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Editorial

Otra vez la informalidad

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Más de 200 bomberos voluntarios, apoyados por 350 policías, tuvieron que trabajar toda la noche del Viernes Santo en la zona de Mesa Redonda, donde ardió como tea una galería comercial, ubicada a la altura de la cuadra 7 del jirón Cusco. Milagrosamente no se registraron desgracias personales, pero los daños son considerables. El presidente Martín Vizcarra, quien se hizo presente en el lugar, ha explicado que la presencia de almacenes informales en la zona de Mesa Redonda, con material altamente inflamable, permitió que el incendio se propagara rápidamente.

Desde esta columna, hace casi cinco meses, hemos alertado sobre la situación de riesgo inminente para las personas que acuden a esta zona, pero al parecer las autoridades pertinentes siguen pensando que prevenir no es mejor que lamentar. Quizá por eso es que no se han hecho operaciones de fiscalización en ese lugar para detectar todos los peligros latentes, desde un incendio hasta un sismo de regular intensidad. El Jefe de Estado ha mencionado, también, que los representantes de la Municipalidad de Lima constataron que esa localidad, declarada en su zonificación para vivienda, en realidad era ocupada por almacenes.

Lo más lamentable es que a pesar de la gran cantidad de organismos reguladores y de fiscalización que se han creado la informalidad no puede ser erradicada de nuestro país. ¿Por qué siguen operando sin licencia estos comercios? ¿Por qué se destina a un uso diferente estas viviendas sin que nadie haga algo para que esta situación no continúe así? ¿Acaso no fue suficiente la tragedia ocurrida en Mesa Redonda el 29 de diciembre de 2001, y que costó la vida de 279 personas? ¿Necesitamos otra tragedia de esa magnitud para que nuestras autoridades recién vean la forma de acabar con ese problema de la informalidad? No, claro que no.

Ha llegado, pues, la hora de actuar con firmeza. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que toda la zona de Mesa Redonda será cerrada durante tres semanas a fin de realizar una minuciosa fiscalización de los comercios y determinar si se encuentran en condiciones para operar sin ningún riesgo para la ciudadanía. Previo empadronamiento, los vecinos afectados tendrán que ser reubicados, pues según los bomberos hay 23 techos desplomados. Es necesario, entonces, que el burgomaestre capitalino disponga todas las acciones necesarias para acabar con este caos generado otra vez por la informalidad.

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Editorial

Choque de poderes

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Parece que el fujimorismo no ha entendido que debe llegar al consenso no solamente con las fuerzas afines en el Congreso, sino también con el Ejecutivo. Todas las fuerzas políticas deben comprometerse con la reforma política.

Con la monserga de que el Congreso no es una mesa de partes, Fuerza Popular está quitando el cuerpo a un compromiso con la población; un compromiso con el Perú y con la democracia. Ni el Ejecutivo ni nadie ha pretendido decir que el Legislativo debe ser una oficina de trámite documentario.

De lo que se trata es que, una vez llegados los proyectos de la reforma, el Parlamento debe analizarlos y ponerlos en agenda para su debate y posterior aprobación. Pero esto es lo que precisamente los congresistas fujimoristas y apristas no quieren hacer.

Se declaran en rebeldía y alegan mil razones para dejarlos encarpetados para las calendas griegas; es decir un tiempo que nunca llegará. ¿Pensarán, acaso, que así aseguran sus privilegios? Nadie en su sano juicio podría imaginar que el pueblo los volverá a elegir algún día.

El politólogo, experto en temas electorales y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, ha advertido ayer que no se trata de discutir un acuerdo cualquiera, sino una reforma política, y por lo tanto todas las fuerzas políticas deben estar comprometidas, lo que involucra también al Presidente de la República.

Sin embargo, lo que se ha visto ayer es un verdadero enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; es decir, un choque de poderes en el peor momento.

Razón tiene Fernando Tuesta cuando afirma que lo más importante en este momento es llamar a la calma, porque sin acuerdo político no hay reforma política, y precisamente lo que no se ha hecho hasta ahora es llegar al consenso.

Que quede en claro, entonces, que esta reforma es para aplicarse el año 2021 y como dice Tuesta en ese momento el presidente Martín Vizcarra no estará como tampoco estarán los actuales parlamentarios. Por lo tanto, no tiene sentido que el fujiaprismo acuse al Jefe del Estado de beneficiarse con la reforma ni que el mandatario tenga que responderles. Eso no hace nada bien a la democracia ni al país.

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Editorial

Más de lo mismo en el Congreso

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Por mayoría, la Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó iniciar investigación preliminar contra su presidenta, Janet Sánchez (PPK), por haber cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país, y contra seis legisladores más por el mismo caso.

Entre los suertudos congresistas que no serán investigados figuran Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla y Fredy Sarmiento (Fuerza Popular), y el no agrupado Jorge Castro. Siete miembros de ese grupo de trabajo –cinco en contra y dos abstenciones– salvaron a Sánchez.

La presidenta de la Comisión de Ética ejerció su derecho a defensa tras la denuncia formulada el domingo en el programa periodístico Cuarto Poder. Según la denuncia periodística, Janet Sánchez cobró en noviembre de 2017 S/ 2,800 por gastos de representación, a pesar de que estuvo en Brasil los mismos días en que debió ejercer sus funciones representativas en el Perú.

La presidenta de la Comisión de Ética atribuyó a un error administrativo del Parlamento la entrega del citado monto de dinero. Dijo, además, que ella no ha cometido falta alguna al Código de Ética Parlamentaria porque en el mes de febrero devolvió el dinero.

Aquí hay por lo menos una situación poco ética, pues Janet Sánchez sabía que el grupo de trabajo que ella preside debía ver el caso de los seis parlamentarios que habían cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del país y su titular no tuvo la delicadeza, por decir lo menos, de informar en esa comisión que ella estaba en la misma situación. ¿Podría ocurrir un caso similar en otros países? La verdad que es de Ripley y pinta de cuerpo entero a muchos de nuestros parlamentarios.

Ahora sí podemos entender por qué la reforma política no prosperará en nuestro devaluado poder Legislativo, cuya aprobación raya en cifras de un solo dígito. La población ya está harta de estos congresistas que gastan presupuestos muy elevados y son incapaces de realizar un trabajo que esté a la altura de sus responsabilidades.

Por lo ocurrido en la Comisión de Ética parece que tenemos que esperar que San Pedro baje el dedo para que se apruebe una reforma política con todas las de la ley. Mientras tanto seguiremos viendo más de lo mismo en nuestro Perú que ya se acerca al Bicentenario de su Independencia.

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Editorial

No quieren soltar la teta

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El legislador y vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, rechazó que su bancada se oponga a la reforma política propuesta por el Poder Ejecutivo por un afán de mantener el actual sistema político y electoral.

Sin embargo, no dan un solo paso hacia adelante para avanzar a un sistema político que no obstaculice el desarrollo nacional. Como lo ha dicho el sociólogo Nelson Manrique, la actitud de Fuerza Popular (FP) y el Apra, se explica por su afán de mantener el mismo sistema de elecciones para el proceso general del 2021.

Según el congresista fujimorista Carlos Tubino “los congresistas son elegidos por el pueblo, los magistrados no. Habría que recordarle al señor Tubino que así como el pueblo lo eligió también puede retirarle la confianza y, de hecho, ya ocurrió eso porque el Congreso es la institución con la más alta desaprobación en el país.

Ha dicho, además, que en el caso de la propuesta del Ejecutivo parece que se quisiera tomar medidas contra los congresistas del actual Parlamento, como en el proyecto sobre inmunidad parlamentaria. Sus palabras pintan de cuerpo entero a Tubino, pues no queda duda que está tratando de curarse en salud.

Al obstruir la reforma política, que por lo demás es un pedido directo de la ciudadanía, los congresistas de Fuerza Popular y del Apra no están haciendo nada más que defender sus privilegios.

Es por eso que se oponen a la reforma política, porque quieren mantener sus privilegios. Buscan que las elecciones del año 2021 se realicen en los mismos términos del pasado proceso electoral, lo cual ya resulta insostenible por todas las cosas que vienen ocurriendo en nuestro sistema político.

Es verdad, pues, como dice el analista Nelson Manrique que el fujimorismo y el aprismo siguen teniendo el poder del Congreso y lo están demostrando en los últimos meses, lo que, en su opinión, “afecta a la vida democrática”.

Por ello, es necesario que todas las fuerzas verdaderamente democráticas se sumen en el Congreso para sacar adelante la reforma política que el Perú necesita, pues de lo contrario el aprofujimorismo se negará a soltar la mamadera.

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