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Entrevista

Los millones que el Estado debe devolver ya

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en

RAMIRO ANGULO

Luego de la anulación del contrato que el Estado firmó con el concesionario, formado por Odebrecht, la española Enagás y Graña y Montero, encargado de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se promulgó una ley que dispuso la devolución del dinero que los usuarios eléctricos estuvieron pagando de manera indebida al grupo de empresas privadas.

A propósito de la inminente publicación del reglamento que informará sobre los mecanismos de devolución de estos importes, el diario UNO conversó con el presidente del Organismo Peruano de Protección de los Consumidores (OPECU), Héctor Plate, con quien, entre otros aspectos, se evaluó la actitud del gobierno en esta materia y sobre el estado de indefensión en que se encuentran los consumidores.

—El sentido común dice que si el Estado va a aplicar un cobro a los usuarios eléctricos, como ocurrió en el detenido proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), es porque ha habido estudios que lo justifican. Si esto es así, ¿por qué estaríamos hablando de cobros indebidos y arbitrarios?
—Porque en primer lugar, y ahí tenemos que referirnos no solo a lo que nosotros como asociación de consumidores pensamos sino también a lo recogido de diversos especialistas, no se pueden distorsionar los precios finales y se distorsionan los precios finales cuando se ponen sobrecargos en proyectos que son de privados y como tal, pues, su infraestructura y todo aquello para poder desarrollarlo. Ellos deben tener su propio capital, su propia fuerza financiera para poder costear el proyecto y no trasladar algo que debe ser de beneficio del consumidor y ponerle un sobrecargo, sobrecargo que para mí sinceramente está de más.

—Una de las razones que dio el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para tratar de justificar este cobro fue el aseguramiento de la energía eléctrica a futuro, pero, ¿podría decirse que los peruanos estamos ante un potencial déficit de energía?
—Ahí hay un tema que hasta hoy nos llama la atención. Este fue un asunto que fue manejado sin conocer, por ejemplo, los montos que fueron recaudados, ¿cuál fue la razón? Simple: no se dio. Sin ir a aspectos técnicos que el consumidor y el usuario necesitan como información relevante para que se apoye o no decisiones de este tipo. Si suponemos que es el propio consumidor el que debe recibir los beneficios y si es necesaria la participación del usuario para que llegue en el más corto plazo, entonces eso tiene que ser comunicado de manera clara.

—¿Lo que quiere decirme es que todo este tema se trabajó a puerta cerrada?
—Lo que yo le informo es lo que usted puede ver en cualquier medio de comunicación, por ejemplo, en enero, la congresista Yeni Vilcatoma, cuando ya se venía recaudando desde mayo del 2015, comunicó que según Osinergmin había hasta octubre del 2016, 108 millones de dólares, pero, ¿ha habido alguna comunicación oficial del Osinergmin respecto a ese tema? (…) no ha habido ninguna comunicación oficial. Por ejemplo he leído que el exministro Tamayo informa que en el caso del CASE (cobro de Cargo por Afianzamiento de Seguridad Eléctrica para la construcción del GSP) van a devolver alrededor de 72 o 75 millones de dólares, entonces ahí en este tema concreto ha habido momentos en los que se han hablado incluso de 130 millones de dólares y nadie sale a aclarar el asunto, es increíble (…) porque hoy tenemos más dudas no solamente respecto al monto de la recaudación sino respecto a qué fideicomiso ha ido o si son varios, entendiendo que hay uno solo que era el Citybank, sin embargo, Tamayo expresa que podrían haber varios fideicomisos según la información de un medio local.

—¿Cómo ve la situación de los consumidores, de los usuarios eléctricos, frente a decisiones de este tipo del gobierno?
—Si estamos en una economía social de mercado, tal y como lo dice la Constitución, cómo puede ser razonable que una inversión que corresponde íntegramente al sector privado sea trasladada a los usuarios, entonces, en el mismo sentido yo le digo a usted como asumir un costo que no le corresponde a los consumidores, ¿por qué tenemos que subsidiar o subvencionar a la empresa privada para que realice determinado proyecto cuando hoy, incluso, sabemos que se trató de una empresa privada inmersa en problemas internacionales y se inflan costos para luego cargárselo al usuario? No solamente es injusto sino que eso tiene otra denominación, por favor.

—¿Usted no ve algún nivel de organización en ellos para que evite que sus intereses se vean afectados?
—Eso con toda seguridad lo vamos a ver en este segundo semestre. Si a lo que se refiere es si las asociaciones de consumidores vamos a adoptar las medidas (…) yo sí le puedo asegurar que sí vamos a accionar en otro terreno donde podamos ver estos asuntos de nuestros derechos y en especial los de la protección de los intereses económicos de los usuarios (…) porque la transparencia tiene que ser total para los consumidores.

—¿El Indecopi, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección al Consumidor, encargado de velar por el interés de los consumidores, tuvo alguna participación o no?
—No, porque esta fue una disposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

—¿Pero pese a eso qué debería ocurrir si hay reclamos de los consumidores?
—¿Reclamo en qué sentido?

—¿Por ejemplo falta de información sobre qué me están cobrando más en mi recibo de luz eléctrica?
—Bueno, okey, ya le entiendo. Ese tipo de acciones también las estamos estudiando, también las estamos evaluando y también las vamos a poner en agenda, pero, no solamente nosotros. Van a haber otras instituciones, por ejemplo, recién ahora se ha colgado un proyecto, me parece, sobre la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo han puesto para la opinión y comentarios públicos, pero ellos se demoran un año, dos años en presentar un proyecto de ley y digo yo en quince días, o veinte días que le dan a la opinión pública, ¿qué puede hacerse?

—Para aclarar el tema del dinero que el Estado ha cobrado a los usuarios de electricidad entre mayo del 2015 y enero del 2017, ¿cuál es la cantidad de dinero que ahora existe?
—Por eso le decía, ahora en una edición virtual el ministro Tamayo ha declarado que hay unos 72 o 75 millones de dólares en el tema del CASE.

—Sí, pero se había hablado de otro monto mayor…
—Sí, como le comenté, la congresista Vilcatoma anunció un monto de 108 millones que había sido proporcionado por Osinergmin a octubre, entonces, bueno…

—¿Y a qué cree que se debe este cambio en el monto?
—Ahora que venga el tema de la reglamentación se tiene que informar concretamente sobre el asunto del CASE como también de los otros dos cargos, tanto el del cargo tarifario SISE como el del TRS (Tarifa Regulada de Seguridad) y obviamente nosotros de ahí desprendemos que pueden estar los 120 o los 130 millones de dólares de los que se hablaban.

—Un poco para refrescar la memoria de los lectores ¿cómo así fue que este cobró de las tarifas de electricidad se eliminó?
—Esto fue a raíz del tema de Odebrecht, del consorcio del GSP, que tenía el tema del cierre financiero pero no estaba totalmente definido y hubo también estos cobros invisibles y cuando salieron a la luz hubo un movimiento de dos congresistas de diferentes bancadas que presentaron proyectos para eliminar estos cobros indebidos y además injustos porque como le he dicho cómo cargarle al consumidor los montos de inversión que les corresponde desarrollar al que está a cargo del proyecto.

—Según lo establecido en las normas, ¿cuándo es que el Estado debe devolver este dinero a los usuarios?
—Desde que se promulgó la Ley 30543 se estableció un plazo de 150 días, entonces la fecha en que este vence es el 2 de agosto y ese día se va a publicar el reglamento que va a especificar los mecanismos sobre cómo se va hacer esta devolución de los aportes que se han hecho.

Mediante los recibidos de luz, el Estado cobró a los usuarios para financiar el Gasoducto del Sur. Se habla de 72 o 75 millones de dólares. Otros incluso de 108 millones recaudados. La cifra oficial debe darla el Ministerio de Energía y Minas. Todo este dinero debe ser devuelto porque la obra se paralizó.

Mediante los recibidos de luz, el Estado cobró a los usuarios para financiar el Gasoducto del Sur. Se habla de 72 o 75 millones de dólares. Otros incluso de 108 millones recaudados. La cifra oficial debe darla el Ministerio de Energía y Minas. Todo este dinero debe ser devuelto porque la obra se paralizó.

—¿Cree que la devolución deba hacerse a través de un descuento en los recibos de luz?
—Definitivamente que sí. Los usuarios están perfectamente identificados toda vez que se les ha hecho un descuento formal a través de los recibos de luz, entonces de la misma manera en que les fue cargada esa cuenta tienen que ser devueltos los montos, pero el acumulado debe ser entregado en una sola entrega.

—Para lograr esta devolución tuvieron que derogarse los artículos 2 y 4 de la Ley 29970, ley que afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del polo Energético en el Sur del País, ¿cree que para evitar más cobros indebidos, otros aspectos de esta ley deban revisarse?
—Por ejemplo hay otro impuesto que pagamos los usuarios que es el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) y en estas últimas facultades que se le dio al Ejecutivo hay un decreto que precisa entre otras cosas que la conexión de gas natural también se va a financiar con un monto que se recargue a los grandes consumidores, pero de ¿qué hablamos cuando hablamos de grandes consumidores?, hablamos de empresas, entonces sí creo que hay aspectos que deben volverse a analizar. Hay muchos aspectos que deben ser de dominio público desde un inicio, no es suficiente reunirse para hacer una ley que entendemos se hace con la mayor buena fe del mundo porque el tema tiene que hacerse de conocimiento de todos y en especial de aquellos que van a estar directamente afectados en su economía porque si esos montos que les piensan descontar no estaban considerados en su presupuesto de todos maneras los vas a afectar e igual pasa con los consumidores y usuarios o ¿usted cree que los consumidores y usuarios no programan sus presupuestos?, por supuesto que sí.

—El Osinergmin, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, ha estado a cargo de la custodia de este dinero, ¿cómo ha visto el desempeño de esta entidad a lo largo de los 21 meses de recaudación por ejemplo al tema de la difusión de información sobre los sobrecargos?
—Creo que debió hacerse conocer y no esperar que un usuario o consumidor lo pida por ley de transparencia. Eso no brinda confianza al usuario porque acá hay un tema que es importantísimo, la confianza es invaluable y usted ha visto lo que ha pasado con un determinado producto lácteo y la reacción que ha tenido el consumidor. Hay consumidores cuya indignación ha sido de tal naturaleza que se sienten golpeados, entonces todo eso tiene un costo para el consumidor y no lo pueden sorprender, pues.

LO DIJO EL QUE SALIÓ
Ya no volverán a pedir dinero

—¿Cree que una vez que se encuentren nuevas empresas interesadas en la construcción del GSP y se haga un nuevo contrato se intente pedir nuevamente que los usuarios eléctricos financien parte de este proyecto?
—No, el exministro Tamayo ha sido muy claro. La palabra que nosotros recogimos es que resultaba contradictorio que siendo un proyecto energético en beneficio de los usuarios se tenga que extraer dinero de ellos, porque a nosotros como consumidores no nos corresponde estar subvencionando las inversiones que tiene que hacer el propio privado.

Entrevista

Vizcarra debe sacar a la gente a las calles

Publicado

en

David Rivera

El retorno de Alan García a la política y la ofensiva fujimorista contra el Ejecutivo no son coincidencia, sino un plan estructurado del aprofujimorismo para intentar defender la actual estructura corrupta del sistema de justicia, según el analista político David Rivera, que en esta entrevista advierte que desmantelar este aparato no será fácil, que AG retorna para mover sus influencias, que el presidente Vizcarra debe liderar la movilización en las calles en defensa de sus reformas.

—¿Qué son capaces de hacer Alan García y Keiko Fujimori para defender el engranaje corrupto del sistema de justicia?

—Eso es proporcional hasta donde quiera llegar Vizcarra, porque el fujimorismo estuvo tranquilo mientras el mandatario estuvo portándose bien para ellos. Incluso cuando se inició el gobierno el fujimorismo parecía la bancada oficialista. Apenas dio su mensaje de 28 de julio eso ha cambiado completamente.

Y eso demuestra que no están dispuestos a dejarlo hacer lo que él quiere, como se revela en las declaraciones de los fujimoristas en las últimas semanas; están comenzando a amenazar con la vacancia.

Incluso algunos tuits de Mauricio Mulder que dicen “El presidente pidió que renunciara Chávarry por haber mentido”, además “El presidente Vizcarra también mintió sobre su reunión con Keiko…” entonces su mensaje es, si estás mintiendo tienes que irte.

Si el Presidente de la República insiste con las reformas, ellos van a intentar golpearlo para deslegitimizar su reforma y si es necesario bajárselo a él.

—¿Les será fácil vacar al Jefe del Estado?

—Para tumbarse a Vizcarra ellos tendrían que tener un elemento como el que tuvieron con PPK, que estaba muy metido en el caso Odebrecht. Pareciera que en el caso Odebrecht el mandatario no tendría ningún problema, porque él no ha estado metido en ningún gobierno con vinculaciones con Odebrecht.

En Moquegua, que recuerde, no hay ninguna obra de ninguna empresa brasileña. Y en los audios Lava Juez no sé si irá aparecer alguna reunión, el tema es que le van a buscar algo de todas maneras.

El conflicto del fujimorismo con PPK comenzó con amenazas verbales, claro que mientras le iban buscando papeles hasta que tuvieron un motivo y lo empujaron con todo. Eso es lo que va a pasar a Vizcarra. Si él insiste intentarán vacarlo.

—¿Cuál sería el rol especifico del retorno de Alan García? ¿Retener el manejo del sistema judicial?

—No creo que García piense que tiene alguna posibilidad política o electoral y si lo cree es porque está desconectado de la realidad. Entonces, él viene específicamente para abocarse a este tema, y ahí sí creo que es peligroso.

Porque si uno conversa con estudio de abogados y mucha gente muy vinculada a este mundo judicial, es muy conocido hace mucho tiempo que García y el Apra tienen jueces y fiscales infiltrados que van a jugar a su favor.

Por ejemplo, si uno quisiera hacer un recuento, vemos que con el tema Orellana y su vinculación con la construcción de los colegios emblemáticos no paso nada a pesar de toda la evidencia que había. Igual lo de Orellana con su vinculación al programa Agua para Todos que promovió el segundo gobierno aprista, tampoco pasó nada.

Alan García volverá para mover sus piezas, de todas maneras, eso me queda clarísimo. Lo de Mulder amenazando a Vizcarra va en esa línea y además sí tienen la capacidad.

—¿Quiénes respaldarán a Vizcarra ?

—Cuando se intenta la primera vacancia de PPK la pierde el fujimorismo, gracias a Kenji, ahí hubo una negociación e indultan al padre. Pero la izquierda, Acción Popular, todos se pusieron a favor de Kuczynski, no porque creyeran en él sino por su antifujimorismo.

Lo mismo para Vizcarra, el antifujimorismo es su carta y él tiene que saber jugarla. Si intentan vacarlo, el antifujimorismo va a poner el pecho por él, más que por PPK, entonces él tiene que darse cuenta que esa es la carta que tiene que mover.

Pero si retrocede y hace lo que quiere el fujimorismo, se va a deslegitimizar como Presidente, porque la gente se va a dar cuenta que se ha tirado para atrás y como que a estas alturas ya no se puede dar.

—Ante la crisis política ¿el Presidente debe convocar al apoyo de la gente en las calles recién cuando Fuerza Popular rechace todas sus propuestas?

—No creo que el Presidente deba esperar eso, él debe apoyarse en las calles desde ya. Si el Parlamento hasta fines de setiembre no ha aprobado ninguna ley, hay que marchar al Congreso, hay que mover a la gente y llenar la avenida Abancay.

 

CAMBIO EN LA JUSTICIA DEBE SER MÁS VELOZ

—¿Qué tan sólidas son las redes corruptas que operan en el sistema de justicia?

—No sé si estamos todos conscientes de la profundidad del problema. Estas redes se construyen durante mucho tiempo. En esas llamadas en las que se tratan como “hermanito”, la red se comporta así de manera natural. Y han llegado a tal nivel de perversión que ya no se trata solo de casos de corrupción, de dinero, sino se trata de mafias que están dispuestas a cambiar la sentencia sobre un caso de violación.

—¿Cómo se puede desmantelar?

—Entonces, eso lo cambias de a pocos, con los riesgos que trae, porque se puede cambiar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, comienzas a hacer los cambios hacia abajo. Y demorará años de saber quién es quién y cómo se les saca.

Al respecto tengo dudas, pero creo que el país necesita algo más rápido y el país necesita algo más drástico. ¿Qué cosa es? Eso hay que conversarlo con abogados, para saber lo que permite la Constitución, no sé si es posible nombrar una comisión de notables que se encargue del sistema de justicia por dos años o algo similar a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hay que comenzar a discutir cuáles son esos escenarios que te permitan hacer el cambio de sistema de justicia mucho más rápido

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Entrevista

Vizcarra: Un outsider en Palacio

Publicado

en

Martín Vizcarra Cornejo saluda a la gente

Con el Mensaje a la Nación del 28 de julio, el Jefe de Estado trazó una línea con el fujimorismo, lo que ha provocado furibundas reacciones de Fuerza Popular en el Parlamento. En entrevista con el Diario UNO, el analista político Luis Davelouis señala que ante la inminente aparición de un outsider, el mandatario interpretó el rechazo popular a los políticos y lanzó su propuesta de reformas. Asimismo, destacó que el fiscal Chávarry se está inmolando pero no se sabe por qué o por quién es claro el blindaje en pared del Ministerio Público con la Comisión Lava Jato a favor de Alan García.

Luis Davelouis

Luis Davelouis

—¿Qué intereses o presiones motivan a Keiko a ordenar a su bancada y aliados que defiendan a personajes como Moisés Mamani?

—Da la impresión de lo que necesita es mantener la mayoría importante en el Parlamento, sobre la que además tenga a discrecionalidad completa, eso hasta ahí es evidente; independientemente del hecho de que le genere cuestionamientos, deslegitimización, y al margen de que a la señora Yesenia Ponce se le ha suspendido.

Tiene que ver con los planes del fujimorismo de defender determinadas posiciones, como por ejemplo al actual Fiscal de la Nación, además se está empezando a hablar de este enfrentamiento con el Ejecutivo, entonces no pueden ser menos. Es una especie de defensa, de tratar de mantener aglutinada la mayor cantidad de fuerzas que tenga. El resto les importa poco.

OUTSIDER

—Desde el fujimorismo se ha calificado en algunos casos de populismo al mensaje del 28 de julio del presidente Vizcarra. Ellos no esperaban esta intrépida actitud…

—A estas alturas, es claro que no esperaban ese tipo de respuesta del Gobierno, aunque por lo general el plebiscitarismo es populista. Porque preguntarle a la gente sobre temas técnicos como la bicameralidad o cosas por el estilo, no tiene tanto sentido.

En realidad nos estamos distrayendo, porque la movida es eminentemente política, lo que quería Vizcarra, y lo ha conseguido, es ponerse adelante de la indignación y del hartazgo general que hay contra la política en todo su espectro, porque no solo es contra el fujimorismo, y eso se refleja también en el Congreso.

Es cierto que es cada vez más difícil, escindir la figura de Fuerza Popular y Keiko Fujimori del Legislativo, pero la verdad es que la gente está harta no solo de Keiko y de su gente, sino en general de los políticos.

Y por eso, lo que temíamos muchos, es que esto llevará, inevitablemente, en algún momento, a la elección de un outsider.

—¿Eso explica la actitud de Vizcarra?

—Lo que ha hecho Vizcarra es convertirse en ese outsider sentado en Palacio de Gobierno, es alguien que no tiene partido, que no tiene representación, es alguien que ha llegado casi de suerte a su cargo actual, casi como Alejandro Toledo en su momento, a quien la Presidencia le cayó en la cabeza, porque él pasaba por ahí. Y Toledo hasta fujimorista había sido, no lo olvidemos nunca.

Y de pronto Vizcarra ha visto esta oportunidad y se ha puesto delante de la indignación general, y eso ha tenido réditos en términos de aprobación inmediata.

Más allá del hecho de que esto le dé aprobación, en la cabeza de algunos puede ser efímera y poquita, en términos de lo que se puede hacer con esto, del poder que eso te da; es capital político y a la larga uno se empieza a dar cuenta. Y estoy seguro que vamos a empezar a verlo en que la capacidad de convocatoria que van a tener las iniciativas de Fuerza Popular van a ser cada vez menores.

Porque ellos mismos se asumen tan tóxicos, al acusar al presidente Vizcarra de estar contaminado, por haberse juntado con ellos y no haberlo contado. Tampoco es que todo el mundo se le va a poner en contra al fujimorismo porque es difícil y no creo ocurra, pero habrá menos apertura a responder a sus convocatorias y a lo que puedan proponer. Juntarse con Fuerza Popular en este momento es como colgarse una piedra al cuello.

CHÁVARRY INMOLÁNDOSE

—Hace unos años, Facundo Chinguel se inmoló por Alan García y por el Apra en el caso narcoindultos. Hoy vemos al fiscal de la Nación Pedro Chávarry cumpliendo un rol similar atrincherado en su cargo con el respaldo de Fuerza Popular, lo que significaría un blindaje a las investigaciones que se realizan a la ‘Señora K’ y a AG.

—Diera la impresión después de ver el resultado de la Comisión Lava Jato, que básicamente solo una veintena de las adendas se dieron en el segundo gobierno de Alan García, y Odebrecht solo sobornó a funcionarios de segundo nivel, que no tenían ningún poder de decisión, y García no está investigado

Entonces es claro que podría haber un ánimo de blindaje desde este grupo parlamentario manejado por el fujimorismo. Siendo los únicos investigados los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, que están bien acusados.

—¿Entonces es cierto que hay un juego en pared entre el fujimorismo y la Fiscalía de la Nación?

—Lo de jugar en pared con el Ministerio Público tiene sentido, porque el único que puede investigar y lanzar acusaciones constitucionales contra altos funcionarios del Estado es el Fiscal de la Nación.

Y si bien no tiene injerencia directa en lo que hacen los fiscales, porque las fiscalías son unidades autónomas hasta cierto punto en lo que compete a sus funciones, sí está a la cabeza de la estrategia de los casos grandes.

A Pedro Chávarry como persona le convendría más que a nadie de esa situación, porque está sentado en una papa caliente; salir de ahí y mantener un perfil bajo. Pero hay alguien o varias personas que están muy interesadas en mantenerlo en ese cargo.

Y de alguna forma está inmolándose por una causa, no sabemos cuál, puede ser la propia, no sé, porque a él le convendría mantener mucho más un perfil bajo, porque van a seguir investigando, revelándose más cosas.

ALGO MÁS

…lo que quería Vizcarra, y lo ha conseguido, es ponerse adelante de la indignación y del hartazgo general que hay contra la política en todo su espectro, porque no solo es contra el fujimorismo, y eso se refleja también en el Congreso.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Entrevista

Consulta Previa, casi un saludo a la bandera

Publicado

en

Indígenas

“La Consulta Previa se ha convertido en un proceso de trámite rápido, sin entregar información importante para las comunidades, que se limita únicamente a negociar reparaciones económicas para subsanar daños”, advirtió Vanessa Schaeffer, subdirectora de Cooperacción, en entrevista con Diario UNO.

Asimismo, la especialista en ordenamiento territorial y derechos de pueblos indígenas, advirtió que los inversionistas en minería e hidrocarburos no tienen límites para sus exploraciones, sean estas en una zona agrícola o en territorios de pueblos indígenas; aunque destacó el avance del Ministerio de Cultura en la conformación de la base de datos de esas poblaciones.

Vanessa Schaeffer

Vanessa Schaeffer

UN SIMPLE TRÁMITE

—¿Cuál es su balance a siete años de promulgada esta norma?

—Negativo en los sectores que trabajamos, minería e hidrocarburos. La consulta está siendo llevada o limitada a un mero proceso de trámite.

Cuando se dio esta norma, se esperaba que la consulta previa fuera un proceso de acuerdo, de conversación, de llegar a posiciones de consenso, en el que el sector indígena y el Estado iban a ceder posiciones para llegar a un interés común.

Esto no se ha logrado, menos aún en los sectores de minería y de petróleo, y lo que se tiene ahora son estos procesos de consulta que se realizan de manera rápida, sin mucha información importante, algo esencial.

Y que se limitan únicamente a negociar prestaciones económicas, y no a lo que se entiende como el contenido esencial del derecho a la consulta. Es un balance negativo.

El Estado no ha comprendido bien la Consulta Previa y el sector empresarial tampoco, por lo tanto, no han sabido trabajar para implementarla de manera adecuada.

—Desde las poblaciones indígenas organizadas siempre se ha reclamado el tema del reglamento ¿Cómo quedó finalmente?

—Es un reglamento que se había cuestionado desde el momento en que se dio, por la manera como se hizo y hubo procesos judiciales alrededor de esto. Después, a nivel de organizaciones se ha intentado iniciar procesos de consulta, se ha logrado en algunos casos mediante litigio, mediante solicitudes de consulta.

Pero lo que se ha logrado en estos procesos ha sido muy poco. Finalmente ha habido procesos emblemáticos de Consulta Previa como en el caso del Lote 192, algunas consultas en el sector minero, pero los resultados han sido lamentables, no se ha llegado a acuerdos, no se ha llegado a resguardar el derecho a la consulta más que a algunas prestaciones.

ORGANIZAR TERRITORIO

—¿Y en cuanto al ordenamiento territorial?

—En este caso el avance ha sido nulo, todos los esfuerzos que se habían impulsado a través de la sociedad civil, para lograr un consenso alrededor de una Ley de Ordenamiento Territorial y la necesidad de un proceso de ordenamiento territorial han sido detenidos por el gobierno anterior y el actual.

De manera que en la actualidad ya no hay ninguna expectativa o un proyecto normativo vigente o siquiera conversaciones en el Ejecutivo, acerca del ordenamiento territorial como una necesidad para el país.

Hay experiencias locales en las que organizaciones sociales están tratando de organizar su territorio, de determinar algunos usos y potencialidades al lado de sus municipalidades, de sus gobiernos regionales. Sin embargo, esto no tiene ningún reconocimiento por el Gobierno Central y menos por los sectores de minería e hidrocarburos.

Ahí hay casos emblemáticos como la Montaña de Siete Colores, el del Lote 116 que acaba de ganar una sentencia, porque estos casos tienen en su base concepciones de ordenamiento territorial, que son completamente distintas a las que está implementando el sector Ejecutivo.

Porque todavía en Perú una concesión minera en la sierra o de hidrocarburos en la Amazonia puede estar en cualquier lugar de la provincia, región o distrito donde se entienda que pueda haber mineral a futuro sin importar si esa zona es agrícola, valiosa por biodiversidad, por pueblos indígenas, de producción, centros poblados.

—Es decir ¿los inversionistas no tienen límites?

—Sí. Por ejemplo, el caso de la pelea entre los sectores de hidrocarburos y ambiente por el área Mar de Grau, esto es básicamente un caso de ordenamiento territorial en que el sector hidrocarburos no quiere tener ningún límite para la inversión más allá que la voluntad del inversionista para poner el dinero. El territorio no es un límite para la inversión y eso es la causa de varios de los conflictos y por los cuales también la Consulta Previa pierde contenido.

EL CASO ESPINAR

—¿En qué etapa estamos en cuanto a la base de datos de los pueblos indígenas?

—Ahí sí el Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo significativo y está dando algunos pasos adelante, en lo que es la base de datos. Esta se va alimentando progresivamente con comunidades que van ingresando, no se ha detenido y permite de alguna manera que las comunidades tengan una herramienta para la defensa de derechos. Hubo algunos problemas en un inicio con la base, pero ahora eso se está logrando superar y más bien es una base que está incluyendo a comunidades.

Por ejemplo, tenemos el caso en Espinar, de esta zona minera de conflicto constante, se está iniciando una fase del proyecto nuevo, que implica un nuevo tajo, en una nueva zona, con nuevas comunidades. Y estas están reclamando su derecho a la consulta, que también ya estaban incluidas en la base de datos lo que les facilita el pedido de la consulta, lo que no sucedía antes.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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