurador público en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, sustentó los argumentos planteados en el documento presentado por escrito ante este organismo, y será el Pleno del TC el que tomará la decisión. “Lo que determine se respetará”, puntualizó.

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