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Política

Los retos de la Autoridad Autónoma del Transporte

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Transporte informal por cerros y pistas

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fue creada el 26 de diciembre del 2018 (Ley N° 30900). Su creación fue largamente esperada debido al desorden, e incluso corrupción, que generaba la superposición de dos municipalidades provinciales (Lima y Callao) en torno a una única ciudad conurbanizada desde la década de 1970. Su objetivo es lograr un sistema de transporte de calidad en la capital.

La ATU tiene diversas funciones como ser ente supervisor de los contratos de concesión de los diferentes servicios de transporte urbano (Metropolitano, corredores viales y líneas del Metro), garantizar un Sistema de Transporte Integrado en Lima y Callao, encargarse del Sistema de Recaudo Único, elaborar diversos planes (Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, Plan Maestro de Transporte y el Plan Regulador de Rutas de los servicios de transporte, entre otros.

El presidente del Consejo Directivo de la ATU ha anunciado algunas modificaciones tales como que los documentos de licitación exijan que exista una flota estándar de vehículos de transporte de mediana o de gran capacidad, que las empresas estén bien constituidas “y no solo sean de papel”, que los trabajadores se encuentren en planilla para evitar el correteo por el pasajero.

Con relación a los autos colectivos informales, destacó que ya se están aplicando algunas medidas, como el control que establece la Municipalidad de Lima en zonas de la avenida Arequipa.

Lo retos que la ATU deberá enfrentar son de diversa índole y aquí subrayaremos algunos relacionados con niveles de rentabilidad y de mercado de los agentes.

En primer lugar, conviene indicar lo que no puede resolver la ATU. Un postulado básico de la planificación estratégica sostiene que un problema es aquello que una gestión puede resolver.

Aquello que no se puede resolver no constituye un problema en tanto objeto de atención pública. Este es el caso del propio crecimiento de la ciudad. Ante la clásica pregunta “¿Quién manda en la ciudad?”, pudieran existir complejas respuestas, pero resulta obvio que pocos responderán que quien manda en la ciudad son las autoridades, la regulación o el Estado.

En un país de libre mercado y en que la informalidad campea en diversas áreas de la vida económica y social, Lima crece como ciudad difusa, una mancha de aceite, ocupando periferias dominadas por los extremos crudos de la desigualdad social: condominios de lujo y asentamientos precarios en áreas de riesgo, habilitados estos últimos por mafias delictivas.

En contraste, Lima tiene pocas centralidades, siendo que la mayor parte de la masa laboral se desplaza diariamente al Centro histórico, Gamarra, San Isidro y Miraflores. Estas desigualdades y contradicciones se expresan también en la movilidad, correlato de una ciudad que no fue hecha para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos o habitantes. Lo cual no niega ni invalida los esfuerzos por una mejora de las condiciones de vida de la población y por un Derecho a la Ciudad.

El crecimiento segregado, fragmentado y desigual es generado por fuerzas económicas que el Estado (incluyendo a la ATU o las municipalidades) no pueden controlar y, ante las cuales, la ATU tendrá que adecuar su gestión en la medida de sus posibilidades.

Existen retos a la ATU que le plantea el transporte informal. Podría, tal vez, considerarse un milagro que en una ciudad difusa exista un mercado que, de una manera u otra, movilice a la población desde sus lugares de origen a sus destinos. El mercado de transporte público en su variante informal ha encontrado nichos de rentabilidad.

Bus del Metropolitano Corredor azul

Es una historia conocida y forma parte de la narrativa de la informalidad urbana: pequeños propietarios o empresarios de origen andino acometieron el reto de movilizar a la población hacia los extremos de una ciudad que se expande interminablemente. La historia podría ser actualizada con las aventuras de combis, mototaxis, motos y triciclos que llevan y traen a la población pobre desde las arterias metropolitanas hacia los cerros o arenales en que habitan, un recurso multi modal que incluye la caminata.

El punto es, desde la perspectiva de la gestión pública, que estos nichos de rentabilidad se ubican en la informalidad, y representa un enorme reto lograr que la empresa formal encuentre rentabilidad parar atender a la población pobre y a los lugares inhóspitos en que habita. La ATU tendrá que atender ese punto negro que es el traslado de los pobres hacia los sistemas integrados de transporte y arterias principales.

Las primeras declaraciones de los funcionarios de la ATU expresan la concepción de lo informal y lo formal como estancos separados y el inevitable tránsito de un punto a otro. Lamentablemente la realidad es diferente y, por lo común, lo formal y lo informal interactúan y se superponen. El mismo poblador que toma el Metropolitano, “bajó” a la estación en un mototaxi.

¿Podrá la ATU prescindir de la informalidad? Observemos el caso de los colectiveros “pirata” que cubren rutas en las avenidas Arequipa, Javier Prado, Wiesse, Túpac Amaru, entre otras. En este caso, la informalidad no sirve a la población pobre, sino a una clase media que encuentra allí la comodidad y rapidez que no encuentra en el transporte formal.

Es el caso de la señora que en la avenida Arequipa negocia con el colectivero un traslado de 10 cuadras a 1.50 soles, y el colectivero le dice que con esa tarifa debe tomar el “corredor azul”; y la señora le responde que ese “corredor” no pasa nunca y cuando lo hace “está lleno”; y el colectivero le retruca: “ese es el problema”. Un problema que las autoridades podrían comprender si se animaran a hacer “trabajo de campo” en las calles.

El transporte formal y el informal compiten, y es la demanda la que opta, como dicen los economistas neoclásicos. Si la demanda observa rapidez y comodidad en el colectivero informal, el servicio existirá, a pesar del control. Por lo demás, la respuesta del control por parte de las autoridades podría bien figurar en la novela Un Señor muy Respetable del escritor egipcio Naguib Mahfuz. Es la respuesta fácil.

La difícil es hacer que el corredor azul tenga más unidades y circule cada 8 minutos, pero ello podría implicar la afectación de los nichos de rentabilidad de los operadores y gatillar la larga historia conocida de acusaciones mutuas.

La visión dicotómica entre lo formal y lo informal puede ocultar ciertas deficiencias de la formalidad. Hoy se puede hablar del transporte formal porque se ha superado la larga década del fuerte libre mercado (1990), en que la liberalización de rutas y unidades llevó al transporte público a su máxima degradación, algo que la ciudadanía y los medios de comunicación caracterizaron con expresiones como “combi asesina” o “cultura combi”.

El reto de la ATU es que el metro (con subsidio público), los corredores y el Metropolitano no son cómodos (y en algunos casos tampoco rápidos) y, antes bien, son incómodos (largas colas de espera, unidades hacinadas), y esta situación parece responder a los nichos de rentabilidad de los operadores. El reto de la ATU es encontrar el punto medio entre la rentabilidad de la oferta y la comodidad de la demanda, bajo la limitante de un mandato constitucional de Estado facilitador y empresa privada ejecutora.

 

JULIO CALDERÓN COCKBURN
SOCIÓLOGO URBANO. PROFESOR DE LA UNMSM | IDEELE REVISTA Nº 286

Política

Vender la patria, la consigna del fujiaprismo

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Tras el proceso de higiene política vivido por el país la semana pasada, el analista Carlos Monge dio una mirada al accionar del disuelto Congreso de la República y concluyó que el fujimorismo y el Apra representan la suma de “un montón de intereses específicos”. Consideró que algunos de esos intereses provienen de las economías ilegales, y estarían representados en ex congresistas vinculados a las cooperativas del Vraem – para muchos, lavanderías del narcotráfico – o en representantes de universidades “bambas”.

“Pero también hay personajes como Pedro Olaechea, que no representa a economías ilegales pero sí es representante directo de grandes grupos empresariales que tienen en la Confiep su aparato de representación gremial. Y en el ejercicio político, estos ex congresistas se han dedicado a defender puntualmente sus intereses”, afirmó.

Monge consignó como ejemplo el hecho de que varios de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) hayan tenido vínculos con estudios de abogados que a su vez representan a empresas con litigios pendientes de resolver en el TC.

“Entonces, esas candidaturas no eran gratis, sino que se debían a intereses empresariales que querían tener presencia directa en el TC. Es importante entender el comportamiento de estas organizaciones políticas, pues los individuos que postulan a cargos importantes en el Estado no son accidentales, sino que van por intereses específicos”, indicó.

JUNTOS Y REVUELTOS

Respecto al presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, Monge advirtió que es un personaje que resume bien las cosas: “él es un empresario importante que representa parte de la economía formal, viene de una familia tradicional de Lima, tiene vínculos con estudios de abogados representantes de grupos empresariales y, para colocar a su primo hermano a defender esos intereses empresariales en el TC, no tiene reparo en juntarse con el sector del fujimorismo que proviene de la economía ilegal. Ahí se juntan y se apoyan mutuamente en esa defensa de intereses”.

Además, señaló que esa alianza entre empresarios formales y sectores mafiosos era muy claramente perceptible en la dirección de Fuerza Popular, que por un lado tenía como secretario general a José Chlimper, empresario agroexportador, dirigente de la Confiep y ahora miembro del Banco Central de Reserva (BCR); y por el otro como co secretario general a Joaquín Ramírez, vinculado a las universidades “bambas” e investigado por narcotráfico y lavado de activos. “Entonces ahí vemos cómo estos sectores formales y parte de la élite tradicional no les hace ningún asco a asociarse a estos sectores mafiosos para beneficiarse y defenderse mutuamente de los reclamos de la población y de la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Keiko Fujimori - José Chlimper

EMPRESARIOS QUE VIVEN DEL ESTADO

Por otro lado, Monge advirtió que existe un doble discurso desde los sectores neoliberales: mientras acusan a la izquierda de ser estatista, olvidan que defienden a empresarios rentistas que basan su competitividad en prebendas que obtienen del Estado. “En algunos casos son exoneraciones tributarias, en otros devoluciones de impuestos, y en otros casos como el sector agroexportador, donde están Olaechea y Chlimper, con legislación que recorta derechos laborales a la mitad. Esa es otra forma de subsidiar al sector empresarial, legalizando la sobre explotación de la mano de obra”, aclaró.

En cuanto a los pronunciamientos de la Confiep favorables al fujimorismo, el analista político recordó que la presidenta de dicha entidad, María Isabel León, “era parte del cogollo de Keiko Fujimori, y por tanto no es una representación técnica, sino una representación gremial con claro contenido político”. “Por eso no sorprende que se hayan juntado con la cúpula fujimorista sin el menor pudor”, añadió.

También consideró que, si se hiciese una encuesta seria al interior de la Confiep, se vería un apoyo mayoritario a la disolución del Congreso. “Porque es lo mismo que el país, que en su inmensa mayoría apoya al presidente Vizcarra. No creo que el pronunciamiento de la cúpula de la Confiep aliada al fujimorismo represente realmente lo que piensa la mayoría del empresariado”, manifestó.

TAREA PENDIENTE

Finalmente, Monge recordó que el presidente Martín Vizcarra tiene ahora la facultad de gobernar mediante decretos de urgencia, y que “hay una gran oportunidad para seguir adelante con reformas que tengan que ver con la lucha contra la corrupción”. “Hasta ahora se ha avanzado con reformas judicial y política, algunas de ellas inconclusas o deformadas. Pero falta un paquete de reformas para impedir el funcionamiento de las puertas giratorias y para impedir la corrupción en las renegociaciones de los contratos de las concesiones dadas por el Estado”, señaló.

También sugirió que parte de la agenda tiene que incluir la revisión de la forma cómo funciona Proinversión, y que se debe evaluar la manera en que los ministerios revisan los contratos de obras públicas, además de revisarse el mecanismo de las “puertas giratorias”, mediante el cual los intereses privados logran capturar el Estado al colocar como funcionarios públicos a personal vinculado a intereses empresariales.

“Hay que empujar al presidente Vizcarra a que trabaje esta agenda mediante decretos, y estos temas deben ser parte de la campaña electoral para las próximas elecciones de enero, además de ser parte central de la agenda del nuevo Congreso. Recordemos que ya no existe la obstrucción de la alianza fujiaprista en el Parlamento, hay una cancha más libre y esta debe ser la tarea para llegar al 2021 con un país mucho mejor”, concluyó.

Uvas agricultura

NUNCA PENSARON EN EL PAÍS

Para el economista Javier Mujica, personajes como Pedro Olaechea o Mercedes Araoz pretendían quedarse eternamente en el Congreso solo para defender sus intereses económicos y empresariales. En ese sentido, exhortó al presidente Martín Vizcarra a no promulgar la ley que prolonga por diez años más, hasta el 2031, el denominado Régimen de Promoción de la Agroindustria.

“Este Régimen de Promoción Agraria consiste en que pagan menos impuestos que el resto, y contribuyen menos a la seguridad social en salud; en este aspecto, hay que señalar que antes aportaban el 4% y ahora será el 6%, mientras el resto de los mortales paga 9%”, señaló.

Además, indicó que “pagan solo el 15% de los impuestos, cuando el resto de las empresas pagan 29,5%; todo esto va sus bolsillos, es un subsidio del Estado, del Estado que está regalando esa plata, Por ello es importante decirle al presidente Vizcarra que no promulgue la ley”.

GRANDES GANANCIAS

Mujica destacó que no es casual que Pedro Olaechea haya puesto a debate en el Pleno del Congreso la aprobación de una ley que lo beneficia, pues su familia produce vinos y piscos en el sur del país. En cuanto a José Chlimper, recordó que él fue quien planteó originalmente la ley, cuando era ministro de Agricultura en el 2000, en pleno régimen del presidente Alberto Fujimori.

Acerca de Mercedes Aráoz, recordó que fue una férrea opositora a las leyes antielusión, además buscar favorecer con reducciones y exoneraciones tributarias a empresas mineras, petroleras e incluso a la banca.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Disolver el plan de gobierno de la CONFIEP

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Protestas marchas

La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificadoa sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.

Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido.Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado.En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.

No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.

La luz verde al proyecto minero Tía María, de la SouthernCopperCorporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.

Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.

Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos.Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hace al país.

Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.

 

GERÓNIMO LÓPEZ

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Política

Señor Presidente: los conflictos no esperan

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Señor Presidente: los conflictos no esperan

Qué duda cabe, que después de este telúrico momento político, el escenario va quedando cada vez más claro, Vizcarra se consolida legítimamente como Presidente Constitucional del Perú tras una disolución del Congreso, que todo indica, no tiene marcha atrás.

La comunidad internacional no ha cuestionado la trascendental decisión del Presidente, las fuerzas armadas y policiales lo respaldan, los gobiernos regionales y provinciales han hecho lo propio, y las movilizaciones populares dan cuenta de que tiene el apoyo de la ciudadanía.

Hoy nombró al nuevo gabinete ministerial y parece que la maquinaria empieza nuevamente a andar pese a una renuente Comisión Permanente que seguramente aún intentará “manotazos de ahogado” antes de resignarse a cumplir con su labor.

Esta crisis parece relajarse, y más allá de la adrenalina experimentada, necesitamos volver a los reales problemas que el Perú confronta desde hace mucho tiempo, sobre todo aquellos que se ubican al interior del país y están relacionados a complicados conflictos cuya solución ha quedado en stand by mientras ocurría la crisis con el parlamento. El tema es que estos conflictos no solo subsisten sino que se profundizan cada día que no reciben atención o respuesta.

Veamos, el Valle del Tambo ya lleva casi 80 días ininterrumpidos en pie de lucha contra el proyecto Tía María, sin ninguna respuesta clara del gobierno que por el contrario, se ha manifestado oscilante y ambiguo frente a esta disputa entre minera y población.

Las Bambas, es otro de los conflictos emblemáticos, aún pendientes de solución; si bien a inicios de este año con el Premier Del Solar se comenzó una etapa de diálogo, la misma parece haberse quedado trunca, varias de las sub mesas no han llegado a acuerdos concretos y la población durante estos días ha vuelto a tomar las carreteras como medida de protesta y desesperación ante el desinterés del gobierno y la empresa por solucionar las demandas.

Desde el pasado 7 de setiembre varios pobladores del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, bloquearon el Corredor Minero del Sur, y pese a que el personal policial intervino para despejar la zona, ocurriendo varios enfrentamientos que han dejado incluso heridos, aún estas medidas de fuerza se mantienen hasta en tres puntos de dicho corredor.

La inestabilidad política impacta en estos procesos, la Ministra Paola Bustamante, quien hasta el momento lideraba el diálogo en este tema, ha cesado en sus funciones durante la crisis, quedando en la incertidumbre el desarrollo y avance de estas negociaciones. Por otro lado, la ratificación del Ministro Carlos Moran en la cartera del Interior, alguien que siempre ha apostado por la política de “mano dura” y represión en los conflictos, parece ser un síntoma de cómo se tiende a procesar estos asuntos en el periodo que inician.

El nuevo premier Vicente Zevallos, como un mensaje de tranquilidad no a la población, sino a la clase empresarial, ha reafirmado que la política económica “se mantendrá”, con lo cual queda claro que la promoción de la inversión privada va a seguir siendo la prioridad de este gobierno.

Sin embargo no extraña esta postura si tomamos en cuenta que desde hace varios meses se observa una fuerte tendencia a seguir favoreciendo los intereses empresariales; recordemos que en julio de este año, de manera intempestiva se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que no es sino la receta de la CONFIEP para promover inversiones, y que implica fuertes medidas contra los derechos laborales y la apertura a mayores privatizaciones.

En fin Señor Presidente, Ud. efectivamente tiene ganada la batalla política del momento, pero ahora le toca confrontar otra batalla, esta vez con la propia población, ésta que le ha dado su respaldo para afianzarse legítimamente en el poder, pero que no está dispuesta a ceder en sus derechos frente a los intereses de la clase empresarial que también intenta tomar por asalto este país.

 

MIRTHA VASQUEZ
Abogada de Aprodeh y Grufides | NOTICIAS SER

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