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Política

Odebrecht vendería sus activos, se iría del país y no pagaría re paración civil

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ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

La exprocuradora Katherine Ampuero señaló que luego del 13 de febrero, tras vencerse la vigencia del Decreto de Urgencia 003, que aseguraba el pago de la reparación civil de empresas acusadas de corrupción, la constructora brasileña Odebrecht y sus demás asociadas podrán vender sus activos y sacar su dinero del país.

“Obviamente Odebrecht venderá sus activos y sacará su dinero del país pero entendemos que el Ejecutivo emitiría en las próximas horas otro decreto de urgencia para subsanar las deficiencias observadas en el Decreto de Urgencia 003”, dijo la exprocuradora al Diario UNO.

También recordó que desde su despacho tomó medidas cautelares sobre el patrimonio de Odebrecht para garantizar el pago de la reparación civil, pero el propio Ejecutivo lo dejó sin efecto a través del procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Tras calificar el proyecto de ley que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003 como “vergüenza”, por proteger a Odebrecht, Ampuero dijo que esta le faculta a la Fiscalía a firmar acuerdos de colaboración con Odebrecht y sus asociadas, a cambio de eximir o reducir del pago de la reparación civil, eliminar el impedimento que la constructora tiene para contratar con el Estado, ordenar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) el levantamiento de todas las medidas de embargo contra las cuentas de Odebrecht que garantizaba el pago de la reparación.

LO QUE DICE EL 003
El Decreto de Urgencia 003, emitido en febrero de 2017, evitó que las empresas que habían cometido delitos se vayan sin pagar una reparación civil. Además, permitió retener montos de los proyectos que están en operación por un monto equivalente a 25 millones de soles. Sin embargo, el decreto no ha permitido la continuidad de los proyectos. A esta situación, se suman los actos de corrupción ligados a un grupo de 30 empresas constructoras que han contratado con el Estado entre los años 2011-2014.

RESULTADO DE LA NORMA
Solo en el caso de Odebrecht, 147 empresas de 247 proveedores ya quebraron, lo que ha dejado sin empleo a 9.000 trabajadores. Con la paralización del gasoducto del sur, el año pasado dejaron de salir de la pobreza 150.000 peruanos. El proyecto de la hidroeléctrica de Chaglla, valorizado en 1.400 millones de soles, está entrampado en una negociación con inversionistas chinos.

El Decreto de Urgencia 003 equipara al condenado (que ha negado haber cometido actos de corrupción), con el colaborador que confiesa su delito, castigando al que ayuda al Estado entregando información y devolviendo dinero como si se hubiera negado a reconocer su responsabilidad.

ANTESALA A LA IMPUNIDAD
A tres días de vencerse la vigencia del Decreto de Urgencia 003, aún no se aseguraría el pago de la reparación civil. Esto ha causado preocupación en el Parlamento, quien recién en marzo debatiría la aprobación del Proyecto de Ley presentado el martes pasado por el Ejecutivo y que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003.

PROYECTO DEL EJECUTIVO

La propuesta del Ejecutivo establece una medida cautelar ad hoc, que sustituye medidas cautelares adicionales, para 3 tipos de empresas:

1. Condenadas o que han confesado.

2. Socias, asociadas o consorciadas con empresas de tipo 1.

3. Empresas bajo investigación, que se pueden acoger voluntariamente.

Con ello, se pretende asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía. También tiene como objetivo evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público privadas; así como evitar la ruptura de la cadena de pagos.

TAMBIÉN SANCIONARÁ A LOS ASOCIADOS
Entre las principales novedades del proyecto es que las disposiciones también serán aplicadas a las empresas consorciadas o asociadas a las condenadas, o que han confesado sus delitos.

La propuesta del Ejecutivo establece que a las empresas condenadas o confesas se les retendrá el 50 % de las utilidades que generen con los proyectos de inversión que tienen con el Estado. Además se les retendrá el 10 % de todos los pagos que el Estado les pueda hacer.

Respecto a las consorciadas, se les retendrá el 50 % de los dividendos o patrimonio por su participación en alguna asociación público privada (APP). En los casos de participaciones en obras públicas, se les retendrá el 10 % del valor total del proyecto.

También se creará la figura de colaboración eficaz para las compañías que, al acogerse, deberán dar acceso a información a la Fiscalía a cambio de ser excluidas total o parcialmente de las medidas dictadas por el proyecto.

EL PROYECTO GARANTIZARÍA EL FINANCIAMIENTO
De igual manera, el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Jorge Estrella, señaló que el proyecto de ley ofrece garantía a los bancos para que otorguen financiamiento mediante un esquema de fideicomisos confiable.

“Lo que pretende el proyecto de ley es que se continúe las obras y que se asegure el pago de la reparación civil. Para eso están entrando a un esquema de fideicomisos que son una especie de garantía para los bancos y se continúen con el financiamiento”, sostuvo el funcionario.

También refirió que en los últimos días los bancos y el gobierno indicaron que hay un riesgo de que las empresas involucradas en casos de corrupción, como son las grandes constructoras, se estén quedando sin financiamiento.

“Por parte del BCR se percibe un efecto en el crédito y hay otros que se nota en los bancos y el mercado, lo cual tendría un impacto en el primer trimestre y en las perspectivas para el crecimiento del presente año”, consideró.

COLABORACIÓN EFICAZ
A fines de enero pasado, el titular de la Procuraduría, Jorge Miguel Ramírez, sostuvo que “el monto de reparación civil no entorpece la colaboración eficaz en absoluto, son dos cosas diferentes y van por cuerdas separadas. Si el autor del delito no llega a un acuerdo con el Estado peruano respecto a la reparación civil, el fiscal fija un monto y cierra su acuerdo de colaboración eficaz”.

La colaboración eficaz de Jorge Barata se cerraría el primer trimestre de este año, ya que también se encuentra en la fase final del proceso. Analistas sostienen que la Fiscalía tendría la potestad de acordar con las constructoras implicadas en los actos de corrupción los beneficios de los colaboradores, a fin de que estos denuncien a los funcionarios peruanos implicados en dichos actos.

Miguel Ángel Torres señaló que el proyecto de ley presentado se debatirá recién en marzo.

Miguel Ángel Torres señaló que el proyecto de ley presentado se debatirá recién en marzo.

A DEBATIRSE EN MARZO
El parlamentario de Fuerza Popular (FP), Miguel Ángel Torres, señaló que el proyecto de ley presentado se debatirá recién en marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

“A partir del 1 de marzo, este tema va a ser uno de los primeros en ser analizados por las distintas comisiones técnicas (del Congreso). Eso sí, la población debe tener claro y presente que en estos días el Poder Ejecutivo tiene que emitir alguna medida, algún decreto de urgencia que asegure los intereses del Estado”, anotó.

Galarreta cuestionó que el gobierno presente el proyecto días antes que este expire.

Galarreta cuestionó que el gobierno presente el proyecto días antes que este expire.

Por su parte, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuestionó que el gobierno presente el proyecto días antes que este expire, el próximo martes 13 de febrero.

“Presentar un proyecto de ley en un receso parlamentario faltando días es su derecho y es democrático, pero no me parece que sea lo más conveniente”, expresó en conferencia de prensa.

El titular del Legislativo dijo que “el nuevo es un proyecto que tiene que ser analizado con mucho tiempo” debido a todos sus aspectos técnicos, entre estos, las deudas de las empresas afectadas.

Ministra Cooper dice que su despacho podría emitir una norma que amplié vigencia de norma.

Ministra Cooper dice que su despacho podría emitir una norma que amplié vigencia de norma.

ALGO MÁS
La ministra de Economía, Claudia Cooper, informó que si el Congreso no aprueba el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, su despacho podría emitir una norma que amplíe la vigencia del Decreto de Urgencia 003 o publicar parte de la iniciativa legal mediante otro decreto de urgencia.

Política

AG y Keiko pueden ir juntos el 2021 y están buscando impunidad

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Keiko Fujimori y Alan García Pérez

El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo al Diario UNO que es muy difícil creer que el congresista Mauricio Mulder esté preocupado en cuidar el dinero del Estado y que si eso fuera así entonces hubiera impulsado una norma similar como la que hoy prohíbe la publicidad estatal en medios privados cuando era integrante del Foro Democrático en tiempos de Fujimori y Montesinos o cuando fue congresista en tiempos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Mire, yo creo que hay un cálculo político. Mulder es congresista desde el 2001 y recién ahora se preocupa por el gasto del Estado en publicidad. ¿Por qué no dijo nada en tiempos de García, en que se gastaron millones, por qué no dijo nada en tiempos de Toledo? Ahora bien, yo creo que se debe regular y fiscalizar el gasto del Estado en publicidad, pero no prohibirla. Mulder ha fomentados que se prohíba la publicidad del Estado en medios privados y por eso ahora hay una lucha legal el Tribunal Constitucional”, dijo.

Mauricio Mulder

UN PACTO

Quintanilla hizo notar que de la bancada aprista solo los alanistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez votaron a favor de la ley mordaza el 15 de junio pasado. “Jorge del Castillo y Luciana León, quienes en estos tiempos están alejados de García, no estuvieron el día de la votación de la norma”, indicó.

El congresista dijo que posiblemente haya un pacto entre alanistas y keikistas en el tema de la referida norma y que el principal operador en este caso sea Mauricio Mulder, alanista confeso y evidente admirador y aliado de Keiko Fujimori desde el inicio de este Congreso.

LO QUE BUSCAN

Quintanilla manifestó que es evidente que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados entorpecerá al gobierno de Martín Vizcarra y que el Presidente ha reaccionado de manera tardía y se ha unido a los congresistas encargando a su ministro de Justicia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.

“Ahora vemos que Vizcarra le responde a Keiko diciendo que sí está bien asesorado en el caso de la norma y es una de las pocas veces que los dos entran en contradicción en público. Ahora bien, a Keiko le interesa llegar al 2021 tratando de limpiar su imagen y creo que ella no quiere que Vizcarra sobresalga a fin de que ella pueda decir que si la eligen como presidenta hará lo que él no pudo hacer. Para eso pueden estar usando la norma”, manifestó.

Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece” Keiko ha concedido facultades legislativas al gobierno pero mutiladas, de tal forma que Vizcarra se vea forzado a dejar de lado medidas claves en su anunciada reforma tributaria.

El gobierno no podrá, por ejemplo, “modificar los contratos de estabilidad tributaria de las compañías mineras y la revisión de las ‘exoneraciones tributarias’ que suman 16,497 millones de soles, lo que equivale al 2,19% del PBI”.

Además, en setiembre del 2017, la prensa reveló un audio en el que la keikista Yesenia Ponce dice que Keiko Fujimori le pidió que guardara el proyecto para reactivar Chinecas en Áncash.

“Me llama a su despacho a una reunión y Keiko me dice: Yesenia ¿vamos a ayudar al Ejecutivo? ¿Le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro”, se escucha decir a Yesenia en el audio difundido por el programa Cuarto Poder.

Alberto Quintanilla

BUSCAN IMPUNIDAD

Quintanilla indicó que si existe un pacto entre los keikistas y alanistas otro de los objetivos claves es buscar la impunidad para Alan García y Keiko Fujimori, quienes hasta ahora están investigados por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez por presuntamente haber recibido dinero ilegal para la campaña del 2006 García y 2011 Keiko.

“Hay que estar vigilantes a lo que pase en la Fiscalía. García, por ejemplo, quien dijo que iba a colaborar con las investigaciones, ahora ha pedido que separen de su caso al fiscal José Domingo Pérez Gómez. El alanismo y el keikismo buscarán impunidad”, señaló.

IRÁN JUNTOS AL 2001

En 2016 ocurrió en el proceso electoral algo insólito para la política peruana. Alan García, quien en el 2001 había calificado de candidata de los ricos a Lourdes Flores, llevó en su plancha a la lideresa pepecista y los dos en votos no sacaron ni para el té en las pasadas elecciones generales.

Quintanilla sostuvo que es muy probable que García pueda ir a las elecciones del 2021 en alianza con Keiko Fujimori. “Keiko está decida a postular de nuevo. Yo no sé si García lo haga, pero sí es muy probable que los dos vayan en la misma plancha. Eso puede ocurrir y es posible que estén trabajando para ello”, señaló.

 

PACO MORENO

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Entrevista

Cuidado con la elección de procuradores

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Avelino Guillén

Ante la información de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) designará a los procuradores del Estado por elección directa y ya no se convocará a un concurso público para ocupar estos cargos, Diario UNO entrevistó al exfiscal Avelino Guillén, quien dijo que es un grave error, que genera suspicacia porque se debería elegir a los mejores abogados mediante concurso; señaló que una medida de urgencia no se puede convertir en general. Destacó que los gobiernos confunden que los procuradores son sus defensores y no del Estado, que es muy diferente.

Asimismo, indicó que el concurso público permite que haya parámetros como la transparencia y la publicidad mediante la cual cualquier ciudadano puede tachar al postulante si este no resulta idóneo para el cargo. Afirmó que tiene que haber una garantía de la imparcialidad, que sean personas sin ningún cuestionamiento y que tampoco actúen bajo la consigna de una organización política.

—El Ministerio de Justicia ha dejado sin efecto el concurso público para designar a procuradores del Estado y será por elección directa. ¿Qué le parece?

—Me parece una medida errada. Justo ahora cuando el Estado requiere reforzar su defensa, el Ministerio de Justicia está suspendiendo o dejando sin efecto la convocatoria a un concurso. El objetivo era que se seleccionara, mediante la meritocracia, a los mejores abogados para cubrir las plazas de procuradores en los diversos sectores.

Es un grave error, más bien crea suspicacia, crea dudas, en razón de que ya las investigaciones en casos emblemáticos de corrupción, están avanzando y van a entrar a una etapa decisiva, definitoria, donde la participación de los abogados que defienden los intereses del Estado peruano, que son los procuradores, resulta fundamental.

Designar a dedo puede darse en casos excepcionales, de una urgencia para cubrir determinadas plazas, pero no puede ser una medida que cubra a todas las plazas vacantes. Me parece una pésima noticia.

—¿Qué ventajas tiene el concurso público para elegir a un procurador?

—Es necesario porque tiene que regirse bajo las reglas de la transparencia, de la publicidad. La ciudadanía puede tomar conocimiento de quiénes son los abogados que están pretendiendo una plaza y pueden formular tachas y observaciones a una postulación, a una candidatura.

En consecuencia, es una gran ventaja poder elegir a los mejores candidatos en base a sus méritos, a su trayectoria, a su experiencia en litigio penal. Además el concurso público animaría a miles de abogados que ejercen en Lima, a presentarse. Me parece un error de parte del sector justicia.

Lo que pasa es que acá hay un grave error de percepción de parte del Ejecutivo, y era el mismo del gobierno del expresidente Kuczynski, porque se piensa que los procuradores son los abogados del Gobierno, cuando son quienes defienden los intereses del Estado. Y no importa quién está en el poder, la labor va más allá de los intereses de un régimen determinado y defienden los intereses del Estado, es decir de todos nosotros.

—¿Cuán independiente del gobierno de turno debe ser el procurador?

—Toda persona que desarrolla una labor dentro del sector justicia, y en el caso de los procuradores con mayor razón, no debe tener ninguna vinculación ni militancia con ningún partido político. Tiene que ser absolutamente distante de quienes están ejerciendo el poder y, sobre todo, de quienes de alguna forma u otra, están siendo objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público y por el Poder Judicial. Tiene que haber esa garantía de la imparcialidad, tienen que ser personas sobre las cuales no se tenga ninguna sospecha.

ALGO MÁS

—También los procuradores son los que llevan temas como el lavado de activos y el narcotráfico, muchos de ellos vinculados con la política…

—Claro, tienen un trabajo inicial importante en los casos de lavado de activos y de narcotráfico. Por eso espero que el sector justicia recapacite, reevalúe su decisión y podamos próximamente estar teniendo noticias de que el concurso va a continuar. Ya a casi dos años de este gobierno elegido, no realizar un concurso para cubrir todas las plazas vacantes es una noticia que desalienta, es frustrante.

 

YÁSSER GÓMEZ  CARBAJAL

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Política

Presidente Vizcarra responde a Keiko

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra respondió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señalando que la demanda de inconstitucionalidad a la “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición.

“Nosotros estamos aconsejados por el Ministerio de Justicia y, como hemos visto, es sólida la posición. Respetamos las opiniones políticas que puedan hacer algunos representantes de los partidos políticos, sin embargo, en este caso no las compartimos, estamos muy bien asesorados”, sostuvo, en respuesta a las críticas hechas por Keiko, respecto a que el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la “Ley Mulder” atenta contra derechos.

Vizcarra precisó que con la normativa no se podrá difundir temas de importancia como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.

“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.

ATACÓ EL MIÉRCOLES

El miércoles pasado, Keiko cuestionó al Presidente por la acción de inconstitucionalidad que interpuso contra la “Ley Mulder”.

Keiko dijo que, a su juicio, el Jefe del Estado no está bien asesorado al sustentar que la norma aprobada por insistencia por el Congreso atenta contra derechos.

“El presidente Vizcarra, está siendo mal aconsejado porque él ha señalado que la llamada ‘Ley Mulder’ es una ley mordaza y como ya lo expliqué, no es cierto. Él está en su derecho de hacerlo”, señaló a la prensa.

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