Contáctanos

Entrevista

Los millones que el Estado debe devolver ya

Publicado

en

RAMIRO ANGULO

Luego de la anulación del contrato que el Estado firmó con el concesionario, formado por Odebrecht, la española Enagás y Graña y Montero, encargado de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se promulgó una ley que dispuso la devolución del dinero que los usuarios eléctricos estuvieron pagando de manera indebida al grupo de empresas privadas.

A propósito de la inminente publicación del reglamento que informará sobre los mecanismos de devolución de estos importes, el diario UNO conversó con el presidente del Organismo Peruano de Protección de los Consumidores (OPECU), Héctor Plate, con quien, entre otros aspectos, se evaluó la actitud del gobierno en esta materia y sobre el estado de indefensión en que se encuentran los consumidores.

—El sentido común dice que si el Estado va a aplicar un cobro a los usuarios eléctricos, como ocurrió en el detenido proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), es porque ha habido estudios que lo justifican. Si esto es así, ¿por qué estaríamos hablando de cobros indebidos y arbitrarios?
—Porque en primer lugar, y ahí tenemos que referirnos no solo a lo que nosotros como asociación de consumidores pensamos sino también a lo recogido de diversos especialistas, no se pueden distorsionar los precios finales y se distorsionan los precios finales cuando se ponen sobrecargos en proyectos que son de privados y como tal, pues, su infraestructura y todo aquello para poder desarrollarlo. Ellos deben tener su propio capital, su propia fuerza financiera para poder costear el proyecto y no trasladar algo que debe ser de beneficio del consumidor y ponerle un sobrecargo, sobrecargo que para mí sinceramente está de más.

—Una de las razones que dio el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para tratar de justificar este cobro fue el aseguramiento de la energía eléctrica a futuro, pero, ¿podría decirse que los peruanos estamos ante un potencial déficit de energía?
—Ahí hay un tema que hasta hoy nos llama la atención. Este fue un asunto que fue manejado sin conocer, por ejemplo, los montos que fueron recaudados, ¿cuál fue la razón? Simple: no se dio. Sin ir a aspectos técnicos que el consumidor y el usuario necesitan como información relevante para que se apoye o no decisiones de este tipo. Si suponemos que es el propio consumidor el que debe recibir los beneficios y si es necesaria la participación del usuario para que llegue en el más corto plazo, entonces eso tiene que ser comunicado de manera clara.

—¿Lo que quiere decirme es que todo este tema se trabajó a puerta cerrada?
—Lo que yo le informo es lo que usted puede ver en cualquier medio de comunicación, por ejemplo, en enero, la congresista Yeni Vilcatoma, cuando ya se venía recaudando desde mayo del 2015, comunicó que según Osinergmin había hasta octubre del 2016, 108 millones de dólares, pero, ¿ha habido alguna comunicación oficial del Osinergmin respecto a ese tema? (…) no ha habido ninguna comunicación oficial. Por ejemplo he leído que el exministro Tamayo informa que en el caso del CASE (cobro de Cargo por Afianzamiento de Seguridad Eléctrica para la construcción del GSP) van a devolver alrededor de 72 o 75 millones de dólares, entonces ahí en este tema concreto ha habido momentos en los que se han hablado incluso de 130 millones de dólares y nadie sale a aclarar el asunto, es increíble (…) porque hoy tenemos más dudas no solamente respecto al monto de la recaudación sino respecto a qué fideicomiso ha ido o si son varios, entendiendo que hay uno solo que era el Citybank, sin embargo, Tamayo expresa que podrían haber varios fideicomisos según la información de un medio local.

—¿Cómo ve la situación de los consumidores, de los usuarios eléctricos, frente a decisiones de este tipo del gobierno?
—Si estamos en una economía social de mercado, tal y como lo dice la Constitución, cómo puede ser razonable que una inversión que corresponde íntegramente al sector privado sea trasladada a los usuarios, entonces, en el mismo sentido yo le digo a usted como asumir un costo que no le corresponde a los consumidores, ¿por qué tenemos que subsidiar o subvencionar a la empresa privada para que realice determinado proyecto cuando hoy, incluso, sabemos que se trató de una empresa privada inmersa en problemas internacionales y se inflan costos para luego cargárselo al usuario? No solamente es injusto sino que eso tiene otra denominación, por favor.

—¿Usted no ve algún nivel de organización en ellos para que evite que sus intereses se vean afectados?
—Eso con toda seguridad lo vamos a ver en este segundo semestre. Si a lo que se refiere es si las asociaciones de consumidores vamos a adoptar las medidas (…) yo sí le puedo asegurar que sí vamos a accionar en otro terreno donde podamos ver estos asuntos de nuestros derechos y en especial los de la protección de los intereses económicos de los usuarios (…) porque la transparencia tiene que ser total para los consumidores.

—¿El Indecopi, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección al Consumidor, encargado de velar por el interés de los consumidores, tuvo alguna participación o no?
—No, porque esta fue una disposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

—¿Pero pese a eso qué debería ocurrir si hay reclamos de los consumidores?
—¿Reclamo en qué sentido?

—¿Por ejemplo falta de información sobre qué me están cobrando más en mi recibo de luz eléctrica?
—Bueno, okey, ya le entiendo. Ese tipo de acciones también las estamos estudiando, también las estamos evaluando y también las vamos a poner en agenda, pero, no solamente nosotros. Van a haber otras instituciones, por ejemplo, recién ahora se ha colgado un proyecto, me parece, sobre la modificación de la ley de hidrocarburos. Lo han puesto para la opinión y comentarios públicos, pero ellos se demoran un año, dos años en presentar un proyecto de ley y digo yo en quince días, o veinte días que le dan a la opinión pública, ¿qué puede hacerse?

—Para aclarar el tema del dinero que el Estado ha cobrado a los usuarios de electricidad entre mayo del 2015 y enero del 2017, ¿cuál es la cantidad de dinero que ahora existe?
—Por eso le decía, ahora en una edición virtual el ministro Tamayo ha declarado que hay unos 72 o 75 millones de dólares en el tema del CASE.

—Sí, pero se había hablado de otro monto mayor…
—Sí, como le comenté, la congresista Vilcatoma anunció un monto de 108 millones que había sido proporcionado por Osinergmin a octubre, entonces, bueno…

—¿Y a qué cree que se debe este cambio en el monto?
—Ahora que venga el tema de la reglamentación se tiene que informar concretamente sobre el asunto del CASE como también de los otros dos cargos, tanto el del cargo tarifario SISE como el del TRS (Tarifa Regulada de Seguridad) y obviamente nosotros de ahí desprendemos que pueden estar los 120 o los 130 millones de dólares de los que se hablaban.

—Un poco para refrescar la memoria de los lectores ¿cómo así fue que este cobró de las tarifas de electricidad se eliminó?
—Esto fue a raíz del tema de Odebrecht, del consorcio del GSP, que tenía el tema del cierre financiero pero no estaba totalmente definido y hubo también estos cobros invisibles y cuando salieron a la luz hubo un movimiento de dos congresistas de diferentes bancadas que presentaron proyectos para eliminar estos cobros indebidos y además injustos porque como le he dicho cómo cargarle al consumidor los montos de inversión que les corresponde desarrollar al que está a cargo del proyecto.

—Según lo establecido en las normas, ¿cuándo es que el Estado debe devolver este dinero a los usuarios?
—Desde que se promulgó la Ley 30543 se estableció un plazo de 150 días, entonces la fecha en que este vence es el 2 de agosto y ese día se va a publicar el reglamento que va a especificar los mecanismos sobre cómo se va hacer esta devolución de los aportes que se han hecho.

Mediante los recibidos de luz, el Estado cobró a los usuarios para financiar el Gasoducto del Sur. Se habla de 72 o 75 millones de dólares. Otros incluso de 108 millones recaudados. La cifra oficial debe darla el Ministerio de Energía y Minas. Todo este dinero debe ser devuelto porque la obra se paralizó.

Mediante los recibidos de luz, el Estado cobró a los usuarios para financiar el Gasoducto del Sur. Se habla de 72 o 75 millones de dólares. Otros incluso de 108 millones recaudados. La cifra oficial debe darla el Ministerio de Energía y Minas. Todo este dinero debe ser devuelto porque la obra se paralizó.

—¿Cree que la devolución deba hacerse a través de un descuento en los recibos de luz?
—Definitivamente que sí. Los usuarios están perfectamente identificados toda vez que se les ha hecho un descuento formal a través de los recibos de luz, entonces de la misma manera en que les fue cargada esa cuenta tienen que ser devueltos los montos, pero el acumulado debe ser entregado en una sola entrega.

—Para lograr esta devolución tuvieron que derogarse los artículos 2 y 4 de la Ley 29970, ley que afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del polo Energético en el Sur del País, ¿cree que para evitar más cobros indebidos, otros aspectos de esta ley deban revisarse?
—Por ejemplo hay otro impuesto que pagamos los usuarios que es el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) y en estas últimas facultades que se le dio al Ejecutivo hay un decreto que precisa entre otras cosas que la conexión de gas natural también se va a financiar con un monto que se recargue a los grandes consumidores, pero de ¿qué hablamos cuando hablamos de grandes consumidores?, hablamos de empresas, entonces sí creo que hay aspectos que deben volverse a analizar. Hay muchos aspectos que deben ser de dominio público desde un inicio, no es suficiente reunirse para hacer una ley que entendemos se hace con la mayor buena fe del mundo porque el tema tiene que hacerse de conocimiento de todos y en especial de aquellos que van a estar directamente afectados en su economía porque si esos montos que les piensan descontar no estaban considerados en su presupuesto de todos maneras los vas a afectar e igual pasa con los consumidores y usuarios o ¿usted cree que los consumidores y usuarios no programan sus presupuestos?, por supuesto que sí.

—El Osinergmin, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, ha estado a cargo de la custodia de este dinero, ¿cómo ha visto el desempeño de esta entidad a lo largo de los 21 meses de recaudación por ejemplo al tema de la difusión de información sobre los sobrecargos?
—Creo que debió hacerse conocer y no esperar que un usuario o consumidor lo pida por ley de transparencia. Eso no brinda confianza al usuario porque acá hay un tema que es importantísimo, la confianza es invaluable y usted ha visto lo que ha pasado con un determinado producto lácteo y la reacción que ha tenido el consumidor. Hay consumidores cuya indignación ha sido de tal naturaleza que se sienten golpeados, entonces todo eso tiene un costo para el consumidor y no lo pueden sorprender, pues.

LO DIJO EL QUE SALIÓ
Ya no volverán a pedir dinero

—¿Cree que una vez que se encuentren nuevas empresas interesadas en la construcción del GSP y se haga un nuevo contrato se intente pedir nuevamente que los usuarios eléctricos financien parte de este proyecto?
—No, el exministro Tamayo ha sido muy claro. La palabra que nosotros recogimos es que resultaba contradictorio que siendo un proyecto energético en beneficio de los usuarios se tenga que extraer dinero de ellos, porque a nosotros como consumidores no nos corresponde estar subvencionando las inversiones que tiene que hacer el propio privado.

Entrevista

CGTP plantea a la Confiep debatir propuestas en el marco del diálogo social

Publicado

en

Gerónimo López Sevillano

Gerónimo López Sevillano, arequipeño de nacimiento, es secretario general de la CGTP. En entrevista con Diario UNO, el dirigente afirma que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra no quiere escuchar a los trabajadores y anuncia que el gremio de gremios al que representa estará permanentemente en las calles para defender los derechos laborales. A continuación sus picantes declaraciones:

— ¿Señor Gerónimo López, qué evaluación tiene la CGTP del paro realizado el pasado jueves 20 de junio?

— El paro cívico popular del jueves 20 de junio convocado por la CGTP tuvo el éxito que todos esperábamos. Participaron todas nuestras bases de las distintas regiones del país para exigir al Gobierno la inmediata derogación del objetivo prioritario número 5 de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por Decreto Supremo Nº 345-2018-EF.

— ¿A qué se refiere ese objetivo?

— La política contiene nueve objetivos, de los cuales el quinto es lesivo para los intereses de los trabajadores.

— ¿Por qué?

— Porque allí se establecen los lineamientos que coinciden con las propuestas de los empresarios, en primer lugar, para pretender justificar de manera errónea la eliminación de la reposición a la que tenemos derecho los trabajadores cuando somos despedidos en forma arbitraria. Actualmente, cuando el despido es injusto el trabajador puede demandar su reposición en el Poder Judicial porque, además, es un mandato constitucional.

— Sí, pero desde inicios de los 90 se han incrementado los contratos a plazo fijo lo que permite despedir trabajadores sin derecho a reposición ¿verdad?

— Claro, cuando son trabajadores a plazo fijo el empleador justifica alegando que al término del contrato no vuelven a contratar al trabajador porque ya no lo necesitan, pero hay trabajadores que vienen haciendo trabajos permanentes y por lo tanto allí no corresponde aplicar los contratos sujetos a modalidad. Ese es el primer punto.

— ¿Y cuál sería el otro punto?

— El segundo punto es que los empleadores proponen contratar a los nuevos trabajadores con derechos reducidos; es decir que los nuevos que sean contratados no tendrán derecho a gratificaciones en Fiestas Patrias ni en Navidad, ni CTS y tampoco tendrán derecho a vacaciones, solo acceso a la salud y a la capacitación.

— ¿Ah, pero habrá capacitación?

— Sí, pero será en el Senati, que es administrado por los empresarios, y no lo van a hacer gratis, pasarán la factura al Estado peruano. Es obvio que van a cobrar. Los trabajadores promovemos la capacitación y la formación para el trabajo, que consideramos fundamental para la productividad, pero estamos en desacuerdo que sustituyan los derechos de los trabajadores

— Hablemos del tercer punto en discordia

— El tercer punto es que la propuesta del empresariado pretende eliminar el derecho al arbitraje potestativo. Cuando los trabajadores no somos escuchados por el empresario en la solución a la negociación colectiva que presentamos cada año y no hay solución en trato directo, podemos recurrir al Ministerio de Trabajo para buscar allíla solución a nuestro pliego de reclamos con el incremento salarial. Una vez agotada en esa instancia tenemos dos alternativas: la huelga o el arbitraje, y muchos sindicatos optan por esta segunda vía apelando al arbitraje potestativo que obliga a la parte empresarial a que el conflicto se solucione en la vía arbitral. .

— ¿Y cómo funciona un arbitraje?

— Es un terceroquien bajo criterios jurídicos y estudio económico sobre la situación de la empresaresuelve el conflicto mediante el laudo arbitral.Eso tiene que ser cumplido por la empresa porque tiene equivale a una sentencia. Entonces los empresarios quieren eliminar el arbitraje potestativo.

— ¿Es en el caso de las empresas chicas donde los trabajadores no están en capacidad de organizarse, verdad?

Así es, pero además pretenden eliminar o reducir las gratificaciones de 30 a 22 días como inicialmente salió a declarar el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, cuando se estaba implementando en el mes de noviembre la política de competitividad y productividaden las oficinas del MEF. Eso motivó a la denuncia pública de la CGTPque obligóal entonces jefe del Gabinete, César Villanueva, a salir a los medios de comunicación para decir que no se iba a recortar ni eliminar ningún derecho de los trabajadores.

— ¿Y qué pasó, entonces?

— Eso fue de la boca para afuera para no generar ningún descontento en los trabajadores, pero en el fondo sí se venía trabajando esa propuesta que finalmente fue aprobada el 31 de diciembre en la noche, cuando los trabajadores estábamos esperando el Año Nuevo y nos dieron ese “regalo”.

— ¿A espaldas de los trabajadores?

— Todo eso en coordinación con la Confiep; es decir que empresarios y Gobierno se reunieron en las oficinas del MEF, teniendo como vocero y operador al señor Carlos Oliva para que aplique reformas antilaborales,en beneficio de las grandes transnacionales y en desmedro de todos los peruanos y peruanas.

— Bueno, pero ustedes han renunciado al Consejo Nacional del Trabajo, donde se discuten todas esas cosas entre Gobierno, empresarios y trabajadores…

— No, no hemos renunciado, hemos suspendido nuestra participación debido a que el Gobierno aprobó su política al margen del diálogo social contraviniendo Convenios de la OIT en materia de diálogo social.

— ¿Por qué?

— Porque le dijimos al Gobierno que el escenario para debatir aspectos y temas laborales es el Consejo Nacional del Trabajo, donde están representados trabajadores, empresarios y el Gobierno, a través de la ministra. Le hemos exigido que derogue el objetivo 5 con un decreto supremo y ordene que ese objetivo pase al CNT para allí sentarnos a discutir, pero el Gobierno no quiere escuchar a los trabajadores y está yendo contra el diálogo social.

— Usted ha mencionado que el Ministerio de Trabajo pretende imponer la reforma laboral de la Confiep que busca precarizar más el empleo, ¿por qué cree eso?

— Bueno, el empleo juvenil está dentro de los que significa la contratación de trabajadores nuevos. Los empresarios dicen que los trabajadores que tienen más de 40 años ya no les rinden como un joven y por lo tanto hay que botar a los viejos. Los jóvenes no reclaman y además no pueden organizarse en sindicatos. Los empresarios solo ven ganancia y producción.

— Pero, entonces…

— Mire, nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, no estamos en contra de un país competitivo, tampoco estamos en contra de que seamos un país productivo, pero eso no puede darse a costa del recorte de derechos laborales que tiene protección constitucional y convencional. Si hay que ver el tema de la productividad y la competitividad, eso tiene que ir acompañado de mejores condiciones laborales y mejores condiciones económicas para que mejore la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

— Pero no le parece válido el argumento de la Confiep de que en otros países los trabajadores no tienen 30 días de vacaciones, por ejemplo…

— No nos podemos comparar con otros países donde pagan cerca de 15 dólares por hora trabajada y en algunos otros pueden llegar a 20 dólares por hora trabajada. Además, laboran sólo seis horas.

—¿Qué propone entonces la CGTP, señor López?

— Nosotros le decimos al Gobierno que si pretende recortar derechos laborales nosotros planteamos también la reducción de la jornada laboral de las ocho horas a seis horas para dar oportunidad a otros jóvenes a que ingresen al mundo laboral. Y eso es precisamente lo que nos llevó al paro cívico popular del 20 de junio.

— ¿Por qué lo califican de exitoso?

— El martes 25 se ha reunido el secretariado de la CGTP y después de un amplio análisis y debate se llegó a la conclusión de que el paro fue exitoso. Sehan volcado a las calles cerca de 850,000 trabajadores en todo el país y en Lima más de 40,000. Esta vez los medios de comunicación que responden a los intereses del capital no han podido pasar por desapercibido el paro, y esperamos que el Gobierno escuche a los trabajadores. Hay un compromiso del Presidente del Consejo de Ministros de recibir a la CGTP el próximo 8 de julio. Esperamos que no haya ningún cambiohacia esa política antilaboral antes de la reunión con el premier Salvador del Solar.

CGTP

SI GOBIERNO INSISTE EN ELIMINAR DERECHOS LABORALES

Bases alistan gran marcha a Lima

— ¿De no ser escuchados, volverán a las calles?

— Exactamente, también hemos acordado que el 12 de julio se reúne el Consejo Nacional de la CGTP, que son 45 dirigentes nacionales, y al día siguiente estamos convocando a una gran asamblea nacional acá en Lima y analizaremos allí la situación política, económica, social y laboral que atravesamos los trabajadores y el pueblo peruano para acordar la próxima medida de lucha a nivel nacional.

— ¿La medida será en todo el país?

— Será una gran jornada nacional de lucha de todas las regiones para defender los derechos laborales de los trabajadores, si es que el Gobiernono dan marcha atrás y si la Confiep persiste en arrinconar y abrazar al presidente Martín Vizcarrapara que esté al servicio del capital transnacional.

— Bien, pero el tema de los ceses colectivos vendría a ser la cereza del pastel ¿cierto?

Sí, y ademásel empresariado plantea los ceses colectivos automáticos y sin límites; es decir que a simple presentación del empresario por mesa de partes comunicando que va a haber un cese colectivo de trabajadores, podrá hacerlo sin ninguna restricción. Actualmente tiene que demostrar la razón de un cese colectivo y existe un límite al número de trabajadores que podría cesar por esta vía.

— ¿No le parece contraproducente que el Gobierno promueva la informalidad cuando los organismos internacionales están recomendando al Perú reforzar la institucionalidad y combatir la informalidad?

— Mire, hay compromisos internacionales, como por ejemplo las firmas de los tratados de libre comercio con diferentes países de respetar estrictamente los derechos laborales de los trabajadores y de respetar irrestrictamente el derecho a la sindicalización, pero cuando el Gobierno pretende esta reforma laboral también está violando esos compromisos.Entonces creo que el Gobierno no solamente está faltando a los convenios que se firmaron por los TLC, sino que también está yendo contra los acuerdos internacionales de la OIT. El trasfondo de esta pretendida reforma laboral es debilitar y eliminar los sindicatos, públicos y privados.

— ¿Por qué?

Porque según los empresarios el sindicato es el obstáculo para obtener mayores ganancias.Si estopretendida reforma laboral se aprueba, inmediatamente serían despedidos primero los dirigentes sindicales, después los trabajadores sindicalizados y luego cualquier trabajador que le reclame al empresario porque ya no habría sindicato. En el fondo es eliminar el sindicato.

 

“CARLOS OLIVA REPRESENTA A LAS TRANSNACIONALES”

Nos gobierna el MEF y no Vizcarra

— ¿Se está haciendo harakiri el presidente Martín Vizcarra?

Lo que pasa es que da la impresión de que el señor Vizcarra no está gobernando el país. Creo que quien está gobernando es el MEF, es el señor Carlos Oliva que responde a los intereses del capital y de las transnacionales, y justamente estos que están agrupados en la Confiep porque hace poco los empresarios ya han presentado su plan de propuestas al Ministerio de Trabajo y toda la política antilaboral que se está implementando son las propuestas que ellos están planteando.

— ¿Y frente a eso qué va a hacer la CGTP?

— La CGTP va a salir a las calles para defender los derechos de los trabajadores. Hay un Gobierno que está gobernando para los intereses de las transnacionales y la oligarquía empresarial agrupada en la Confiep y no obedece realmente a un clamor del pueblo peruano. Se habló de reconstrucción con cambios en el norte y no hay nada de eso. Además cerca de 850,000 familias que se han posesionado en terrenos del Estadoreclaman formalización y titulación y servicios de agua y desagüepero no se ve nada de eso. Vamos a decirle a la Confiep y al Gobierno que la CGTP no se va a mantener pasiva sino que va a salir a las calles permanentemente a defender los derechos de los trabajadores. Emplazamos al gobierno a abrir las puertas y atender a la CGTP. Que no solamente escuche a los empresarios.El diálogo social tripartito implica la participación de todos los actores incluyendo a los trabajadores.

— Pero los empresarios han dicho que también quieren escuchar las propuestas de la CGTP.

— la CGTP llama presidenta de la Confiep, la señora María Isabel León Klenke, adebatir sobre los derechos laborales de los trabajadoresfrente a las propuestas de la Confiep que plantea eliminar esos derechos., porque ella ha declarado que no tenemos propuestas la CGTP le responde que los trabajadores tenemos nuestra propuesta de una reforma productiva que impulse el desarrollo, hacia la reconstrucción, modernización, diversificación y competitividad del aparato productivo con empleo digno y trabajo decente para todos y todas.

— ¿Y las tienen?

— Sí, la tenemos elaboradas y debatidas por los trabajadores con la participación de distinguidos profesionales, como laboralistas, exministro y economistas de prestigiosas universidades, así como funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La CGTP hace un llamado a los trabajadores y trabajadoras a participar en la asamblea nacional de delegado que se llevara este 13 de julio unidos en defensa de nuestros derechos laborales.

 

LUIS MIGUEL REVOREDO I.

Seguir leyendo

Entrevista

47% de pobreza extrema es una barbaridad

Publicado

en

Clímaco Cárdenas

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano(Conveagro), saluda los avances logrados en el Pleno Agrario del Legislativopero apunta que los temas de fondo deben ser abordados: reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri), titulación de tierras y protección de la producción nacional, entre otros.

—El viernes se realizó el Pleno Agrario. ¿Cuál es el estado de los avances en el tema agrario?

—Después del paro realizado en mayo, se instalaron las mesas de negociaciones por un plazo de 60 días, y este viernes se ha llevado a cabo el primer Pleno Agrario en el Congreso, lo que consideramos algo histórico porque no se había logrado antes en toda nuestra historia republicana.

—De los 13 pre dictámenes vistos en el Congreso, 6 fueron de carácter declarativo. ¿Qué opinión tiene respecto a esto?

—Han habido dos grupos de leyes; el primer grupo era lo trabajado en la Comisión Agraria, que recoge los trabajos de congresistas en los últimos 7 años, y luego otro paquete de proyectos de ley, de los cuales nuestros gremios han apoyado 11 y se aprobaron 10. De todos ellos, solo dos eran de carácter declarativo, el referente a la protección de las cuencas de agua de Puno y el de la reconstrucción de la represa Gallito Ciego.

—Dentro de los proyectos aprobados, está la ley de inclusión de productores agrarios a través de cooperativas, y la ley general de comunidades campesinas…

—En la primera, en realidad a los que se está incluyendo en esta ley es a los ganaderos, que estaban exceptuados y son un importante sector porque representan el 47 por ciento en la actividad agropecuaria en el Perú. La ley general de comunidades campesinas permite la participación de las mujeres en las organizaciones de las comunidades, es una ley de género.

—¿Qué es lo más importante que se ha logrado en el Pleno?

—Los proyectos más importantes son tres: el que retira el impuesto a las ventas del arroz pilado, la Ley del IVAP. Esto obligaba a pagar el 4% a la exportación, cuando ningún país en el mundo exporta tributos. Obviamente eso nos hacía menos competitivos y ahora se ha regulado. Es logro importante de la lucha en las mesas de trabajo con el Ejecutivo.

Otro logro importante es el poder etiquetar el origen de los productos. Un claro ejemplo es el arroz uruguayo, que se empaca y etiqueta acá, se le pone una paisana en el empaque y le ponen ‘producto peruano’ cuando el insumo es importado. Parar con esa distorsión del mercado va a beneficiar a los consumidores y a los productores locales, porque ahora todos los productos importados deberán incluir en el empaque la especificación de donde proceden.

Y el tercer proyecto en importancia es referido a la renovación del proyecto Agroideas, que de un modo compensatorio permite que los agricultores accedan a recursos en organización. En líneas generales ha sido un pleno fructífero para los pequeños agricultores, además de histórico.

EL DEBATE NECESARIO

—Hay algunos temas excluidos del debate en el Pleno. Uno de ellos es el de las agroexportadoras y sus beneficios.

—Las empresas agroexportadoras tienen beneficios del Estado, desde diferentes ministerios, para colocar sus productos. Ahora, el Pleno Agrario lo hemos trabajo los pequeños productores después del paro agrario. y se han discutido leyes para los pequeños productores, leyes que no tienen espacio en el debate nacional, y estas leyes que hemos podido desarrollar se han levantado en consenso con el Legislativo y el Ejecutivo.

Sería magnífico que los agroexportadores puedan consensuar también con los hombres del campo, los invocamos a que puedan desarrollar mesas de trabajo con los pequeños agricultores y de ese modo todos nos veamos favorecidos.

—Otro tema es el de la crisis de las empresas azucareras

—No hemos visto un proyecto de ley al respecto, pero sí hay una discusión de aranceles que se está llevando en las mesas técnicas. Fernando Cilloniz, por ejemplo, declara que se tiene que mantener aranceles compensatorios, y nosotros hablamos más bien de aranceles ad valorem y franjas de precio. Lo que tiene que haber es una protección a la producción nacional, porque EE.UU. por ejemplo tiene US$ 16 mil millones en subvención a su agricultura desde hace año y medio para pelear en la guerra comercial con China, y acá no hay subvención de nada, y además ingresan productos importados subsidiados en sus países de origen.

—A propósito de importaciones, ¿qué opina de la posible importación de quinua española?

—Es inconcebible que por interés de un grupo importador, en colusión con malos funcionarios de Senasa, puedan generar en tiempo récord una autorización para esa importación; además, de un producto oriundo del Perú y que es fuente de trabajo de seis regiones que dependen de granos andinos.

El interés económico y la corrupción se imponen, no reparan en que son productos transgénicos y que llegan con una producción superior gracias a agroquímicos y áreas de producción mecanizadas. ¿Cómo vamos a contrarrestar el impacto en el germoplasma peruano?

Campesinos agricultores

—¿Qué medidas han planteado contra esa iniciativa?

—Nuestra posición de rechazo ha sido clara desde un primer momento, y también hay asociaciones y autoridades que se han manifestado al respecto. Por ahora, esa resolución está suspendida, pero nosotros exigimos que se derogue, porque el vicio está demostrado, la persona que ha suscrito el documento no es la calificada. Depende del ejecutivo derogar esa resolución y zanjar ese tema.

—Días atrás sostuvo que era una burla que no se debata sobre reestructuración del Ministerio de Agricultura (Minagri)…

—En este momento existe una gran presión de los cuellos verdes del Minagri de no querer salir de su zona de confort. Hemos demostrado que este Minagri es ocioso, anquilosado, burócrata, por eso pedimos que se elimine esa estructura viciada. Pedimos también la creación del Viceministerio de Agricultura Familiar y Viceministerio de Servicios Agrarios, porque lo que necesitan los agricultores son servicios, que los trabajadores del Minagri estén en el campo.

Sin embargo, hay presiones de grupos de poder que tienen en el Minagri unidades para servir a intereses de grupos económicos en perjuicio del 98% de la población; ellos son el 2% pero el sistema neoliberal está a su servicio y se resisten a perder esa cuota de poder.

Por otro lado, debemos mencionar que tenemos el acta suscrita con el Ejecutivo para la reestructuración del Minagri y es algo que se tiene que respetar, porque no vamos a dar marcha atrás con esta exigencia. Invocamos al Congreso a que en la nueva legislatura se discuta la reestructuración del Minagri.

—Respecto a esas relaciones de poder, un tema fundamental es el tema territorial de las comunidades campesinas…

—En el caso de las comunidades que habitan en el macizo andino hay intereses de empresarios por el subsuelo, minerales y agua, por eso se entrampan los procesos de titulación.

En ese sentido, será importante el Viceministerio de Agricultura Familiar pues debe ser empoderado para poder trabajar dentro de sus funciones lo relacionado a titulación de tierras de comunidades y familias campesinas. El Minagri debe reestructurarse para que el campo salga adelante.

—¿En esta reestructuración, cuál será la participación de los gobiernos regionales?

—En realidad desde hace buen tiempo los gobiernos regionales ya tienen participación, ya que por ley administran las direcciones regionales de agricultura, así que en el papel están.

Lo que habría que hacer es más bien una crítica sobre su trabajo, porque el año pasado invirtieron solo el 1.8% del presupuesto, y el 85% de ese gasto se va a en planillas.

Entonces no funciona el proceso de descentralización, no están realizando su trabajo y eso nos genera atraso y abandono de los jóvenes del mundo rural. Somos más de 9 millones de personas, y 47% de pobreza extrema es una barbaridad.

—Es evidente que el problema del agro no se soluciona solo con un Pleno Agrario…

—Los avances logrados en el Pleno, en síntesis, representan un pequeño paso para el hombre rural campesino. Pero el problema no termina y los temas de fondo siguen en discusión, la clase política debe entender cómo daña la economía neoliberal, y cómo se beneficia a grupos económicos en perjuicio de las mayorías. Es necesario debatir y ver cuáles son las políticas que el agro necesita.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Seguir leyendo

Entrevista

“Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos”

Publicado

en

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

El secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú conversa con Diario UNO sobre el Foro Construcción 2019 realizado ayer y el Congreso de su Federación que se inicia hoy en Lima.

—¿Qué importancia tiene el Foro Construcción 2019?

—El Foro permite que los trabajadores, empresarios, profesionales y Gobierno realicen una exposición de su particular punto de vista sobre los problemas de la construcción y las alternativas de solución. En base a ello, se busca consensos para impulsar en conjunto este sector que dinamiza la economía del país.

Este es el segundo Foro Construcción y es producto de la organización y fortaleza de los trabajadores y su capacidad para hacer propuestas para el desarrollo del sector construcción y el país.

—La violencia en construcción es un problema mayor.

—La violencia se incrementó cuando Alan García, en su segundo gobierno, creó el registro sindical automático, mediante el cual cualquiera, hasta los delincuentes, obtenían su registro sindical del Ministerio de Trabajo en 24 horas y a sola firma. Esos registros se convirtieron en el amparo legal de muchas mafias. Hay quienes usan seudosindicatos como fachada para sus delitos. Hay una proliferación de seudosindicatos sin vida sindical.

Por ejemplo, en Lima, nuestra federación tiene dos sindicatos, pero existen más de 90 registrados en el Ministerio de Trabajo. Desde 2014, ya ningún seudosindicato saca su registro automático en 24 horas, pero aún cientos de ellos lo mantienen y operan en el Perú.

—¿Qué cree que debe hacerse para eliminar la violencia en construcción civil?

—Un primer paso es eliminar los registros sindicales de los seudosindicatos con vínculos delincuenciales. Ningún sentenciado por extorsión puede ser dirigente en nuestros sindicatos, pero eso no se cumple en los seudosindicatos. Se necesita, además, mucha inversión en inteligencia policial y el Poder Judicial, porque la mayoría de los capturados por la policía sale libre y nadie explica bien por qué.

—¿Es cierto que se está reactivando la construcción como dice el Gobierno?

—A paso lento y con proyectos pequeños y medianos. De acuerdo al Ministerio del Trabajo, hay 550,000 trabajadores que formalmente tienen su carné del RETCC (carné de trabajador formal del sector), pero de ellos solo 90,000 están en planilla. Eso significa que el 85% está desempleado o en la informalidad. Pero de acuerdo al INEI hay alrededor de un millón de trabajadores en el sector, por lo que el desempleo es mucho mayor. Hay que reactivar la construcción con urgencia y para eso necesitamos grandes obras.

27° CONGRESO FTCCP

La FTCCP realizará del 12 al 15 su 27° Congreso Nacional Ordinario, en la que estarán presentes alrededor de quinientos dirigentes de construcción civil.

—¿Qué importancia tiene el Congreso?

—El Congreso realizará un análisis de la gestión realizada y la realidad laboral y política del país, y cómo eso afecta a los trabajadores del sector. De acuerdo a ello, trazará la línea general que orienta el rumbo político y sindical de la Federación para el logro de sus fines y objetivos, facultando a elegir al Consejo Directivo Nacional para el periodo 2019-2023 y establecer normas organizativas, de cabal cumplimiento de toda la estructura sindical nacional.

—¿Qué tan reconocido es construcción civil en el mundo?

—Nuestro reconocimiento se refleja en la cantidad y calidad de dirigentes sindicales del mundo que vendrán a este Congreso. Habrá representantes de la Federación Sindical Mundial (FSM), la Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (UITBB), la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Edificación, Madera y Materiales de la Construcción (FLEMACON), y sindicatos como el SUNCA de Uruguay y SUNTRACS de Panamá, entre otros.

Seguir leyendo
Publicidad

Lo más reciente

Expresidentes implicados en corrupción Expresidentes implicados en corrupción
Políticahace 17 horas

El ADN de la corrupción en el Perú

Es una vergüenza que no la sienten los corruptos, saber que los últimos presidentes que nos gobernaron estaban manchados de...

Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa
Políticahace 17 horas

“Me equivoqué cuando apoyé a presidentes peruanos acusados de corrupción”, dijo MVLL

El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo que se equivocó en respaldar la candidatura de Alejandro Toledo y...

Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique
Políticahace 17 horas

Toledo tenía 40 mil dólares para fugar

El dinero hallado en la casa del expresidente Alejandro Toledo al momento de su detención se constituyó en elemento de...

Agro sín minas no marcha protesta contra mineras minerías Agro sín minas no marcha protesta contra mineras minerías
Políticahace 17 horas

La CGTP respalda y apoya la lucha contra el proyecto minero Tía María

El proyecto minero de Tía María ha recibido desde hace más de una década el más firme rechazo por parte...

Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del crimen de La Cantuta Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas del crimen de La Cantuta
Políticahace 18 horas

Una desaparición forzada es una tortura permanente

Luis Enrique Ortiz Perea nació en una familia numerosa, en Chachapoyas. Hijo de un maestro de escuela y de una...

ONPE votaciones elecciones mujeres ONPE votaciones elecciones mujeres
Especialhace 18 horas

La olvidada relación entre elector y elegido

Habiendo presentado la Comisión de Alto Nivel (CAN) su propuesta de reforma política y el Ejecutivo, trasladado buena parte de...

Rosa María Bartra Barriga Rosa María Bartra Barriga
Políticahace 18 horas

Mejor es reírse

“Me encanta ser parte de La Resistencia, pero no los conozco”.

Elmer Cáceres Elmer Cáceres
Políticahace 18 horas

La voz clara

“La señora Yamila Osorio ha vendido más de 49 mil hectáreas a Southern Cooper Corporation por 948 mil nuevos soles,...

Avelino Guillén Avelino Guillén
Políticahace 18 horas

La palabra

“Ese dinero sucio él lo ha utilizado para la compra de propiedades, una residencia en Lima, oficinas en el edificio...

Feria Internacional del Libro Feria Internacional del Libro
Políticahace 18 horas

En el twitter

Feria excluyente “Urge una explicación de la Cámara Peruana del Libro y una disculpa pública por la conformación de la...

Anuncio
Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.