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Editorial

Más presupuesto para el Ministerio Público

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El exprocurador Iván Montoya sostuvo ayer que las investigaciones sobre la entrega de aportes a los partidos políticos de parte de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht traerán más sorpresas, sobre todo con la declaración pendiente de Jorge Barata.

Sostuvo que una señal de ello es la solicitud del fiscal José Domingo Pérez Gómez para iniciar una investigación a Lourdes Flores Nano por la presunta recepción de dinero proveniente de Odebrecht para el Partido Popular Cristiano (PPC). Incluso, habría información que llevaría a solicitar arraigos o detenciones provisionales”, agregó.

Lo anterior es verdad, porque Barata estaría buscando información para completar su manifestación y cerrar, por ahora, su participación en esta colaboración en referencia a diversos proyectos y aportes a campañas políticas. No por casualidad se ha dicho que él puede dar luces del dinero que llegó al Perú”, ha dicho el exprocurador Iván Montoya.

Pero tan cierto como eso es lo que ha señalado el exfiscal Avelino Guillén quien considera necesario que el Poder Ejecutivo atienda el pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para aumentar el presupuesto del Ministerio Público, pues ello permitirá consolidar las investigaciones de casos importantes como los sobornos pagados por la empresa Odebrecht. Razón no le falta porque el incremento de presupuesto fortalecerá los equipos para el combate contra la corrupción y el crimen organizado, y permitirá procesar de forma más eficiente la información que llegará proveniente de Brasil.

Si eso es tal como lo señala Guillén, el Ministerio Público haría bien en tomar las providencias del caso para evitar fugas o alojamientos en embajadas, ya que la información fresca generará nuevas líneas de investigación, nuevas carpetas fiscales y, por lo tanto, se requerirá una ampliación de los equipos de fiscales, además de la creación de equipos multidisciplinarios que puedan intervenir en la investigación, como lo advierte el exfiscal. ¿Será por eso que algunos expresidentes y líderes políticos están tan nerviosos últimamente y muestran reacciones fuera de control? Eso el tiempo lo dirá, pero habría que ir reforzando los equipos de fiscales. Que el Ejecutivo no duerma en sus laureles.

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Editorial

¿Navegando sin brújula?

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Hasta hace poco se decía que el Perú debía llegar al Bicentenario de su Independencia política con una planificación de lo que verdaderamente queremos como país, con metas y objetivos claros hacia un futuro próximo: el año 2021. Sin embargo, nos acercamos inexorablemente a tan especial conmemoración sin nada que nos diferencie del pasado, sin un punto de quiebre. Peor aún, hemos retrocedido en lo que a informalidad se refiere, andamos estancados en el desempleo y subempleo, y caminamos como el cangrejo en la generación de empleo formal frente a una Población Económicamente Activa (PEA) que va en rápido crecimiento.

Sin volver los ojos atrás para hacer un balance de lo andado y desandado hasta el momento, de pronto se nos habla de “Visión Perú 2050”. Es verdad que bueno es planificar tal como lo hacen los países adelantados, pero esa planificación también tiene que mostrar resultados. Por el contrario, la corrupción está minando el aparato estatal y ha llegado a comprometer instituciones del sector privado, sin solución a la vista. Ni hablar de los políticos y menos de algunas autoridades.

Todo aquello impide resolver viejos problemas que persisten y afectan sobremanera nuestro sistema democrático. No se ven avances en las políticas de fomento al empleo, en las políticas educativas, ni en aspectos claves como los conflictos sociales que se acumulan como una olla a presión a punto de estallar. No se puede hablar de visión al 2050 si no se han resuelto los problemas de toda la vida. Si persisten el desempleo y subempleo y no se hace nada frente a la informalidad y las desigualdades, como observa el economista Germán Alarco, profesor de la Universidad del Pacífico y destacado columnista de Diario UNO, cómo entonces podemos proyectarnos al año 2050 sin tener en cuenta el desarrollo tecnológico en robótica-inteligencia artificial.

Tampoco se ha hecho nada hasta el momento por la educación, que debería estar acorde con los nuevos tiempos. Los profesores de colegio tienen cada vez más problemas para mantener la atención de sus alumnos. Los maestros no son expertos en informática ni tienen alta preparación en el mundo audiovisual. Corresponde, pues, al Gobierno y especialmente al presidente Martín Vizcarra asumir el liderazgo y enrumbar a nuestro país por la senda del siglo XXI, porque de lo contrario pareciera que se ha perdido la brújula.

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Editorial

¿Y las ocho horas?

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Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre febrero y abril de este año, 112,500 limeños trabajaron más de 80 horas a la semana, es decir, más de 13 horas en un día. De hecho que eso no tiene nada de raro, lo que ocurre es que ya todo nos parece normal en este país de la informalidad, llamado Perú. El empleo formal prácticamente está desapareciendo para dar paso a trabajos informales. Basta preguntarles cuántas horas al día trabajan los ambulantes, los taxistas, bodegueros, los vendedores del mercado, los empleados de restaurantes, etc., etc.

Y es que por décadas el empleo en nuestro país sigue entre la informalidad y la precariedad, lo cual es aprovechado para situaciones que francamente rayan con la explotación. Ha transcurrido varios años del boom de los precios de los minerales y del auge económico, lo cual generó un incremento del empleo, pero no de un empleo de calidad, sino de magras remuneraciones, extensos horarios y todo ello sin ningún tipo de beneficios sociales.

El problema se agravó últimamente porque el Perú fue uno de los países latinoamericanos que más migrantes venezolanos ha recibido. A mediados de 2008 se estimaba en más de 500,000 el número de ciudadanos venezolanos en nuestro país, actualmente se habla de 800,000 y la cosa va para más, pues la crisis política y económica en su país se ha agravado. Lo malo es que el ingreso de venezolanos al Perú ha sido desordenado y desregulado, lo que ha contribuido a agudizar la precarización y la informalidad del empleo deprimiendo aún más las deplorables condiciones laborales y distorsionando más el mercado laboral.

En ese contexto, no resulta nada raro que por un lado, los trabajadores que cuentan con un empleo formal, con un número de horas regulado por la autoridad de trabajo y beneficios sociales, busquen mantener su puesto laborando más allá de lo que se le pide; de otra parte, quienes no tienen la suerte de tener empleo formal tengan que trabajar 13 o más horas diarias para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Esta situación se solucionará no con leyes controlistas, sino con verdaderas reformas destinadas a alentar nuevas inversiones en el país y a fortalecer el mercado interno, lo que podría coadyuvar a generar el trabajo decente que requiere.

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Editorial

Coimeros y coimeados

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La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por presunta recepción de dinero de parte de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, ha pasado su primera noche en la cárcel, luego de que el Poder Judicial le dictara 18 meses de prisión preventiva. Igual suerte ha corrido su exgerente municipal, José Miguel Castro, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de activos. Se le acusa de haber solicitado dinero a las empresas OAS y Odebrecht para la campaña por el No a la revocatoria y la reelección de Villarán.

Pero no son los únicos casos de acusados por delitos de corrupción. Hay políticos, candidatos y otras autoridades que ya están en manos del Poder Judicial para responder por la receptación de dineros de origen ilícito; la mayoría de ellos ligados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Pero, sabido es, que para que haya funcionarios coimeados es requisito sine qua non que haya un coimero; es decir un corruptor. Ambos –coimeros y coimeados– han tenido participación para que exista delito y, por lo tanto, deben ser igualmente sancionados por la justicia.

Para eso se requiere de un sistema de justicia fuerte y sólido que no sea fácilmente infiltrado por la corrupción, pues de lo contrario todo esfuerzo por acabar con ese flagelo será poco menos que inútil, y la reforma política que está tratando de implementar el Ejecutivo se irá por el desagüe. El presidente Martín Vizcarra ha dicho que todas las bancadas están de acuerdo en que la reforma política es una prioridad para el país; no soluciona todos problemas, pero es un gran paso para fortalecer la democracia y tener una mejor representación.

De hecho, lo que requiere el país es una reforma integral y, si no sería mucho pedir, un cambio de Constitución, pues la actual fue hecha a la medida del entonces dictador Alberto Fujimori. Hay que recordar que la actual Carta Magna data de 1993; es decir, nació poco después del autogolpe de 1992. Por eso es que la corrupción puede entrar y salir fácilmente en todas las instancias del Gobierno y los resultados son los que estamos viviendo en la actualidad, con un sistema político y electoral que permiten actos de corrupción, un Poder Judicial que no mide con la misma vara y como resultado de ello una democracia débil que subsiste con una economía liberal. Ha llegado la hora de que se unan voluntades para sacar al país del hoyo de la corrupción.

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