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Política

Nuevos audios hunden a Gagó

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Aparecieron nuevas evidencias que confirmarían el empleo de la empresa Copy Depot, por parte del parlamentario fujimorista Julio Gagó, para realizar contratos con el Estado, además de su ratificación, en un audio anónimo, de “que no es el único congresista” que realiza este tipo acciones.

En un extracto de una grabación se confirma que el legislador de Fuerza Popular desarrolló una estrategia para no comprometer a su compañía Jaamsa. “Ya no se va a vender nada por Maquinarias Jaamsa ni por Faga, Faga Motors también está ganando procesos por Copy Depot. Ahora ¿quién es Copy Depot? Copy Depot va a ser nuestra empresa mayorista para el Estado”, detalló en el audio difundido por el programa de Frecuencia Latina “Sin medias tintas”.

Gagó prosiguió explicando su plan de la siguiente manera: “Copy Depot es la compañía que va a vender. Es la compañía asociada a nosotros. Es una compañía que no somos dueños. Es una compañía que tiene su propia contabilidad. Hay que hacerlo mejor para evitar todo este tipo de problemas. Todo lo coordino con el Estado. Y también, de esa forma, nos permite a nosotros saber ahora sí, exactamente más rápido… cuanto le vendemos al Estado”.

Luego, el legislador fujimorista especifica a un auditorio, integrado aparentemente por sus trabajadores: “Copy Depot es una empresa que solamente va a vender al Estado, porque nosotros (Jaamsa) no podemos vender al Estado. Ya saben por qué. Si son chismosos saben, porque soy un congresista de la República. Así que aquí no hay nada oculto. Y no se fantaseen con esa vaina de ‘congresista de la República’”.

EL 80% HACE LO MISMO
Y su proceder lo corrobora con las siguientes expresiones: “Así como yo, hay más del 80%… No vayan a pensar que soy el único (parlamentario). De los 130, más de cien son empresarios y hacen lo mismo”.

Los audios revelados ayer son del año 2011, cuando Julio Gagó ya era congresista y pensaba en la estrategia de venderle al Estado, a través de Copy Depot.

CHRISTIAN SALAS
El procurador anticorrupción Christian Salas estimó que, ante esta situación, la pesquisa al parlamentario fujimorista va tener que ser desarrollada como una organización de redes. “Al final, no solo vamos a tener una investigación no solo contra el señor Julio Gagó; vamos a tener una investigación contra varias personas que han colaborado con el señor Gagó, sabiendo que tenía incompatibilidad, trató con el Estado”, subrayó.

Salas indicó que la hipótesis que maneja la procuraduría “es que el señor Gagó y su grupo de confianza estarían manejando todo esto, utilizando a Copy Depot como una empresa de fachada”. Copy Depot fue creada en el año 1999.

Igualmente, la investigación periodística reconfirmó la vinculación entre las compañías Maquinarias Jaamsa y Copy Depot, mediante una serie de características comunes de las facturas emitidas por ambas empresas, además de haber sido impresas en la editorial gráfica Gagó. Incluso la papelería de ambas empresas es tan idéntica, al punto de tener similar reverso.

ANA MARÍA MERCADO
El informe reveló también el mal trato laboral que Gagó dispensaba a sus trabajadores. Así, la exasesora por teléfono para todo el grupo Jaamsa, Ana María Mercado, quien denunció abusos, fue despedida de la empresa en represalia por los reclamos efectuados contra ésta, por su esposo Miguel.

“Estos turnos son los que teníamos que cubrir entre cinco personas. Atendíamos sin ningún tipo de reconocimiento. Los únicos que decían ellos era (decir): agradezcan que les estamos mandando un taxi para que los recojan”, explicó.

Mercado confirmó que tanto ella como otros servidores de Copy Depot brindaron indistintamente servicios a empresas y particulares, como con organismos del Estado. “Nosotros, como asesores, manteníamos también cuentas, no solo con clientes particulares o con empresas, sino también con entidades del Estado. En mi caso, durante todos los años que he venido laborando”, detalló.

TRABAJADOR JOSÉ RODRIGO
A José Rodrigo, que trabajó durante doce años en el grupo Jaamsa, hasta el 2012, no solo no se le reconocieron sus beneficios sociales, sino que se le abonó una parte de sueldo de planilla de Maquinarias Jaamsa y Copy Depot, y el resto con facturas, las mismas que lo implicaron en un grave problema con la Sunat.

“Esto me ha traído, como consecuencia, mucho daño. Hoy día tengo notificaciones de embargo. Tengo una multa de 25 mil soles que, al momento de fraccionarla, se convirtió en 40 mil, producto de todo este método de trabajo”, apunto.

Rodrigo atestiguó también cómo el propio Gagó participaba directamente en sus empresas, estando en pleno ejercicio de sus funciones legislativas. “Yo lo puedo testimoniar. El señor venía y, en alguna oportunidad, dijo: yo me estoy yendo al Congreso. Y eso no significar que yo deje de trabajar. Al contrario, yo voy a compartir el horario, siempre voy a llegar acá”, puntualizó.

50 MÁS
Al respecto, fuentes de la procuraduría anticorrupción y de la Fiscalía de Nación confirmaron a LA PRIMERA que no menos de una cincuentena de extrabajadores de las empresas de Gagó estarían dispuestos a declarar sobre estas u otras irregularidades presuntamente cometidas por el congresista.

PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
Pesquisas contra Gagó
Recientemente, la procuraduría anticorrupción solicitó a la Fiscalía de la Nación la investigación de quince empresas y 58 inmuebles perteneciente al clan familiar del congresista fujimorista, Julio Gagó.

La pesquisa tiene por finalidad verificar el grado de vinculación de Gagó con las compañías y establecer el origen de la millonaria inversión que ha desembolsado con sus hermanos Adrián, Carmen y María, en la adquisición de propiedades.

En un principio, la procuraduría anticorrupción planteó inicialmente una denuncia por el presunto delito de negociación incompatible, pero con los nuevos elementos sería por el delito de enriquecimiento ilícito. Entre los años 2005 y 2014 dos compañías relacionadas con el parlamentario Gagó, Jaamsa y Copy Depot, vendieron al Estado alrededor de 27 millones de soles en equipamientos.

Asimismo, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación preliminar contra el referido legislador por su presunta vinculación con la empresa Copy Depot, que ha negociado con el Estado por aproximadamente siete millones de soles.

En el plazo legal de treinta días, la pesquisa de la Fiscalía realizará una serie de diligencias preliminares para determinar si Gagó tiene relación con la citada empresa, ya que legalmente está impedido de licitar con el Estado. La ley de contrataciones prohíbe que un funcionario como él lo haga.

Comisión de Ética
De igual modo, hoy se reúne la Comisión de Ética del Parlamento para decidir si abre una investigación preliminar al actual vocero de la bancada fujimorista. La Secretaría Técnica de dicho grupo legislativo emitió el informe de calificación N° 25-2013-2015 por el que recomienda investigar al congresista de Fuerza Popular Julio Gagó, por sus presuntos vínculos con la empresa Copy Depot SA, que contrató con el Estado por casi S/. 7 millones, en lo que va del gobierno del presidente Ollanta Humala.

Javier Soto
Redacción

Política

Feminicidios: la punta de un iceberg que desangra al país

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Maltrato a la mujer feminicidios

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional (PNP), Gregorio Néstor Giraldo Girado (33) por el presunto delito de feminicidio en agravio de la agente Ana María Huamán Ramos (26).

Según el Ministerio Público, Giraldo acabó con la vida de su pareja Ana Huamán con un cuchillo, el pasado 17 de mayo, en el distrito de Independencia, luego de que esta había decidido acabar la relación sentimental, dado que él era casado y tenía dos hijos menores.

Lo curioso de este último caso, es que este feminicidio fue cometido por un policía, que se supone sabe lo que es este delito y que está preparado para combatirlo. Sin embargo, llevaba una doble vida: era casado y tenía dos hijos, lo cual no fue aceptado por su víctima, también de la PNP.

¿QUÉ ES EL FEMINICIDIO?

Andrea Imaginario, especialista en artes, literatura comparada e historia, dice que el feminicidio es “el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la que recibe el nombre de feminicide.

“Los feminicidios siempre responden al odio o desprecio por el género femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y/o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio de género.

“Por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan: violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomía de la mujer, esclavitud sexual, maltrato físico, violencia doméstica, tortura, mutilación, desfiguración, persecución, privación de la comunicación y privación de libertad”.

¿CÓMO EVITAR UN FEMINICIDIO?

Christian Hernández Alarcón, juez superior de la Corte de Ventanilla, integrante de la comisión de género del Poder Judicial, profesor de derecho de familia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pone sobre el tapete varios puntos importantes sobre cómo impedir un feminicidio.

a) Investigar sin atender vs atender investigando: Priorizarse la atención de la víctima como sujeto de derechos evitando instrumentalizarla y tratarla como objeto de información. Mostrar preocupación genuina por su situación personal y familiar y actuar de modo concreto de acuerdo a ello.

b) Investigación proactiva, no reactiva: La investigación no puede ser burocrática, sino principalmente en el campo, por ello es fundamental efectuar una inspección técnico policial que permita recabar datos periféricos que corroboren la declaración de la víctima.

c) Emergencia legal: La declaración de la víctima debe ser recabada de modo inmediato, pues no obstante debe tenerse cuidado en no revictimizar, no debe perderse de vista que nos encontramos ante una emergencia legal, donde el paso del tiempo sin recabar la declaración pone en serio riesgo el propio testimonio, pues la familia y entorno social puede actuar contra la víctima buscando su retractación, la cual en caso de consolidarse generará impunidad y legitimará la violencia.

d) Asistencia y comunicación con la víctima: La víctima desde que es atendida por cualquier operador, no puede estar en situación de incertidumbre. Se le debe informar sus derechos, el lugar y día en el que se efectuará su audiencia, las cosas que puede pedir, los requisitos para cada una de las peticiones y asistirla en el llenado de los formatos requeridos para tal efecto, e incluso referirle quien es el abogado del Centro de Emergencia Mujer o Ministerio de Justicia que estará a cargo de su caso.

REPORTES

Por cada región, solo en Lima Metropolitana en 2018 hubo 36, el número más alto a nivel nacional. Le siguen Cusco con 14 víctimas, Huánuco y La Libertad con 12; y Arequipa 11. En Pasco, Tumbes y Ucayali no hubo ningún reporte de feminicidio en el 2018. Estas son las cifras de feminicidios en el país desde el año 2009:

• 2018: 149 feminicidios / hasta noviembre hubo 280 tentativas

• 2017: 121 feminicidios / 247 tentativas

• 2016: 124 feminicidios / 258 tentativas

• 2015: 95 feminicidios / 198 tentativas

• 2014: 96 feminicidios / 186 tentativas

• 2013: 131 feminicidios / 151 tentativas

• 2012: 83 feminicidios / 91 tentativas

• 2011: 93 feminicidios / 66 tentativas

• 2010: 121 feminicidios / 47 tentativas

• 2009: 139 feminicidios / 64 tentativas

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

El “Mudo” tiene mucho para decir

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Luis Castañeda Lossio

Las recientes revelaciones del aporte de US$ 100 mil entregado por la constructora brasileña OAS para la campaña del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, parecen haber iniciado el desmembramiento del partido construido alrededor de la figura del tres veces alcalde de Lima.

Luego de difundirse los detalles revelados por José Adelmário Pinheiro, expresidente de OAS, a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato el pasado 26 de abril, el actual alcalde de Miraflores, Luis Molina, presentó su carta de renuncia irrevocable a Solidaridad Nacional.

Sin embargo, la renuncia de Molina no incluyó comentario alguno sobre su actual teniente alcalde, Martín Bustamante Castro, quien según las declaraciones de Pinheiro fue la persona que recibió el dinero previamente acordado en la casa de Castañeda Lossio. Bustamante, de 72 años, es uno de los principales dirigentes de Solidaridad Nacional y ya había sido teniente alcalde de Miraflores entre el 2007 y el 2010. También fue director de Protransporte, presidente del directorio de la Empresa Municipal de Peaje (Emape), y presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Todos esos cargos los ocupó mientras Castañeda era alcalde de Lima.

Extirpar el tumor de la corrupción

Por su parte, el excongresista por Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón Aguinaga, también se manifestó decepcionado por el accionar de Castañeda. “El momento por el que pasa la política nacional es muy penoso, y el tema de la corrupción es como un tumor al que hay que extirpar antes que se esparza”.

Respecto a su relación con Solidaridad Nacional y con el exalcalde, Rondón afirmó que esta fue administrativa, en lo legislativo y manejo político. También sostuvo que llegó al partido en condición de invitado.

Por el contrario, recordó que durante su gestión junto al congresista Juan Pari se iniciaron las investigaciones del caso Lava Jato, y también las pesquisas a Castañeda y Susana Villarán.

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Política

Fujiaprismo tiene coartada perfecta para no votar contra Pedro Chávarry

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Daniel Salaverry - Tomás Gálvez - Pedro Gonzalo Chávarry

19 votos (18 fujimoristas y uno aprista) de 29 que conforma la Comisión Permanente del Congreso son determinantes para la destitución e inhabilitación por diez años de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. Consultados por Diario UNO aseguran que el fujimorismo tiene la posibilidad de no asistir este martes 28 a la sesión permanente, argumentando semana de representación o votar en contra de la sanción al fiscal.

“COARTADA PERFECTA”

El congresista de Nuevo Perú, Horacio Zeballos, señaló que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le está dando la posibilidad al fujimorismo para que sabotee fácilmente el debate y la votación para destituir e inhabilitar a los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

“Es una cosa extraña de Daniel Salaverry convocar en plena semana de representación. Esta es una cuestión preparada. Le están dando la posibilidad al fujimorismo a que sabotee fácilmente la votación y destitución de los fiscales”, sostuvo el congresista al Diario UNO.

Tras asegurar que hay un “cálculo político” al convocar a la Comisión Permanente en semana de representación, Zeballos sostuvo que “se convoca a reunión tratando de demostrar que se está siendo ágil en el proceso pero se le entrega la coartada perfecta a los fujimoristas para que no asistan”.

GRAVÍSIMO DAÑO

Por su parte, el congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, aseguró que la no asistencia del fujimorismo a la votación por la destitución de los fiscales Chávarry y Gálvez le haría, una vez más, un gravísimo daño al Congreso de la República y otra vez más estarían en la misma circunstancia como cuando votaron en contra de denunciar al destituido juez César Hinostroza, por la presunta comisión del delito de organización criminal.

“Si no asiste el fujimorismo al debate y la votación de la Comisión Permanente le haría un gravísimo daño, una vez más, al Congreso de la República; y otra vez estarían en una circunstancia similar a lo que pasó con César Hinostroza, cuando ese partido votó en contra de todas las denuncias por la presunta comisión del delito de organización criminal”, aseguró al Diario UNO.

Asimismo, dijo esperar que los parlamentarios fujimoristas asistan para que puedan defender sus posiciones y en el eventual caso, ratificar lo que ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional contra Chávarry.

MAYORÍA FUJIAPRISTA

De los 29 miembros de la Comisión Permanente, el fujimorismo y el aprismo (18 de Fuerza Popular y uno del Apra) hacen mayoría; esto genera desconfianza respecto al debate y los votos suficientes para destituir e inhabilitar a los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

Los congresistas fujimoristas en este grupo de trabajo son Milagros Takayama, Leyla Chihuán, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma, Héctor Becerril, Freddy Sarmiento, Karina Beteta, Rosa Bartra, César Segura, Miguel Torres, Gladys Andrade, Luis Galarreta, Percy Alcalá, Tamar Arimborgo, Lourdes Alcorta, Milagros Salazar, Alejandra Aramayo, y Úrsula Letona. El Partido Aprista tiene a Mauricio Mulder. Entre ambos grupos parlamentarios consiguen los votos suficientes para decidir el destino de los fiscales.

El resto de miembros lo completan el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, Richard Acuña y César Vásquez, de Alianza para el Progreso, Ana Choquehuanca y Jorge Meléndez, de Peruanos Por el Kambio, Víctor García Belaunde, de Acción Popular, Horacio Zeballos y Richard Arce, de Nuevo Perú, y Humberto Morales y Marco Arana, del Frente Amplio.

¿QUIÉN TIENE LA BATUTA?

La bancada de Fuerza Popular informó que no garantiza su presencia este martes, argumentando semana de representación. Al respecto, Horacio Zeballos reconoce que por la cantidad de votos “el fujimorismo tiene la batuta” pero que la Comisión Permanente se reúne en el momento que se le requiera y sus integrantes deben estar disponibles en cualquier momento.

Por su parte, Humberto Morales coincidió diciendo que “en el marco del reglamento, la Comisión Permanente sesiona cada vez que considere pertinente y oportuno. Todos los miembros tenemos que estar presentes”.

SE VIENE NUEVO BLINDAJE

En el caso de Pedro Chávarry, el informe elaborado por el congresista de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, recomienda las sanciones al considerar que cometió presuntamente los delitos de organización criminal, encubrimiento real y personal. Sheput también acusa a Gálvez por presunta organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia.

Tal como se vio en el debate y votación del mismo informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Fuerza Popular y el Apra no apoyarían las sanciones.

ALGO MÁS

Horacio Zeballos aseguró que “lo que quiere el fujimorismo es ‘patear el tablero’, pero si asisten van a alargar el proceso. Sin embargo, tiene que llegar la hora de la votación y van a tratar de blindar a Chávarry, como lo han hecho de la manera más descarada con Hinostroza y otros personajes”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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