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Editorial

Llamado a la responsabilidad

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Cuando parecía que habían aprendido la lección con el repudio popular a la llamada repartija, desatada por la nominación de dos elementos con antecedentes negativos para ocupar altos cargos vacantes en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, los parlamentarios parecen volver a decepcionar a la ciudadanía, al haber entrampado el proceso de construcción del consenso necesario para hacer realidad esas designaciones.

La base de ese consenso estaba ya definida y consistía en que los postulantes tuvieran títulos académicos y profesionales de alto nivel, que les hicieran merecedores de ejercer esos cargos, y que no tuvieran militancia en ningún partido político, tal como exigía la opinión pública y reclamaban los jóvenes que, en forma espontánea e indignados, salieron a protestar el año pasado, contra las infaustas designaciones de controvertidos personajes.

El proceso de concertación de la nominación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional logró avanzar con discreción, para evitar cualquier maltrato a personalidades de prestigio propuestas para ser analizadas y parecía que había madurez, apertura y espíritu democrático en torno a la designación, en algunos casos de aquellos nombrados la primera vez que tenían trayectoria intachable.

Lamentablemente, a última hora dos bancadas han vetado a un jurista de gran prestigio nacional e internacional, y argumentaron que por haber sido ministro y embajador no debía ser considerado, aún cuando es harto conocido que es un profesional ajeno a militancia alguna.

Las otras bancadas han coincidido en que el veto apunta a mantener intocada la actual composición del citado tribunal, para tenerlo controlado en función de procesos decisivos en los que se jueguen sus intereses.

La situación es crítica y lo concreto es que el Congreso de la República no está cumpliendo sus obligaciones, pues sigue sin ser capaz de anteponer los intereses del país para dotar a la ciudadanía de autoridades en instancias decisivas como la corte encargada de cautelar la vigencia de la Constitución y la Defensoría del Pueblo, cuya misión es proteger los derechos de los ciudadanos ante abusos del Estado.

La ciudadanía les exige que superen las diferencias y, sin caer en un juego de intereses partidarios, avancen a cubrir las vacantes que tanto tiempo llevan sin poder ser llenadas, a causa de las ambiciones y la inmadurez de los legisladores.

Es hora de que los grupos en conflicto piensen en el país y cumplan lo acordado, de exigir a los aspirantes solvencia académica y profesional y no tener militancia partidaria alguna, sin hacer otras exigencias y sobre todo prescindiendo de mezquindades, ambiciones e intereses propios de politiqueros de vieja usanza de los que el país ya está cansado.

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Editorial

¡Reformas, ya…!

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A menos de 24 horas de que el presidente Martín Vizcarra anunciara, en un mensaje al país, su decisión de presentar un pedido de cuestión de confianza debido a la dilación del debate de los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo, la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el oficialista Alberto Oliva, aprobó por mayoría el dictamen de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), iniciativa que deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. Igualmente, la Comisión de Constitución, también aprobó, por 14 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, el dictamen sobre la reforma del CNM.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó ayer que “es factible” aprobar antes del 4 de octubre las reformas políticas y judiciales planteadas por el Gobierno de Martín Vizcarra. Todo esto cuando no han pasado ni 24 horas del anuncio del Jefe del Estado sobre la presentación del pedido de cuestión de confianza; es decir, que los parlamentarios de la mayoría fujimorista que se habían pasado 40 días –con sus 40 noches– dándole largas a las reformas, se pusieron de acuerdo, más rápido que inmediatamente, para dejar oleada y sacramentada la iniciativa del Ejecutivo.

Según el artículo 133 de la Constitución Política del Perú: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete”, dice la Constitución.

De acuerdo al artículo 134 de la Constitución, si se censura o no niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el Presidente de la República tiene el derecho a disolver el Congreso. Y eso es lo que teme la bancada de Fuerza Popular, perder sus gollerías.

En todo caso, si el pedido de cuestión de confianza no ha servido para que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso, como lo pide a gritos la gente en las calles, sí ha sido útil para hacer retroceder en sus pretensiones a esa abyecta mayoría que no hacía otra cosa que obstruir la labor del Parlamento.

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Editorial

“¡Reforma, ya!”

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El presidente Martín Vizcarra ha dirigido anoche un mensaje al país para anunciar que planteará la cuestión de confianza al Congreso con el objetivo de aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas en agosto al Parlamento. Ha dicho el mandatario que no retrocederá ni un solo paso en su decisión de sacar adelante esas reformas que son tan necesarias para el país. Además, ha recordado que son los ciudadanos los que vienen solicitando las reformas con carácter de urgencia y que son ellos quienes finalmente se pronunciarán a través de un referendo.

Tras el anuncio hecho por el presidente Martín Vizcarra, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, anunció a través de su cuenta de Twitter que convocará a Junta de Portavoces para hoy a las 9 de la mañana. Sin embargo, está visto –y así lo ha advertido el presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, Alberto Oliva– que en los parlamentarios de la mayoritaria bancada de Fuerza Popular no existe ánimo para que las reformas planteadas por el Ejecutivo, como la del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se lleven a cabo.

El Jefe del Estado ha sido claro, también, al señalar que su gobierno no puede permitir que se desnaturalicen los proyectos remitidos al Congreso por el Ejecutivo con modificaciones como las que pretendían que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Legislativo, y ha pedido a los congresistas sumarse a la lucha frontal contra la corrupción y aceptar la cuestión de confianza planteada y aprobando las cuatro reformas constitucionales propuestas a fin de ser sometidas a referéndum el 8 de diciembre”.

Como ya lo ha dicho el mandatario, en ningún momento se pretende que las reformas sean aprobadas en cuatro días como afirman los fujimoristas. Ocurre que los proyectos tienen ya 40 días desde que fueron presentados y hasta ahora “manan”. Al parecer la mayoría congresal ha pensado que el Jefe del Estado y los peruanos van a esperar el día del juicio final, por la tardecita, para que se pongan a debatir los proyectos. No, esta vez no puede ser así, pues el Presidente ha dicho: “¡Reforma, ya!”, y las calles se están calentando. Señores congresistas, la pelota está ahora en su cancha.

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Editorial

Hora de decisiones

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La historia del Perú y de América Latina está llena de ejemplos y experiencias de gobernantes que tuvieron que optar entre ponerse del lado del pueblo y honrar los compromisos con él asumidos, o ceder a las presiones de los poderes fácticos y pactar un entendimiento con ellos para tener estabilidad, a cambio de abandonar la defensa de los intereses de la ciudadanía.

Quienes sucumbieron a la presión terminaron en el oprobio y el olvido, aislados y desprestigiados, y en algunos casos hasta sancionados con el uso político de la justicia, por tal o cual pretexto y a modo de escarmiento. Los que han resistido el asedio y se han enfrentado a esos poderes, han entrado invariablemente a la historia.

Están en la historia y en el corazón de sus pueblos por haber salido adelante y haber gobernado al servicio de las mayorías, siendo consecuentes con el contenido que debe tener la democracia, aun cuando con el pasar de los años quieran denostarlos y calumniarlos.

También tienen un lugar destacado en la historia quienes optaron por el honor y la lealtad a los ciudadanos y en no pocos casos han sido derrocados por la fuerza de las bayonetas o hasta asesinados y son hoy recordados y admirados por las nuevas generaciones.

Estas reflexiones vienen al caso ante las advertencias de analistas que señalan que el Presidente de la República está en la disyuntiva de llevar adelante hasta las últimas consecuencias y aun al costo de cerrar el Congreso, su compromiso de reformas para combatir la corrupción, tan resistidas por quienes medran de las arcas del Estado y se sienten como pez en el agua en el miasma de la corrupción.

Esos políticos que boicotean con descaro las reformas, son secundados por reptantes políticos diestros en la intriga, que presionan y promueven un diálogo y un entendimiento entre el Gobierno y el fujimorismo, entre la víctima del boicot y el victimario saboteador del cambio necesario para que haya más democracia y entremos al camino de erradicar la corrupción.

El Jefe de Estado debe tener en cuenta que solo mantendrá el apoyo de la ciudadanía que respalda resueltamente las reformas –y muchos quieren que sean mucho más profundas- si mantiene firme su posición y no cede ni a la matonería y la demagogia fujimorista, ni a los cantos de sirena de aquellos que le insisten que debe entenderse con quienes no saben más que acaparar el poder a toda costa y ejercerlo solo en función de sus intereses nada altruistas.

En esta hora de decisiones, no hay espacio para retroceder ni para dudar, sino de tomar decisiones y no ceder en la causa justa abrazada ya por el pueblo que sabrá jugarse por ella y sabrá también tomar cuenta a quienes quieran escamotearle su derecho a la democracia.

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