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Política

Más de 15 mil alumnos de secundaria se beneficiarán con residencia estudiantil

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Más de 15 mil alumnos de secundaria se beneficiarán con residencia estudiantil en la Amazonía

La ministra Flor Pablo anunció hoy en Iquitos, en la región Loreto, un plan multisectorial para la atención integral de los estudiantes de secundaria con residencia estudiantil (SRE) en el ámbito rural de la Amazonía que beneficiará a 15 mil alumnos de zonas alejadas y de difícil acceso.

“Los ministerios de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo e Inclusión Social, de Salud y de Cultura y los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Loreto, San Martín y Ucayali nos hemos unido para afrontar y superar los problemas de estudiantes que viven en residencias que a veces son informales”, dijo.

Pablo señaló que este año el Ministerio de Educación (Minedu) ha transferido a los gobiernos regionales S/ 8 millones para la contratación de personal para 33 SRE y que en 2020 proyecta transferir S/ 24 millones para la implementación del servicio en 80 de esas instituciones, así como dotar con módulos de infraestructura a 7 residencias con un presupuesto de S/ 5. 6 millones.

“Tenemos el desafío de brindar atención a más de 11 mil estudiantes de 94 SRE mediante la provisión de personal y la mejora de las condiciones de habitabilidad y los servicios básicos de alimentación y salud”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la educación es transformadora y que se debe mirar la nueva ruralidad como un potencial. Agregó que las SRE permitirán que los jóvenes no solo culminen sus estudios sino que desarrollen sus proyectos de vida en mejores condiciones, recuperando la diversidad en que viven.

La ministra de Educación recordó que estas instituciones fueron creadas de manera informal y sin planificación territorial por iniciativa de la comunidad, con infraestructura y condiciones físicas precarias, con personal insuficiente y que en el año 2015 fueron formalizadas y en 2017 se estableció el modelo de servicio educativo con sus componentes pedagógico, de gestión y de soporte.

Pablo manifestó que los objetivos del plan multisectorial son mejorar los logros de aprendizaje, mejorar la asistencia técnica al personal y las condiciones básicas de alimentación, salud y habitabilidad de las SRE, ordenar el funcionamiento del servicio educativo con enfoque territorial e intervenir en casos de niños y adolescentes vulnerados en sus derechos.

Anotó que ya se ha establecido una ruta para la optimización del servicio educativo en la cuenca del Cenepa entre el Minedu, la dirección regional de Educación de Amazonas y las UGEL y que el programa Qali Warma ya ofrece un servicio de alimentación para 16 mil estudiantes de 80 SRE, que incluye cenas y alimentación los fines de semana.

El Minedu está trabajando con el Ministerio de Economía para que los recursos lleguen de modo oportuno con el Presupuesto Institucional de Apertura para que en marzo de 2020 se inicien con normalidad las clases en las residencias con plenas condiciones de habitabilidad, salud y alimentación, concluyó.

Política

Documentos la comprometerían aún más

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Luciana León Romero

Rómulo León Romero fue citado por el Ministerio Público a fin de brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso “Los Intocables Ediles”. El hermano de la excongresista aprista Luciana León participará así de la diligencia de deslacrado de sus bienes que le fueron incautados el pasado 22 de octubre.

Según información difundida por el sitio web de Perú21, las diligencias tuvieron que ser reprogramadas hasta en tres oportunidades por el fiscal Reynaldo Abia. Esto, debido a que la defensora de Rómulo León, Lisbeth Santisteban, lo solicitó reiteradas veces. La última de ellas, la abogada afirmó que Léon Romero se encontraba enfermo y no podría asistir al interrogatorio.

Como se recuerda, en el allanamiento a la vivienda de Rómulo León se hallaron documentos con el membrete de la empresa Odebrecht. Además, se encontraron archivos relacionados al caso Línea Amarilla, obra construida por la compañía OAS y que está comprendida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato. Otros documentos incautados a León Romero están relacionados al caso Petroaudios, en el cual estuvo involucrado su padre Rómulo León Alegría.

Rómulo León Romero fue citado por el Ministerio Público a fin de brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones por el caso “Los Intocables Ediles”. El hermano de la excongresista aprista Luciana León participará así de la diligencia de deslacrado de sus bienes que le fueron incautados el pasado 22 de octubre.  Según información difundida por el sitio web de Perú21, las diligencias  tuvieron que ser reprogramadas hasta en tres oportunidades por el fiscal Reynaldo Abia. Esto, debido a que la defensora de Rómulo León, Lisbeth Santisteban, lo solicitó reiteradas veces. La última de ellas, la abogada afirmó que Léon Romero se encontraba enfermo y no podría asistir al interrogatorio.  Como se recuerda, en el allanamiento a la vivienda de Rómulo León se hallaron documentos con el membrete de la empresa Odebrecht. Además, se encontraron archivos relacionados al caso Línea Amarilla, obra construida por la compañía OAS y que está comprendida en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato. Otros documentos incautados a León Romero están relacionados al caso Petroaudios, en el cual estuvo involucrado su padre Rómulo León Alegría.    INVESTIGACIONES   NO SE DETENDRÁN  Por otro lado, la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de apelación presentado por la excongresista aprista contra la orden judicial de allanamiento, permitirá  no solo mantener y validar el material incautado, sino también sienta un precedente para futuros allanamientos y otras medidas que se consideren necesarias durante el marco de las investigaciones preliminares a altos funcionarios.  En cuanto al caso de “Los Intocables Ediles”, hay que recordar que según la tesis fiscal, Luciana León era el brazo político de una red criminal liderada por el empresario Alexander Peña Quispe y el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista. Precisamente, con Peña Quispe, León habría tenido “un récord de llamadas telefónicas”, según lo declarado en su momento por el fiscal Reynaldo Abia.  Hay que indicar que según uno de los relatos consignados la resolución judicial que autorizó los allanamientos a los inmuebles vinculados a Léon, la exparlamentaria  y su asesora Betsy Matos habrían recibido pagos en efectivo por S/ 15 mil y S/ 20 mil soles. El dinero habría sido entregado por Alexander Peña Quispe, uno de los cabecillas de la organización criminal, a cambio del apoyo con la gestión del financiamiento en las obras públicas y adquisición de servicios.  Entre esas gestiones, se cuenta la presunta gestión realizada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que este apruebe el presupuesto solicitado por la Municipalidad de La Victoria para la compra de patrulleros. Según la Fiscalía, una empresa de Peña Quispe habría sido beneficiada con dicha compra.    POSIBLES SANCIONES  Acerca de las posibles sanciones que podrían caer sobre la excongresista en caso de ser hallada responsable de los delitos que se le imputan, se debe considerar que por formar parte de una organización criminal, el artículo 317 del Código Penal señala penas de hasta 15 años. En cuanto a la acusación de tráfico de influencias agravada por su condición de congresista de la República, la pena puede ser de hasta 8 años.     ALGO MÁS  Finalmente, el escenario menos deseado por León sería el de un concurso real de delitos: ahí la suma de las condenas podría llegar a 23 años de prisión efectiva.  JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

INVESTIGACIONES NO SE DETENDRÁN

Por otro lado, la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de apelación presentado por la excongresista aprista contra la orden judicial de allanamiento, permitirá no solo mantener y validar el material incautado, sino también sienta un precedente para futuros allanamientos y otras medidas que se consideren necesarias durante el marco de las investigaciones preliminares a altos funcionarios.

En cuanto al caso de “Los Intocables Ediles”, hay que recordar que según la tesis fiscal, Luciana León era el brazo político de una red criminal liderada por el empresario Alexander Peña Quispe y el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista. Precisamente, con Peña Quispe, León habría tenido “un récord de llamadas telefónicas”, según lo declarado en su momento por el fiscal Reynaldo Abia.

Hay que indicar que según uno de los relatos consignados la resolución judicial que autorizó los allanamientos a los inmuebles vinculados a Léon, la exparlamentaria y su asesora Betsy Matos habrían recibido pagos en efectivo por S/ 15 mil y S/ 20 mil soles. El dinero habría sido entregado por Alexander Peña Quispe, uno de los cabecillas de la organización criminal, a cambio del apoyo con la gestión del financiamiento en las obras públicas y adquisición de servicios.

Entre esas gestiones, se cuenta la presunta gestión realizada ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que este apruebe el presupuesto solicitado por la Municipalidad de La Victoria para la compra de patrulleros. Según la Fiscalía, una empresa de Peña Quispe habría sido beneficiada con dicha compra.

POSIBLES SANCIONES

Acerca de las posibles sanciones que podrían caer sobre la excongresista en caso de ser hallada responsable de los delitos que se le imputan, se debe considerar que por formar parte de una organización criminal, el artículo 317 del Código Penal señala penas de hasta 15 años. En cuanto a la acusación de tráfico de influencias agravada por su condición de congresista de la República, la pena puede ser de hasta 8 años.

ALGO MÁS

Finalmente, el escenario menos deseado por León sería el de un concurso real de delitos: ahí la suma de las condenas podría llegar a 23 años de prisión efectiva.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Salario mínimo: es hora de salir de la informalidad

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Trabajadora empleadas obreras

Los trabajadores no son ciudadanos de segunda

Hace pocos días, el gobierno anunció un aumento del salario mínimo para los primeros meses del 2020. Además, y esto es lo más importante, se afirma que habrá una norma específica que permitirá institucionalizar el mecanismo de revisión del salario mínimo dotándolo de una fórmula para su cálculo, de una periodicidad y estableciendo claramente las responsabilidades para su promulgación.

Es importante saber que esta discusión comenzó en el 2005 (van 14 años). Y hasta ahora no se logra, debido, sobre todo, a diversas trabas que se han colocado por parte de los sectores representantes del empresariado, “jugando en pared” con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Es por ello que la discusión sobre el salario mínimo solo se da cuando al gobierno le interesa, debido a sus criterios políticos del momento. Ese fue el caso del ex Presidente Kuczynski, quien, en febrero del 2018, dispuso que se convoque al Consejo Nacional del Trabajo (CNT, que forma parte del Ministerio de Trabajo) para que evalúe el alza del salario mínimo, justo cuando estaba en marcha el pedido de vacancia. El 21 de marzo, día de la renuncia PPK, se promulgó el DS que aumentó el salario mínimo.

También hay el caso del cumplimiento de la “ortodoxia” económica, como sucedió en febrero del 2014, cuando el entonces Premier César Villanueva anunció que se estaba discutiendo un alza del salario mínimo. Inmediatamente Nadine Heredia –que no tenía ningún cargo público- dijo que “el tema no estaba en agenda”, en claro acuerdo con el ministro de economía, Luis Castilla. Pocos días después, Villanueva presentó su renuncia al cargo. Veamos primero qué pasa en el mundo y en América Latina.

Salario mínimo en el mundo, la OCDE y en la Región

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 36 países: EEUU, Canadá, la Unión Europea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. En la OCDE también están México, Colombia y Chile. Perú ha presentado su candidatura para ingresar a este “exclusivo” club.

En 28 de los 36 países de la OCDE se ha institucionalizado el salario mínimo (1), de acuerdo a reglas nacionales: hay una institución, una fórmula para su cálculo, una periodicidad explícita (un año en casi todos) y un mecanismo legal para su aprobación. En los ocho países que no tienen un mínimo establecido -Austria, Italia, Suiza y los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)- la mayor parte de la fuerza de trabajo está cubierta por acuerdos de negociación colectiva a nivel sectorial y existe un piso mínimo de salarios.

De los 193 países miembros de las Naciones Unidas, 160 tienen un régimen de salario mínimo, el 83%. La mayoría de los países que no lo tienen son países africanos como Brunei, Burundi, Djibouti, Etiopía, Ruanda, Sao Tomé y Príncipe, Somalia, Sudán, Tonga, Tuvalu y Zimbabwe. Dicho esto, una parte de estos países sí tienen sueldo mínimo para el sector público.

Ahora bien, si sumamos los 8 países de la OCDE arriba mencionados, que tienen acuerdos de negociación colectiva (es decir que los salarios no son determinados por el mercado sino por una negociación) entonces esos 168 países representan el 87% del total mundial.

De otro lado, todos los países de América Latina y el Caribe tienen régimen de salario mínimo. Repetimos: todos.

Los ejemplos de Chile y Colombia

En Chile el salario mínimo se discute todos los años entre el gobierno y las organizaciones sindicales y se elabora una propuesta de acuerdo a criterios técnicos, la cual se lleva al Congreso Nacional, que aprueba la ley respectiva. Así, en setiembre del 2018 se aprobó la Ley 21.112, que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar” (2).

En Colombia existe la mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales en donde los gremios, los sindicatos de trabajadores y el Gobierno Nacional discuten todos los años el aumento del salario mínimo para llegar a un acuerdo tripartito. A veces lo consiguen, a veces no. La decisión final la toma el Presidente de la República. En diciembre del 2018 se expidieron los Decretos 2451 y 2452 de la Presidencia de la República: hubo un aumento del 6% del salario mínimo y el 10% del auxilio de transporte para el año 2019 (3).

Billetes de cien soles

El caso peruano

La Constitución del Perú dice: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Artículo 24). Además, el Perú ha ratificado en el Congreso los Convenios # 26 y # 99 de la OIT, en 1962 y 1960, respectivamente, que obligan a establecer salarios mínimos.

El régimen de salario mínimo fue aprobado en agosto del 2007 por el Consejo Nacional de Trabajo, ya mencionado. El mecanismo contempla una revisión cada dos años del salario mínimo y se basa, de un lado, en una proyección a futuro de la inflación subyacente (que no considera los precios de los energéticos y de los alimentos, por su alta volatilidad); todos los demás precios que componen la canasta familiar sí son considerados. De otro lado, se considera también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades) (4).

. El mecanismo contempla, además, que los resultados de la aplicación de la fórmula serán viables, siempre que no se presente ninguna de las siguientes situaciones: profunda recesión (dos trimestres consecutivos de caída del PBI; fuerte elevación de la tasa de desempleo abierto; fuerte elevación de la tasa de informalidad laboral; o alza desmedida en la relación remuneración mínima/remuneración promedio.

Existen, por tanto, los criterios técnicos para el aumento del salario mínimo, lo que debiera permitir que, poco a poco, se recupere la capacidad adquisitiva del trabajador, acercándose al valor de la canasta básica de consumo de un hogar. Hoy en día, el salario mínimo de 930 soles representa solo el 63% de esta canasta que calcula el INEI a través de la Encuesta Nacional de Hogares.

(Nota: Es importante recalcar que, debido al hecho que no ha habido aumentos bienales, el salario mínimo de 930 soles está retrasado en relación a los criterios del 2007. De haberse aplicado la fórmula cada dos años el salario mínimo estaría ahora en 1,000 soles mensuales).

Sin embargo, por distintos motivos (muchos debido a la oposición de los gremios empresariales), toda esta reglamentación no ha sido validada por un Decreto Supremo que, como en Chile y Colombia, permite una discusión ordenada (5).

Cada vez que surge la discusión sobre el salario mínimo, una serie de gremios empresariales y economistas afines salen a la palestra para oponerse. Los argumentos son siempre los mismos: “la economía no anda bien” y “se va a fomentar la informalidad”, entre otros. Está claro el objetivo que persiguen: que no haya marco normativo de la CNT, que no haya ni institucionalidad ni periodicidad. Es por eso también que las iniciativas del Ministerio de Trabajo para relanzar los acuerdos del CNT en estos últimos dos años no han podido llegar a buen puerto.

Sin marco normativo, el salario mínimo se discute cuando a los gobiernos “les da la gana”, como en el 2014 y 2018. Por tanto, a los trabajadores peruanos se les trata como ciudadanos de “segunda” o “tercera” categoría.

Esto debe terminar. El gobierno debe institucionalizar, mediante decreto supremo, el mecanismo legal y técnico aprobado en el 2007 (6). Queda claro, entonces, que en los próximos meses estamos frente a la decisión crucial acerca de la institucionalización del salario mínimo para que, de esa manera, nos pongamos en el mismo nivel que los países de la OCDE y de nuestros vecinos de la Región. Pero, sobre todo, para que avancemos en el poder adquisitivo y de reducción de la enorme desigualdad existente. Y también para que aprendamos las lecciones de lo que está pasando en los países vecinos. Ya es hora.

NOTAS:

1.- OECD, Sueldos mínimos después de la crisis: haciendo que paguen, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, mayo 2015.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW

2.- Ver https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/01/939643/Sueldo-minimo-l…

3.- Ver https://www.dinero.com/economia/articulo/salario-minimo-2019-decretan-el…

4.- Ver: Fernando Cuadros Luque, Remuneración Mínima en el Perú: Ilusión y Realidad, Revista Análisis Laboral, Vol. XLII, #488 Febrero 2018).

5.- Debemos dejar en claro que el mecanismo aprobado por la CNT podría establecer que, en un año determinado, no suba el salario mínimo si no se cumplen los criterios técnicos ya mencionados.

6.- No se deben introducir cambios de última hora, no discutidos ni consensuados. Está fresco todavía el desplante y maltrato a las centrales sindicales en diciembre pasado: el gobierno aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad sin cumplir con la necesaria discusión a la cual se había comprometido el propio Presidente de la República.

 

HUMBERTO CAMPODÓNICO
OTRAMIRADA.PE

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Política

Si no respetamos derechos de las mujeres, no hay desarrollo

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra participó de la entrega de la condecoración “Orden al mérito de la mujer 2019” en Palacio de Gobierno, desde donde envió un mensaje a favor de la paridad y alternancia en el Estado.

“Tenemos un gabinete de ministros paritario, mitad hombres, mitad mujeres y contamos con mujeres que ocupan cargos de primer nivel en diferentes puestos del gobierno”, seguró.

También dijo que este tipo de reflexiones sobre la participación femenina en cargos importantes tiene que ver con qué legado se quiere dejar para las próximas generaciones.

“No podrá haber paz ni progreso ni igualdad ni desarrollo si no respetamos ni garantizamos plenamente los derechos de las mujeres”, aseguró el presidente.

“Estoy convencido de que queremos un país en el que todas y todos vivamos en igualdad”, apuntó Vizcarra Cornejo.

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