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Editorial

Mesas de desarrollo

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Los conflictos socioambientales que tantos dolores de cabeza y situaciones de crisis han causado al país bajo este y el anterior gobierno, parecen estar encontrando un camino más avanzado y potencialmente más efectivo de diálogo y concertación, con el nuevo impulso dado a las mesas de desarrollo como espacio de búsqueda de soluciones entre las comunidades que se sienten afectadas por proyectos extractivos y el Estado que los promueve en función de las metas nacionales de inversión y desarrollo socioeconómico.

Concebidas igualmente como una estrategia preventiva orientada a evitar nuevos conflictos, al tratar los problemas antes de que estallen convertidos en crispadas protestas, las mesas de desarrollo incluyen acciones para dar sostenibilidad a los acuerdos a los que arriben las partes y verificar paso a paso su cumplimiento, aspecto clave para el éxito de esta nueva modalidad, concebida ante las limitaciones de las mesas de diálogo.

Según el esquema de las mesas de desarrollo, en estas participan dirigentes sociales, representantes del Estado, autoridades locales o regionales y técnicos, para analizar el problema y buscar soluciones, así como acordar inversiones o acciones estatales en obras de infraestructura y otras, así como contribuciones privadas, todo orientado al desarrollo integral de las comunidades concernidas, poniendo el tema de la afectación del entorno por los proyectos extractivos, en una perspectiva de desarrollo integral, abordando los problemas y necesidades de fondo de los habitantes.

Consideramos acertado utilizar la fórmula de las mesas de desarrollo al tratamiento de las demandas de las comunidades nativas respecto al Lote petrolífero 192, para desbloquear una compleja situación en la que no hay avances hacia la consulta previa, lo que puede frustrar la concesión y ocasionar graves problemas al país.

Cabe señalar que, en este, como en otros casos, lo más aconsejable es que las mesas de desarrollo no caigan en una especie de asambleísmo, situación que se plantearía si el número de participantes fuera excesivo, lo que puede dar lugar a maratónicas conversaciones, discursos y, otra vez, al empantanamiento.

Para evitar esa frustración, podrían en todo caso instalar la mesa todos aquellos que se consideren con derecho a participar, pero luego tendrían que delegar responsabilidades a un grupo de representantes de las partes para formar un comité operativo, con un número razonable de miembros, que permita una fluida discusión y facilite llegar a acuerdos.

Porque ese es el objetivo que anhela el país, que más allá de fundamentalismos y respetando los derechos y justas aspiraciones de las comunidades, los conflictos se eviten mediante el entendimiento realista y con beneficios tangibles para los pueblos, que alivien sus carencias y necesidades y los enrumbe a una vida mejor.

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Editorial

¿Cantos de sirena?

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Los vendedores de sebo de culebra han salido a decir que el presidente Martín Vizcarra debería aprovechar la popularidad que aún le es favorable, para emprender reformas necesarias como la laboral. Y para hacerle pisar el palito afirman que los cinco puntos menos que se reflejan en el último sondeo de opinión de Ipsos se deben a la tibieza con la que avanza el Ejecutivo en ese campo. Y para mayores señas, recuerdan que según el INEI, el empleo informal creció el año pasado a mayor ritmo que el empleo formal.

Ocurre, sin embargo, que nuestro país ha recibido una fuerte migración el año pasado–mayoritariamente de Venezuela– y que muchas de esas personas prácticamente han llegado sin documentos, por lo que han tenido que trabajar informalmente para asumir el costo de los trámites migratorios, además de enviar dinero a sus familias en su país de origen. Todo esto ha distorsionado en alguna medida las cifras porque, de lo contrario, la gran mayoría de los nuevos inmigrantes cuentan con estudios superiores o técnicos y están capacitados para trabajar en cualquier empresa formal, amén de no tener elevadas pretensiones salariales.

El pretexto de que la economía peruana creció a una tasa del 4% y que a pesar de ello el empleo formal solo beneficia a uno de cada tres trabajadores, se cae por sí solo. En efecto, todos los economistas coinciden en que para generar empleo es necesario crecer a tasas de entre 5% y 6%. No obstante, este crecimiento, que fue una de las banderas del actual Gobierno se ha visto postergado por el Niño Costero, y la corrupción de Odebrecht, primero, y ahora por las intensas lluvias, desbordes y huaicos que aíslan a poblaciones interrumpiendo las vías de comunicación, problema que el Gobierno se encuentra atendiendo de manera inmediata.

Puede decirse, pues, que a nuestra economía le ha llovido sobre mojado y que ahora no solo es necesario una reforma laboral, sino una reforma integral que pueda darle mayor dinamismo a nuestra economía, que incluya una mayor presión tributaria como la que tienen otros países de la región. La reforma pasa por fortalecer la demanda interna y consolidando la conquista de mercados internacionales, lo que no se consigue simplemente limitando o recortando derechos laborales. El problema es el cómo y eso es lo que el Gobierno tendrá que definir sin presiones de uno ni de otro lado, sino trabajando cuidadosamente en una reforma económica, sin escuchar los cantos de sirena.

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Editorial

Cuando el río suena…

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El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez, nos ha recordado recientemente que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está implementando una nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres. El objetivo de esta nueva secretaría es el de “reforzar”(?) la prevención en el país, ha dicho el funcionario. Sin embargo, no se puede reforzar algo que no existe. Si hubiera prevención en el país, no existirían los Mirave(Tacna), ni las poblaciones asentadas en las proximidades de los cauces de huaicos y zonas de desbordes en la Carretera Central.

Evidentemente que si hubiera prevención en el país, tampoco habría puentes tan bajos que son arrasados por las crecidas cuando llueve persistentemente. No habría ocurrido lo de Aplao (Arequipa), ni existirían puentes que “no se ha caído sino que se ha desplomado”. En fin, habría que empezar por el principio; es decir, por promover una cultura de la prevención, en la que participen desde las autoridades locales, regionales y del Gobierno nacional, hasta las poblaciones asentadas en las zonas altoandinas y en otras con riesgo potencial por encontrarse en quebradas que pueden activarse de un momento a otro.

En su libro Ciudad de los reyes, de los Chávez, los Quispe…Rolando Arellano y David Burgos recuerdan que “La primera calle que se pavimentó en Lima fue el Paseo Colón”, lo que a decir de los autores no tendría nada de extraordinario de no ser porque dicha obra habría sido fruto de la participación de los vecinos y no una acción institucional del Estado. Arellano y Burgos se preguntan si este hecho podría acaso tomarse como antesala de lo que en el futuro caracterizaría a una ciudad en gran parte autogestionada por sus vecinos. Al parecer, lo mismo estaría ocurriendo en todo el país.

La buena noticia, en todo esto, es que el viceministro Molina ha anunciado que dialogará con los pobladores de Mirave para coordinar el lugar en el que serán reubicados. Sería bueno, también, que se establezca la prohibición de instalar poblaciones en quebradas o cauces de huaicos, así como otras zonas de riesgo. Los alcaldes, gobernadores regionales y otras autoridades que lo permitan deberían ser sancionados drásticamente, al igual que los traficantes de terrenos que con engaños promueven invasiones en esas áreas. Valgan verdades, si hasta ahora no se ha procedido a reubicar esas poblaciones es por razones políticas, porque en ciertas circunstancias podría resultar una medida impopular, pero la vida de mucha gente está primero, señores del Gobierno.

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Espaldarazo anticorrupción

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Continúa en niveles altos la aprobación a nivel nacional del presidente Martín Vizcarra. En el mes de febrero, el 58% de encuestados por la empresa Ipsos respalda la gestión del mandatario. Este resultado está cinco puntos por debajo de una medición anterior y la mayor merma, según la encuestadora, se registra actualmente en el norte y sur del país, zonas afectadas por las intensas lluvias, desbordes y deslizamientos de lodo y piedras que en no pocos casos han aislado poblaciones.

Lo más destacable del sondeo de opinión pública es que la lucha contra la corrupción emprendida por el Jefe del Estado se ha convertido en un factor relevante en la aprobación de la gestión presidencial. En efecto, un 52% de los 1,119 entrevistados destaca que el presidente Martín Vizcarra está luchando contra la corrupción, lo que representa un aumento de 12 puntos en relación a octubre pasado; es decir, la vez anterior en que se consultó sobre este punto específico.

Sobre este tema, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Krishna R. Urs, ha destacado el empeño del Gobierno peruano en atacar la corrupción y resaltó, en tal sentido, el papel del presidente Martín Vizcarra en el cumplimiento de dicha tarea.

Entre otros temas relevantes, en el estudio de opinión –realizado entre el 13 y el 15 del presente mes de febrero– un 24% asegura que el presidente Vizcarra está enfrentando la inseguridad ciudadana, otro 24% opina que “tiene buenas ideas y planes”, un 19% que está trabajando para mejorar la educación, mientras que el 18% destaca su gestión en la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales.

Puntos más o puntos menos, lo importante es que el presidente Martín Vizcarra se ha puesto al frente de esta tarea de lucha frontal contra la corrupción emprendida por el Gobierno, y que cuenta principalmente con el compromiso del Ministerio Público. Al espaldarazo que ha recibido la lucha anticorrupción, se suma el respaldo del Gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos que realiza el Perú para enfrentar esta lacra que lo corroe todo como un cáncer.

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