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Editorial

Medidas contraproducentes

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Como insuficientes ha calificado el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, las propuestas tributarias presentadas por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra para garantizar la estabilidad fiscal. El gremio empresarial, basa su apreciación en las proyecciones que esperan un déficit fiscal de 3.5% para el presente año, y que algunos analistas advierten el peligro de que suba hasta 4.2% el próximo año.

Y es que con medidas de parche nadie puede garantizar que se alcance la meta planteada por el Gobierno, máxime cuando la tan esperada reforma tributaria ya parece poco menos que una ilusión. Muchas veces se nos ha ofrecido ampliar la base tributaria. Es decir, que sean más las personas que cumplan con pagar sus impuestos y no que los mismos contribuyentes de siempre carguen con un mayor peso sobre sus espaldas.

Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda encargarse de la salud pública, la educación, la construcción de infraestructuras como puentes y carreteras; claro que sí, pero eso debe entenderse como una cuestión de equidad y solidaridad, pues no se trata de ahogar a los trabajadores dependientes porque es más fácil cobrarles los impuestos.

Además, se pretende recaudar más a costa de incrementar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a productos como las gaseosas y bebidas alcohólicas como la cerveza. Eso puede hacer que los consumidores tomen dos caminos. El primero dejar de consumir en la misma medida, con lo cual no se mejoraría la caja fiscal; el segundo camino sería incentivar el consumo de productos de menor calidad y hasta de fabricación informal, con lo que tampoco se cumpliría con cuidar la salud de la población de menores recursos.

Encima, el ministro de Economía, David Tuesta, ha adelantado la intención del Gobierno de gravar los sueldos menores a S/ 2,075. Esta última medida, vendría a ser como el marrasquino del pastel porque lo único que haría es echar mano del bolsillo de los que menos tienen y que muchas veces son los que más consumen porque tienen necesidad de movilizarse a sus centros de labores en buses, tienen que comer en la calle y tienen que vestirse adecuadamente. Si el Gobierno les recorta sus ingresos tampoco se estaría cumpliendo con luchar contra la informalidad y por el contrario muchos buscarían refugiarse en el empleo informal. La salida más adecuada sería, como todos sabemos, una reforma tributaria integral que permita al Estado hacer una mejor redistribución de la riqueza. El resto son solo medidas contraproducentes.

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Editorial

El alto costo de la corrupción

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Dos hechos que pueden constituirse en un obstáculo muy grande para nuestra economía vienen registrándose en estas últimas semanas. Uno de ellos es externo y el otro interno. Se trata, por un lado, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la misma que está escalando con la imposición de elevados aranceles a los productos que esas dos naciones exportan e importan mutuamente. ¿Y cuál es el problema?, se preguntarán algunos creyendo que solo se trata de una rivalidad por hegemonía, sin embargo, la guerra comercial se traduce en un menor consumo en el mundo.

El Perú es un país primario exportador; es decir, que principalmente vende al exterior materias primas y básicamente minerales como el oro, cobre, plata, zinc, molibdeno, entre otros. Lo malo de este asunto es que la guerra comercial podría terminar afectando el precio de nuestras exportaciones, principalmente las del cobre. Esperamos que no sea así, pero nadie puede asegurar eso porque hay incertidumbre, y cuando esta se presenta los inversionistas prefieren no arriesgar.

A ello se suma la situación interna que vive el país por el tema de la corrupción rampante que corroe todo como un cáncer y que ha llegado hasta los niveles más altos del Poder Judicial. Precisamente, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita anualmente nuestro país ha señalado en su informe final, publicado el 25 de julio, que actualmente la corrupción se identifica como el mayor problema para hacer negocios en el Perú. También preocupa al FMI la corrupción en los gobiernos locales. Esto último volvería vulnerable la inversión pública, restándole efectividad.

De lo expuesto se desprende la urgente necesidad de llevar a cabo las reformas pendientes, principalmente la reforma política y la del Poder Judicial. Ya no se puede esperar más. El Ejecutivo ha hecho su parte y es menester que el Poder Legislativo tome conciencia del difícil momento que está viviendo el Perú al encontrarse entre la incertidumbre –generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China- y la corrupción de los casos “Lava Jato” (que llegó de Brasil) y después por el tema de los CNMaudios. Por el momento lo que sabemos es que el impacto de la corrupción será muy alto para la competitividad del país y son nuestras autoridades del Gobierno y el Poder Legislativo quienes ahora tienen que pasar de las palabras a los hechos para exterminar esa lacra.

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Editorial

Elecciones están a la vuelta de la esquina

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Las elecciones regionales y municipales ya están a la vuelta de la esquina. Se realizarán el domingo 7 de octubre y para esa fecha se ha convocado a un total de 23 millones 438 mil 266 electores hábiles, que elegirán entre unos 115 mil candidatos a 13 mil autoridades, en 25 regiones, 196 provincias y 1874 distritos.

Muchos candidatos ya se anticiparon a colocar paneles, afiches y a repartir volantes que los transeúntes reciben, los miran y desechan sin prestarles mayor atención, como quien dice eso no va conmigo. Quizá eso no tuviera nada de extraño si en nuestro país el voto fuera voluntario, pero no es así.

Ocurre, que al estar los electores obligados a sufragar, el próximo 7 de octubre muchos acudirán a su centro de votación y emitirán su voto sin ningún reparo y sin haberse enterado de los candidatos que postulan por su distrito, provincia o región. Y es precisamente allí donde comienzan los problemas como los que estamos viendo en estas últimas semanas en que dos alcaldes se han visto envueltos en verdaderos casos policiales, como es el caso del burgomaestre de Villa María del Triunfo, César Augusto Infanzón Quispe, condenado por el Poder Judicial, y el de La Victoria, Elías Cuba, recientemente detenido por la policía.

¿Qué está pasando con los funcionarios públicos? Es la pregunta que todos comienzan a hacerse. ¿No es acaso que son personas elegidas o designadas –según el caso– que representan al Estado o a un sector de la población, para desarrollar políticas del Estado o dirigir organismos o entidades públicas? ¿Por qué de pronto deciden infringir la ley y hasta formar parte de mafias delincuenciales? ¿Será que los filtros de nuestro sistema electoral han comenzado a fallar y nadie se ha percatado de ello? Sea cual fuere la causa, quienes pagan los platos rotos son siempre los ciudadanos de a pie. Precisamente quienes no tienen los recursos para hacer valer sus derechos.

¿De ser así, por qué entonces nadie hace algo para que esta situación no continúe? La respuesta es porque ya es necesario poner en práctica una reforma electoral que se encargue de eliminar los problemas de financiamiento ilegal de partidos políticos, aportes de “fantasmas” y candidatos con antecedentes penales, que estamos viendo. Solo para el municipio de Lima hay más de una veintena de candidatos a alcalde ¿Por qué?

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Editorial

“Vox pópuli, vox Dei”

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El presidente Martín Vizcarra presentó ayer el proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, modifica el artículo 90 de la Constitución Política, a fin de que quede expresamente prohibida la reelección inmediata de congresistas, para lo cual también ha convocado a un referendo que –según ha dicho– no debe pasar de diciembre próximo. Es importante, además, la propuesta de retorno al sistema bicameral, sin duda alguna característico de los regímenes democráticos, como también lo es el conjunto de medidas para garantizar la legalidad en el financiamiento de los partidos políticos.

El Jefe del Estado, asimismo, ha hecho un emplazamiento al actual Congreso de la República cuando al aludir al referendo expresó: “…vamos a respetar lo que diga la población y esperamos también y no dudamos de que el Congreso hará lo propio”. Y ojalá sea así, pues este Parlamento no ha dado muestras, salvo en contadas excepciones y por razones políticas, de querer contribuir a que el Gobierno lleve el país a buen puerto. Por el contrario, la mayoría fujimorista y sus socios apristas han conducido el Legislativo a los más bajos niveles de aceptación antes nunca vistos en la historia del Perú republicano.

Al decir eso no se exagera para nada, pues allí están las encuestas y está la población cansada hasta el hartazgo de congresistas que anteponen sus intereses personales a los más sagrados intereses de la Nación. Por eso es que nuestros padres de la patria ahora han caído en la desaprobación total. Y si no quieren creerle a los sondeos de opinión, deberían escuchar a las calles cuando a voz en cuello les dicen “¡Que se vayan todos!”. Sin embargo, aún no es tarde para obedecer la voz del soberano, la voz del pueblo, que exige cambios urgentes para evitar que el país dé un salto al vacío.

Los legisladores sabrán lo que tienen que hacer, No obstante, aún hay una tarea pendiente que sería la de convocar un gran debate nacional acerca de la reforma política para que expertos en la materia expongan los diferentes puntos de vista sobre los temas planteados y que serán materia del referendo. Después de ello, todos podrán ir a las urnas conscientes de que la decisión que tomarán será la mejor para el país que todos queremos. En todo caso, habría que recordarles a nuestros congresistas la antigua expresión latina que dice “Vox pópuli, vox Dei” (La voz del pueblo es la voz de Dios).

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