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Política

Los tratos ocultos de Hinostroza

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César Hinostroza Pariachi - Keiko Fujimori

Nuevos testimonios que forman parte de las investigaciones policiales, fiscales y judiciales, y otros recabados por IDL-Reporteros, aportan mayores luces sobre cómo el suspendido juez supremo César Hinostroza conoció y forjó un estrecho vínculo con el empresario automotriz Antonio Camayo, personaje clave tanto en su relación con algunos de los miembros más notorios de Fuerza Popular como en el intercambio de favores y beneficios indebidos con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

El gerente general de IZA Motors y el juez supremo se conocieron en el Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes, durante un partido de fútbol entre exjugadores de la Selección Peruana y magistrados, hacia el 2014 o 2015. A partir de ese momento, se vieron en varias ocasiones en reuniones sociales y privadas con políticos, empresarios, magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Una reunión hasta ahora desconocida, que explica mejor la relación de Hinostroza con el fujimorismo, es la que tuvo lugar en la casa del empresario los primeros días de mayo pasado. En ese encuentro participaron César Hinostroza y el congresista fujimorista Héctor Becerril, según testimonios recogidos por las autoridades a cargo de la investigación. El objetivo fue coordinar una reunión con Keiko Fujimori. Días después, de acuerdo a las mismas versiones, el juez supremo acudió a esa cita en la casa de la propia lideresa de Fuerza Popular.

KEIKO FUJIMORI Y HÉCTOR BECERRIL.

Precisamente, en una conversación telefónica del 3 de mayo pasado –publicada por Panorama– Camayo e Hinostroza coordinan una reunión con la ‘señora K’. “¿Qué tal hermanito? ¿Cómo va la cosa?”, preguntó el juez. “Me llamó la señora. (…) Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutos con usted en mi casa”, comentó el empresario. “¿Cuál señora? Así en forma genérica, así en forma genérica, señora qué…”, insistió Hinostroza. “K…La que usted fue a su casa pues, y le dio, caramba…la del, la del, caramba…este…la fuerza número 1…”.

Héctor Becerril - César Hinostroza Pariachi

“YO CREO QUE YA HABLAMOS POR MENSAJES, YA DECIDIMOS…”

Le dice César Hinostroza al fujimorista Héctor Becerril.

Entrevistado por RPP en esos días, César Hinostroza no quiso revelar la identidad de la ‘señora K’. “No tengo obligación legal de decir con quién me reúno”, dijo. Días después, durante el interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez, que investiga los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016, se abstuvo de declarar con respecto a los audios, específicamente sobre la identidad de ‘la señora K’ y su relación con el fujimorismo.

Para ese momento, César Hinostroza ya había sido grabado cuando llamaba al congresista Becerril, quien le pidió hablar luego porque estaba en una reunión. “Yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos…”, le dijo el juez en una conversación del 7 de mayo. (Ver: Aló, ¿Becerril?)

HÉCTOR BECERRIL: César, César.

CÉSAR HINOSTROZA: Sí.

HB: Te llamo en una media horita. Estoy en una reunión, en una media horita, hermano, ya.

CH: No te preocupes. Creo que ya hablamos por mensajes. ¿no?

HB: Aló.

CH: Sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos.

HB: Quedamos para el viernes, ya.

CH: Mejor, mejor. Estoy haciendo llamadas que no he contestado. Tranquilo.

A las pocas semanas de esta conversación, la Sala Suprema que presidía Hinostroza admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori para revertir la decisión judicial que permitió que el fiscal José Domingo Pérez adecue la investigación por el caso cócteles a la Ley de Crimen Organizado.

La relación de cercanía entre Hinostroza y el fujimorismo no era reciente. Tampoco lo eran las comunicaciones en fechas clave para el partido. La conversación telefónica más lejana sobre el tema que IDL-R ha detectado data del 26 de diciembre pasado, dos días después de que Alberto Fujimori fuera indultado por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez, el juez sostuvo un diálogo con un interlocutor no identificado sobre el interés de [una o un] Fujimori de reunirse para almorzar. “… Fujimori nos manda buscar, compadre. ¿Qué cosa quiere?… Un almuerzo, qué sé yo…”, dice Hinostroza mientras marca el número de su esposa. Consultados en su momento por IDL-R, tanto Alberto como Kenji Fujimori negaron conocer a Hinostroza. (Ver: “…Fujimori nos manda buscar”).

El martes 6 de marzo pasado, mientras la Fiscalía allanaba las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya –sindicados por Jorge Barata como los intermediarios para recibir los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011– Hinostroza intentó comunicarse vía telefónica con Becerril. “Sabes, quiero hablar con el amigo, [con el] que siempre coordinábamos”, le dijo Hinostroza a su interlocutor.

De acuerdo con versiones que IDL-R ha podido reconstruir, Becerril e Hinostroza coincidieron en la fiesta de cumpleaños de Antonio Camayo por sus cincuenta años, el 13 de febrero de 2017. Según un testimonio, entre los asistentes estuvieron Edwin Oviedo, el empresario Aquilino Flores y los familiares del gerente general de IZA Motors. Los artistas Hernán Vidaurre y Manolo Rojas animaron la fiesta. Entrevistado por IDL-R, Vidaurre dijo que recordaba haber visto a Becerril y a Phillip Butters. “Nos llamaron para colaborar, hacer un pequeño show. Terminamos y nos fuimos”, señaló.

Para entonces Becerril ya había actuado como lobista del fujimorismo en las elecciones de ese año para la Presidencia del CNM. Una noche se presentó en la casa del consejero Guido Aguila para presionar al también consejero Baltazar Morales a que diera su voto para ese cargo a Julio Gutiérrez, el candidato de Fuerza Popular. (Ver: Conversación en Trinidad Morán).

César Hinostroza también es cercano al congresista fujimorista Miguel Torres, a quien le pidió en enero pasado –por intermedio de Camayo – que contratara a su hija como practicante en el estudio Torres y Torres Lara, de la familia del parlamentario. (Ver: Feria de favores).

Meses después, según testimonios recogidos por las autoridades, Torres le pidió a Camayo que organizara una reunión con Hinostroza para hablar de un proyecto de ley vinculado a lavado de activos. Era mayo y el Congreso debatía una ley para supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, a la que la bancada fujimorista se había opuesto. El bufete de los hermanos de Torres tenía en esa época como clientes a 18 cooperativas.

Hasta el cierre de este informe, IDL-R intentó contactar sin éxito a Keiko Fujimori y a los congresistas Héctor Becerril y Miguel Torres.

Edwin Oviedo

LA RELACIÓN CON OVIEDO

Entre los meses de mayo y junio de este año, hubo una reunión en la casa de Hinostroza en la que participaron Antonio Camayo, Edwin Oviedo y su abogado.

De acuerdo con las investigaciones en curso, Edwin Oviedo conoció a César Hinostroza a través de Antonio Camayo, en un contexto judicial difícil para el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Oviedo estaba siendo investigado en Chiclayo por el asesinato de dirigentes sindicales de la azucarera Tumán, caso conocido como “Los Wachiturros de Tumán”. En 2006, el empresario había tomado el control de la azucarera al comprar a un acreedor de Agroindustrial Tumán una deuda de más de dos millones de dólares.

“Había una organización criminal dedicada a silenciar a todos los opositores a la administración judicial que había sido designada por el señor Edwin Oviedo. La teoría de la Fiscalía está relacionada con el hecho de [querer] permanecer en la administración de la empresa Tumán y apropiarse del patrimonio de la empresa con la finalidad de mantenerse por 9 años y medio. Cualquier opositor, definitivamente era callado”, dijo el fiscal del caso, Juan Carrasco Millones, en una entrevista a RPP.

Las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto han permitido establecer ahora que Edwin Oviedo estaba interesado en obtener la ayuda de César Hinostroza para neutralizar las pesquisas del fiscal Carrasco, que lo involucraban en presuntos delitos de homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas. Es por esa razón que, según testimonios recogidos por las autoridades en el marco de este caso de corrupción en el sistema de justicia, presuntamente ambos acordaron un pago mensual de poco más de 3 mil soles a cambio de que el juez mantuviera informado a Oviedo sobre el desarrollo del proceso judicial, además de indicarle qué escritos debía presentar su defensa y revisarlos previamente, antes de ser presentados.

Entre los meses de mayo y junio de este año, hubo una reunión en la casa de Hinostroza en la que participaron Antonio Camayo, Edwin Oviedo y su abogado. El motivo era conversar acerca de la casación presentada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En una siguiente reunión en la casa del empresario automotriz, siempre según los detalles revisados para este informe, Hinostroza y Oviedo llegaron a un nuevo acuerdo que consistía en que el primero le haría favores judiciales a cambio de ir al mundial con todo pagado.

Según testimonios que figuran en los documentos de la investigación, Oviedo instruyó al jefe de marketing de la FPF para que asignara seis códigos de entradas para Hinostroza, las mismas que fueron pagadas con la tarjeta de crédito de una persona de confianza del juez supremo. El dinero gastado en esta compra y en los boletos aéreos, unos 8 mil dólares, fue supuestamente reembolsado luego por Oviedo a Hinostroza. Además, esta versión indica que Oviedo le entregó cinco mil dólares adicionales para cubrir los costos de los traslados internos en Rusia.

La Federación respondió a una consulta de IDL-R para esta investigación, a través de un comunicado, indicando que “en ninguno de nuestros registros de venta para el Mundial Rusia 2018 figura adquisición alguna de entradas a nombre del señor César Hinostroza, ni pagos realizados por él a la cuenta bancaria de la FPF. El señor Hinostroza tampoco figura en nuestro registro de entradas de cortesía. Asimismo, el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, ratifica personalmente que él tampoco le regaló entradas al señor Hinostroza”.

Esta madrugada (de ayer), el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para Antonio Camayo y otras 12 personas por su presunta participación en una organización criminal liderada, entre otros, por Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. En los próximos días, el fiscal supremo Pablo Sánchez deberá decidir si incluye el cargo de crimen organizado en la denuncia constitucional, ya presentada por el Ministerio Público al Congreso, contra el suspendido juez supremo César Hinostroza, el otro protagonista de los CNMAudios.

Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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Política

Quieren desprestigiar a la izquierda

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Quieren desprestigiar a la izquierda - Agro Si Minas No

Lo grave de todo esto es que a la detención de los gobernadores regionales, Vladimir Cerrón, de Junín, y Walter Aduviri, de Puno, se suma la acusación de violentistas a los congresistas María Elena Foronda, Humberto Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del Frente Amplio.

¿Qué delito cometieron? Interceder a favor del diálogo entre los trabajadores de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú y el Ministerio de Trabajo, para que este ente estatal medie ante la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la solución a su pliego de reclamos.

Aquel día de la revuelta, la policía no tuvo reparos en agredir a los congresistas mencionados líneas arriba y de reprimir violentamente a los trabajadores, que se movilizaron pacíficamente en medio de una lluvia de bombardas lacrimógenas, de palos y otros vejámenes.

La reacción de los congresistas fue tajante y anunciaron que pedirían interpelar a Carlos Morán, ministro del Interior, por la agresión que sufrieron los padres de la patria, y exigirán la remoción del general que dirigió el operativo. Lejos de contar con el apoyo del Legislativo, sufren ostracismo, vituperios y calificativos injustos.

HEMOS ACTUADO DENTRO DE LA LEY

La congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, respondió a los ataques diciendo que “lamentablemente hay algunos medios de comunicación que difunden noticias malintencionadas”.

“El señor Pedro Olaechea, intentó hoy día (ayer) en la Junta de Portavoces, acusarnos como incitadores de la violencia, cuando lo único que hemos hecho es salir a respaldar a los trabajadores mineros la semana pasada”, explicó.

“El señor Olaechea demuestra que desconoce el tema. Como lo dijo mi vocero (Hernando Cevallos), siempre hemos actuado dentro de la ley, en ningún momento hemos demostrado violencia y menos prepotencia. Por ello todo, lo que dicen en contra nuestra es absolutamente falso”, subrayó.

LA VIOLENCIA NO TUVO RAZÓN DE SER

“Cuando nosotros hemos salido después de haber dialogado con la ministra de Trabajo, en presencia de ella, de la Fiscal de la Nación, el viceministro de Trabajo y el procurador de Trabajo, hubo una contraorden y se dieron las agresiones a los trabajadores y congresistas que estábamos presentes”, remarcó.

“No respetaron nuestra condición de parlamentarios, nos han tirado al suelo, nos han arrastrado. La verdad es que el uso de la violencia no tuvo razón de ser en esos momentos. No nos respetaron y nos dieron con todo y se llevaron detenidos a los señores dirigentes, contraviniendo una orden”, expresó.

“Yo creo que nos están sometiendo a un proceso de desgaste, nos quieren hacer aparecer como que somos una organización violenta, lo cual es absolutamente falso”, remarcó.

“Nuestro objetivo es promover el diálogo, usamos el cauce pacífico; creo que lo que quieren es desprestigiar cualquier acción de la izquierda”, concluyó la congresista Foronda.

FUE ALGO PATÉTICO

“Fue realmente algo patético”, sostuvo Hernando Cevallos, del Frente Amplio, quien refirió que Pedro Olaechea convocó a los voceros para llegar a un acuerdo en torno al caso de los legisladores de esa bancada.

“Llegamos y dijo el presidente Pedro Olaechea ‘Por favor, vamos a ver unos videos’. Enseñó los videos -sesgados- de lo que sucedió, hubo un intercambio de opiniones y los portavoces consideraron que ese no era un espacio para conversar este tipo de cosas”, indicó.

“Que si alguno pensaba que había algún problema, que lo denuncie de manera formal en la Comisión de Ética, pero que allí no es el espacio para pasar videos donde aparecen supuestamente imágenes que puedan comprometer a algún congresista en temas del conflicto minero”, indicó.

PRETENDEN AISLAR AL FRENTE AMPLIO

Para Cevallos, el presidente del Congreso tenía el objetivo de “generar algún tipo de acuerdo para aislar al Frente Amplio. De una manera vergonzosa y sin aviso previo, y sin coordinar con nadie, pasa videos editados, sesgados. La verdad que es una vergüenza”, ponderó Cevallos, quien reafirmó que “la Junta de Portavoces no es para eso”.

“Al final, en lo que terminó la reunión es en una exhortación a que, cuando suba gente a las galerías, se tenga cuidado de que cuiden las formas”, contó el parlamentario”, precisó.

ALGO MÁS

“Pudo, por ejemplo, preguntar al Ministerio Público, que estuvo presente en ese momento, averiguar la hora en que llegaron los congresistas, pedir la opinión del viceministro de Trabajo. Nada de eso se hizo. Simplemente pasó unos videos que alguien le alcanzó. Creo que es el mismo video que pasó Panorama el domingo, según me dijeron”, señaló el legislador.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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