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Política

Los encerraron en el penal Ancón I

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Fotos: Andina

ANTONIO CASTILLO

Luego de haber escuchado al fiscal Hamilton Castro, a los abogados de la defensa, y después de dieciséis horas de audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para los representantes de las empresas consorciadas de Odebrecht; Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA: José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Fernando Camet Piccone y Fernando Castillo Dibós.

El único empresario para el que no se ha dispuesto la medida de prisión es Gonzalo Ferraro, exfuncionario de Graña y Montero quien se encuentra delicado de salud internado en una clínica local. Para él se dispuso arresto domiciliario en el centro médico.

A los investigados se atribuye haber formado parte del acuerdo colusorio ilícito, efectuado entre el ex presidente Alejandro Toledo y Jorge Simoes Barata, para otorgar la concesión de la obra Carretera Interocéanica, Tramos 2 y 3, a favor del consorcio antes mencionado, así como de haber realizado un aporte de 15 millones de dólares, para pagar la coima de 20 millones pedida por el ex presidente, cometiendo con ello también el delito de lavado de activos.

Fernando Castillo Dibós. Foto: Andina

Fernando Castillo Dibós. Foto: Andina

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
El juez fundamentó su decisión en la suficiencia de elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos delictivos, tales como la declaración de Jorge Barata, las actas donde las empresas acuerdan el pago de supuestos “riesgos adicionales”, con las que disfrazaron financieramente el traslado del dinero para la coima.

Asimismo en la consideración de que la pena mínima a imponérseles estaría entre los 6 y 9 años de cárcel, y, el peligro de fuga, basado en que el arraigo domiciliario que tienen en el Perú no es de calidad plena, ya que por sus enormes condiciones económicas y numerosos viajes al extranjero, tienen facilidad para fugar en cualquier momento.

José Graña Miró Quesada. Foto: Andina

José Graña Miró Quesada. Foto: Andina

NADIE SE ESCAPA
Más allá de los cuestionamientos que los colegas de la defensa realicen, en vía de apelación, contra ese mandato de prisión decretado, lo cierto es que éste da un mensaje claro y firme a la ciudadanía y opinión pública: nadie escapa ni escapará del implacable brazo de la justicia.

Elocuente fue la expresión del fiscal Hamilton Castro con la que inició su requerimiento a las nueve y treinta de la mañana del domingo: “Hoy el Perú será testigo si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos”. Pues, de eso se trata. Que el país recupere la confianza perdida en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La balanza de la justicia debe juzgar por igual a ricos y pobres. En eso consiste el principio de igualdad ante la ley.

En tal sentido, el juez Richard Concepción Carhuancho también fue expresivo en los tramos finales de la audiencia, cuando puso como ejemplo el caso del humilde, pero imprudente, chofer del bus que meses atrás mereció igual trato de prisión preventiva, por haber actuado con negligencia criminal, propiciando la caída de un bus desde el Cerro San Cristóbal.

Una de los puntales de la prisión preventiva decretada contra representantes de las consorciadas, es la sindicación de Jorge Barata, lo cual indica lo mucho que sabe este empresario brasileño, respecto de personajes de la política nacional.

Por eso Marcelo Odebrecht en su última declaración de Curitiba, el 9 de noviembre, dijo que él sabe de los montos exactos y circunstancias en que se dio dinero a Alan García y a Keiko Fujimori.

Por lo pronto, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, ha declarado en un programa de televisión que a su lideresa le habrían ofrecido 2 millones de dólares. Curiosamente, ambos políticos también han viajado mucho al extranjero y lo hacen con facilidad.

Hernando Graña Acuña. Foto: Andina

Hernando Graña Acuña. Foto: Andina

PROVISTOS DE CONCIENCIA Y VOLUNTAD CRIMINAL
Los empresarios que formaron parte de acuerdos colusorios para defraudar al Estado, como los de Odebrecht y consorciadas, coimeando para obtener millonarias obras de infraestructura, actúan provistos de conciencia y voluntad criminal, por lo que deben ser rigurosamente procesados y sancionados penalmente.

En igual medida los políticos que se coluden con ellos. La justicia debe alcanzar a todos: ex presidentes, ministros, funcionarios y candidatos presidenciales que se valen de testaferros para ocultar los millonarios aportes provenientes del lavado de activos, narcotráfico, corrupción, evasión tributaria y otras modalidades delictivas.

En cuanto a las obras de infraestructura, se debe ser implacable, ya que al pago de las coimas se suma el costo de la obra, con lo cual es el contribuyente peruano el que termina pagándolas. No es posible que, cada metro cuadrado de cemento que se coloca a lo largo del país, suela ser el producto de un festín de dinero que circula entre la empresa concesionaria, funcionarios y políticos adictos al dinero mal habido.

DE CUELLO BLANCO
Mientras en los pueblos más recónditos de nuestra serranía, a miles de niños se les raja las mejillas por el frío quemante de las alturas, y, tienen que llagarse los pies (semidesnudos) al caminar decenas de kilómetros para llegar a la escuela más próxima con solo unos granos de cancha y queso para mitigar el hambre, varios millones de las obras de infraestructura destinadas a esos infantes y lugares, vayan a parar al bolsillo o cuentas bancarias de empresarios y ladrones de cuello blanco.

Hoy, el sistema de justicia tiene la oportunidad de oro que le ha deparado la vida para reivindicarse ante la historia y, a la vez, limpiar el país de esas lacras que impiden nuestro desarrollo y crecimiento como nación. A todos con la misma vara.

AL PENAL
La tarde de ayer, desde la Carceleta del Poder Judicial, donde pasaron varias horas, los cuatro exdirectivos de las empresas consorciadas con Odebrecht fueron trasladados hacia el penal Ancón I.El otro empresario acusado, Gonzalo Ferrero salvó ir a prisión y está con arresto domiciliario.

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Política

Hasta S/ 415 mil de multa para candidatos que infrinjan normas sobre propaganda electoral

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió a los partidos políticos y candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre a respetar la normativa sobre propaganda electoral. (más…)

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Política

Gobierno formalizó acción de inconstitucionalidad contra Ley Mordaza

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Salvador Heresi

El Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. (más…)

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Política

Aníbal Quiroga: “Ley Mulder” será derogada por Tribunal Constitucional

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Mauricio Mulder

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga dijo al Diario UNO que la llamada “Ley Mulder” que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados “está herida de muerte” y que de todas maneras va a ser derogada por el Tribunal Constitucional (TC).

Aníbal Quiroga

Aníbal Quiroga

“La ley está herida de muerte; tiene fecha de caducidad. La historia la va a denunciar. Va a ser derogada por el Tribunal Constitucional por ser una cuestión grosera y flagrante”, sostuvo Quiroga en referencia a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, por parte del Poder Ejecutivo.

Asimismo, tras denunciar la inconstitucionalidad de la ley, al colisionar contra los derechos de la Carta Magna, dijo que son los fujimoristas quienes deberán decir qué criterio tuvieron para aprobar una ley que viola la Carta Magna.

“La Ley Mulder es inconstitucional en todos sus extremos porque colisionan contra derechos constitucionales. Recordemos que la presentó el legislador aprista Mauricio Mulder pero fue aprobada por la mayoría del fujimorismo; son ellos quienes deben decir el criterio que manejaron para aprobarla, sabiendo que es inconstitucional”, sentenció Quiroga.

“La Ley Mulder vulnera el derecho a la libre contratación. Es como si a una bodega se le prohibiera vender leche, que es uno de sus principales productos; limitan su libertad de contratar”, dijo Quiroga tras recordar que el acceso a la información se vería afectado porque la ciudadanía no tendría cómo enterarse de lo que pasa en el Estado. “Esto (el proyecto) supuestamente ayudaría a reducir gastos, pero se olvida de todos aquellos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo”.

De otro lado, el constitucionalista calificó la “Ley Mulder” como “chantaje económico”. “La Ley Mulder es una suerte de chantaje económico y una forma estatal de amedrentamiento a la prensa libre por lo que informa diariamente, bajo la clarísima amenaza: más informas, menos publicidad te doy”, advirtió.

EJECUTIVO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Poder Ejecutivo presentó ayer por la tarde, la demanda de inconstitucionalidad que anunció anticipadamente en contra de la llamada “Ley Mulder”, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados y que fuera aprobada por insistencia en el Congreso.

El documento, presentado ante el Tribunal Constitucional por el ministro de Justicia, Salvador Heresi, señala que la Ley N°30793 planteada en el 2017 por el congresista aprista, Mauricio Mulder, contraviene de forma directa y manifiesta la Constitución, así como la Convención Americana de Derechos humanos.

“El Gobierno (…) está presentando ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que hemos denominado ‘Ley Mordaza’”, sostuvo Heresi ante la prensa.

El titular de Justicia señaló que las principales violaciones de la norma son contra los derechos de información y de acceso a la información, así como la libertad de expresión y la de libre contratación.

Asimismo, cuestionó que “quienes no están de acuerdo con las críticas que hacen los medios” utilicen normas que presuntamente regulan el gasto publicitario para prohibir derechos de manera inconstitucional.

LEY INJUSTIFICABLE

Para el abogado constitucionalista Samuel Abad no existe una justificación objetiva y razonable para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

Se trata de “una medida inconstitucional que limita la transparencia activa del Estado y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. No existe una justificación objetiva y razonable para ello. Los argumentos sobre austeridad, cautela del gasto público o empleo de medios alternativos -redes sociales y medios del Estado-, no justifican semejante prohibición pues no permiten alcanzar similares resultados”, dijo el constitucionalista en el portal de la Gaceta Jurídica.

Tras esperar que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial intervengan en defensa de las libertades de expresión e información, Abad dijo que la mayoría fujimorista en el Congreso pretende evitar que la ciudadanía se informe.

“La publicidad estatal en los medios de comunicación privados es un instrumento importante: permite a la ciudadanía estar informada. Esto es lo que pretende evitar la mayoría del Congreso al aprobar la denominada ´Ley Mulder`. Una prohibición inconstitucional”, sostuvo.

“El debate sobre la prohibición de la publicidad estatal nos recuerda momentos oscuros de nuestra historia cuando se afectaban las libertades de expresión e información. Por ello, confiamos que el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, con la celeridad que exige la trascendencia del caso, intervenga en defensa de las libertades de expresión e información. En una democracia no existen poderes absolutos, los abusos deben ser erradicados”, concluyó el abogado.

DEMANDAS DE AMPARO Y ANTECEDENTE

A fin de contrarrestar la “Ley Mulder” la legislación permite presentar demandas de amparo, al limitarse el derecho de los ciudadanos a estar informados. En el proceso de amparo es posible obtener medidas cautelares para suspender los efectos de la ley hasta la culminación del proceso.

Entre los antecedentes está el de junio del 2013 cuando la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de amparo en defensa de los derechos de la colectividad, a fin de suspender el arbitrario sorteo que hubiera convertido en obligatorio el servicio militar. Una cautelar dictada en un “amparo colectivo” suspendió el sorteo en todo el país.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN? 

LIBRE CONTRATACIÓN

Artículo 2 (inciso 14): “Toda persona tiene derecho: (…) A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”.

Artículo 62: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 2 (numeral 5): “Toda persona tiene derecho: (…) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

LIBERTAD DE PRENSA

Artículo 2 (numeral 4): “Toda persona tiene derecho: (…) A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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