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Política

Nuevos audios hunden a Gagó

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Aparecieron nuevas evidencias que confirmarían el empleo de la empresa Copy Depot, por parte del parlamentario fujimorista Julio Gagó, para realizar contratos con el Estado, además de su ratificación, en un audio anónimo, de “que no es el único congresista” que realiza este tipo acciones.

En un extracto de una grabación se confirma que el legislador de Fuerza Popular desarrolló una estrategia para no comprometer a su compañía Jaamsa. “Ya no se va a vender nada por Maquinarias Jaamsa ni por Faga, Faga Motors también está ganando procesos por Copy Depot. Ahora ¿quién es Copy Depot? Copy Depot va a ser nuestra empresa mayorista para el Estado”, detalló en el audio difundido por el programa de Frecuencia Latina “Sin medias tintas”.

Gagó prosiguió explicando su plan de la siguiente manera: “Copy Depot es la compañía que va a vender. Es la compañía asociada a nosotros. Es una compañía que no somos dueños. Es una compañía que tiene su propia contabilidad. Hay que hacerlo mejor para evitar todo este tipo de problemas. Todo lo coordino con el Estado. Y también, de esa forma, nos permite a nosotros saber ahora sí, exactamente más rápido… cuanto le vendemos al Estado”.

Luego, el legislador fujimorista especifica a un auditorio, integrado aparentemente por sus trabajadores: “Copy Depot es una empresa que solamente va a vender al Estado, porque nosotros (Jaamsa) no podemos vender al Estado. Ya saben por qué. Si son chismosos saben, porque soy un congresista de la República. Así que aquí no hay nada oculto. Y no se fantaseen con esa vaina de ‘congresista de la República’”.

EL 80% HACE LO MISMO
Y su proceder lo corrobora con las siguientes expresiones: “Así como yo, hay más del 80%… No vayan a pensar que soy el único (parlamentario). De los 130, más de cien son empresarios y hacen lo mismo”.

Los audios revelados ayer son del año 2011, cuando Julio Gagó ya era congresista y pensaba en la estrategia de venderle al Estado, a través de Copy Depot.

CHRISTIAN SALAS
El procurador anticorrupción Christian Salas estimó que, ante esta situación, la pesquisa al parlamentario fujimorista va tener que ser desarrollada como una organización de redes. “Al final, no solo vamos a tener una investigación no solo contra el señor Julio Gagó; vamos a tener una investigación contra varias personas que han colaborado con el señor Gagó, sabiendo que tenía incompatibilidad, trató con el Estado”, subrayó.

Salas indicó que la hipótesis que maneja la procuraduría “es que el señor Gagó y su grupo de confianza estarían manejando todo esto, utilizando a Copy Depot como una empresa de fachada”. Copy Depot fue creada en el año 1999.

Igualmente, la investigación periodística reconfirmó la vinculación entre las compañías Maquinarias Jaamsa y Copy Depot, mediante una serie de características comunes de las facturas emitidas por ambas empresas, además de haber sido impresas en la editorial gráfica Gagó. Incluso la papelería de ambas empresas es tan idéntica, al punto de tener similar reverso.

ANA MARÍA MERCADO
El informe reveló también el mal trato laboral que Gagó dispensaba a sus trabajadores. Así, la exasesora por teléfono para todo el grupo Jaamsa, Ana María Mercado, quien denunció abusos, fue despedida de la empresa en represalia por los reclamos efectuados contra ésta, por su esposo Miguel.

“Estos turnos son los que teníamos que cubrir entre cinco personas. Atendíamos sin ningún tipo de reconocimiento. Los únicos que decían ellos era (decir): agradezcan que les estamos mandando un taxi para que los recojan”, explicó.

Mercado confirmó que tanto ella como otros servidores de Copy Depot brindaron indistintamente servicios a empresas y particulares, como con organismos del Estado. “Nosotros, como asesores, manteníamos también cuentas, no solo con clientes particulares o con empresas, sino también con entidades del Estado. En mi caso, durante todos los años que he venido laborando”, detalló.

TRABAJADOR JOSÉ RODRIGO
A José Rodrigo, que trabajó durante doce años en el grupo Jaamsa, hasta el 2012, no solo no se le reconocieron sus beneficios sociales, sino que se le abonó una parte de sueldo de planilla de Maquinarias Jaamsa y Copy Depot, y el resto con facturas, las mismas que lo implicaron en un grave problema con la Sunat.

“Esto me ha traído, como consecuencia, mucho daño. Hoy día tengo notificaciones de embargo. Tengo una multa de 25 mil soles que, al momento de fraccionarla, se convirtió en 40 mil, producto de todo este método de trabajo”, apunto.

Rodrigo atestiguó también cómo el propio Gagó participaba directamente en sus empresas, estando en pleno ejercicio de sus funciones legislativas. “Yo lo puedo testimoniar. El señor venía y, en alguna oportunidad, dijo: yo me estoy yendo al Congreso. Y eso no significar que yo deje de trabajar. Al contrario, yo voy a compartir el horario, siempre voy a llegar acá”, puntualizó.

50 MÁS
Al respecto, fuentes de la procuraduría anticorrupción y de la Fiscalía de Nación confirmaron a LA PRIMERA que no menos de una cincuentena de extrabajadores de las empresas de Gagó estarían dispuestos a declarar sobre estas u otras irregularidades presuntamente cometidas por el congresista.

PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
Pesquisas contra Gagó
Recientemente, la procuraduría anticorrupción solicitó a la Fiscalía de la Nación la investigación de quince empresas y 58 inmuebles perteneciente al clan familiar del congresista fujimorista, Julio Gagó.

La pesquisa tiene por finalidad verificar el grado de vinculación de Gagó con las compañías y establecer el origen de la millonaria inversión que ha desembolsado con sus hermanos Adrián, Carmen y María, en la adquisición de propiedades.

En un principio, la procuraduría anticorrupción planteó inicialmente una denuncia por el presunto delito de negociación incompatible, pero con los nuevos elementos sería por el delito de enriquecimiento ilícito. Entre los años 2005 y 2014 dos compañías relacionadas con el parlamentario Gagó, Jaamsa y Copy Depot, vendieron al Estado alrededor de 27 millones de soles en equipamientos.

Asimismo, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación preliminar contra el referido legislador por su presunta vinculación con la empresa Copy Depot, que ha negociado con el Estado por aproximadamente siete millones de soles.

En el plazo legal de treinta días, la pesquisa de la Fiscalía realizará una serie de diligencias preliminares para determinar si Gagó tiene relación con la citada empresa, ya que legalmente está impedido de licitar con el Estado. La ley de contrataciones prohíbe que un funcionario como él lo haga.

Comisión de Ética
De igual modo, hoy se reúne la Comisión de Ética del Parlamento para decidir si abre una investigación preliminar al actual vocero de la bancada fujimorista. La Secretaría Técnica de dicho grupo legislativo emitió el informe de calificación N° 25-2013-2015 por el que recomienda investigar al congresista de Fuerza Popular Julio Gagó, por sus presuntos vínculos con la empresa Copy Depot SA, que contrató con el Estado por casi S/. 7 millones, en lo que va del gobierno del presidente Ollanta Humala.

Javier Soto
Redacción

Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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en

Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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