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Editorial

¿Nuevos vientos en el Congreso?

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Una decisión muy saludable es la adoptada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien ha anunciado que solicitará a la Contraloría una acción de control interno sobre todas las contrataciones de bienes y servicios realizadas en el Parlamento en las gestiones de las Mesas Directivas en el periodo comprendido desde el 2016 hasta la fecha. Desde todo punto de vista resulta así porque se requiere recuperar la buena imagen del Parlamento Nacional, toda vez que se trata de una de las primeras instituciones de nuestra democracia.

El titular del Legislativo explicó que adoptará esta decisión en vista de las declaraciones públicas de su colega de Fuerza Popular, Luz Salgado, sobre supuestas irregularidades en las contrataciones en el Legislativo. Para ello, Salaverry envió una carta a Salgado, con la finalidad que proporcione toda la información de la que dispone para poder adoptar de manera inmediata las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes. Asimismo, no descartó correr traslado de la denuncia al procurador público del Poder Legislativo para que la denuncia pueda llegar al Ministerio Público.

Pero de pronto le ha dado amnesia a la congresista Salgado, quien dijo no recordar haber hecho ese tipo de declaraciones. Ha dicho, además, que la misiva que le cursó Salaverry es algo inédito porque usualmente las comunicaciones que se dirigen a los congresistas son de otra índole. Sí como no, porque cuando Fuerza Popular tenía mayoría absoluta no se investigaba nada, especialmente en lo que atañe a la Mesa Directiva. Pero además se lavó las manos y hasta aseguró que nunca se refirió a alguna contratación en específico que se haya realizado en el Congreso.

Así las cosas y obligada por las circunstancias la fujimorista Luz Salgado aseguró no tener problemas con que se audite su gestión cuando estuvo al frente de la mesa directiva en la legislatura 2016-2017. Ojalá y colabore poniendo a disposición de la Contraloría toda la documentación que se le requiera. Sería su contribución a destapar las adquisiciones irregulares, porque hasta al mejor cazador se le va la paloma. Consideramos que el aporte de la congresista Salgado será valioso y confirmará que ahora en el Congreso soplan nuevos vientos.

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Editorial

Tan solo palabras

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El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, destacó que su gestión viene trabajando en la creación de un Sistema de Planificación Energética que señale objetivos de mediano y largo plazo para este importante sector, lo cual es necesario para el país. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué no lo tenemos desde hace mucho tiempo, cuando el Perú cuenta con diversas fuentes energéticas, incluso no convencionales, pero al mismo tiempo tiene que importar petróleo.

Ocurre, además, que cuando se decidió iniciar la explotación de los yacimientos gasíferos de Camisea se anunció con bombos y platillos que la electricidad bajaría de precio en un porcentaje importante en beneficio de la población. Nada más lejos de la realidad porque eso no ha ocurrido y, por el contrario, los usuarios del servicio eléctrico vienen constatando que los recibos que les llega por consumo de energía eléctrica son cada vez más abultados, a pesar que las nuevas tecnologías –televisores y focos led, línea blanca más eficiente en ahorro de energía, etc– permiten un ahorro considerable en el consumo.

Los automóviles también permiten el ahorro de combustibles, por estar dotados de motores más pequeños y de mayor eficiencia al mismo tiempo. Pero por esas cosas del destino tampoco le significa nada al usuario que ha invertido un considerable capital con la esperanza de gastar menos en el grifo. Y es que en nuestro país los precios de los carburantes son los más caros de la región andina porque así lo establecen las condiciones oligopólicas, según el experto Jorge Manco Zaconetti. El costo del gas licuado de petróleo, combustible de uso doméstico también sube sin control alguno, gracias al dichoso mercado.

Lo que no explica el Gobierno a los usuarios es por qué, mientras que los precios internacionales del petróleo van para abajo y los países productores de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) hacen malabares para evitar fuertes caídas, en el Perú no se traslada al consumidor final esa reducción del costo. Se prometió masificar el gas y se dijo que con el cambio de la matriz energética ganarían todos, empresarios, trabajadores y usuarios, pero la verdad es que nada de eso ha ocurrido hasta la fecha. Los consumidores merecen una explicación de parte del Gobierno porque todo está quedando en promesas o como dice la canción: palabras, tan solo palabras.

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Editorial

Seguridad ciudadana: ¿para cuándo?

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El ministro del Interior, Carlos Morán, ha presentado —según ha dado a conocer— en el Congreso de la República cinco acciones concretas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país y hacer frente a la delincuencia común. Una de ellas es la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales y judiciales. Una segunda medida es la implementación de los módulos integrados de justicia, para articular la labor de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como del Ministerio de Justicia.

La tercera medida es el desarrollo de un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), como un servicio integral para la seguridad ciudadana en favor de nueve millones de habitantes de Lima y Callao; por último, la optimización de la flota vehicular policial, compuesta por más de 20,000 unidades, entre camionetas y motos, pues el 59% de estas unidades está operativo, pero el 41% no lo está, según el mismo ministro lo ha reconocido.

Sin embargo, el titular del Interior debería comenzar por entender la seguridad ciudadana como una tarea multisectorial, en la que cada uno de los ministerios y municipios involucrados se convierta en parte de la solución y deje de ser parte del problema. Habría que resolver la deficiente iluminación de muchas arterias de Lima y otras ciudades. El abandono de los lugares públicos por parte de algunos municipios, así como la falta de oportunidades de trabajo, entre otros aspectos se conjugan para servir de caldo de cultivo a la delincuencia.

La policía debería hacer una labor de prevención, dar charlas en los colegios para que niños y jóvenes estén siempre alerta de todo tipo de peligros. Recordemos la función que cumplía antes el policía de la esquina, quien era amigo de todos los jóvenes y niños. La policía está para proteger al ciudadano. Pero eso requiere de una acción multisectorial. No basta con pedir al Congreso leyes duras para sancionar a quienes se resistan a una intervención policial. El respeto hay que ganarlo y para eso se tendrá que trabajar con mucho empeño, pero de manera coordinada con otros sectores para proteger verdaderamente a la población.

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Editorial

Un Congreso sin voluntad de cambio

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La mayoría de peruanos ha quedado anonadada al enterarse que solo el 1% de los empleados del Congreso de la República, que se encuentran en condición de nombrados, accedió a su plaza mediante concurso público, porque es una práctica común que cada Mesa Directiva acuerde su nombramiento por favoritismos políticos, según ha revelado el congresista Daniel Salaverry.

Si eso no es ilegal, por lo menos parece inmoral. Por un lado, porque las referidas plazas se financian con dineros públicos y no privados; de otro, porque a esos puestos del Congreso deberían acceder las personas más capacitadas.

La actual Mesa Directiva había acordado convocar a un concurso público para cubrir 209 plazas laborales por ciudadanos debidamente capacitados que accedan por meritocracia y que cubran los requerimientos académicos y profesionales indicados en los perfiles elaborados por SERVIR.

Dicho Concurso Público “se realiza con absoluta transparencia”, según la Presidencia del Legislativo. Además, las evaluaciones están a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la Contraloría General de la República realizará un acompañamiento y supervisión del proceso.

No obstante, la vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, y Yeni Vilcatoma retiraron su firma del acuerdo de la Mesa Directiva que permite realizar un concurso público para 209 plazas laborales en el Legislativo; es decir, todo seguirá como antes. Razón tiene la congresista Marissa Glave (Nuevo Perú) al señalar que este Congreso no tiene voluntad de cambio ni de avanzar hacia temas centrales, ya que solo actúa frente a la reacción y la exigencia ciudadana.

Sería mejor que los congresistas de la bancada de Fuerza Popular se dejen de actitudes obstruccionistas que no conducen a nada bueno. Algunos parlamentarios, inclusive, están tratando de provocar al presidente Martín Vizcarra para que pise el palito y entre a un enfrentamiento directo con el Congreso.

No se dan cuenta que si en el Parlamento se aprueban las leyes los primeros llamados a cumplirlas son los mismos legisladores que por ningún lado tienen corona. Además, ya es hora que demuestren que tienen voluntad de cambio ya que hasta la fecha no han dado muestras de ello.

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