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Editorial

Llamado a la responsabilidad

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Cuando parecía que habían aprendido la lección con el repudio popular a la llamada repartija, desatada por la nominación de dos elementos con antecedentes negativos para ocupar altos cargos vacantes en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, los parlamentarios parecen volver a decepcionar a la ciudadanía, al haber entrampado el proceso de construcción del consenso necesario para hacer realidad esas designaciones.

La base de ese consenso estaba ya definida y consistía en que los postulantes tuvieran títulos académicos y profesionales de alto nivel, que les hicieran merecedores de ejercer esos cargos, y que no tuvieran militancia en ningún partido político, tal como exigía la opinión pública y reclamaban los jóvenes que, en forma espontánea e indignados, salieron a protestar el año pasado, contra las infaustas designaciones de controvertidos personajes.

El proceso de concertación de la nominación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional logró avanzar con discreción, para evitar cualquier maltrato a personalidades de prestigio propuestas para ser analizadas y parecía que había madurez, apertura y espíritu democrático en torno a la designación, en algunos casos de aquellos nombrados la primera vez que tenían trayectoria intachable.

Lamentablemente, a última hora dos bancadas han vetado a un jurista de gran prestigio nacional e internacional, y argumentaron que por haber sido ministro y embajador no debía ser considerado, aún cuando es harto conocido que es un profesional ajeno a militancia alguna.

Las otras bancadas han coincidido en que el veto apunta a mantener intocada la actual composición del citado tribunal, para tenerlo controlado en función de procesos decisivos en los que se jueguen sus intereses.

La situación es crítica y lo concreto es que el Congreso de la República no está cumpliendo sus obligaciones, pues sigue sin ser capaz de anteponer los intereses del país para dotar a la ciudadanía de autoridades en instancias decisivas como la corte encargada de cautelar la vigencia de la Constitución y la Defensoría del Pueblo, cuya misión es proteger los derechos de los ciudadanos ante abusos del Estado.

La ciudadanía les exige que superen las diferencias y, sin caer en un juego de intereses partidarios, avancen a cubrir las vacantes que tanto tiempo llevan sin poder ser llenadas, a causa de las ambiciones y la inmadurez de los legisladores.

Es hora de que los grupos en conflicto piensen en el país y cumplan lo acordado, de exigir a los aspirantes solvencia académica y profesional y no tener militancia partidaria alguna, sin hacer otras exigencias y sobre todo prescindiendo de mezquindades, ambiciones e intereses propios de politiqueros de vieja usanza de los que el país ya está cansado.

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Editorial

La verdad se abre paso

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El expresidente Alan García ha dicho ayer que se allana al pedido de impedimento de salida del país formulado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. Tal respuesta ante la pregunta de los periodistas que lo aguardaban a la salida de la Fiscalía, sería al parecer producto de su nerviosismo.

Viniendo de quien viene, lo dicho por García no se puede entender de otra manera, pues él es abogado de profesión y debe saber que no es posible allanarse al pedido de un fiscal, sino acatar lo que disponga el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, que ha programado la audiencia para el próximo sábado 17 a las 3 de la tarde.

La medida restrictiva fue solicitada luego que la Fiscalía decidiera ampliar la investigación preliminar por el caso del Metro de Lima después de que se conocieran nuevos indicios de que García habría recibido dinero de la caja 2 de Odebrecht. El exmandatario aprista argumenta que la declaración de un testigo en Brasil no vale nada porque primero tiene que ser probada, sin embargo, parecería que eso no le va a resultar muy difícil a la Fiscalía.

Ocurre que en Brasil hay implicados que están tratando de negociar con las autoridades de su país para convertirse en “delator premiado” a fin de evitar que les caiga todo el peso de la ley. Pero, a cambio, el colaborador eficaz tiene que dar pruebas que demuestren la certeza de sus declaraciones. Es decir, que esto recién comienza y el expresidente Alan García debería dedicarse a coordinar mejor los argumentos de su defensa en vez de estar diciendo que todo se trata de una persecución política en su contra o que hay un golpe de Estado en el Perú.

La culpa tampoco la tienen los medios de comunicación, pero Alan García se rehusó ayer a responder preguntas a Canal N, al parecer porque le hacen preguntas que no son de su completo agrado. Sin embargo, también le esperan preguntas incómodas cuando tenga que responder ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez, pues el pedido de impedimento de salida del país es por 18 meses y aún hay mucho pan por rebanar. La verdad comienza a abrirse paso, señor García.

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Editorial

A empujar el coche en el mismo sentido

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó su vocación democrática y reiteró que no cerrará el Congreso porque no considera que sea una medida necesaria en el actual escenario político. Sin embargo, también ha expresado su compromiso de liderar la lucha contra la corrupción que se ha diseminado como un cáncer por gran parte del aparato estatal.

Tras ratificar que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que luego de culminar su mandato entregará la posta al presidente que sea elegido por el pueblo peruano, el Jefe del Estado ha reconocido que el conflicto político, en los últimos dos años, ha influido en la economía.

En efecto, las inversiones son las primeras en contraerse cuando no encuentran la garantía de una estabilidad jurídica, por eso era necesario que el Gobierno ponga elpie en el acelerador para sacar adelante cuanto antes la reforma del Poder Judicial y la reforma política. Está de por medio el referendo del próximo 9 de diciembre en el que la población deberá responder cuatro preguntas.

La situación no es para tomarla muy a la ligera, pues los principales indicadores macroeconómicos nos están poniendo sobre aviso de lo que podría ocurrir en caso que la institucionalidad no sea fortalecida en el país. Lo peor de todo es que esta vez el contexto internacional parece no jugar a nuestro favor.

Los precios de los minerales ya no son los de antes y los anuncios de la Fed sobre una eventual elevación de sus tasas de referencia pueden volver más volátil el tipo de cambio en nuestro mercado local. Ocurre, además, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China parece agravarse, lo que desincentiva el comercio entre los países.

Debido a todas estas consideraciones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está tratando de buscar el diálogo con las demás fuerzas políticas en busca de una agenda común. Al respecto ha recibido la respuesta positiva del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lamentablemente los partidos políticos de oposición están atravesando una crisis y hay demasiado ruido político y eso está haciendo perder competitividad al país. Ojalá la oposición pueda demostrar la suficiente madurez y ayude a empujar el coche en el mismo sentido para que el Perú pueda salir de este entrampamiento.

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Editorial

Intolerancia con la prensa

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La televisora estadounidense CNN ha demandado ayer al presidente Donald Trump por haber suspendido la semana pasada la acreditación de su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta, lo cual ha motivado el pronunciamiento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca –WHCA por sus siglas en inglés– que ha calificado de “reacción desproporcionada” la medida adoptada por el Ejecutivo. Periodistas de diversos medios de comunicación se han solidarizado de inmediato con su colega.

Esta no es la primera vez que el presidente Donald Trump ataca a los reporteros de esa televisora, pues ya lo ha hecho con la periodista de CNN AbbyPhillip, a quien no le contestó por considerar que le hacía preguntas “estúpidas”. La guerra entre Donald Trump y la CNN se debe a que la televisora tiene una posición contraria a las políticas del mandatario.

En todo caso, el jefe de la Casa Blanca debería dejar de lado su intolerancia con la prensa por más incómoda que le resulte, pues de lo contrario no podrá jactarse de ser el presidente de un país que respeta la libertad de prensa, la diversidad de opiniones y las libertades.

Pero en todas partes se cuecen habas, ha ocurrido también en Brasil con el electo presidente Jair Bolsonaro, a quien se critica por su coincidencia con Trump en su discurso contra la prensa.

Y como no podía ser de otra manera, el Perú tampoco se podía quedar atrás. El Congresista Mauricio Mulder presentó un proyecto de ley en el Legislativo para prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

Las instituciones afectadas no solo fueron los medios de comunicación sino también el Estado, por lo que el caso llegó al Tribunal Constitucional, máxima instancia que dejó sin efecto la inconstitucional norma.

No hay que olvidar, tampoco, el proyecto que después fue retirado para prohibir que personas investigadas ocupen determinados cargos en los medios de comunicación. En fin, nuestro país no es ajeno a estos hechos que tratan de obstaculizar la labor de la prensa.

Aún está fresca en la memoria de todos los peruanos la forma en que el fujimontesinismo secuestró a la prensa para acallar las denuncias en su contra. No obstante, eran otros tiempos y se trataba de una dictadura disfrazada de democracia. El Perú de ahora es diferente y por eso no se debe permitir coartar la libertad de prensa.

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