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Editorial

Mano dura contra el abuso

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La Policía Nacional del Perú debe ser enérgica en su proceder para capturar a los que incumplen las leyes a fin de que la Fiscalía y el Poder Judicial los procesen y así paguen por sus responsabilidades; sin embargo, de ninguna manera, la institución que custodia la seguridad de los ciudadanos puede cometer abusos contra nadie.

Es realmente indignante ver un video en el que un policía “siembra” un objeto punzocortante a uno de los manifestantes contra el polémico proyecto minero Tía María de la empresa Southern y cómo otro policía golpea en la cara con su escudo a otro manifestante detenido, como si fuera natural o normal el maltrato policial a los ciudadanos por el hecho de haber infringido presuntamente la ley.

Nada de esto ayuda de ninguna manera a la solución de un conflicto social cada vez más complejo en Arequipa, que se va asemejando cada vez más al caso Conga de Cajamarca, donde la mano dura fracasó en el intento de imponer, contra la voluntad popular, el proyecto minero de la empresa Yanacocha. Se parece más todavía si adicionamos la muerte de un balazo de un agricultor que debe ser investigado de manera exhaustiva para dar con el responsable o los responsables.

La vida, que es lo más importante, debe ser respetada en todas las circunstancias y la Policía tiene el deber de protegerla.

Lo mínimo que podía ocurrir sobre los abusos es lo anunciado por el ministro del Interior, en el sentido de que el policía que sembró un arma de fierro a un campesino de la provincia arequipeña de Islay será separado de la institución y que será retirada la unidad policial involucrada en el incidente y en la zona en la que mataron al agricultor Victoriano Huayna.

Acertado fue también que el director de la Policía, Jorge Flores, dijera que estará hoy en Arequipa para tomar medidas correctivas sobre el terreno.

El Defensor del Pueblo ha exigido que la muerte del campesino no quede impune y que las autoridades pertinentes ayuden a esclarecer los casos que cubren con un manto de vergüenza la actuación de la Policía.

La mayoría exige que la Policía debe poner autoridad para brindar seguridad en todo el territorio nacional, pero eso no le da a ningún policía patente de corso para cometer abusos como los referidos, que hacen un terrible daño a la institución que, según el titular del Interior, tiene un problema estructural que debe solucionarse antes que sea demasiado tarde y los ciudadanos teman a la Policía en lugar de sentirla como su amiga y protectora.

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Editorial

Sin solución para el transporte público

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La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, ha dicho que el subsidio general en el transporte público no ayuda a que el sistema sea eficiente. En realidad ya ha pasado mucho tiempo desde que en los años ‘90 se liberalizó las tarifas del transporte urbano de pasajeros sin que pueda decirse que eso ha impulsado una relativa mejora en ese servicio público. Por el contrario, Lima y otras ciudades del país han visto convertirse en un caos el tránsito vehicular.

Lo que sí hay es algunos intentos de parte del Estado por mejorar el insufrible transporte urbano de pasajeros en Lima, mediante proyectos como el tren eléctrico, el Metropolitano y algunos “corredores” con buses modernos. Sin embargo, por falta de planificación no han tenido el impacto deseado porque la demanda ha superado largamente la oferta. Aun así, la gente prefiere ese tipo de transporte –mucho más caro que el convencional– porque es la única forma de llegar a tiempo a sus centros de labores, lo cual justifica la mayor inversión.

Empero, el Gobierno no ha hecho un estudio serio hasta ahora de la cantidad de horas-hombre que se pierde en el país por tanta deficiencia en el servicio público de transporte urbano. Seguramente que sería noticia de portada para varios medios de comunicación. En efecto, el Perú es uno de los países con mayor caos en el tránsito vehicular. Cuando llega un extranjero se queda sorprendido por la manera en que los conductores tienen que manejar sus vehículos y hasta llegan a decir que ellos no podrían conducir en Lima.

Además, habría que decir que en casi todos los países existen subsidios al transporte público y eso no quita que sean eficientes. En el Perú, en cambio, no hay subsidios a pesar que mucha gente tienen que tomar dos y tres vehículos para llegar a su centro de trabajo o de estudios. El Gobierno ha aprobado hace poco el Decreto Supremo N° 022-2019-MTC que dispone la Política de Subsidios del transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao. Ojalá que sea en beneficio de la mayoría de usuarios y especialmente de las personas de menores recursos.

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Editorial

Expresidente en salmuera

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo esperar que la extradición del exmandatario Alejandro Toledo, quien es investigado por el caso Odebrecht, se resuelva en el menor plazo posible. Ha recordado que todas las personas y principalmente las autoridades tienen que dar la cara a la justicia y hacerse responsables de sus actos.

En realidad, eso dependerá de cómo hayan hecho las cosas las autoridades peruanas, especialmente Torre Tagle. Si el cuadernillo está bien encaminado, se puede pedir celeridad en el trámite de extradición, pues recordemos el caso de César Hinostroza que resultó beneficiado al no proceder el delito de organización criminal.

Razón no le falta al Jefe del Estado al argumentar que en el Perú se vive en democracia, está vigente el Estado de derecho y hay separación de poderes. Sin embargo, el abogado y excongresista Heriberto Benítez ha alertado de que la detención del expresidente es solo el inicio de la extradición y que de ninguna manera quiere decir que será traído de inmediato.

En efecto, según ha señalado, lo que corresponde ahora es que sea llevado ante un juez federal, quien decidirá la extradición. Lo que ha ocurrido hasta el momento es que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han revisado el pedido de extradición y lo han remitido a un juez federal que resolverá el fondo del pedido, según Benítez.

En buen romance, la extradición ahora está en manos del juez federal quien tendrá que ver el fondo del asunto en lo que al expediente se refiere; es decir, si se cumple con todos los requisitos, si hay tratados, si es que no hay persecución política, para recién determinar si acepta o no el pedido de las autoridades peruanas.

Sería bueno que las autoridades peruanas no den motivos para que se retrase la extradición, pues el expresidente Alejandro Toledo, como todos los peruanos, no tiene corona como para que el largo brazo de la justicia no le alcance. Además, habrá que esperar que no tenga nacionalidad estadounidense porque entonces sería más difícil.

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Editorial

Otra perla del fujimorismo

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El ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, ha dicho que el máximo intérprete de la Carta Magna debe dar explicaciones razonables en caso que el hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se esté tramitando fuera del reglamento, como viene alertando IDL-Reporteros. Razón no le falta porque la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley y eso no se estaría cumpliendo en ese caso.

Ocurre que IDL-Reporteros ha señalado que dentro del TC se habrían hecho gestiones para que el expediente del hábeas corpus presentado a favor de Fujimori Higuchi sea calificado como un “expediente relevante”. “Que haya esos indicios de que se está tramitando fuera del marco del reglamento y de la ley, de manera discrecional, en realidad ameritaría dar explicaciones razonables.

En efecto, el trámite de un recurso ante el TC debería observar la igualdad ante la ley porque de otra manera el TC debería de aclarar ¿cuál es esa trascendencia y dónde están previstos esos supuestos? ¿O es que pudiera tratarse de una decisión discrecional del colegiado, como se pregunta el extitular del TC?

Ciertamente, no debería pasarse por alto este caso porque, de pronto, puede generar un precedente que sea visto en el Pleno. Todos somos iguales ante la ley y eso es lo que tendría que prevalecer, como lo ha señalado el exmagistrado del Tribunal Constitucional. Fuerza Populares una agrupación política, cuyos líderes muchas veces consiguen aprobar leyes que les beneficien, pero el Tribunal Constitucional es un órgano que debe mostrar transparencia en todo momento.

Para muestra basta un botón. Hemos visto hace algunas horas que la agrupación fujimorista ha acudido a la Organización de Estados Americanos (OEA), por el caso de Keiko Fujimori a quien consideran, contra todo razonamiento jurídico, una perseguida política. Para ello, se han saltado a la garrocha la instancia correcta como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo encargado de los casos de supuestas violaciones a los derechos humanos. Ellos saben que será declarado inadmisible su pedido porque no corresponde acudir a la OEA.

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