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Mi hijo necesitaba ayuda médica, no una bomba estadounidense

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Mi hijo necesitaba ayuda médica, no una bomba estadounidense

Hay un viejo dicho que dice que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Sin embargo, esta estrategia parece apuntalar el enfoque de la coalición liderada por Arabia Saudita para su guerra en Yemen.

SANA’A, YEMEN – “Luché durante 30 años para construir una casa y un avión llega y lo destruye en segundos”, dijo a MintPress, Ahmed al-Sulmi al-Hubeishi, de 55 años. Ahmed perdió a cuatro de sus hijos la semana pasada, Seham, Abdul Rahman, Khalid y Waseem, cuando los ataques aéreos sauditas atacaron un barrio residencial en el distrito de Al-Ruguss de Sana.

“Ahora, no queda nada, incluso los juegos que me recuerdan a mis hijos han sido destruidos”. Durante la procesión fúnebre del viernes, los dolientes juraron no permitir que la sangre de las víctimas yemeníes se desperdicie y que los responsables de destruir a Yemen serían castigados tarde o temprano. Los dolientes tendieron a descansar los cuerpos de los cuatro hijos de Ahmed, así como los dos hijos del jefe del sindicato de periodistas de Yemen, que también murieron en el ataque.

“Los saudíes mataron a mis cuatro hijos sin ninguna razón, que Dios los vendiga “, dijo Ahmed. De acuerdo con el Proyecto de Datos de Evento y Ubicación de Conflictos Armados con sede en Estados Unidos (ACLED), una organización sin fines de lucro que investiga conflictos, miles de yemeníes familias como la de Ahmed han perdido a sus seres queridos desde que Arabia Saudita comenzó su guerra en el país en 2015.

Las estimaciones sitúan a las víctimas de la guerra liderada por Arabia Saudita en más de 60,000 solo desde enero de 2016. Hay un viejo dicho que dice que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente.

Sin embargo, esta estrategia parece apuntalar el enfoque de la coalición liderada por los saudíes hacia la guerra. Cuatro años y decenas de miles de ataques aéreos han provocado pocas victorias tangibles en el campo de batalla para la Coalición, pero el asombroso costo de la guerra en términos tanto de la vida humana como del tesoro ha hecho poco para empujar a la Coalición hacia una solución pacífica.

Solo en las últimas dos semanas, nueve civiles han sido asesinados y varios más heridos después de que los aviones saudíes atacaron, lo que afirmaron eran instalaciones de almacenamiento de aviones no tripulados en Sana y una planta civil de derivados del petróleo en Taiz.

Hasta ahora, la Coalición, armada, entrenada y protegida por los Estados Unidos, no ha proporcionado evidencia de que ninguno de estos objetivos, que a menudo exigen una gran cantidad de muertos civiles, sean objetivos militares legítimos. La Coalición afirma repetidamente que toma las precauciones necesarias para minimizar las muertes de civiles, pero aún insiste en que sus ataques mortales contra civiles sean legítimos.

Necesitaba ayuda médica, pero Abdul Rahman recibió una bomba estadounidense.

De pie sobre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar, Ahmed busca cualquier resto de los juguetes de sus hijos; Él agarra una foto de sus hijos en sus manos. “Este es Abdul Rahman”, dice con orgullo, indicando la foto. “Estaba incapacitado y muy indefenso; lo que necesitaba era ayuda médica, no una bomba estadounidense”.

MintPress documentó los esfuerzos de rescate cuando las víctimas, incluido Abdul Rahman, fueron sacadas de los escombros. “Desde que perdí a Abdul Rahman y a mis otros hijos, no puedo dormir”, dijo Ahmed, “todo lo que hago es mirar estas fotos y llorar”.

Cuatro días después, MintPress acompañó a Ahmed mientras visitaba su casa destruida. Ahmed no está asociado con ningún partido político. Es un ciudadano yemení común y, al igual que otros yemeníes, se enfrenta a cómo Estados Unidos continúa apoyando la campaña de la Coalición: “No sintieron lástima por Abdul Rahman, lo mataron, fabricaron aviones y una bomba de fabricación estadounidense y a nadie le importa”.

Los yemeníes se sienten ignorados por el público en general de los Estados Unidos y piden a los que están fuera del país que vean su sufrimiento a manos de armas extranjeras.

En marzo de 2015, La Coalición liderada por Arabia Saudita comenzó una campaña para devolver al poder a su aliado, el depuesto presidente AbdrabbuhMansurHadi, luego de que fue derrocado tras las protestas masivas al estilo de la Primavera Árabe.

La Coalición rápidamente fijó su mirada en los Houthis, quienes declararon una revolución después de las protestas. y exigió el fin de la injerencia saudí en los asuntos internos de Yemen.

Desde que comenzaron los combates, los investigadores de la ONU han advertido en repetidas ocasiones sobre el elevado número de víctimas civiles en las campañas de bombardeos de la Coalición, que utilizan casi exclusivamente municiones fabricadas en Estados Unidos.

Sin embargo, los Estados Unidos han continuado vendiendo armas a Arabia Saudita, lo que ha resultado en la masacre de los ataques aéreos dirigidos por Arabia Saudita a decenas de miles de familias como la de Ahmed.

Mi hijo necesitaba ayuda médica, no una bomba estadounidense

Ningún lugar es seguro

En el distrito de Al Ruguss, donde los ataques aéreos han destrozado las ventanas y han volado las puertas en la mayoría de los casas, la mayoría de las familias ya han huido a los hogares de familiares o amigos. Otros, incapaces de huir como resultado de la pobreza o simplemente porque no tienen a dónde ir, se esconden en los sótanos.

Mohammed al-Mansour huyó al-Ruguss con su familia a una casa alquilada en el sur de Sana. “Huimos porque éramos sagrados y nuestros hijos estaban asustados. Mi esposa tuvo que vender sus joyas para poder escapar”, dijo Al-Mansour. “Mi familia todavía está aterrorizada, incluso por el sonido de los truenos, pensando que viene de aviones que vienen.”

Y en las “áreas más seguras” de Yemen, las familias viven horrorizadas. “Vivimos con miedo constante, mis hijos están tan traumatizados, están mojando sus camas por la noche”, dijo Ahlam, madre de seis hijos, a MintPress.

Ahlam vivió en Ruguss durante veinte años; ahora vive con un pariente de su esposo en la aldea de Qabil, en las afueras de Sana. “Los niños corren a cubrirse, incluso con el sonido de un portazo”, dice. Los ataques de la Coalición liderada por Arabia Saudita han desplazado a más de 2 millones de personas y han aterrorizado a la población. Las carreteras y puentes bombardeados dificultan los viajes y a las zonas más seguras son desplazadas las familias que se enfrentan a la escasez de vivienda, alimentos y agua.

Tanto es incorrecto

La esposa de Ahmed sufrió fracturas en las piernas y en el cráneo después del ataque aéreo en su casa de Sana. Está muy enferma y cada ciertos días necesita un análisis de sangre, pero sin combustible, los laboratorios del hospital no pueden operar.

Yemen sufre de una falta aguda de combustible diésel, que se utiliza para transportar medicamentos y pacientes, operar fábricas y hacer funcionar generadores en los hospitales. Muchas personas, especialmente en las ciudades y aldeas periféricas, han tenido que recurrir al uso de leña y carbón para cocinar. Esto ocurre cuando Yemen enfrenta una crisis de desnutrición aguda.

Luego, al menos 8.100 pacientes de diálisis carecen de tratamiento debido a la falta de equipos y suministros de diálisis en medio del actual bloqueo saudí, según el ministro de salud de Yemen, quien agregó que la cantidad de pacientes con cáncer también ha aumentado tras el incesante bombardeo y el uso de municiones prohibidas internacionalmente.

Cerca de 400 hospitales e instalaciones médicas en Yemen han sido destruidos durante la guerra de cuatro años, la mayoría como resultado de los ataques aéreos de la Coalición. El portavoz del Ministerio de Salud, Youssef al-Hadhri, dijo a MintPress que la crisis humanitaria en Yemen ha provocado la muerte de más de 700.000 personas.

No hay sostén de la familia, no hay ayuda, solo una voluntad para seguir luchando.

Ahmed ha estado desempleado durante 12 años. Su hijo Waseem, quien fue asesinado en el ataque aéreo en la casa de Ahmed, estaba trabajando en una planta de desalinización y era el único sostén de la familia. “Ahora no tenemos un sostén de la familia y no puedo trabajar”, dijo Ahmed.

El bloqueo de Arabia Saudita en Yemen ha relegado a la mayoría de la población a la pobreza, dejando a la mayoría de los vecinos, familiares y amigos de Ahmed incapaces de prestar ayuda financiera.

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, cinco millones de trabajadores yemeníes, el 60 por ciento de la fuerza laboral general, han perdido sus empleos como resultado de la guerra en curso en el país. La mayoría de ellos perdió sus empleos luego de que las empresas locales y extranjeras dejaron de operar en el país.

Yemen era uno de los países más pobres del mundo incluso antes de que comenzara la guerra. Según un informe reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Yemen se ubicó en la posición 153 de los 177 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano, 138 en pobreza extrema, 147 en esperanza de vida, 172 en logros educativos. Y ya estaba en el Banco Mundial en la categoría de ingreso medio-bajo.

“Ahora estoy herido y no puedo pelear, pero espero que el ejército yemení se vengará de mis hijos”, dijo Ahmed, quien sufrió heridas en el ataque, a MintPress. El deseo de Ahmed no es impulsado por la ira o incluso por un sentido de opresión, sino que está enraizado en el sentido de que luchar contra la Coalición Saudita es la única opción para detener la locura.

 

AHMED ABDUL KAREEM
MINTPRESS NEWS

Ahmed Abdul Kareem es un periodista yemení. Cubre la guerra en Yemen para MintPress News, así como para los medios locales de Yemen.

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Sin DNI voy a vivir

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Sin DNI voy a vivir

Es el 2019 y Kishte sigue guardando una Libreta Electoral de tres cuerpos que le entregaron en 1984. A pesar de estar sucia y desgastada, la sigue guardando en una pequeña bolsa de plástico porque es la única evidencia de que ella posee una identidad como ciudadana peruana. Si bien el proceso de canje de la Libreta Electoral al Documento Nacional de Identidad (DNI) inició en las últimas décadas del siglo XX, Kishte no ha podido aún acceder a este último documento.

Por eso, aproximadamente en el año 2014, viajó desde donde vive, la Comunidad Nativa Chachibai, hacia la sede de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en la ciudad de Pucallpa.

Durante la época de verano amazónico, este viaje puede tardar hasta dos días, por lo que se requiere necesariamente pernoctar en un punto intermedio cerca al río Ucayali. Además, para realizar este viaje, se necesita contar con una movilidad fluvial disponible, así como poder afrontar los altos costos de combustible y permanencia (alojamiento y alimentación) en la ciudad de Pucallpa.

Kishte emprendió este viaje más de una vez junto a su esposo. Sin embargo, la primera vez que llegó a la oficina de RENIEC le dijeron que su Libreta Electoral ya había sido canjeada por el DNI hace dos años. Además, en posteriores visitas a la institución, constató que el DNI emitido tenía una fotografía, una firma y una huella dactilar de alguien que no era ella. Es decir, RENIEC no solo había emitido y entregado el DNI de Kishte a una tercera persona, sino también había permitido que alguien le robara su identidad.

Kishte es miembro de un pueblo indígena en contacto inicial compuesto por no más 100 personas y una de las últimas hablantes de una lengua en serio peligro de extinción [1]. Nació en el período previo al contacto que sostuvo el pueblo indígena iskonawa con representantes de la sociedad nacional (un grupo de misioneros evangélicos y miembros del pueblo shipibo-konibo) en 1959, evento denominado también como su “primer contacto”.

Este tuvo lugar entre los ríos Utuquinía y Abujao, cerca al hoy conocido cerro El Cono, ubicado al interior del Parque Nacional Sierra del Divisor (Ucayali). Los iskonawa habían llegado hasta ahí no solo por los desplazamientos que realizaban para abrir nuevas chacras, sino también motivados por las presiones de agentes externos que ejercían violencia contra las poblaciones indígenas de la zona.

El período del vivir huyendo es una etapa triste y violenta para los iskonawa, sobre todo porque esto afectó seriamente su demografía. En ese tiempo, nacer y seguir vivo era un privilegio al que pocos tuvieron acceso. Kishte nació durante uno de los tantos desplazamientos que emprendían los iskonawa. Era el tiempo en el que madura el zapote (fruta, N.C. Pouteria sapota), recuerda que así le dijo su mamá.

Su nombre en lengua iskonawa sigue una regla onomástica [2] a través de la cual los niños heredan los nombres de los abuelos, en algunos casos paternos o maternos. Sin embargo, con “abuelos”, no solo nos referimos a los padres de sus padres, sino también a los hermanos de estos, pues los iskonawa incluyen a ambos en la misma clasificación de parentesco. De tal modo, Kishte heredó el nombre de la hermana de su abuela materna.

Además de mostrar la operatividad de esta regla, el nombre de Kishte también ofrece evidencia de los contactos que los iskonawa sostuvieron con otros pueblos indígenas, incluso mucho antes del conocido “primer contacto”. Tanto la abuela de Kishte como la hermana de ella pertenecieron a otro pueblo indígena pero fueron incorporadas por los iskonawa tras un conflicto. A partir de esta incorporación al núcleo iskonawa, ellas recibieron nuevos nombres. No obstante, el nacimiento de Kishte permitió rememorar el antiguo nombre de la hermana de su abuela materna y continuar la regla onomástica tradicional.

Tras el contacto, el pueblo iskonawa se desplazó a la cuenca del río Callería, donde comenzó a convivir junto a algunos misioneros evangélicos y un predominante grupo shipibo-konibo. Fue entonces cuando Kishte, así como el resto de miembros de su pueblo indígena, recibió un nombre y apellidos en castellano. Ella recuerda que los misioneros la llamaban Claudia y que le gustaba mucho ese nombre. También recuerda que recibió los apellidos Campos y Rodríguez de dos hombres shipibos que participaron directamente del “primer contacto”, quienes a su vez los habían recibido tiempo atrás de algún patrón.

No obstante, cuando inscribieron su acta extemporánea de nacimiento en la oficina de Registro Civil más cercana al río Callería, fueron otras personas quienes la llamaron Isabel y dispusieron el orden de los apellidos fijando cuál sería paterno y materno. Mientras la inscribían, pocos años después del “primer contacto” del pueblo iskonawa, Kishte no sabía que alguien estaba colocándole otro nombre diferente al que le gustaba, tampoco sabía que ese nombre escrito en un papel marcaría para siempre su identidad.

***

Rio de la amazonía selva

Si bien su nombre verdadero es Kishte, ella acepta los nombres que recibió en castellano porque son los que requiere emplear para relacionarse con otros miembros e instituciones de la sociedad peruana. Por ello, decidimos juntas dar solución a este problema que le impedía acceder a su derecho a la identidad en los términos que el Estado peruano le exigía. De tal modo, supimos que no solo se había formalizado, a través de una resolución en el 2018, la usurpación de la identidad de Kishte, sino también que RENIEC había cancelado la inscripción del DNI canjeado por terceros.

Lo siguiente consistía en solicitar su reinscripción, esta vez subsanando los datos de su identidad que habían sido usurpados. No obstante, en este proceso de nuevas idas y venidas a la sede de RENIEC en Pucallpa, cinco años después de que detectaran el problema con el DNI de Kishte, nos enfrentamos ante el gran desconocimiento de funcionarios y servidores sobre la situación de los iskonawa, así como de los otros seis pueblos indígenas en contacto inicial que tienen presencia en Ucayali.

Más de una vez recibimos comentarios que manifestaban pena por la complejidad del caso cuando nos veían nuevamente solicitando información para hallar una solución definitiva. En otras ocasiones, han evidenciado su curiosidad preguntándonos sobre el origen de los nombres y los apellidos en castellano de Kishte. También, personalmente, he recibido agradecimientos porque ellos consideraban que de otro modo nadie haría nada por ella. Lamentablemente, los funcionarios y servidores de RENIEC parecían no saber que ellos eran los que debían hacer algo por Kishte, no por buena voluntad sino porque las leyes así lo exigen.

RENIEC es el organismo que se encarga de registrar la identidad de los peruanos otorgando el DNI con el propósito de fortalecer la ciudadanía en el Perú. No obstante, RENIEC ha vulnerado no solo el derecho fundamental a la identidad a Kishte, sino también su derecho a identificarse con su propio nombre de acuerdo a su cultura y modo tradicional de vida.

Asimismo, la falta de un protocolo de atención específico elaborado por el Ministerio de Cultura para estos casos que enfrentan las poblaciones indígenas en contacto inicial ha permitido que RENIEC no brinde una atención adecuada, dejando a Kishte a su suerte en el complejo procedimiento que le implica movilizarse a la ciudad y recaudar documentos.

Finalmente, la ausencia de personal de RENIEC capacitado para atender a población hablante de una lengua indígena u originaria en su propia lengua ha dificultado el acceso y la comprensión de los procedimientos para que Kishte pueda obtener su DNI.

De tal modo, RENIEC ha violado sistemáticamente los derechos de Kishte, respaldados no solo por la Constitución del Perú, sino también por la normativa vigente que ampara los derechos de los pueblos indígenas en contacto inicial (Ley N° 28736 “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”) y sus derechos lingüísticos (Ley N° 29735 “Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú”).

Si bien RENIEC define que su misión es lograr el registro de la identidad de los peruanos a través de un enfoque intercultural, ello se ha limitado a esfuerzos simbólicos como el Registro Civil Bilingüe y las publicaciones Tesoro de Nombres Originarios, ya que en la práctica la documentación de ciudadanos no implementa los complejos sistemas e historias de la antroponimia de los pueblos indígenas, en especial de los que se encuentran en situación de contacto inicial.

“Ya sin DNI voy a vivir”, dice Kishte luego de los días, meses y años que hemos pasado en esta lucha, que no es sino una de las tantas otras que enfrentan los pueblos indígenas en contacto inicial en su relacionamiento con la sociedad y el Estado peruano.

Por ello, decidimos presentar por escrito un oficio ante el Ministerio de Cultura, organismo rector sobre los derechos de los pueblos indígenas en general y de los pueblos indígenas en contacto inicial de manera particular, el cual sigue sin obtener una respuesta clara. A pesar de ello, hemos continuado buscando nuevas vías para devolverle a Kishte la identidad como ciudadana peruana que el Estado permitió que le robaran.

NOTAS:

[1] En el “II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no empadronó a los iskonawa, al igual que a otros ocho pueblos más, alegando que no formaban parte de comunidades, puesto que han sido absorbidos por otros pueblos indígenas y debido a que es muy difícil llegar hasta ellos por su situación de aislamiento. En el Censo del 2017, el tercero sobre comunidades indígenas, INEI registra que 22 personas respondieron que el iskonawa era su lengua materna. Sin embargo, se advierte que estas cifras deben tomarse con cautela debido a que solo incluyen información sobre los mayores de 12 años (Óscar Espinosa 2019, comunicación personal). En síntesis, el Estado peruano, a la actualidad, no tiene un censo claro de esta población que ha identificado como en situación de contacto inicial. La cifra aproximada que se ofrece parte de un censo comunitario que hemos venido elaborando y actualizando con los iskonawa desde el 2015.

[2] Con regla onomástica nos referimos al sistema empleado por los iskonawa para otorgar nombres a los nuevos descendientes, considerando su vínculo de parentesco con sus ascendientes. Si bien este sistema tradicional ha comenzado a debilitarse hace muchos años atrás, todavía coexiste en varios casos junto a los nombres en castellano.

 

CAROLINA RODRÍGUEZ ALZZA
IDEELE REVISTA Nº 285 | Lingüista y antropóloga. Docente de la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

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Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

Al cumplirse este jueves 25 años del atentado contra la AMIA, la investigación sigue dominada por la política internacional, no por las pruebas. La movida tuvo como eje remover a los fiscales que estaban en la Unidad AMIA y fueron logrando avances importantes en el expediente. En su reemplazo tomó las riendas un fiscal elegido por el gobierno, Sebastián Basso, que pasó a concentrarse en la pista internacional, más precisamente en Irán y Hezbollah.

Eso explica por qué la Unidad AMIA emitió este viernes un texto concentrado en eso que no aporta ningún elemento relacionado con el lugar donde se armó la camioneta en Buenos Aires, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, con qué identidad entró al país quien supuestamente protagonizó el atentado. El objetivo es emitir un decreto alineando a la Argentina con Estados Unidos, Israel y el Reino Unido declarando que Hezbollah es una organización terrorista y que Irán financió los atentados de Buenos Aires.

Otro paso que intenta la administración Macri, aunque con controversias internas, es el de establecer el juicio en ausencia, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes. Por su parte, se dice que Basso viajó a Estados Unidos a tomarle declaración a un supuesto testigo clave.

ORGANIZADOR

Desde 2009 está en el centro de la escena un sujeto que supuestamente se llamaba Samuel Salman El Reda, que utilizando una partida de nacimiento falsa, en la isla de San Andrés, obtuvo pasaporte colombiano. El individuo, de origen libanés, se casó con Silvina Saín, la hermana de una secretaria del agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohshen Rabbani. Durante años el prófugo era Samuel El Reda, pero en 2016, El Líbano y un par de familiares del prófugo proveyeron la verdadera identidad, revelando su verdadero nombre: Salman Salman.

Las pruebas contra él son esencialmente telefónicas. Se supone que el atentado fue coordinado por un hombre que utilizó un celular a nombre de André Marques en la Triple Frontera. A ese teléfono llamó Salman Salman y se sabe que era él porque también se comunicó con su familia y luego habló con teléfonos de El Líbano que, según la CIA, son de Hezbollah.

Los dos familiares que testificaron en la causa confirmaron que Salman Salman estuvo en la Argentina, que incluso tiene una hija argentina y una brasileña, y que actualmente está con vida en El Líbano. Pero esos mismos familiares dijeron que no sabían nada de que tuviera que ver con el atentado o que integrara una agrupación como Hezbollah.

En todo caso el texto oficial de la Unidad AMIA no duda en adjudicarle la responsabilidad a Hezbollah y a Irán, argumentando que el ataque se decidió en una reunión del régimen de los atayatolas en la ciudad de Mashad, en 1993. La información sobre ese encuentro es muy dudosa y surgió de grupos opositores iraníes. También el texto menciona que hubo una reivindicación de un brazo de Hezbollah, algo que la organización desmintió innumerable cantidad de veces.

Es decir que la base de la acusación son informes de inteligencia extranjeros.

NUEVA PRUEBA

El informe oficial no menciona una prueba que se está trabajando de la mano de Estados Unidos. Aparentemente en el país del norte hay un detenido, sospechado de tener que ver con un atentado, que habría mencionado que Salman Salman era su jefe.

Habrá que ver qué datos aporta teniendo en cuenta que pasaron 25 años del atentado en Buenos Aires. Este diario le consultó al fiscal Basso si es cierto que viajó a Estados Unidos para hablar con ese detenido, pero el funcionario señaló que no podía hablar del tema. Según parece hay un convenio de confidencialidad con las autoridades norteamericanas.

AVANCES

Tras la muerte de Alberto Nisman se designó a tres fiscales en la Unidad Amia. La ahora jueza Sabrina Namer, junto con Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini. Más tarde entró Santiago Eyerhabide por Filippini. Ese equipo logró varios pasos adelante tomando medidas que Nisman no quería concretar por temor a que la evidencia le destruyera sus hipótesis, siempre alineadas con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel y también con la SIDE. Por de pronto se acreditó la existencia de la camioneta usada como coche bomba a través del uso de un microscopio de barrido electrónico que analizó las partecitas encontradas en los cuerpos de las víctimas durante la autopsia. Esos trozos metálicos se compararon, a través de los electrones, con los usados en las camionetas Trafic.

También se utilizó tecnología moderna genética para analizar todos los restos humanos que estaban sin identificar. Así se determinó que un cuerpo encontrado en el atentado correspondía a Augusto Jesús, hijo de una señora que estaba y murió en la mutual judía ese día. También ese trabajo permitió establecer que había restos que no se correspondían genéticamente con ningún familiar de las víctimas. Eso consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida. Nisman incluso le había dado nombre y apellido a ese suicida, Ibrahim Berro. Sin embargo, los nuevos fiscales compararon el perfil genético de dos hermanos de Berro, Abbas y Hassan, uno de los cuales entregó sangre para hacer el estudio, y se demostró que los restos no se correspondían.

De manera que la conclusión que fue sacando la Unidad AMIA es que existió camioneta, existió suicida, pero que no se trató de Berro. Todo con la provisoriedad que daba una investigación en marcha.

Argentina: A 25 años del atentado a la AMIA

INTERNACIONAL

La Unidad AMIA post-Nisman no abandonó la llamada pista internacional, pero no se casó de forma definitiva con ninguna pista. Siguieron el rastro de Salman Salman y entablaron un diálogo con la fiscalía general de El Líbano: eso permitió el avance respecto de la identidad del sospechoso. Después de aquel contacto con las autoridades libanesas, el diálogo se cortó.

Pero con esa conformación de la Unidad Amia nunca hubo un pronunciamiento tan categórico respecto de Hezbollah como ahora, bajo la conducción de Basso. Siempre fue una hipótesis, se los consideró sospechosos e incluso se corrieron las órdenes de captura reemplazando El Reda por Salman Salman. Pero el límite fue que no podía haber definiciones a esa altura de la etapa procesal.

Tampoco podía descartarse la pista siria, basada en una llamada del argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul al armador de autos truchos Carlos Telleldín, último tenedor de la camioneta que estalló en la AMIA. Esa comunicación se produjo el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Sin embargo, los fiscales no pudieron encontrar pruebas sólidas contra Kanoore y tampoco aparecieron en el extenso juicio por encubrimiento. Kanoore cuenta con una falta de mérito en la causa judicial, pero los fiscales nunca abandonaron esa pista.

NECESIDADES

El alineamiento de Macri con Trump, el “favor” que le hace el FMI por influencia norteamericana con la provisión de fondos al gobierno de Cambiemos, le dan un marco a lo que pasa con la causa Amia. El diario La Nación publicó esta semana que Macri prepara un decreto por el cual la Argentina declararía que todo Hezbollah es una organización terrorista. Ese paso lo dio este año el Reino Unido siguiendo a Estados Unidos e Israel, pero fue rechazado por el resto de Europa, que considera terrorista únicamente a su rama militar. Sucede que Hezbollah es un partido parlamentario en El Líbano, con el diez por ciento de los votos. Y además es clave para sostener al gobierno actual de ese país y juega un papel de importancia en la lucha contra el Estado Islámico.

En línea con el decreto que prepara la Casa Rosada, la Unidad AMIA se lanzó a afirmar, sin que le tiemble el pulso, que el atentado fue cometido por Hezbollah y financiado por Irán. Lo sostiene de forma taxativa, como nunca lo había hecho antes, justamente porque buena parte de las supuestas evidencias provienen de fuentes más que dudosas: la oposición iraní, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la ex SIDE.

En la misma sintonía, parte del gobierno prepara el llamado “juicio en ausencia”, o sea juzgar a los iraníes aunque no estén presentes en el supuesto juicio. Es algo que no se usó ni siquiera con los represores porque la legislación argentina pone el acento en el derecho a la defensa, es decir que no puede hacerse un juicio sin que estén presentes los acusados y sin que ellos mismos hayan elegido a sus abogados. Además, muchos juristas cuestionan que se intente aplicar una norma procesal nueva a un hecho ocurrido hace 25 años.

Todas estas jugadas político-judiciales tienen como objetivo darle una justificación más a Washington y a Jerusalén para su ofensiva bélica contra el régimen de Teherán. La Argentina se involucraría otra vez en los eventuales bombardeos, en lugar de estar del lado neutral y pacifista.

Para colmo, la jugada política oscurece las orfandades probatorias. Porque el punto clave es que resulta difícil afirmar una culpabilidad internacional cuando la investigación fue un fracaso.

A 25 años del atentado no se saben las cuestiones esenciales:

¿Cuál fue realmente la carrocería que se usó en el atentado? ¿De dónde salieron los explosivos? ¿Dónde estuvo la camioneta en los días posteriores a que saliera de las manos de Telleldín? ¿Quién armó el coche-bomba? ¿Quién ingresó al país para cometer el atentado? ¿Con qué identidad? ¿Quién dejó la camioneta lista con los explosivos en el estacionamiento ubicado al lado de la Facultad de Medicina? ¿Quién retiró la camioneta de ese estacionamiento y la manejó hasta incrustarla en el edificio de la calle Pasteur? ¿Quién se fue del país después del atentado? ¿Cómo salió? ¿A dónde fue?

Son datos elementales. El atentado de las Torres Gemelas se pudo investigar a partir de los datos sobre los 19 hombres que subieron a los aviones, dónde habían estado, cómo ingresaron a Estados Unidos, cómo aprendieron a pilotar aviones y muchísimos otros detalles. Esa es una base para armar el posible origen del ataque. En la investigación del caso AMIA, ni las policías ni los servicios de inteligencia, ni el gobierno de aquel momento, el de Carlos Menem, produjeron reales avances en la investigación.

 

RAÚL KOLLMANN
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Aduanas, comercio y estado en el Perú pos independencia

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Aduanas, comercio y estado en el Perú pos independencia

Luego de la Independencia, el país se enfrentó a una suerte de vacío de poder. Al no existir una clase dirigente, surgieron una suerte de caudillo que agruparon sectores regionales detrás de él siendo el objetivo: el control del naciente Estado y de sus fuentes de control económico. Alberto Flores Galindo (1985) indicó que:

“En 1824 existían en el Perú 36 casas comerciales inglesas, de las cuales 20 tenían su sede en Lima y 16 en Arequipa. Los comerciantes ingleses, algunos de los cuales vinieron atraídos por la fama de la minería colonial peruana se dedicaron con prioridad a la importación de productos textiles y su posterior venta en las ciudades y áreas del interior”.

La economía del naciente Perú se convirtió en forma muy rápida en un polo de atracción para los comerciantes extranjeros, principalmente los ingleses, quienes se convirtieron en un sector económico dinámico que, a su vez, generó una alta actividad de importaciones y exportaciones, con lo cual, los puertos se convirtieron en puntos de desarrollo, y las aduanas en apreciadas instituciones.

Carlos Contreras (2000) anota que:

“Durante las primeras décadas de vida independiente sobrevino un grave caos político por el control del Estado. Las élites del norte y del sur se enfrentaron en guerras civiles por el afán de conquistar el “botín de la independencia”. Este estaba representado por numerosas haciendas, residencias urbanas y minas de metales preciosos expropiadas a la corona española o a los súbditos peninsulares, quienes fueron expulsados o emigraron por propia iniciativa durante el proceso de lucha emancipadora. También contendían por el control de las aduanas claves para el comercio con el exterior: Paita, Callao y Arica, y era por la segunda que salían los metales preciosos para Europa, único bien exportable del país en esos momentos. La aduana del Callao era el principal sostén de las finanzas públicas, por lo que el control de ese puerto, prácticamente unido a la ciudad de Lima, resultaba vital para los planes de los caudillos”.

Así, las aduanas de Paita (norte); Callao (centro) y Arica (sur) fueron una suerte de “cerezas sobre el pastel” ya que, los diferentes gobiernos se encargaron de controlarlas por los importantes flujos de dinero que generaron las actividades comerciales en ellas realizadas. Las importaciones y las exportaciones realizadas por estos primeros comerciantes extranjeros afincados en el Perú, determinó que el Estado peruano se interese en los mismos. El comercio se convirtió en la primera actividad económica del país. El Estado encontró en el comercio la actividad generadora de ingresos que le permitió cubrir con sus obligaciones presupuestales.

Aduanas, comercio y estado en el Perú pos independencia

Pero, el ingreso del guano a nuestra economía trastocó totalmente esta situación. Heraclio Bonilla ha escrito que:

“Fue en 1840 que el Perú empieza a despertar de su letargo, otra vez (como antes y como después) bajo el acicate del mercado y de la demanda externa. Para un país identificado en el universo entero con el oro y con la plata, era una suprema ironía empezar a fundar su prosperidad en torno a la exportación del mal oliente guano de las islas del litoral”.

Ese “mal oliente guano” trastocó totalmente al país. De una economía desordenada se cambió a una economía planificada; de una casi ausencia de dinero al interior del país se pasó a la acumulación de fortunas que devinieron en grandes haciendas y bancos. Carlos Contreras (2000) ha indicado que:

“En el marco de una economía débil como la peruana, el dinero del guano tuvo efectos sustanciales. El Estado pudo gozar de una renta regular y abundante, con lo que pudo prescindir de la contribución indígena y de otros impuestos recaudados internamente. Los derechos de aduana se redujeron al mínimo, así como los impuestos a las ganancias derivadas de la propiedad territorial y la industrial”.

Con el guano, el Estado peruano adquirió importancia mayor en la región. Los ingresos económicos que generó son incalculables. Los puertos vivieron un auge que permitió su modernización. Era necesario contar con muelles más grandes que permitieran una mayor actividad comercial. Los depósitos fueron considerados un negocio muy rentable. El horizonte marino estaba copado de embarcaciones de diferentes banderas, aunque en su mayoría eran inglesas. Finalmente, la derrota en la Guerra contra Chile determinó la necesidad de refundar el país. En esta necesaria refundación las aduanas jugaron un rol muy importante.

Además, los comerciantes extranjeros avecindados en el país, también reclamaron su cuota de poder. Por ello, Marcial Rubio Correa (2003) indica que

“A partir de la Constitución de 1839, se establecerán en todas las constituciones, ciertas normas regulatorias sobre la adquisición de propiedades por los extranjeros en el Perú. La de 1839 no fue restrictiva sino que, más bien, pretendió igualar la condición de los propietarios extranjeros con la de los nacionales”.

 

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL

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