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Editorial

Otra vez los conflictos

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Lamentablemente, una vez más los reclamos sindicales se han convertido en protestas callejeras y paralizaciones laborales que afectan diversas actividades, entre las que la más importante es la educación de la niñez y la juventud en los colegios del Estado, perjudicada por un paro que debió evitarse con medidas preventivas.

El paro del Sutep, como el de los trabajadores estatales y el del personal del Ministerio Público, han sido producto de factores diversos, pero sobre todo de la falta de flexibilidad de las partes en las conversaciones desarrolladas durante largo tiempo, siendo dramática y grave el caso de la larga huelga de trabajadores del Poder Judicial, que está a punto de cumplir un mes sin que haya soluciones.

Las partes se acusan de intransigencia y si bien siempre en los movimientos laborales hay componentes de impaciencia extrema y una dosis de maximalismo, de ninguna manera se explican solo buscándoles causas ajenas a las demandas, salariales y de condiciones de trabajo, que son su principal motivación y que expresan carencias y anhelos sin los cuales los paros y las marchas no serían posibles.

La reflexión, ciertamente, de ninguna manera puede dar lugar a que se ignore o se omita censurar cualquier intento de aprovechar el malestar social para usarlo con objetivos políticos que nada tienen que ver con la lucha sindical y popular.

Es preocupante que, pese a la insistencia en la necesidad de políticas de prevención y desactivación de conflictos, estas no se ejecuten con el celo y la eficiencia necesarias, a fin de evitar conflagraciones que, como lo enseña la experiencia, pueden salir de control hasta de quienes las dirigen y ocasionarle pesares e inestabilidad al país.

Pero resulta altamente significativo que en todos los casos un ingrediente que dificulta las soluciones es la falta de flexibilidad de quienes conducen una política económica que lleva dos décadas de grandes logros macroeconómicos pero que carece de la creatividad y la sensibilidad indispensables para atender una deuda social acumulada durante muchos años y mejorar la situación de los trabajadores.

Decir no a cualquier reclamo o condicionar su atención a exigencias que ignoran lo apremiante que resultan las demandas sociales, no es ciertamente la mejor receta para aliviar las tensiones sociales.

De mantenerse la rigidez y la falta de apertura de mente a nuevos caminos, sin afectar la estabilidad y los logros económicos que son sobre todo mérito de los trabajadores que han aportado a ellos su esfuerzo y han asumido el costo de lograrlo, los conflictos podrán tener soluciones parciales, podrán decaer por agotamiento, pero volverán en forma recurrente y desgastante, mientras no haya soluciones de fondo.

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Editorial

En nombre de todos los usuarios

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Como parte de las acciones de control que vienen realizando en las últimas dos semanas, el personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha enviado al depósito 194 vehículos que prestaban servicio informal en Lima y Callao, según ha informado la referida institución. Estas operaciones, aunque se realicen en forma periódica pueden resultar poco fructíferas sino infructuosas debido a la falta de una solución integral al problema del transporte urbano de pasajeros que se agrava cada día más y especialmente en estas fechas en que se acercan las fiestas navideñas y de fin de año.

Y no es por bajarle la llanta, por decirlo de alguna manera, al trabajo sacrificado que realiza el personal de la ATU, así como el de los inspectores de la Municipalidad de Lima, quienes muchas veces sufren agresiones por parte de los transportistas informales, y se ha visto casos, inclusive, en que se han salvado por un pelo de que les pase el carro por encima cuando los choferes infractores han pretendido darse a la fuga, burlándose hasta de la propia Policía Nacional. Así, los transportistas informales hacen tabla rasa de todas las leyes alegando su derecho al trabajo.

No obstante, sería bueno recordarles a las autoridades la necesidad de que se habilite las rutas de los corredores urbanos que faltan, y que se incremente el número de unidades del Metropolitano, donde es un suplicio viajar en horas punta. Bastaría que las autoridades traten de abordar una de estas unidades en hora punta para que verifiquen “in situ” la realidad que padecen miles y miles de ciudadanos todos los días; dicho sea de paso, el costo del pasaje no es ninguna ganga S/ 2.50. También hay que avanzar a toda máquina con los nuevos ramales del Tren de Lima.

Después de todo eso, el Gobierno debe integrar todos los sistemas de transporte con los alimentadores para que con un solo pasaje se pueda tomar interconexión como en otros países. Ese sistema de los corredores viales fue pensado para ese tipo de transporte por la exalcaldesa Susana Villarán, pero su sucesor, Luis Castañeda Lossio, no lo comprendió así. Al mencionar todo esto, esperamos que las autoridades pertinentes se den cuenta de una vez por todas que si hay una oferta de transporte informal es porque existe una demanda insatisfecha; es decir, que no es atendida, y es por eso que las operaciones contra los vehículos del transporte informal de pasajeros no serán nunca una solución definitiva. Elevamos nuestra voz en nombre de todos los usuarios.

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Editorial

¿Sacando pecho por la educación?

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La ministra de Educación, Flor Pablo, ha dicho que los resultados de la Evaluación PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) revelan que el Perú es el único país de Latinoamérica que continúa “superándose a sí mismo” en la mejora del rendimiento de sus escolares. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) no debería hacer tanto aspaviento con los resultados de la nueva prueba PISA porque de hecho nuestro país se encuentra por debajo del promedio de las naciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Lo que es peor, de acuerdo a los resultados obtenidos, el Perú es el país con mayor desigualdad escolar entre escuelas públicas y privada. Eso sí que es grave. Es verdad que en los países latinoamericanos hay mayor segregación, pues los pobres van a escuelas para pobres y los ricos van a colegios de ricos; es decir, nunca se mezclan, pero nuestro país está a la cabeza en este grupo. Si el Estado tuviera un mayor aporte en las escuelas, esta situación se revertiría. En países como Finlandia los ricos también van a escuelas estatales porque el Estado se hace cargo de la educación en general.

Hace varios años que el Estado ha venido construyendo locales escolares, inclusive Alberto Fujimori se jactaba que podía inaugurar un colegio por día. Más adelante, durante el régimen aprista del presidente Alan García también se reconstruyó locales de los llamados colegios emblemáticos y hasta fundó el denominado Colegio mayor. Claro que sí, quedaron muy pintaditos los locales, sus ventanas con vidrios completos y aulas con todas sus puertas. Habría que preguntarnos cuál fue el aporte a la educación, de los últimos Gobiernos. Lo importante para esos dos regímenes fue, en realidad, la inversión en infraestructura y no la actividad educativa.

Sería bueno que el Minedu, en vez de sacar pecho por una leve mejora en la prueba PISA, que según especialistas no considera las diferentes realidades, se ocupe de que todos los colegios públicos cuenten con una plana docente de primer nivel, dotar de laboratorios completos a los centros educativos a cargo del Estado. El internet no debe faltar en las bibliotecas ni en las aulas escolares. También se requiere de infraestructura deportiva y ocuparse de que los escolares no vayan con el estómago vacío a sus clases, Después de eso, se podrá evaluar los resultados.

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¿Sacando pecho por la educación?

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La ministra de Educación, Flor Pablo, ha dicho que los resultados de la Evaluación PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) revelan que el Perú es el único país de Latinoamérica que continúa “superándose a sí mismo” en la mejora del rendimiento de sus escolares. Sin embargo, el Ministerio de Educación (Minedu) no debería hacer tanto aspaviento con los resultados de la nueva prueba PISA porque de hecho nuestro país se encuentra por debajo del promedio de las naciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Lo que es peor, de acuerdo a los resultados obtenidos, el Perú es el país con mayor desigualdad escolar entre escuelas públicas y privada. Eso sí que es grave. Es verdad que en los países latinoamericanos hay mayor segregación, pues los pobres van a escuelas para pobres y los ricos van a colegios de ricos; es decir, nunca se mezclan, pero nuestro país está a la cabeza en este grupo. Si el Estado tuviera un mayor aporte en las escuelas, esta situación se revertiría. En países como Finlandia los ricos también van a escuelas estatales porque el Estado se hace cargo de la educación en general.

Hace varios años que el Estado ha venido construyendo locales escolares, inclusive Alberto Fujimori se jactaba que podía inaugurar un colegio por día. Más adelante, durante el régimen aprista del presidente Alan García también se reconstruyó locales de los llamados colegios emblemáticos y hasta fundó el denominado Colegio mayor. Claro que sí, quedaron muy pintaditos los locales, sus ventanas con vidrios completos y aulas con todas sus puertas. Habría que preguntarnos cuál fue el aporte a la educación, de los últimos Gobiernos. Lo importante para esos dos regímenes fue, en realidad, la inversión en infraestructura y no la actividad educativa.

Sería bueno que el Minedu, en vez de sacar pecho por una leve mejora en la prueba PISA, que según especialistas no considera las diferentes realidades, se ocupe de que todos los colegios públicos cuenten con una plana docente de primer nivel, dotar de laboratorios completos a los centros educativos a cargo del Estado. El internet no debe faltar en las bibliotecas ni en las aulas escolares. También se requiere de infraestructura deportiva y ocuparse de que los escolares no vayan con el estómago vacío a sus clases, Después de eso, se podrá evaluar los resultados.

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