Política
Nuevos testigos confirman relato de Nava

Dos nuevos testigos corroboraron las declaraciones de Luis Nava Guibert respecto a la compra de dos inmuebles que el expresidente Alan García habría realizado con dinero presuntamente ilícito.
Según la información difundida por El Comercio, se trata del técnico en edificaciones Luis Guzmán Quispe y del ingeniero civil Luis Luy Chung, quienes detallaron ante el Equipo Especial Lava Jato cómo fueron contactados por José Antonio Nava Mendiola a fin de que trabajen en el proyecto que el fallecido exmandatario pensaba construir en Las Casuarinas.
Guzmán Quispe relató que Nava Mendiola le dijo que irían a “ver un terreno” en Las Casuarinas. Eran los primeros meses del 2013. “Era un terreno en la cima del cerro”, narró el testigo, quien por esa época ya trabajaba con el hijo de Nava Guibert. Lo que no esperaba era encontrar al expresidente en la misma camioneta en que llegó Nava Mendiola.
“Bajó el señor Alan García Pérez, para luego este mirar también el terreno. En ese momento, García le dice a Nava Mendiola que dicho terreno era de su propiedad, que se lo había comprado y que en el mismo quería construir un edificio”, indicó. Además, detalló que José Antonio Nava le pidió que evaluara qué tipo de trabajos se tenía que hacer antes de empezar la construcción. Luego, le aseguró que le entregarían los planos para evaluar los gastos a realizar.
Guzmán Quispe también aseguró que García le señaló a Nava Mendiola que desde ese lugar “podría mirar a su pueblo”, y que se refirió al ‘Cristo blanco’ ubicado en Chorrillos, al cual podía divisar desde allí, como un regalo que le habían hecho sus “amigos de Brasil”.
Por su parte, el ingeniero Luy Chung declaró que una tarde “del 2012 o 2013” acudió en el auto de Nava Mendiola al terreno para dar una opinión técnica. “Se encontraba en una pampa inclinada sin ninguna construcción”, afirmó. Aunque Luy Chung consignó solo haber estado con el hijo de Nava Guibert aquella vez, sí recordó el comentario acerca de que “el presidente Alan García quería hacerse una casa allí”.
Hay que indicar que según lo declarado por Luis Nava Guibert ante la Fiscalía, entre el 2012 y el 2013 Alan García compró un predio en Las Casuarinas con presunto dinero ilícito de Odebrecht. Sin embargo, luego de haber concretado la compra del predio, desistió de la construcción al destaparse el caso “Ecoteva” y la adquisición de una casa por parte del expresidente Alejandro Toledo.
SE VA CERRANDO EL CÍRCULO
Las declaraciones de los testigos corroboran las afirmaciones de Luis Nava sobre el interés real de Alan García de construir una casa en el terreno de Las Casuarinas, y contradicen las versiones que Roxanne Chessman dio a IDL-Reporteros. Según ese testimonio, a inicios del 2013 García no era dueño del predio, sino la compañía MAK JAI SAC. Sin embargo, Guzmán Quispe indicó que fue durante esos días que vio al expresidente en el inmueble.
Y aunque el abogado de la familia de García, Erasmo Reyna, señaló a El Comercio que según Roxanne Cheesman en esa época ya no había cercanía con los Nava, lo cierto es que la última pareja sentimental del expresidente ya ha sido incluida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.
La tesis sostenida por el fiscal José Domingo Pérez refiere que Cheesman Rajkovic fue una pieza importante en el enriquecimiento ilícito de expresidente, ya que se habría encargado de los detalles y estaría involucrada en la compra de predios en Las Casuarinas y la adquisición de otro inmueble en el Club Lima Marina.
“Se tiene que la persona Roxanne E. Cheesman Rajkovic habría tenido participación en la perpetración del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, toda vez que coadyuvó o cooperó con su conducta sin la cual no habría sido posible convertir el activo ilícito (…) por lo cual resulta necesario abrir investigación preliminar en (su) contra y los que resulten responsables”, indica el informe fiscal.
Política
Insisten en traer abajo el acuerdo con Odebrecht

Según el exDefensor del Pueblo, Walter Albán, la denuncia del procurador Amado Enco tiene como objetivo boicotear el acuerdo de colaboración eficaz y evitar que se revelen todos los codinomes. Además, en el TC se cocinaría el camino a la vacancia presidencial.
El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, calificó como “totalmente abusiva y sin ningún sentido” la denuncia presentada en agosto por el procurador anticorrupción, Amado Enco, contra el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.
Albán, quien ha asumido la defensa legal de Ramírez, advirtió que lo que en realidad busca la acusación es generar obstáculos y amedrentar a los fiscales que intervienen en el caso Lava Jato. Además, indicó que con esta acción el procurador Amado Enco buscaría quebrar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
Afirmó que dicho acuerdo de colaboración no se va a considerar cumplido por las autoridades brasileñas ni por la empresa en tanto no se tenga la disposición de los S/ 524 millones que se debía reintegrar a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. “Ese dinero no es para que Odebrecht se lo reparta entre los accionistas, sino para que cumplan con sus obligaciones inmediatas como pagar a la empresa que hace el trabajo para desencriptar la información con los codinomes, o al abogado de Barata, que alega que no cobra desde enero de este año y por eso Barata en la oportunidad anterior dijo que no iba a cumplir con dar información hasta que no se cumpla el acuerdo”, explicó.
El jurista cuestionó que el procurador Enco priorice el seguimiento de esta denuncia con especial interés. “En lugar de preocuparse por los miles de casos de corrupción y cobrar más de S/ 1500 millones en reparación civil, lo que hace es enviar mensajes insistentes para que quienes deben dar trámite a la devolución del dinero se empiecen a preocupar por posibles complicaciones penales”, denunció.
PRESUNTO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN
En ese sentido, indicó que el procurador Amado Enco habría asistido al despacho de la fiscal a cargo para intentar que se abra una etapa formal de investigación preliminar. “Ha estado invirtiendo tiempo y por tanto recursos del Estado para que su proceso camine. También ha ido al Ministerio de Economía a consultar si el dinero a devolver a Odebrecht forma parte de los recursos públicos. Y parece que la respuesta no le quedó clara porque luego ha intentado amedrentar a la funcionaria que debe autorizar estos recursos, indicando que son recursos públicos”, señaló.
Por ello, consideró que el procurador Enco estaría persiguiendo el objetivo de traer abajo el acuerdo de colaboración. “No solo quienes están involucrados en estos procesos, sino quienes todavía no han sido expuestos sobre sus vínculos con Odebrecht son los interesados en que el acuerdo no continúe, y en esa perspectiva el operador más importante con el que pueden contar ahora es el procurador anticorrupción”, apuntó.
Por otro lado, respecto a las afirmaciones del fiscal Tomás Gálvez, quien manifestó que los fiscales Vela y Pérez “no deben estar un minuto más en sus cargos”, manifestó que los fiscales acusados de ser parte de la red de los Cuellos Blancos “se están jugando la vida”. “Cuando el fiscal Pérez ya tenía que viajar a Curitiba le abren una investigación absurda con un hecho de hace más de diez años y con una diligencia donde él actuó correctamente. No hay que ser ingenuos, estas acciones no son aisladas, todo tiene que ver con un entramado que se mueve para impedir que avancen las investigaciones”, comentó.
AGENDA POLÍTICA EN EL TC
Acerca de la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, Albán recordó que desde hace varios años se quieren “deshacer” del magistrado por ser “una piedra en el zapato” para el sector de Ernesto Blume, Sardón y Ferrero. “Ahora le han creado esta denuncia que en realidad es un montaje con malos guionistas y malos protagonistas, y que está destinado a desactivarse pronto porque no hay nada de lo que le puedan acusar, porque se valen de un presunto maltrato a una mujer cuando lo que en realidad ha existido es una crítica y no un insulto. Y si un magistrado no puede criticar a una funcionaria de tanta importancia en el TC, entonces de qué igualdad de género estamos hablando”, cuestionó.
Además, mencionó como algo “curioso” que el periodista Ricardo Uceda haya llamado al magistrado Espinosa-Saldaña el día lunes para consultarle por sus descargos, cuando este ni siquiera había sido notificado y no estaba al tanto de la denuncia. “Este es un caso con intereses políticos, porque no me queda la menor duda de que buscan hacerlo a un lado para declarar fundada la demanda competencial, y con eso generar una herramienta que permita al próximo Congreso buscar la vacancia del presidente Vizcarra”, apuntó.
ELECCIÓN DE JNJ DEBE POSTERGARSE
Finalmente, respecto al proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Albán destacó la importancia de la vigilancia ciudadana para que el proceso se realice en un marco de transparencia. En ese sentido, reiteró el pedido de que la comisión especial reprograme el calendario establecido para la elección de los integrantes de la JNJ. “No se justifica que se tenga que correr en estas fechas de fiestas, porque la ciudadanía y los medios deben hacer un adecuado seguimiento. Lo correcto sería que se corra para la primera semana de enero, cumpliendo los plazos, pero sin esta suerte de falta de transparencia al hacer todo en fechas festivas, que como sabemos no son las más idóneas para llevar adelante estos procesos”, indicó.
José Alfredo Madueño
Política
Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Belaunde Lossio

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Belaunde Lossio por vencimiento del plazo de la medida de prisión preventiva en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y simple, cohecho pasivo propio y otros.
Belaunde Lossio cumplía prisión preventiva desde el 11 de diciembre del 2017 por el caso Antalsis. Sin embargo, ya se encontraba recluido desde antes por el caso La Centralita.
La Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rechazó por mayoría la apelación que el Ministerio Público presentó para ampliar por 12 meses la medida contra el procesado.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que Belaunde Lossio deberá cumplir las siguientes restricciones:
No ausentarse de la localidad que reside dentro del territorio nacional, sin previa autorización expresa y antelada del órgano jurisdiccional, la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses.
Asimismo, el imputado deberá informar la dirección exacta de su residencia en el plazo de 24 horas egresado del establecimiento penitenciario.
Belaunde Lossio está prohibido de comunicar, a través de cualquier medio (redes sociales, por escrito, radio, televisión, teléfono o personalmente) lo relacionado a la presente investigación. De igual forma, está prohibido de comunicarse, directa o indirectamente, con sus coimputados, testigos, peritos.
ALGO MÁS
La resolución de excarcelación ordena también que el procesado debe abonar una caución económica de S/ 50,000.00.
Política
26 de diciembre evaluará prisión preventiva contra Keiko Fujimori

El Poder Judicial dispuso que el 26 de diciembre se realice la audiencia de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. La cita tiene carácter de inaplazable y estará a cargo del juez Víctor Zúñiga.
Esta disposición se anunció luego de que se amplíe la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Fujimori Higuchi será procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, lavado de activos y organización criminal.
Keikosalió en libertad tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.
El Ministerio Público pidió en octubre del 2018 esta medida por el caso Cócteles, investigación sobre el supuesto método en que se dio una aparente legalidad a los aportes que habría recibido para su campaña presidencial.
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