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Editorial

¿Nuevos vientos en el Congreso?

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Una decisión muy saludable es la adoptada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien ha anunciado que solicitará a la Contraloría una acción de control interno sobre todas las contrataciones de bienes y servicios realizadas en el Parlamento en las gestiones de las Mesas Directivas en el periodo comprendido desde el 2016 hasta la fecha. Desde todo punto de vista resulta así porque se requiere recuperar la buena imagen del Parlamento Nacional, toda vez que se trata de una de las primeras instituciones de nuestra democracia.

El titular del Legislativo explicó que adoptará esta decisión en vista de las declaraciones públicas de su colega de Fuerza Popular, Luz Salgado, sobre supuestas irregularidades en las contrataciones en el Legislativo. Para ello, Salaverry envió una carta a Salgado, con la finalidad que proporcione toda la información de la que dispone para poder adoptar de manera inmediata las medidas correctivas y disciplinarias correspondientes. Asimismo, no descartó correr traslado de la denuncia al procurador público del Poder Legislativo para que la denuncia pueda llegar al Ministerio Público.

Pero de pronto le ha dado amnesia a la congresista Salgado, quien dijo no recordar haber hecho ese tipo de declaraciones. Ha dicho, además, que la misiva que le cursó Salaverry es algo inédito porque usualmente las comunicaciones que se dirigen a los congresistas son de otra índole. Sí como no, porque cuando Fuerza Popular tenía mayoría absoluta no se investigaba nada, especialmente en lo que atañe a la Mesa Directiva. Pero además se lavó las manos y hasta aseguró que nunca se refirió a alguna contratación en específico que se haya realizado en el Congreso.

Así las cosas y obligada por las circunstancias la fujimorista Luz Salgado aseguró no tener problemas con que se audite su gestión cuando estuvo al frente de la mesa directiva en la legislatura 2016-2017. Ojalá y colabore poniendo a disposición de la Contraloría toda la documentación que se le requiera. Sería su contribución a destapar las adquisiciones irregulares, porque hasta al mejor cazador se le va la paloma. Consideramos que el aporte de la congresista Salgado será valioso y confirmará que ahora en el Congreso soplan nuevos vientos.

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Editorial

¿La militancia es el problema?

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Suena razonable la propuesta de la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, de que quienes resulten elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no deben tener licencia de militancia política y ser absolutamente independientes. Es decir, no militancia política ni licencia. La ley, sin embargo, considera la posibilidad de que los miembros del JNJ puedan tener esa licencia.

De lo que se trata, según la decana del CAL, es que las personas que lleguen a integrar la Junta Nacional de Justicia tengan independencia partidaria absoluta, de tal suerte que se pueda recuperar el prestigio y credibilidad de una institución tan importante. Por eso ha pedido, también, ser drásticos en este aspecto, pues de otra manera no se podría recuperar la confianza ciudadana. Un punto de vista muy respetable, que ha sido ampliamente debatido y forma parte de las conclusiones de un conversatorio con especialistas en derecho constitucional realizado por el CAL.

Por cierto, las conclusiones serán alcanzadas la semana que viene a la comisión encargada de elegir a los integrantes de la JNJ. No obstante, habría que agregar que además de todos los filtros para elegir a los candidatos, como pueden ser la meritocracia y la cuota de género, debería tenerse el máximo cuidado en elegir a los candidatos que demuestren ser inmunes a la corrupción. El problema comienza cuando las personas aceptan el encargo por razones crematísticas. Eso es más peligroso que la militancia política.

Ojalá, pues, este nuevo organismo garantice un Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Sobre todo, en este momento en que la economía global se está desacelerando y se requiere dar mayor confianza a los inversionistas que quieren apostar por el Perú. También es necesario que el ciudadano de a pie se sienta protegido en el sentido de saber que la ley es igual para todos y que gracias a eso desaparezca la idea de que “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”.

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Editorial

¿A la policía se la respeta?

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Resulta increíble que en pleno Siglo XXI y cuando el vertiginoso desarrollo de la tecnología está afectando profundamente todas las relaciones, sociales, laborales, educativas, de comunicación y hasta de ocio de los seres humanos, en el Perú recién se piense implementar internet e intranet de alta velocidad en 141 comisarías, ubicadas en zonas rurales de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Lambayeque y Cusco, en el marco de un plan para mejorar la seguridad ciudadana. Sin conectividad de poco valen los esfuerzos en compras de patrulleros y equipos para que la policía pueda realizar su labor eficazmente.

El anuncio lo hizo la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, durante la primera reunión descentralizada del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en la víspera en la ciudad de Trujillo y que fue encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Allí, la viceministra dijo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como miembro del Conasec, es responsable de facilitar las herramientas en materia de conectividad digital, con la finalidad que las instituciones encargadas de reforzar la seguridad ciudadana puedan cumplir con su labor.

No obstante, más vale tarde que nunca. Es de esperar, entonces, que esta tarea se agilice lo más que se pueda y en lo sucesivo todas las comisarías estén interconectadas mediante el internet de alta velocidad, pues la tecnología permitiría a las autoridades contar en cuestión de minutos con información oficial sobre antecedentes, requisitorias y otros datos personales que se requiera para una debida investigación preliminar.

Es importante, también, el Proyecto 911 que es el que el MTC viene desarrollando con el Banco Mundial para unificar los códigos de emergencia y seguridad. Según señaló la viceministra Nakagawa, esta iniciativa dará una mejor atención y respuesta de las entidades de emergencia y seguridad como policía, bomberos, salud, Indeci, en una primera etapa, y en el futuro se ampliaría a casos de violencia familiar, que van en aumento. En todo caso, le recordamos al Gobierno el slogan de una antigua campaña: “A la policía se la respeta”.

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Editorial

Nerviosismo crece en aprofujimorismo

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Dos son las principales funciones del Congreso de la República. Una es la de legislar, es decir, producir las leyes que el país requiere para la buena marcha del orden constitucional, y fiscalizar, o sea, pedir cuenta a los funcionarios del Gobierno sobre el apego a las leyes emanadas del Parlamento. Ocurre, sin embargo, que nuestros padres de la patria al parecer no entienden bien en qué consisten sus funciones. Se han dedicado a fungir de un poder judicial paralelo que aletarga y retrasa la marcha de nuestras instituciones. Así, este Congreso –sin proponérselo– ha devenido en poco menos que en una rémora.

Una perla más al largo rosario de iniciativas sin sentido es la anunciada interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aprobada por 58 votos a favor, 54 en contra y una abstención, para que explique el acuerdo firmado con la empresa brasileña Odebrecht. La autora de semejante desaguisado no podía ser nadie más que la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma. La citación al ministro fue fijada para el próximo jueves 21 de marzo a las 9 de la mañana, no obstante que los parlamentarios saben que los procuradores son autónomos en sus funciones y no reciben órdenes ni indicaciones del ministro de Justicia.

Si bien es cierto que la Procuraduría depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuyo presidente es el ministro de Justicia, también es verdad que en el ejercicio de las funciones los procuradores actúan con total autonomía. Si eso es así, la decisión del Congreso de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, carece de todo sentido, pues él no tendría responsabilidad alguna por la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

Asimismo, y tal como lo ha recordado el procurador Jorge Ramírez es el Poder Judicial el encargado de verificar que el acuerdo con Odebrecht se haya hecho con total legalidad. Sin embargo, los congresistas del Apra y el fujimorismo al parecer están demasiado nerviosos por lo que pueda decir Jorge Barata cuando declare entre el 22 y el 26 de abril próximo, máxime cuando hay el ofrecimiento de abrir todos los archivos de la empresa cuando la justicia peruana lo requiera.

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