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Entrevista

López Obrador, certezas e incertidumbres

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López Obrador

A unas semanas de asumir la presidencia el primer presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, merced a un contundente triunfo electoral, el entrevistado, Nayar López Castellanos, un académico de gran prestigio en México, analiza las opciones que se le abren bajo esa conducción a México, que clama por soluciones a sus problemas de violencia del narcotráfico, la narcopolítica y otro de similar gravedad.

— Percibo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las últimas elecciones presidenciales ha generado expectativas (en todas sus gradaciones y sentidos) en amplios sectores de la sociedad y en el conjunto de las fuerzas políticas mexicanas. ¿A qué circunstancias lo atribuyes?

—El triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales del pasado 1° de julio fue un hecho histórico. Con todo y sus matices, se considera como el primer triunfo de las fuerzas progresistas mexicanas en una contienda presidencial, el primero que se respeta, pues ya tuvimos el antecedente del fraude en 1988 y 2006.

Y hay que decir que un sector importante del movimiento que se aglutinó con AMLO representa a una parte de la izquierda, pero hay otras corrientes que se encuentran en espacios diferentes que no compartieron ni la campaña ni los contenidos, y que ya han realizado planteamientos críticos en torno a los primeros pasos que ha dado este nuevo proyecto de gobierno.

Así, las expectativas generadas responden sobre todo a compromisos asumidos como combatir la corrupción, impulsar la austeridad como una bandera de identidad política, lo que le llaman la austeridad republicana, crecimiento económico que permita ampliar la estructura social a través de un amplio andamiaje que incluye becas, subsidios y mayor presupuesto a la educación, a la vez como uno de los mecanismos de combate a las causas que generan la inseguridad y la violencia.

AMLO tenía una frase en la campaña que se refería a este punto: sicarios no, becarios sí. Hay otro ámbito de las expectativas que considero muy importante y tiene que ver con la mayoría legislativa que consiguió la coalición de AMLO en ambas Cámaras del Congreso y en 19 de los 32 estados de la república, lo que ofrece la oportunidad de realizar importantes modificaciones constitucionales.

Por lo menos pensaríamos que algunas de las denominadas reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto irán para atrás, como es el caso de la mal llamada reforma educativa y la reforma energética. Habrá que ver qué decisiones de fondo se toman en el Congreso.

—¿Ves alguna posibilidad, aunque sea remota, de que AMLO se constituya en una especie de precursor de un ciclo de “renovación progresista” en la región?

— Existen las condiciones para serlo en la medida en que AMLO tome decisiones de fondo para cerrar el ciclo neoliberal en un México no solo devastado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino profundamente dependiente de la economía de Estados Unidos.

No solo se requiere combatir a la corrupción y pregonar la austeridad como política distintiva de gobierno. Nuestra realidad necesita cambios y acciones de fondo que realmente ofrezcan un camino diferente a la ruta neoliberal que hemos vivido los últimos 30 años.

Sin embargo, como en este momento no hay planteamientos concretos en torno a esa ruta, resulta incierto el camino que AMLO pueda marcar en México como referente de un segundo aire para las fuerzas progresistas latinoamericanas.

Las señales que han enviado hasta el momento, como por ejemplo el haber participado en las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, no resultan muy alentadoras.

Han dicho que se mantendrá en la Alianza del Pacífico y promoviendo las políticas de libre comercio, que en su esencia son parte del neoliberalismo transnacional. Más allá de algunas declaraciones, no se vislumbra que México vea hacia el sur de forma concreta, lo cual considero un error estratégico.

— ¿Considerás que es replicable en México una especie de versión “sui generis” de la gobernabilidad progresista y de la matriz neodesarrollista característica de otros países de la región en la década pasada?

— Todo parece indicar que así será, pero también ello depende en gran medida de las acciones de fondo que se puedan realizar sobre todo durante el primer año de gobierno.

En todo caso, veo al proyecto de AMLO con importantes semejanzas a las experiencias de Argentina, Brasil y Uruguay, un proyecto moderado, que no se plantea en ningún momento modificar las estructuras del sistema económico capitalista, y que en todo caso vislumbra una relación equilibrada con los dueños del capital en aras de cierto crecimiento que permita reducir algunos de los parámetros más extremos de la pobreza y la desigualdad.

El problema es que esa visión no resuelve el problema de fondo. Es una solución en cierta forma pasajera, tan frágil como una próxima elección que implique el retorno a la pesadilla neoliberal, tal y como sucedió en Argentina y con el golpe de Estado en Brasil.

Veo muy lejos este proyecto de otros parámetros como los de Venezuela y Bolivia, que se plantearon una refundación del Estado a través de una Asamblea Constituyente, y todo lo que de ello se ha derivado en términos políticos, económicos y sociales.

 Las violaciones de derechos humanos han sido pan de cada día bajo el gobierno de Peña Nieto, acusado además de posible corrupción.

Las violaciones de derechos humanos han sido pan de cada día bajo el gobierno de Peña Nieto, acusado además de posible corrupción.

— ¿Según tu punto de vista, cuáles serían los fundamentos políticos para gestar una alternativa anticapitalista en México? ¿Cuál sería su agenda de temas?

—El principal fundamento radica en lo que ha significado históricamente el capitalismo para nuestros pueblos: injusticia social expresada a través de la pobreza y la miseria de las grandes mayorías.

Se trataría de construir una agenda que contemple la dignidad humana a partir de estructuras democráticas, que sobre todo rescaten los postulados que los mayas zapatistas han enarbolado desde su levantamiento en 1994 y que se rigen sobre todo por el mandar obedeciendo, por el servir y no servirse. Una forma de organización social, política, económica y cultural en la que todos sean sujetos de derecho, sin distinciones y con plenas condiciones de igualdad.

Un pleno reconocimiento, en los dichos y en los hechos, de las diferentes nacionalidades que conforman a nuestros países, sobre todo hablando de México, con decenas de naciones integradas por las comunidades originarias en un mismo territorio, un espacio plurinacional.

Y cuando hablamos de sujetos de derechos, nos referimos al derecho universal a salud, alimentación, educación, trabajo, cultura, recreación, deporte, el derecho a la participación política plena.

Se trataría de superar el modelo de la democracia representativa y alcanzar una verdadera democracia participativa, sin cúpulas o élites, en la que las responsabilidades públicas no impliquen la oportunidad de enriquecerse o sentirse superiores, sino de servir a una colectividad.

Sin duda, este conjunto de ideas pueden ser compartidas desde muchas trincheras, pero el principal desafío es torcer las históricas divisiones de las izquierdas en México, y generar una plataforma común en que exista el firme convencimiento de la necesidad de superar un sistema que por más reformas y adecuaciones que se le hagan no puede garantizar la justicia social.

El capital, el verdadero ente hegemónico, no conoce de humanidad, ni de igualdad, su sustento es la explotación, la pobreza y la violencia sistémica que genera en la sociedad para mantener los privilegios de una minoría a costa del trabajo y la miseria de la mayoría.

— ¿Cómo caracterizarías desde el punto de vista de su composición social, política e ideológica a la coalición que llevó a AMLO al gobierno?

— Es una coalición multifacética que se generó alrededor de un líder y sus ideas. Desde la óptica de la geometría política, hay quienes la ubican como de centro, centro izquierda o socialdemócrata.

Tal vez esas denominaciones ya no dicen mucho hoy en día, porque en el ámbito partidario mexicano tanto en la izquierda como en la derecha se ha dado un fenómeno de intercambio de banderas, por pragmatismo u oportunismo.

En esta coalición no estuvieron ni están presentes importantes sectores de la izquierda con una larga trayectoria de lucha, destacando el zapatismo y la mayor parte del movimiento indígena, un sector importante de la intelectualidad, movimientos sociales autogestivos como el de Cherán, y otros sectores de la izquierda mexicana.

Aun así, podemos decir que en esta coalición que logró el triunfo de AMLO hay de todo. Desde sectores de izquierda hasta de la derecha. Por ejemplo, el próximo jefe de la Presidencia es uno de los empresarios más poderosos del país. Uno de los partidos que lo apoyaron, el PES, es profundamente conservador. Pero también tienes diputados que provienen de sindicatos combativos como los maestros de la CNTE.

Esa composición heterogénea le puede facilitar el cumplimiento de algunas de las expectativas por las que 30 millones de electores depositaron su confianza en el proyecto.

Sin embargo, esa misma condición puede resultar contraproducente en la medida en que al no ser verdaderamente profundos, los cambios terminen siendo cosméticos. El peligro radica en que, como dice la frase, no se puede ser amigo de todos, y entonces alguien resultará más beneficiado que otro con los resultados de un proyecto de gobierno.

A pesar de algunas señales preocupantes, esperaríamos que el beneficiado sea el pueblo, y que precisamente ahí se puedan ir generando los niveles de conciencia necesarios para darse cuenta que se puede mirar más lejos, que la organización popular puede lograr muchas cosas, y que a partir de diversas experiencias del pasado y del presente, es real que se pueden lograr grandes transformaciones.

Es decir, se puede lograr que la justicia social y la verdadera igualdad son posibles, que un país que tiene tanto, en recursos humanos y naturales, en capacidades y experiencias de lucha, en millones de mujeres y hombres dignos e íntegros, puede dejar de ser lo que es hoy y, como dicen los zapatistas, convertirse en un espacio de democracia, justicia y libertad.

ALGO MÁS

Nayar López Castellanos es Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), profesor-investigador y Coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de esta Universidad. Autor de numerosos artículos y de varios libros, entre otros: “Del plan Puebla – Panamá al proyecto Mesoamérica”; “Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil”, “Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI”. Además, es Coordinador del capítulo mexicano de la Red de intelectuales, artistas y luchadores sociales en defensa de la humanidad. Sobre todas las cosas, López Castellanos es un intelectual con la cabeza y el corazón puestos en las luchas populares de México y Nuestra América.

 

Miguel Mazzeo
-Rebelión

Entrevista

Hay una reconcentración de la tierra

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JORGE PRADO

Jorge Prado, representante de la Confederación Campesina del Perú, denuncia el abandono sistemático del agro por parte del Estado. Porque los agroexportadores reciben beneficios mientras que la gran mayoría de agricultores permanece en el olvido, condenados a abandonar sus tierras por la falta de apoyo estatal. Es decir, una reforma agraria neoliberal.

─¿Cuál es el estado del diálogo o negociaciones luego del paro del lunes 13?

─Estamos en compás de espera de la instalación de la mesa de diálogo. Se necesita la emisión de un decreto o medida específica por parte del gobierno, que tendría que darse lo más pronto posible. Hay canales de comunicación intentando coordinar esta formalización de la mesa de trabajo para encarar los problemas de manera efectiva.

─La agenda de reclamos es bastante amplia, o integral, ¿podría destacar los puntos más importantes?

─De manera general, pedimos que haya una política pública específica orientada al desarrollo de la pequeña agricultura o agricultura familiar, la que se desarrolla en las comunidades campesinas y nativas. Esta política general tendría que tomar en cuenta la seguridad jurídica de tierra y territorio, con la debida titulación y reconocimiento del status jurídico de nuestros pueblos.

Esto tiene que ver con el respeto a las costumbres y usos de recursos como el agua, que es un aspecto importante y el Estado no siempre lo respeta. En función de esto también está la necesidad de limpieza que exige el agua frente al extractivismo que ha generado graves problemas de contaminación con metales pesados.

─Y esto plantea un conflicto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues si la política nacional principal es extractivista afecta al tema agrario…

─Definitivamente las exigencias que formulamos no dependen solo del Ministerio de Agricultura. Dependen de varios otros ministerios y todo el aparato público en su conjunto. Las normas que exigimos requieren una revisión y una solución de carácter multisectorial.

Campesinos cosechando papas en chacra agricultores

─El presidente Vizcarra declaró que, en efecto, el agro está olvidado. ¿Cómo toman estas declaraciones?

─Todos los voceros de las organizaciones reconocemos esta disposición del Presidente en reconocer el olvido en que está el agro. Un abandono que es dramático y que otros presidentes no han reconocido. El abandono de nuestras actividades económicas genera empobrecimiento y desnutrición creciente en nuestra población.

Este reconocimiento puede servir como punto de partida para encarar los graves problemas que existen; sin embargo, sabemos que el Estado está sometido a quienes detentan el poder real en materia económica en el país.

─¿Cuánto del problema agrario se puede atribuir a la corrupción? ¿Cuánto hay de olvido y cuánto de negación dolosa?

─El olvido del Estado es real, porque tenemos un Estado capturado por el poder económico, y ese es el modelo que hemos tenido durante toda la historia de la República. Sin embargo, este olvido a lo largo del tiempo se repite sistemáticamente a pesar de que en diferentes momentos hacemos presente que cada vez es más insoportable.

El Estado sí tiene políticas públicas para el bienestar de los agroexportadores. Nosotros no estamos en contra de ese apoyo, pero sí pedimos que también existan políticas públicas favorables al 80 por ciento de agricultores, como sucede en otros países. Incluso en países desarrollados la agricultura cuenta con estímulo por parte del Estado.

─¿Que plantean respecto a los TLC que permiten el ingreso de productos subsidiados?

─En la negociación de los TLC las autoridades han tomado decisiones de manera irresponsable sin tomar en cuenta las graves repercusiones sociales y económicas que estas medidas iban a generar.

No se puede mantener la actitud de abandono y desprecio hacia nuestro sector sabiendo que los países con los que se ha firmado los TLC cuentan con medidas de apoyo a su agricultura y su ganadería porque los consideran sectores estratégicos para no depender del mercado externo.

Acá han ido retirando los aranceles que de uno u otro modo permitían defender nuestras producciones de arroz, leche o maíz, ahora ingresan productos subsidiados en sus países de origen y representan una competencia desleal y desigual para nosotros.

─¿Qué opinión tiene de los subsidios de países capitalistas a su producción? ¿El Estado subsidia algo en el Perú?

─El Estado acá solo tiene subsidios para la agroexportación. Y son miles de millones de dólares que van a subsidiar este sector de la agricultura. Nos parece muy bien, pero esto también debe tomarse en cuenta para el 80 por ciento de agricultores, que son la población de nuestros pueblos originarios.

─Y los dueños de empresas agroexportadoras no son necesariamente agricultores por herencia cultural…

─Eso nos indica que tenemos un Estado que de manera unilateral apoya a personas que no teniendo como antecedentes las prácticas de la agricultura, sí incursionan en el sector y reciben este apoyo porque es un Estado hecho a su medida.

Arándanos

─Ustedes solicitaron se apruebe la ley sobre la soberanía alimentaria. ¿Podría ampliar este concepto?

─El concepto de la soberanía alimentaria es la necesidad de que la demanda de alimentos sea atendida a partir de nuestra propia experiencia agroalimentaria, que a través de milenios ha permitido el bienestar de nuestro pueblo, y que es valorado en el mundo porque se expresa en la gastronomía y en nuestra cultura alimentaria distintiva.

Esta soberanía alimentaria bien manejada permitiría mejorar el bienestar de nuestros pueblos. Una característica de nuestra agricultura es la diversidad, contraria a la del agroexportador, que busca el monocultivo, y el monocultivo es dañino para la tierra y para la salud de las personas.

─También se ha denunciado que el olvido del tema agrario genera la migración de los campesinos. ¿Cree que esto terminará con las comunidades rematando sus tierras a los empresarios en el futuro?

─Lo que se está generando es la reconcentración de la tierra en pocas manos, reconcentración que había sido resuelta de manera drástica con la reforma agraria. Las políticas de abandono tienen por objeto quitarle a esta actividad la rentabilidad y generar así un creciente proceso de migración del campo a la ciudad, porque el campo ya no es fuente de bienestar para las familias.

Entonces se están abandonando las tierras no porque no sean fértiles sino porque el Estado no presta ningún apoyo para nosotros. Esta política de abandono es fríamente aplicada, y en una etapa reciente desde el Estado se han impulsado políticas de discriminación mediante las cuales nos consideran pueblos de segunda categoría, buscando generar la reconcentración de tierras y el empobrecimiento de nuestros pueblos.

─Un dirigente agrario dijo que si no se produce en el campo, nadie come. ¿Comparte lo dicho respecto a radicalizar la protesta?

─En nuestros pueblos existe cada vez mayor consciencia de que esta situación es insostenible. Desde muchas regiones, como San Martín, llega la exigencia de entrar en un paro indefinido como estrategia para viabilizar la atención a nuestras demandas. Hay una sensación general de hartazgo debido al abandono y definitivamente esto debe cambiar. No hay espacio para más espera.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Entrevista

Por la corrupción el proyecto republicano se encuentra enfermo

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JUAN LUIS ORREGO

El historiador Juan Luis Orrego sostiene que, de cara al bicentenario, la corrupción nos agarra mal parados y que sería muy simplista decir que determinados partidos son los principales promotores de esta.

Los destapes de casos de corrupción han involucrado a tiendas políticas de izquierda y derecha. Diario UNO entrevistó al historiador, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Juan Luis Orrego, quien aseguró que tras el escándalo de Odebrecht la corrupción se reinventará para mantenerse.

—¿Qué lectura puede hacer sobre estos últimos dos años en que la corrupción es el tema del día a día y que ha marcado la agenda política del país?

—En función del bicentenario que se nos viene, la corrupción nos agarra mal parados, a 200 años de celebrar la independencia, porque la corrupción es el resultado de una serie de anomalías que implican la desigual distribución de la riqueza, el deseo de lucro desmedido, lo que significa una sociedad fracturada.

La corrupción es un medio para ascender socialmente y económicamente; nos demuestra que el proyecto republicano se encuentra enfermo. La corrupción es una enfermedad que asoma por toda la vida social del Perú.

—¿La corrupción nos impide avanzar como república?

—No solo eso; es transversal y nos impide avanzar como nación, como sociedad integrada y en realidad la corrupción es un disolvente social y psicológico en el Perú. La corrupción impide que haya acuerdos políticos, planes a largo plazo; frena las inversiones, las obras públicas o si en todo caso las obraspúblicas se realizan, inmediatamente son motivo de sospecha, de enfrentamiento y todo lo que conocemos. Casi nada se puede avanzar por culpa de la corrupción. Luchar contra la corrupción es una tarea de saneamiento, de sanación nacional.

—Hay quienes sostienen que la corrupción en el Perú no viene de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba ya que los corruptos en las altas esferas públicas son simplemente el reflejo de lo que somos.

—Toda enfermedad es reflejo de lo que somos. En el caso de la corrupción, es muy probable que se haya dado en una primera ocasión de arriba hacia abajo pero ahora es multidireccional y también podemos leer que la corrupción que viene de abajo hacia arriba es una especie de revancha de sectores que antes se sentían desplazados o excluidos del sistema.

—¿Nos puede dar un ejemplo de esto?

—Es como el racismo; en un primer momento era una manifestación de arriba hacia abajo y ahora también es multidireccional. El racismo de abajo hacia arriba es un contra racismo que también puede ser leído como la revancha de los grupos antes postergados contra los de arriba.

—¿Y llevados al tema de la corrupción?

—Ahora cada uno quiere su cuota; así como los de arriba querían su cuota y miraban el país como si fuera su chacra o su patrimonio, ahora los otros sectores antes desplazados también quieren su parcela, su porción, su cuota del país, aunque sea cinco soles pero esa es su cuota.

Keiko Fujimori

—¿En la política y en la corrupción se puede hablar, como en las novelas y el cine, de personajes protagónicos y antagónicos? ¿El fujimorismo y el aprismo podrían encasillarse en alguno de estos?

—Sería muy exagerado o muy esquemático decir que la corrupción la generan el fujimorismo o el APRA. En América Latina, los que gobiernan son el dinero y el poder, al margen de la sucesión de partidos que nosotros vemos desfilar por el poder, ya sean de izquierda o derecha. Hemos visto que la corrupción está en todos lados; la corrupción no tiene un color político o una ideología. La corrupción atañe al país, a las personas y no a determinados partidos políticos.

—Pero el fujimorismo y el aprismo son el centro de las críticas.

—Lógicamente, los que parecieran estar más manchados son los que han tenidos mayor cuota de poder; eso es circunstancial, es coyuntural, pero sería muy simplista decir que hay determinados partidos que son los principales promotores de la corrupción.

Alan García Pérez

—¿Qué nos espera para el 2021? La mayoría de partidos tienen a sus principales caras visibles involucradas en la corrupción ¿nos espera un outsider?

—Es posible; en realidad nada está dicho. Es muy difícil pronosticar qué va a pasar en la coyuntura del 2021. El Perú es ahora un país más impredecible que nunca. Sería muy fácil decir que ya la clase política está liquidada y que el suicidio de Alan García es el final de toda una época política.

—Pero es cierto que para quienes han sido manchados por el escándalo de Odebrecht será mucho más difícil postular o reciclarse en el 2021.

—Sí; pero lo que pueda existir como recambio también puede resultar sospechoso. El cambio a veces puede ser peor de lo que habíamos tenido. El problema es que las mafias en el Perú, que son de todo tipo, han capturado la política.

Si hubo un esquema de corrupción que funcionó hasta el 2021, aparecerán otros sistemas de corrupción porque el crimen, como nosotros sabemos, se reinventa; si un esquema que era aplicable como operativo para una época fue puesto en evidencia, ya sea por la opinión pública o por el Poder Judicial, entonces ese esquema desaparece y vuelve a aparecer otro.

—¿Es impredecible saber si habrá cambios para positivo?

—Es muy difícil predecir si esto va a cambiar para mejor; puede cambiar para peor, puede cambiar para igual pero con otro esquema porque las mafias que ya están acostumbradas a sacar provecho del país en lo que se presente, no se van a quedar dormidas o muertas; buscarán otros jueces, otros policías, otros abogados, otros congresistas, otros ministros.

—¿Volvería la corrupción pero con otro rostro?

—Usted sabe que una organización mafiosa y criminal contempla una serie de decisiones y una división del trabajo; ellos, para operar, necesitan jueces, militares, policías, notarios, abogados, ministros. Se buscarán otros.

Se reciclarán, aparecerán otras agrupaciones, otras banderas políticas, partidos con otro nombre. El poder del dinero fácil estará allí presente si es que no hacemos una labor profunda de saneamiento nacional.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

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CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

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