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Política

Ordenan captura de empresario Lorenzo Sousa de Barbieri

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El Poder Judicial declaró reo contumaz al empresario Lorenzo Alejandro Víctor Sousa de Barbieri y ordenó su detención policial, ante el incumplimiento de medidas de conducta establecidas en una condena por difamación.

La orden fue emitida el 9 de abril y Juzgado Unipersonal de Cusco y enviada al Jefe de la Policía Judicial de la Ciudad Imperial y al Jefe de Requisitorias de la Policía Nacional, por lo que tiene vigencia a nivel nacional y deberá ser detenido en caso que intente salir del país.

La medida judicial se suma a una serie de denuncias, juicios y sentencias condenatorias que incluyen la denuncia del empresario Rafael López Aliaga Cazorla, de actitudes hostiles de Sousa de Barbieri contra su persona, presentada ante el 25° Juzgado Penal de Lima, con expediente N° 16-2008.

A raíz de ello, en mayo de 2008 el Ministerio del Interior, a través de la Gobernación de Lima Oeste, otorgó a López Aliaga garantías personales en contra del querellado Sousa de Barbieri y obligó a este, a no perturbar la tranquilidad del denunciante que, pese a ello, el 2 de julio de ese año envió a López Aliaga mensajes amenazantes e insultantes.

Ante ello, el juez a cargo convocó a ambos a conciliar y, en su presencia, Sousa de Barbieri pidió disculpas al querellante y fue conminado a abstenerse de volver a incurrir en la misma conducta ni en este ni en ningún caso.

OTRO CASO

Sin embargo, el 18 de febrero de 2009 Sousa de Barbieri insultó, en un restaurante de Miraflores a Javier Riofrio y Daniel Aymar, obligó a los mozos del local a expulsar a ambos y usó a su seguridad para amedrentar a Riofrio y Aymar.

El caso fue denunciado judicialmente y Sousa de Barbieri fue condenado el 20 de octubre de 2011, sentencia confirmada por el Colegiado Superior, aunque fue declarada la reserva del fallo por un año de prueba, con la obligación del condenado de cumplir reglas de conducta como no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización y acreditar su presencia mensualmente ante el Juzgado.

Ante el incumplimiento de esas normas, en julio de 2014 la Reserva de Fallo Condenatorio fue revocada y se le aplicó la pena de dos años de prisión suspendida, quedando el reo sujeto a normas similares de conducta, bajo apercibimiento en caso de incumplir.

En diciembre de 2015, el Juzgado le amonestó al sentenciado por incumplimiento de las reglas de conducta antes mencionadas y lo emplazó a cumplirlas, nuevamente bajo apercibimiento.

Sousa de Barbieri tiene denuncias en diferentes juzgados desde el 2008 al 2016.

DEUDA POR PENSIÓN DE ALIMENTOS

De otro lado, según consta en el expediente N° 22060-2011 del 11º Juzgado Penal de Lima, el 20 de agosto de 2009, Sousa de Barbieri firmó un acta de conciliación con Sandra Carmen María Jiménez de Tode, madre de su hija y se comprometió a pagar los gastos escolares de su menor hija adeudados y US$ 800 dólares mensuales de pensión alimenticia.

Tampoco cumplió, ante lo cual la madre de su hija le inició un proceso ante el 3° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, que el 29 de octubre de 2010 dispuso el impedimento de salida del país del demandado hasta que o garantice su cumplimiento.

El mismo expediente consigna que en marzo de 2011 el empresario pidió al Juzgado que se le levante el impedimento de salida del país, para lo cual adjuntó una carta de garantía falsa de pago de lo acordado, emitida supuestamente por la empresa Perú Rail S.A.

El documento tenía la firma falsificada de Mariela Sánchez Olcese, como supuesta Representante del Departamento Administrativo, cuando realmente era secretaria de la empresa, pero le sirvió para sorprender al 3° Juzgado de Paz Letrado de Lince, para que levante el impedimento de salida de país.

REINICIDENCIA Y ESCÁNDALO

Pese a la gravedad de los hechos, Sousa de Barbieri fue condenado como autor del delito contra la Función Jurisdiccional, con dos años de pena privativa de la libertad suspendida y otra vez le aplican las reglas de conducta, lo que tampoco cumplió, por lo que en julio de 2016 la pena fue ratificada. El condenado apeló y el caso sigue pendiente.

Además, en marzo de 2011, Sousa de Barbieri denunció a Wilbert Villafuerte Mogollón y Javier Alarcón Prieto como supuestos miembros de una organización criminal, cuyo rol era dar apariencia de legalidad a actos delictivos.

Por ello fue condenado por el delito de denuncia calumniosa a dos años de prisión suspendida, sujeto a normas de conducta.

Política

Hasta S/ 415 mil de multa para candidatos que infrinjan normas sobre propaganda electoral

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Jurado Nacional de Elecciones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió a los partidos políticos y candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre a respetar la normativa sobre propaganda electoral. (más…)

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Política

Gobierno formalizó acción de inconstitucionalidad contra Ley Mordaza

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Salvador Heresi

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. (más…)

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Política

Aníbal Quiroga: “Ley Mulder” será derogada por Tribunal Constitucional

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Mauricio Mulder

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo al Diario UNO que la llamada “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados “está herida de muerte” y que de todas maneras va a ser derogada por el Tribunal Constitucional (TC).

Aníbal Quiroga

Aníbal Quiroga

“La ley está herida de muerte; tiene fecha de caducidad. La historia la va a denunciar. Va a ser derogada por el Tribunal Constitucional por ser una cuestión grosera y flagrante”, sostuvo Quiroga en referencia a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, tras denunciar la inconstitucionalidad de la ley, al colisionar contra los derechos de la Carta Magna, dijo que son los fujimoristas quienes deberán decir qué criterio tuvieron para aprobar una ley que viola la Carta Magna.

“La Ley Mulder es inconstitucional en todos sus extremos porque colisionan contra derechos constitucionales. Recordemos que la presentó el legislador aprista Mauricio Mulder pero fue aprobada por la mayoría del fujimorismo; son ellos quienes deben decir el criterio que manejaron para aprobarla, sabiendo que es inconstitucional”, sentenció Quiroga.

“La Ley Mulder vulnera el derecho a la libre contratación. Es como si a una bodega se le prohibiera vender leche, que es uno de sus principales productos; limitan su libertad de contratar”, dijo Quiroga tras recordar que el acceso a la información se vería afectado porque la ciudadanía no tendría cómo enterarse de lo que pasa en el Estado. “Esto (el proyecto) supuestamente ayudaría a reducir gastos, pero se olvida de todos aquellos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo”.

De otro lado, el constitucionalista calificó la “Ley Mulder” como “chantaje económico”. “La Ley Mulder es una suerte de chantaje económico y una forma estatal de amedrentamiento a la prensa libre por lo que informa diariamente, bajo la clarísima amenaza: más informas, menos publicidad te doy”, advirtió.

EJECUTIVO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Poder Ejecutivo presentó ayer por la tarde, la demanda de inconstitucionalidad que anunció anticipadamente en contra de la llamada “Ley Mulder”, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados y que fuera aprobada por insistencia en el Congreso.

El documento, presentado ante el Tribunal Constitucional por el ministro de Justicia, Salvador Heresi, señala que la Ley N°30793 planteada en el 2017 por el congresista aprista, Mauricio Mulder, contraviene de forma directa y manifiesta la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos humanos.

“El Gobierno (…) está presentando ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hemos denominado ‘Ley Mordaza’”, sostuvo Heresi ante la prensa.

El titular de Justicia señaló que las principales violaciones de la norma son contra los derechos de información y de acceso a la información, así como la libertad de expresión y la de libre contratación.

Asimismo, cuestionó que “quienes no están de acuerdo con las críticas que hacen los medios” utilicen normas que presuntamente regulan el gasto publicitario para prohibir derechos de manera inconstitucional.

LEY INJUSTIFICABLE

Para el abogado constitucionalista Samuel Abad no existe una justificación objetiva y razonable para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Se trata de “una medida inconstitucional que limita la transparencia activa del Estado y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. No existe una justificación objetiva y razonable para ello. Los argumentos sobre austeridad, cautela del gasto público o empleo de medios alternativos -redes sociales y medios del Estado-, no justifican semejante prohibición pues no permiten alcanzar similares resultados”, dijo el constitucionalista en el portal de la Gaceta Jurídica.

Tras esperar que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial intervengan en defensa de las libertades de expresión e información, Abad dijo que la mayoría fujimorista en el Congreso pretende evitar que la ciudadanía se informe.

“La publicidad estatal en los medios de comunicación privados es un instrumento importante: permite a la ciudadanía estar informada. Esto es lo que pretende evitar la mayoría del Congreso al aprobar la denominada ´Ley Mulder`. Una prohibición inconstitucional”, sostuvo.

“El debate sobre la prohibición de la publicidad estatal nos recuerda momentos oscuros de nuestra historia cuando se afectaban las libertades de expresión e información. Por ello, confiamos que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, con la celeridad que exige la trascendencia del caso, intervenga en defensa de las libertades de expresión e información. En una democracia no existen poderes absolutos, los abusos deben ser erradicados”, concluyó el abogado.

DEMANDAS DE AMPARO Y ANTECEDENTE

A fin de contrarrestar la “Ley Mulder” la legislación permite presentar demandas de amparo, al limitarse el derecho de los ciudadanos a estar informados. En el proceso de amparo es posible obtener medidas cautelares para suspender los efectos de la ley hasta la culminación del proceso.

Entre los antecedentes está el de junio del 2013 cuando la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo en defensa de los derechos de la colectividad, a fin de suspender el arbitrario sorteo que hubiera convertido en obligatorio el servicio militar. Una cautelar dictada en un “amparo colectivo” suspendió el sorteo en todo el país.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN? 

LIBRE CONTRATACIÓN

Artículo 2 (inciso 14): “Toda persona tiene derecho: (…) A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”.

Artículo 62: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 2 (numeral 5): “Toda persona tiene derecho: (…) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

LIBERTAD DE PRENSA

Artículo 2 (numeral 4): “Toda persona tiene derecho: (…) A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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